El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Tailandia, y en particular las de 20 de mayo de 2010

DO C 161 E de 31.5.2011, p. 152.

–  Vista la respuesta, de 19 de noviembre de 2015, de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, en nombre de la Comisión, sobre la situación de Andy Hall,

–  Vistas las declaraciones emitidas el 14 de noviembre de 2014 por la Delegación de la Unión Europea en Tailandia, de acuerdo con los jefes de misión de la Unión en Tailandia,

–  Vista la declaración a la prensa de 20 de septiembre de 2016 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

–  Vista la declaración, de 21 de septiembre de 2016, de Maurizio Bussi, director de la Oficina de País para Tailandia, Camboya y la República Democrática Popular de Laos de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la condena del activista de los derechos de los trabajadores Andy Hall en Tailandia,

–  Vistos el examen periódico universal de Tailandia ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y sus recomendaciones, de 11 de mayo de 2016,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948,

–  Visto el informe de 2014 sobre la migración en Tailandia del Grupo de Trabajo Temático sobre la Migración de las Naciones Unidas,

–  Vistas la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, de 1998, y la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/70/161, de 17 de diciembre de 2015,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 1966, del que Tailandia es Estado Parte,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984,

–  Vista la Declaración de los Derechos Humanos de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), de 18 de noviembre de 2012,

−  Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que el defensor de los derechos de los trabajadores Andy Hall, ciudadano de la Unión Europea, fue condenado el 20 de septiembre de 2016 a tres años de prisión condicional y a una multa de 150 000 THB tras haber colaborado en un informe de la ONG finlandesa Finnwatch exponiendo las violaciones de derechos laborales en la planta tailandesa de transformación de piñas Natural Fruit Company Ltd;

B.  Considerando que Andy Hall ya había sido acusado formalmente de un delito de difamación y un delito informático por la publicación en línea de dicho informe, y que se permitió que ambos procesos penales contra Andy Hall se tramitaran en el sistema judicial tailandés;

C.  Considerando que varias violaciones de los derechos de los trabajadores cometidas por Natural Fruit Company Ltd habían sido señaladas por el Ministerio de Trabajo tailandés y por empleados de la empresa en vistas anteriores;

D.  Considerando que el 18 de septiembre de 2015 el Tribunal de Prakanong, en Bangkok, falló a favor de Andy Hall y desestimó la otra acusación por delito de difamación formulada contra él, resolución que ha sido objeto de un recurso interpuesto por Natural Fruit Company Ltd y el fiscal general de Tailandia y que está pendiente actualmente ante el Tribunal Supremo; que se han suspendido los dos procesos civiles en espera de resolución en los dos procesos penales;

E.  Considerando que, según la información aparecida en medios de comunicación internacionales y tailandeses, la Red de Derechos de los Trabajadores Migrantes, organización de la que Andy Hall es asesor, así como el propio Hall y catorce trabajadores originarios de Myanmar que trabajan en una granja avícola, han sido amenazados con nuevos procesos penales por difamación o delitos informáticos por una empresa tailandesa que suministra pollos al mercado europeo;

F.  Considerando que el 28 de septiembre de 2016 las autoridades tailandesas obstaculizaron la presentación y lanzamiento públicos, a cargo de varios de expertos e investigadores extranjeros especializados en derechos humanos, del último informe de investigación de Amnistía Internacional, en el que se documenta el uso habitual de la tortura y los malos tratos en bases militares, comisarías de policía y centros de detención del que son víctimas, entre otros, opositores políticos, trabajadores migrantes y presuntos insurgentes;

G.  Considerando que el uso desproporcionado de las leyes penales sobre difamación, que prevén penas de prisión contra los defensores de derechos humanos que denuncian presuntas violaciones de derechos humanos, limita la libertad de expresión, lo que constituye un incumplimiento de las obligaciones que incumben a Tailandia en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Tailandia es Estado Parte;

H.  Considerando que en Tailandia residen casi cuatro millones de extranjeros, de los cuales 2,7 millones proceden de Camboya, Laos y Myanmar; que desde 2001 los migrantes de estos países pueden acceder a un permiso de trabajo, pero que más de un millón de migrantes siguen sin estar registrados en Tailandia;

I.  Considerando que, según asegura Human Rights Watch en su declaración de 18 de septiembre de 2016, «desde hace años los derechos humanos y los derechos laborales de los trabajadores migrantes procedentes de Myanmar, Camboya y Laos que trabajan en Tailandia vienen siendo vulnerados impunemente de forma regular» y «los trabajadores migrantes suelen recibir poca o ninguna protección de la legislación laboral tailandesa, a pesar de que el Gobierno afirme que todos los trabajadores migrantes registrados serán protegidos en virtud de dichas leyes»;

J.  Considerando que Tailandia ha comenzado a aplicar un memorando de entendimiento sobre cooperación en materia del empleo de trabajadores con Camboya y Laos en 2006 y con Myanmar en 2009; que, con arreglo al sistema del memorando de entendimiento, los trabajadores pueden recibir ofertas de trabajo y documentos de viaje antes de migrar a Tailandia, pero que solo el 5 % de los trabajadores de estos países se ha sometido al procedimiento del memorando de entendimiento;

1.  Celebra el compromiso firme de la Unión con el pueblo tailandés, al que le vinculan fuertes y arraigados lazos políticos, económicos y culturales;

2.  Lamenta la declaración de culpabilidad de Andy Hall, y manifiesta su preocupación por el procedimiento judicial y por sus posibles efectos en la libertad de los defensores de los derechos humanos a la hora de realizar su labor;

3.  Pide al Gobierno tailandés que tome todas las medidas necesarias para garantizar el respeto y la protección de los derechos —incluido el derecho a un juicio justo— de Andy Hall y los demás defensores de los derechos humanos, que genere un entorno propicio para el disfrute de los derechos humanos y, en concreto, que garantice que no se criminaliza la promoción y la protección de los derechos humanos;

4.  Pide a las autoridades tailandesas que se aseguren de que las leyes nacionales sobre difamación se ajustan al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Tailandia es Estado Parte, y que revise la Ley de Delitos Informáticos, que está redactada en términos demasiado vagos;

5.  Felicita al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) por su trabajo en el caso de Andy Hall y le insta a que no deje de seguir atentamente su situación; pide a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que plantee esta cuestión ante el Gobierno tailandés durante la próxima reunión ministerial ASEAN-UE que se celebrará en Bangkok;

6.  Pide al Gobierno tailandés y a las instituciones estatales que cumplan sus propias obligaciones constitucionales e internacionales en materia de respeto de la independencia del poder judicial, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo y los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica;

7.  Reconoce los progresos alcanzados por el Gobierno tailandés en la lucha contra la explotación laboral y la protección de los trabajadores nacionales y migrantes, como demuestran, en particular, el sistema reforzado de inspección laboral, la legislación sobre agencias de colocación, las medidas para impedir la servidumbre por deudas y la trata de seres humanos, una política más firme de sanciones por abusos laborales, la ratificación del Convenio n.º 187 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la firma en marzo de 2016 del Convenio sobre el trabajo marítimo;

8.  Invita a las autoridades tailandesas a adoptar y aplicar, en la legislación y en la práctica, una política de inmigración holística con una perspectiva a largo plazo para los trabajadores migrantes poco cualificados, de acuerdo con los principios en materia de derechos humanos y teniendo en cuenta las necesidades del mercado de trabajo; sugiere, en este contexto, que el primer paso consista en revisar la Ley de Relaciones Laborales, con el fin de garantizar a los trabajadores migrantes el mismo derecho a la libertad de asociación del que disfrutan los nacionales tailandeses;

9.  Pide la protección de los trabajadores migrantes mediante mayores incentivos para que los empresarios recurran al procedimiento de regularización, imponiendo al mismo tiempo multas elevadas u otras sanciones a los empresarios que no utilicen ese procedimiento o que incumplan la legislación laboral;

10.  Pide al SEAE y a la Delegación de la Unión en Bangkok, así como a las delegaciones de los Estados miembros, que sigan haciendo un seguimiento de la situación de los derechos humanos en Tailandia, que sigan colaborando con el Gobierno y la sociedad civil y que recurran a todas las herramientas a su alcance para garantizar el respeto de los derechos humanos, de los defensores de estos y del Estado de Derecho en Tailandia;

11.  Insta a la Unión y a sus Estados miembros a garantizar que las empresas establecidas en su territorio que operen en Tailandia respetan las normas internacionales de derechos humanos mediante un control y una información transparentes, en cooperación con la sociedad civil, y celebra el apoyo que el grupo minorista finlandés S Group ha prestado a Andy Hall;

12.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión, al Gobierno y al Parlamento de Tailandia, a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a los Gobiernos de los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental.