El Parlamento Europeo,

–   Vistas sus anteriores resoluciones sobre Zimbabue, en particular la de 7 de febrero de 2013

Textos Aprobados, P7_TA(2013)0059.

–   Vistas las declaraciones locales de la UE sobre el secuestro de Itai Dzamara, de 11 de marzo de 2015 y 9 de abril de 2015,

–   Vista la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en nombre de la UE, de 19 de febrero de 2014, sobre la revisión de las relaciones entre Zimbabue y la UE,

–   Vistas las Decisiones del Consejo 2014/98/PESC de 17 de febrero de 2014

DO L 50 de 20.2.2014, p. 20.

–   Vista la declaración del portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), de 18 de enero de 2013, sobre los recientes ataques contra los defensores de los derechos humanos antes de las elecciones,

–   Visto el Acuerdo Político Global firmado en 2008 por los tres principales partidos políticos, ZANU-PF, MDC-T y MDC,

–   Vistas las conclusiones del Consejo de la Unión Europa, de 23 de julio de 2012, sobre Zimbabue y la Decisión de Ejecución 2012/124/PESC del Consejo, de 27 de febrero de 2012

DO L 54 de 28.2.2012, p. 20.

–   Vista la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, de 27 de junio de 1981, que Zimbabue ha ratificado,

–   Vista la Constitución de Zimbabue,

–   Visto el Acuerdo de Cotonú,

–   Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A. Considerando que, el 9 de marzo de 2015, Itai Dzamara, un destacado activista zimbabuense en favor de los derechos humanos, líder del movimiento Occupy Africa Unity Square y disidente contra el presidente Mugabe, según informaciones, fue secuestrado en las afueras de Harare por cinco hombres armados no identificados; que su paradero sigue desconocido y su seguridad y la protección de sus derechos causan grave preocupación;

B.  Considerando que en los meses previos a su secuestro, Dzamara había encabezado una serie de protestas pacíficas contra el deterioro de la situación política y económica de Zimbabue; que dos días antes, Dzamara intervino en un mitin político organizado por el opositor Movimiento para el Cambio Democrático – Tsvangirai (MDC-T), abogando por protestas masivas contra la represión y la situación económica cada vez peores en el país, pidiendo la dimisión del presidente Mugabe y exigiendo reformas del sistema electoral;

C. Considerando que, hasta ahora, el Gobierno ha guardado silencio sobre la desaparición de Dzamara, lo que ha alimentado las sospechas entre la población de que el Estado podría ser responsable; que el partido ZANU-PF en el poder niega que se trate de una desaparición forzosa y la atribuye a un montaje de los partidos de la oposición;

D. Considerando que una sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de marzo de 2015, ordenó a las autoridades de Zimbabue organizar la búsqueda de Dzamara e informar al Tribunal de los progresos cada dos semanas hasta que se descubra su paradero; que las autoridades responsables de ello han desatendido la orden del Tribunal y las autoridades estatales aún tienen que cumplir la sentencia;

E.  Considerando que Itai Dzamara había sido atacado en varias ocasiones por seguidores del partido gubernamental ZANU-PF y agentes uniformados de la policía; que en noviembre de 2014 una veintena de agentes uniformados de la policía esposaron y agredieron a Dzamara hasta que quedó inconsciente y atacaron también a su abogado, Kennedy Masiye;

F.  Considerando que once personas fueron detenidas en Harare el 27 de abril de 2015 después de haber participado en una marcha de apoyo al desaparecido Itai Dzamara; que los activistas fueron detenidos y retenidos durante seis horas;

G. Considerando que, tras su secuestro, su esposa, Sheffra Dzamara, presentó una petición al Tribunal Supremo de Harare para obligar a la policía y a la Organización Central de Inteligencia (CIO) a buscar a su marido; que, durante la audiencia, la policía y la CIO negaron conocer el paradero de Dzamara; que Sheffra Dzamara denunció a principios de abril que hombres no identificados la mantenían bajo vigilancia constante y que temía por su vida;

H. Considerando que la situación actual en Zimbabue en cuanto a los derechos humanos y la democracia es cada vez peor, y que se producen continuas denuncias relativas al acoso y los abusos de los derechos humanos contra defensores de los derechos humanos, periodistas y miembros de la sociedad civil del país;

I.   Considerando que la policía a menudo utiliza de manera abusiva la legislación en vigor, como la Ley de Orden Público y Seguridad y la Ley de Acceso a la Información y Protección de la Intimidad, para prohibir encuentros y reuniones públicos legítimos;

J.   Considerando que la libertad de reunión, asociación y expresión son elementos esenciales de toda democracia;

K. Considerando que en febrero de 2015, la UE reanudó su ayuda a Zimbabue, en forma de 234 millones de euros para el programa indicativo nacional destinado a ayudar al país a ser más democrático y próspero, y que el Consejo Europeo decidió mantener algunas de las sanciones contra Zimbabue; que solo el presidente Robert Mugabe, su esposa y una empresa de defensa siguen sujetos a la congelación de activos y la prohibición de viajar; que el embargo de armas de la UE también sigue en vigor;

L.  Considerando que, el 16 de marzo de 2013, se aprobó una nueva Constitución mediante referéndum, con el objetivo declarado de sanear la política, pero que, en la práctica, los avances son lentos y la situación de los derechos humanos sigue siendo vulnerable;

1.  Condena firmemente la desaparición forzosa del activista pro derechos humanos Itai Dzamara y pide su liberación inmediata e incondicional;

2.  Insta al Gobierno de Zimbabue a que adopte todas las medidas necesarias para encontrar a Dzamara y llevar a los responsables ante la justicia; pide al Gobierno que cumpla plenamente la orden del Tribunal Supremo que le exige buscar a Dzamara;

3.  Pide a las autoridades de Zimbabue que garanticen la protección y la seguridad de su esposa y su familia, así como de sus compañeros y seguidores;

4.  Manifiesta su preocupación ante los informes de las organizaciones de derechos humanos que denuncian el aumento de la violencia policial y del acoso a la oposición política, así como ante las graves restricciones e intimidaciones a las que se enfrentan los defensores de los derechos humanos, que reciben frecuentes agresiones por parte de la policía y son detenidos con acusaciones falsas; lamenta que, desde las últimas elecciones y la adopción de la nueva Constitución en 2013, se hayan producido pocos avances en cuanto al Estado de Derecho y especialmente en cuanto a una reforma de la situación de los derechos humanos;

5.  Insta a las autoridades de Zimbabue a que investiguen las denuncias de uso excesivo de la fuerza y otros abusos de derechos humanos por parte de la policía y de funcionarios estatales, y les obliguen a rendir cuentas;

6.  Recuerda la responsabilidad general del Gobierno de Zimbabue de garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos; pide a las autoridades de Zimbabue que apliquen las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y los instrumentos regionales en materia de derechos humanos que ha ratificado Zimbabue;

7.  Recuerda que, con arreglo al Acuerdo Político Global, Zimbabue se ha comprometido a velar por que tanto su legislación como sus procedimientos y prácticas sean conformes con los principios y normas internacionales en materia de derechos humanos, lo que incluye las libertades de reunión, asociación y expresión;

8.  Muestra su reconocimiento por la creación de la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabue, pero manifiesta su preocupación por que no haya sido dotada de una capacidad significativa que le permita actuar con independencia y cumplir sus objetivos ante los urgentes problemas en materia de derechos humanos a que se enfrenta el país;

9.  Aboga, por tanto, por una acción concertada de la comunidad internacional, en especial de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC); considera que esta organización regional tiene que desempeñar el importante papel de garante del Acuerdo Político Global, insistiendo, entre otros aspectos, en la aplicación del Acuerdo y, en particular, de su artículo 13 para garantizar una actuación imparcial de la policía y las demás fuerzas de seguridad;

10. Insta al Gobierno de Zimbabue y al presidente Mugabe a que cumplan sus obligaciones internacionales y las disposiciones de los tratados internacionales que ha firmado el país, y que garanticen el respeto del Estado de Derecho y el cumplimiento de los derechos civiles y políticos;

11. Pide a la UE que acelere su diálogo político en materia de derechos humanos sobre la base del artículo 8 del Acuerdo de Cotonú y especialmente que anime al Gobierno a revocar o modificar adecuadamente la Ley de Orden Público y Seguridad y la Ley de Acceso a la Información y Protección de la Intimidad con objeto de poner fin a su uso abusivo;

12. Lamenta la falta de una cláusula de derechos humanos fuerte y aplicable en el Acuerdo de Asociación Económica provisional celebrado con cuatro Estados del este y el sur de África, incluido Zimbabue;

13. Toma nota del levantamiento de sanciones que ha decidido la UE y apoya las medidas específicas que se mantienen actualmente en vigor contra el presidente y su esposa, además del embargo de armas, que son una respuesta a la situación política y de los derechos humanos en Zimbabue;

14. Considera que el fomento de la democracia y la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho son fundamentales a fin de que Zimbabue se convierta en un país libre y próspero;

15. Pide a la delegación de la UE en Harare que siga ofreciendo su ayuda a Zimbabue para mejorar la situación de los derechos humanos; insiste en que la UE debe asegurarse de que la financiación para el desarrollo destinada a Zimbabue tenga efectivamente como objetivo las necesidades de la población, en especial a través de las organizaciones de la sociedad civil, y que se apliquen las reformas políticas y económicas que esta financia;

16. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al SEAE, al Gobierno y al Parlamento de Zimbabue, a los Gobiernos de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional, a la Comisión de la Unión Africana, al Parlamento Panafricano, a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y al Secretario General de la Commonwealth.