El Parlamento Europeo,

–  Vistos el Acuerdo de Asociación UE-Ucrania y la Zona de libre comercio de alcance amplio y profundo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Ucrania y sobre Crimea, sobre la Política Europea de Vecindad y sobre la Asociación Oriental, y en particular sus Resoluciones, de 21 de enero de 2016, sobre Acuerdos de Asociación / Zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo con Georgia, Moldavia y Ucrania

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0018.

–  Visto el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 25 de septiembre de 2017, sobre la situación de los derechos humanos en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol (Ucrania) bajo ocupación temporal,

–  Vistas la Resolución 68/262 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 27 de marzo de 2014, titulada «Integridad territorial de Ucrania», y la Resolución 71/205 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 19 de diciembre de 2016, titulada «Situación de los derechos humanos en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol (Ucrania)»,

–  Vistas las decisiones del Consejo por las que se prorrogan las sanciones impuestas a la Federación de Rusia en relación con la anexión ilegal de la península de Crimea,

–  Visto el Derecho internacional humanitario, y en particular sus disposiciones sobre los territorios ocupados y el trato y la protección de la población civil,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que en numerosos informes dignos de crédito, incluidos el más reciente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se exponen pruebas de las crecientes violaciones de los derechos humanos en Crimea que afectan a representantes de los tártaros de Crimea, periodistas, profesionales de los medios de comunicación, blogueros y ciudadanos de a pie que se pronuncian contra la ocupación rusa o simplemente tratan de documentar las atrocidades de las autoridades de facto;

B.  Considerando que, en el informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 25 de septiembre de 2017, sobre la situación de los derechos humanos en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol (Ucrania) bajo ocupación temporal, se afirma que se han documentado graves violaciones de los derechos humanos, como detenciones y encarcelamientos arbitrarios, desapariciones forzosas, malos tratos y tortura, así como al menos una ejecución extrajudicial;

C.  Considerando que Ilmi Umerov, líder de los tártaros de Crimea y vicepresidente del Congreso del Pueblo Tártaro de Crimea (Mejlís), fue condenado, sobre la base del artículo 280, apartado 1, del Código Penal ruso, relativo a la instigación pública a emprender acciones contra la integridad territorial de Rusia, a dos años de cárcel por haber expresado su oposición a la anexión ilegal de la península de Crimea;

D.  Considerando que Ajtem Chiygoz, vicepresidente del Mejlís, fue condenado a ocho años de cárcel por organizar disturbios masivos el 26 de febrero de 2014;

E.  Considerando que el periodista Mykola Semena fue condenado a una pena de dos años y medio de prisión de ejecución condicional y a la prohibición de realizar labores periodísticas durante tres años, sobre la base del artículo 280, apartado 1, del Código Penal ruso, relativo a la instigación pública a emprender acciones contra la integridad territorial de Rusia;

F.  Considerando que las recientes sentencias judiciales demuestran que se está utilizando el sistema judicial como un instrumento político para reprimir a los que se oponen a la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia;

G.  Considerando que se ha informado de diferentes casos de secuestro, desaparición forzosa y tortura y tratos crueles y degradantes en centros penitenciarios; que se ha utilizado la tortura para obtener pruebas falsas de culpabilidad; y que hasta la fecha no se han investigado adecuadamente esas alegaciones;

H.  Considerando que en Crimea se ha procedido a expropiaciones a gran escala de bienes públicos y privados sin indemnización alguna ni respeto por las disposiciones del Derecho internacional humanitario que protegen los bienes de la incautación o la destrucción;

I.  Considerando que el espacio de actuación de la sociedad civil en Crimea se ha visto muy reducido con el cierre de diferentes medios de comunicación, lo que afecta de forma desproporcionada a la comunidad tártara de Crimea, a su derecho a la información y a su derecho a conservar su cultura y su identidad;

J.  Considerando que la anexión de Crimea por la Federación de Rusia es ilegal y constituye una violación del Derecho internacional y de los acuerdos europeos firmados por la Federación de Rusia y Ucrania, en particular la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Final de Helsinki, el Memorando de Budapest de 1994 y el Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación entre Ucrania y la Federación de Rusia de 1997;

K.  Considerando que durante la anexión incumbe a la Federación de Rusia la responsabilidad de proteger al pueblo y a los ciudadanos de Crimea por medio de las autoridades de facto presentes en la región;

1.  Reprueba la condena de Ilmi Umerov, líder tártaro de Crimea y vicepresidente del Mejlís, de Ajtem Chiygoz, vicepresidente del Mejlís, y del periodista Mykola Semena; exige que se revoquen estas condenas y que se ponga en libertad de forma inmediata e incondicional a Ilmi Umerov y a Ajtem Chyigoz, así como que se retiren inmediata e incondicionalmente todos los cargos contra Mykola Semena;

2.  Condena enérgicamente las severas sentencias dictadas a raíz de procedimientos judiciales grotescos y cargos cuestionables contra los líderes de la comunidad tártara de Crimea y otras personas opuestas a la anexión rusa, como Uzair Abdullaev, Teymur Abdullaev, Zevri Abseutov, Rustem Abiltarov, Muslim Aliyev, Refat Alimov, Ali Asanov, Volodymyr Baluj, Enver Bekirov, Oleksiy Bessarabov, Hlib Shabliy, Oleksiy Chirniy, Mustafa Degermenji, Emil Dzhemadenov, Arsen Dzheparov, Volodymyr Dudka, Pavlo Gryb, Rustem Ismailov, Mykola Karpyuk, Stanislav Klyj, Andriy Kolomiyets, Oleksandr Kolchenko, Oleksandr Kostenko, Emir-Usein Kuku, Serguei Litvinov, Enver Mamutov, Remzi Memethov, Yevhen Panov, Yuri Primov, Volodymyr Prisich, Ferat Sayfullayev, Eider Saledinov, Oleg Sentsov, Vadym Siruk, Oleksiy Stogniy, Redvan Suleymanov, Roman Sushchenko, Mykola Shiptur, Dmytro Shtyblikov, Viktor Shchur, Rustem Vaitov, Valentyn Vygovsky, Andriy Zajtey y Ruslan Zeytullaev; pide que se revoquen las sentencias judiciales dictadas contra estas personas y que se ponga en libertad inmediatamente a los detenidos;

3.  Condena las políticas discriminatorias impuestas por las supuestas autoridades, en particular contra la comunidad autóctona tártara de Crimea, la violación de sus derechos de propiedad y el recrudecimiento de la intimidación en la vida política, social y económica de esta comunidad y de todos aquellos que se oponen a la anexión rusa;

4.  Considera que la prohibición de las actividades del Mejlís y su definición como organización extremista el 26 de abril de 2016, así como la prohibición de que sus líderes puedan regresar a la península, suponen una violación grave de los derechos de los tártaros de Crimea; reitera con firmeza su llamamiento a que se revoquen con carácter inmediato las correspondientes decisiones y sus efectos, y a que se cumpla la decisión de la Corte Internacional de Justicia, de 19 de abril de 2017, sobre las medidas provisionales en el marco de los procedimientos incoados por Ucrania contra la Federación de Rusia, en la que se señala que la Federación de Rusia debe abstenerse de mantener o de imponer restricciones a la capacidad de la comunidad tártara de Crimea de conservar sus instituciones representativas, incluido el Mejlís;

5.  Recuerda que la realidad de la represión y de la aplicación de la legislación en materia de extremismo, terrorismo y separatismo ha desembocado en un grave deterioro de la situación de los derechos humanos en la península de Crimea y en la violación sistemática de la libertad de expresión y asociación, que la imposición forzada de la ciudadanía rusa ha adquirido carácter sistemático, y que las libertades fundamentales en la península de Crimea no están garantizadas; exige la revocación de la legislación discriminatoria y hace hincapié en la urgente necesidad de atribuir responsabilidades en relación con las violaciones de los derechos humanos y los abusos cometidos en la península;

6.  Condena enérgicamente la práctica generalizada de transferir a los detenidos a regiones remotas de Rusia ya que dificulta gravemente la comunicación con sus familiares y amigos y la capacidad de las organizaciones de defensa de los derechos humanos de controlar su bienestar; subraya que esta práctica contraviene la legislación rusa en vigor, y en particular el artículo 73 del Código de ejecución de las penas, que establece que las sentencias deben cumplirse en la región en la que reside el condenado o en la que se dictó la sentencia judicial;

7.  Pide al SEAE y a la Delegación de la Unión en Rusia que sigan de cerca los juicios en curso y que presten atención al trato que se brinda a los detenidos; expresa su especial preocupación por las informaciones relativas al recurso a los tratamientos psiquiátricos punitivos; confía en que la Delegación de la Unión, el SEAE y las embajadas de los Estados miembros sigan de cerca estos procedimientos e intenten tener acceso a las personas detenidas antes, durante y después de sus juicios;

8.  Pide al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que analice todas las solicitudes de reparación presentadas por Crimea con la máxima prioridad posible, ya que el sistema judicial interno ruso no puede prever ni prevé vías de recurso legal en estos casos;

9.  Condena la represión de los medios de comunicación independientes que representan a las comunidades minoritarias, e insta a las autoridades rusas a que se abstengan de imponer obstáculos jurídicos y administrativos a su funcionamiento;

10.  Pide que los observadores internacionales de derechos humanos, incluidas las estructuras especializadas de las Naciones Unidas, la OSCE y el Consejo de Europa, puedan acceder libremente a la península de Crimea para investigar la situación en la península, y que se creen mecanismos de control independientes; manifiesta su apoyo a las iniciativas dirigidas por Ucrania con el fin de abordar estas cuestiones en el marco del Consejo de Derechos Humanos y en la Asamblea General; pide al SEAE y al representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos que presten una atención constante a la situación de los derechos humanos en la península de Crimea y que mantengan informado al Parlamento;

11.  Pide a la Comisión que apoye proyectos e intercambios destinados a mejorar los contactos entre las personas, así como los que promueven la consolidación de la paz, la resolución de conflictos, la reconciliación y el diálogo intercultural, incluso en Crimea; apela a que se eviten obstáculos burocráticos y a que se adopten enfoques más flexibles que permitan un acceso más sencillo por parte de los observadores internacionales, incluidos parlamentarios, a la península, con el acuerdo de Kiev, sin que esto se interprete como un reconocimiento de la anexión;

12.  Hace hincapié en que deben imponerse sanciones a todas las personas responsables de violaciones graves de los derechos humanos, incluidos los funcionarios crimeos y rusos directamente responsables de haber acusado y condenado a Ajtem Akhtem Chiygoz, Mykola Semena e Ilmi Umerov, entre las que deben figurar la congelación de activos en los bancos de la Unión y la prohibición de que efectúen desplazamientos; reitera su apoyo a la decisión de la Unión de prohibir las importaciones procedentes de Crimea y las exportaciones de determinados bienes y tecnologías, inversiones, intercambios comerciales y servicios a Crimea;

13.  Lamenta la trágica situación de los niños de Crimea que crecen sin sus padres, que han sido privados ilegalmente de su libertad en tanto que prisioneros políticos de facto, incluidos los que han sido transferidos a regiones distantes de la Federación de Rusia; considera que se trata de una violación flagrante de los derechos humanos internacionales, los derechos del niño y las obligaciones internacionales de la Federación de Rusia, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; pide a las autoridades rusas y a las autoridades de facto de Crimea que permitan a estas personas mantener un contacto regular con sus familiares, en particular los menores;

14.  Recuerda a las autoridades rusas que, en su calidad de potencia ocupante de facto que ejerce el control efectivo sobre Crimea, son plenamente responsables de la protección de los ciudadanos de Crimea frente a medidas judiciales o administrativas arbitrarias y que, en esta misma capacidad, están obligadas por el Derecho internacional humanitario a velar por la protección de los derechos humanos en la península;

15.  Expresa su apoyo a la soberanía, independencia, unidad e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, y reitera su enérgica condena de la anexión ilegal de la República Autónoma de Crimea y de la ciudad de Sebastopol por la Federación de Rusia; apoya la política de la Unión y de sus Estados miembros basada en el no reconocimiento de la anexión ilegal de la península de Crimea y la imposición de sanciones en este contexto; expresa su profunda preocupación por la militarización a gran escala de la península de Crimea que está llevando a cabo Rusia en la actualidad, que amenaza la seguridad regional y paneuropea;

16.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Estados miembros, al presidente de Ucrania, a los Gobiernos y Parlamentos de Ucrania y de la Federación de Rusia, a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y a la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, al Congreso del Pueblo Tártaro de Crimea (Mejlís) y al Secretario General de las Naciones Unidas.