El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus numerosas resoluciones, anteriores y recientes, sobre la situación en Venezuela, en particular las de 27 de febrero de 2014 sobre la situación en Venezuela

Textos Aprobados, P7_TA(2014)0176.

–  Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Venezuela es parte,

–  Vista la Carta Democrática Interamericana, adoptada el 11 de septiembre de 2001,

–  Vista la Constitución de Venezuela y, en particular, sus artículos 72 y 233,

–  Vista la declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 20 de octubre de 2014, sobre las detenciones de manifestantes y políticos en Venezuela,

–  Vista las declaraciones realizadas el 7 de diciembre de 2015 por la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP / AR), Federica Mogherini, sobre las elecciones en Venezuela,

–  Vista la declaración realizada el 5 de enero de 2016 por el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior sobre la inauguración de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela,

–  Vista la declaración realizada a la prensa el 12 de abril de 2016 por el portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani,

–  Vista la declaración realizada el 10 de mayo de 2016 por la VP/AR sobre la situación en Venezuela,

–  Vista la carta de 16 de mayo de 2016 remitida por la organización «Human Rights Watch» al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, sobre la situación en Venezuela

https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela

–  Vista la declaración realizada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos,

–  Vistos los comunicados oficiales del secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), emitidos el 23 de mayo

http://www.unasursg.org/es/node/719

–  Vista la declaración de los líderes del G7 efectuada en la cumbre de Ise-Shima de los días 26 y 27 de mayo de 2016

http://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf

–  Vista la declaración del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, de 27 de mayo de 2016, en relación con su llamada telefónica al ex presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/05/257789.htm

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que la coalición opositora venezolana, la MUD, obtuvo 112 de los 167 escaños en la Asamblea Nacional unicameral —es decir, una mayoría de dos tercios—, frente a los 55 escaños del PSUV; que posteriormente el Tribunal Supremo bloqueó la toma de posesión de los escaños de cuatro representantes recién elegidos a la Asamblea Nacional, tres de ellos de la MUD, lo que privó a la oposición de su mayoría de dos tercios;

B.  Considerando que durante los cinco meses de actividad legislativa de la nueva Asamblea Nacional, en la que la oposición democrática ostenta la mayoría, el Tribunal Supremo ha dictado trece sentencias que obedecen a motivos políticos y son favorables al ejecutivo, amén de poner en peligro todas ellas el equilibrio de poderes que debe existir en un país regido por el Estado de Derecho;

C.  Considerando que decisiones como las que proclaman y confirman el Decreto de Emergencia Económica, eliminan las facultades de control político de la Asamblea Nacional, se niegan a reconocer a la Asamblea Nacional la facultad constitucional de revocar las designaciones de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, declaran la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela y suspenden los artículos del Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional han sido adoptadas, entre otras, contraviniendo las competencias legislativas de la Asamblea Nacional, sin respeto alguno por el equilibrio de poderes que debe primar en un Estado de Derecho;

D.  Considerando que hay unas 2 000 personas encarceladas, en arresto domiciliario o en condena condicional por razones políticas, incluidos importantes líderes políticos como Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos; que el 30 de marzo de 2016 la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una Ley que otorgaría la amnistía a los presos mencionados, allanando así el camino hacia el diálogo para la reconciliación nacional; que esta Ley es conforme con el artículo 29 de la Constitución Venezolana, pese a que el Tribunal Supremo la haya declarado inconstitucional; que Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó públicamente que la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional se atenía al Derecho internacional y expresó su decepción por el rechazo de dicha Ley;

E.  Considerando que en Venezuela no se respetan debidamente el Estado de Derecho y el principio de separación de poderes; que los hechos que se están viviendo apuntan a una influencia y un control del Gobierno sobre el poder judicial y el Consejo Nacional Electoral, lo que perjudica al poder legislativo y a las fuerzas de la oposición, piedras angulares de todo sistema democrático, vulnerando claramente el principio de independencia y separación de poderes propio de los países democráticos regidos por el Estado de Derecho;

F.  Considerando que la oposición democrática ha iniciado un proceso reconocido por la Constitución que permite destituir a los funcionarios públicos mediante un referéndum revocatorio una vez que hayan cumplido la mitad de su mandato; que el Consejo Nacional Electoral recibió de la MUD 1,8 millones de firmas de ciudadanos venezolanos que apoyan este proceso, cifra muy superior a las 198 000 firmas necesarias inicialmente para que dicho proceso sea legal y aceptado desde el punto de vista constitucional;

G.  Considerando que Venezuela se enfrenta a una grave crisis humanitaria, causada por la escasez de alimentos y medicinas; que la Asamblea Nacional ha declarado una crisis humanitaria de salud y alimentaria, habida cuenta de la carencia generalizada de medicinas y equipos y suministros médicos, y ha pedido a la Organización Mundial de la Salud (OMS) ayuda humanitaria y una visita técnica para que certifique las condiciones descritas;

H.  Considerando que, pese a la falta de datos oficiales, según la ENCOVI (Encuesta de Condiciones de Vida) la tasa de pobreza en Venezuela se ha duplicado entre 2013 y 2016, pasando del 30 % al 60 %; que el 75 % de los medicamentos considerados esenciales por la Organización Mundial de la Salud no se encuentran disponibles en Venezuela;

I.  Considerando que el Gobierno está impidiendo la entrada de ayuda humanitaria en el país y está boicoteando las diversas iniciativas internacionales para prestar asistencia a la sociedad civil, como las de Caritas y otras ONG;

J.  Considerando que, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía de Venezuela se contraerá un 8 % en 2016, tras sufrir una contracción del 5,7 % en 2015; que, pese a un incremento del 30 % del salario mínimo, la actual tasa de inflación del 180,9 % anula cualquier posibilidad de que los productos básicos sean asequibles para los ciudadanos venezolanos; que el FMI prevé una tasa de inflación media del 700 % para finales de 2016 y del 2 200 % en 2017;

K.  Considerando que la falta de previsión respecto a las infraestructuras básicas y una gestión ineficiente han desembocado en una gran crisis económica y social, que se pone de manifiesto en la escasez crónica de recursos, materias primas, insumos, alimentos básicos y medicamentos esenciales, con un nivel nulo de producción, y que el país está al borde de un estallido social y de una crisis humanitaria de impredecibles consecuencias;

L.  Considerando que los elevadísimos índices de delincuencia y la total impunidad que se registran en Venezuela han convertido a este país en uno de los más peligrosos del mundo, siendo Caracas la ciudad con la mayor tasa de delitos violentos del mundo, con más de 119,87 homicidios anuales por cada 100 000 habitantes;

M.  Considerando que las refriegas por el control de minas ilegales son habituales en la rica región minera próxima a las fronteras de Guyana y Brasil; que el 4 de marzo de 2016 se produjo una masacre en la localidad de Tumeremo (Estado de Bolívar), donde desaparecieron veintiocho mineros que fueron posteriormente asesinados; que no se ha producido aún ninguna reacción satisfactoria de las autoridades, y que el 28 de abril fue asesinada por arma de fuego, dentro de su residencia ubicada en la misma población, la periodista Lucía Suárez, quien recientemente había investigado el caso;

N.  Considerando que el 27 de mayo de 2016 los países del G7 emitieron una declaración instando a Venezuela a crear las condiciones para un diálogo entre el Gobierno y sus ciudadanos con el fin de resolver la cada vez más grave crisis económica y política, y que el 1 de junio el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una declaración sobre la situación en Venezuela;

O.  Considerando que, en el marco de Unasur, se han celebrado recientemente en la República Dominicana diversas reuniones exploratorias, auspiciadas por el ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, el ex presidente de la República Dominicana Leonel Fernández y el ex presidente de Panamá Martín Torrijos, destinadas a la puesta en marcha de un diálogo nacional con representantes del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de los partidos opositores representados por la MUD;

P.  Considerando que solo puede encontrarse una solución a la crisis mediante el diálogo entre todos los niveles de gobierno, la oposición democrática y la sociedad;

1.  Expresa su profunda preocupación por el grave deterioro de la situación en lo que se refiere a la democracia, los derechos humanos y la situación socioeconómica en Venezuela, con un clima de creciente inestabilidad política y social;

2.  Expresa, asimismo, su preocupación por el actual bloqueo institucional y por el uso por parte del ejecutivo de los poderes del Estado para controlar al Tribunal Supremo y al Consejo Nacional Electoral con el fin de impedir la aplicación de leyes e iniciativas adoptadas por la Asamblea Nacional; pide al Gobierno venezolano que respete el Estado de Derecho y el principio de separación de poderes; recuerda que la separación y la no interferencia entre poderes igualmente legítimos es un principio esencial de los Estados democráticos que se rigen por el Estado de Derecho;

3.  Pide al Gobierno venezolano que adopte una actitud constructiva que permita superar la crítica situación que se vive actualmente en Venezuela mediante una solución constitucional, pacífica y democrática basada en el diálogo;

4.  Celebra los esfuerzos de mediación realizados a instancias de Unasur para iniciar un proceso de diálogo nacional entre el ejecutivo y la oposición representada por los componentes mayoritarios de la MUD;

5.  Toma nota de la declaración de los líderes del G7 sobre Venezuela; pide al Consejo Europeo de junio que haga una declaración política sobre la situación en el país y que apoye los esfuerzos de mediación recientemente iniciados para lograr un acuerdo de soluciones políticas y democráticas para Venezuela;

6.  Insta al Gobierno de Venezuela a que libere a todos los presos políticos inmediatamente; recuerda que la liberación de los presos políticos es una condición previa exigida por la oposición para el inicio de las negociaciones, y pide a ambas partes que acuerden una solución de compromiso destinada a apoyar los esfuerzos de mediación que actualmente se están realizando; pide a la Unión y a la VP/AR que soliciten encarecidamente la liberación de los presos políticos y de las personas arbitrariamente privadas de libertad, en consonancia con los llamamientos de varios organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales y con la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional;

7.  Pide a las autoridades que respeten y garanticen el derecho constitucional a manifestarse pacíficamente; pide asimismo a los líderes de la oposición que ejerzan sus poderes responsablemente; solicita a las autoridades venezolanas que garanticen la seguridad y el libre ejercicio de los derechos para todos los ciudadanos, en particular los defensores de derechos humanos, periodistas, activistas políticos y miembros de organizaciones no gubernamentales independientes;

8.  Pide al presidente Nicolás Maduro y a su Gobierno que apliquen urgentemente reformas económicas en colaboración con la Asamblea Nacional a fin de encontrar una solución constructiva a las crisis económica y energética, y en particular a la escasez de alimentos y medicinas;

9.  Expresa su profunda preocupación por el continuo aumento de la tensión social causada por la escasez de productos básicos como alimentos y medicinas; pide a la VP/AR que proponga un plan de asistencia para el país y que inste a las autoridades venezolanas a que permitan la entrada de ayuda humanitaria en el país y a que autoricen el acceso a las organizaciones internacionales que deseen prestar asistencia a los sectores de la sociedad más afectados para atender las necesidades más básicas y urgentes de la población;

10.  Insta al Gobierno y a las autoridades públicas de Venezuela a que respeten la Constitución, en particular los mecanismos y procedimientos legales y reconocidos para activar el proceso establecido en la Constitución de Venezuela para destituir al presidente antes de finales de 2016;

11.  Exhorta a la VP/AR a que coopere con los países y las organizaciones regionales e internacionales de América Latina para garantizar la creación de mecanismos de dialogo, reconciliación nacional y mediación en Venezuela que permitan apoyar una solución pacífica, democrática y constitucional a la crisis que está atravesando actualmente el país;

12.  Considera que es absolutamente prioritario reducir los altos niveles de impunidad existentes, que incrementan y fomentan la violencia y la inseguridad crecientes en el país, y hacer cumplir el marco legal existente, que exige justicia para las víctimas de secuestros, asesinatos y demás delitos que se cometen a diario, así como para sus familiares;

13.  Pide a las autoridades venezolanas que investiguen la masacre de Tumeremo, en la que fueron asesinados veintiocho mineros, y que lleven a los autores e inductores ante la justicia, al igual que a los responsables del reciente asesinato de la periodista Lucía Suárez, que ocurrió en la misma localidad y del que se sospecha que está relacionado con aquellos;

14.  Reitera su petición para que una delegación del Parlamento Europeo sea enviada a Venezuela y entable lo antes posible un diálogo con todos los sectores implicados en el conflicto;

15.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.