PARLAMENTO EUROPEO
Documento de sesión
14.5.2008 B6‑0233/2008
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión
presentada de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento
por Gérard Deprez
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
sobre las negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos en relación con las exenciones de visado
Resolución del Parlamento Europeo sobre las negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos en relación con las exenciones de visado
El Parlamento Europeo,
– Vistos los artículos 2, 6, 24 y 29 del Tratado de la Unión Europea y los artículos 62, 63, 286 y 300 del Tratado CE, que constituyen el fundamento jurídico del Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, así como de las negociaciones internacionales con terceros países y organizaciones,
− Vistas las declaraciones del Consejo y de la Comisión ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de 6 de marzo de 2008 y 21 de abril de 2008,
– Visto el apartado 2 del artículo 103 de su Reglamento,
A. Considerando que, desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam en 1999, el Consejo es responsable del establecimiento de las normas relativas a los visados, incluida la lista de los terceros países cuyos nacionales tienen la obligación de ser titulares de visado, y de aquellos cuyos nacionales están exentos de esa obligación (artículo 62, apartado 2, letra b), inciso i), del Tratado CE),
B. Considerando que las competencias de la Comunidad en materia de visados incluyen las condiciones en las que se concede a los terceros países el estatuto de exención de visado, y que esas condiciones deben garantizar la igualdad de trato de todos los ciudadanos de la UE, no sólo por lo que se refiere a la concesión o la denegación del estatuto de exención de visado en sí, sino también por lo que respecta a las condiciones en las que los terceros países conceden o deniegan ese estatuto a los distintos Estados miembros de la UE,
C. Considerando que, desde 2001, el Consejo ha eximido[1] a los ciudadanos de los Estados Unidos de la obligación de ser titulares de visado; que, lamentablemente, no se aplica a todos los ciudadanos de la UE una exención comparable, puesto que los Estados Unidos todavía mantienen la obligación de visado para los nacionales de algunos Estados miembros (en la actualidad: Bulgaria, Chipre, la República Checa, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumanía y Eslovaquia), y que el porcentaje de rechazo de solicitudes de visado, basado en criterios no transparentes, supera el 10 % de las solicitudes,
D. Considerando que, desde 2005, existe la posibilidad de activar un mecanismo de reciprocidad a escala comunitaria[2] tras notificación de un Estado miembro, contactos de la Comisión con el tercer país afectado e informe de la Comisión al Consejo, que podrá decidir sobre «el restablecimiento temporal de la obligación de visado para los nacionales del tercer país de que se trate»,
E. Considerando que, si bien se ha logrado la reciprocidad con varios terceros países, todavía no es el caso con los Estados Unidos, por lo que en 2006 la Comisión[3] propuso, con respecto a los EE.UU., «el restablecimiento temporal de la obligación de visado para los titulares de pasaportes diplomáticos y de pasaportes de servicio/oficiales, con el fin de acelerar los avances en materia de reciprocidad»; considerando, sin embargo, que el Consejo no dio curso a esta propuesta simbólica,
F. Considerando que varios Estados miembros han proseguido sus contactos bilaterales directos con el Gobierno de los Estados Unidos pese a las competencias evidentes de la Comunidad en este ámbito,
G. Considerando que la situación se complicó a nivel legal cuando el 3 de agosto de 2007 los Estados Unidos reformaron su régimen de exención de visado, con la promulgación de la Sección 711 de la Ley de 2007 de aplicación de las recomendaciones de la Comisión 9/11, y en particular la Ley de 2007 de cooperación para los viajes seguros y contra el terrorismo[4], añadiendo siete medidas de mejora de la seguridad[5], de forma que todos los Estados miembros que deseen participar en el programa de exención de visados (VWP) deben estar dispuestos a firmar un Memorándum de acuerdo bilateral y sus «normas de ejecución» vinculantes,
H. Considerando que, si bien las instituciones de la UE desconocen aún el contenido de las denominadas «normas de ejecución», el Memorándum de acuerdo deja claro que algunas de las nuevas medidas de «mejora de la seguridad» entran en el ámbito de competencia de la Comunidad (como la relativa a la expedición de visados o las futuras obligaciones complementarias de la Asociación Europea de Seguridad del Transporte, ESTA), algunas entran en el ámbito de competencia de la UE (como la relativa a los pasaportes sustraídos[6], los datos PNR o los datos relacionados con los delitos cometidos en el espacio Schengen), mientras que las restantes entran en el ámbito de competencia exclusiva de cada Estado miembro (como las relacionadas con los registros de antecedentes penales de sus propios ciudadanos o las que prevén la presencia de escoltas de seguridad en los vuelos transatlánticos),
I. Considerando que, para resolver este problema y para que todos los Estados miembros puedan participar en 2009 en el régimen estadounidense reformado de exención de visados, el 18 de abril de 2008 el Consejo se pronunció sobre un enfoque dual que consiste en:
a) otorgar a la Comisión un mandato oficial para que negocie con los Estados Unidos todas las cuestiones relacionadas con la Comunidad, y
b) adoptar las «líneas rojas» que los Estados miembros deben respetar en su diálogo con los EE.UU. antes de la conclusión de las negociaciones CE/EE.UU.; estas «líneas rojas» establecen los aspectos que entran en el ámbito de competencia de la CE/UE y los aspectos que pueden negociarse a nivel bilateral ya que entran en el ámbito de competencia nacional, y dejan claro que, por lo que se refiere a las negociaciones bilaterales, los Estados miembros deben respetar el principio de cooperación leal con los demás Estados miembros y las instituciones de la UE, tal como se establece en el artículo 10 del Tratado CE y en la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C‑105/03, en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones establecidas por el Tratado UE,
J. Considerando que, incluso para los asuntos que entran en el ámbito de competencia exclusiva de los Estados miembros, el principio de cooperación leal podría resultar amenazado por acuerdos bilaterales que contengan condiciones diferentes para la concesión del estatuto de exención de visado a algunos Estados miembros, lo que se traduciría en una diferencia de trato entre los ciudadanos de los Estados miembros en lo que atañe a los visados,
K. Considerando que, para proteger a los ciudadanos de los EE.UU. y de la UE de la amenaza terrorista, la cooperación transatlántica debería mejorar: a) la determinación de la amenaza por medio de análisis conjuntos y un amplio intercambio de información, incluido el intercambio de mejores prácticas, en el marco de estrictas medidas de protección de datos, b) la coordinación a nivel de la UE y transatlántico entre los organismos encargados del cumplimiento de la ley y los servicios de inteligencia, respetando siempre el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la vida privada, y c) la capacidad operativa mediante una cooperación más estrecha entre los organismos encargados del cumplimiento de la ley y los servicios de inteligencia de la UE y de los Estados Unidos, basada en un nivel más profundo de confianza recíproca entre los distintos órganos y agencias implicados,
1. Considera que cualquier forma de discriminación directa o indirecta entre los ciudadanos europeos por razón de la nacionalidad debería estar prohibida no sólo dentro de la Unión Europea, tal como establece el artículo 12 del Tratado CE, sino también fuera de la Unión Europea, en particular cuando esa discriminación se derive de la falta de coordinación en las negociaciones internacionales entre las instituciones de la UE y los Estados miembros;
2. Celebra que, por primera vez, los Estados Unidos hayan reconocido las atribuciones de la Comunidad para negociar acuerdos internacionales en materia de política de visados durante la troika de los Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de 13 de marzo de 2008, al decidir en una declaración común seguir un enfoque «dual»; observa que en dicha declaración se establece que las cuestiones del ámbito de responsabilidad nacional se examinarán con las autoridades nacionales, mientras que las cuestiones del ámbito de responsabilidad de la UE se examinarán con las autoridades de la UE; considera que, de conformidad con esa declaración, a partir de ahora los Estados Unidos deberían negociar:
- con la Comisión, las cuestiones relacionadas con los visados, como ya lo hacían en el caso del transporte aéreo[7];
- con el Consejo, las políticas de la UE sobre cuestiones de seguridad (Acuerdo PNR o acuerdos EE.UU.-UE sobre extradición y asistencia jurídica recíproca); y
- con los Estados miembros, la presencia de escoltas de seguridad en los vuelos transatlánticos, así como las cuestiones relacionadas con la seguridad por lo que respecta a sus ciudadanos;
3. Reitera que cualquier posible acuerdo alcanzado por la CE/UE debe respetar los derechos fundamentales y las libertades individuales, tal como se establece en el artículo 6, apartado 2, del Tratado UE, incluidos los derechos a la vida privada y a la protección de datos, contemplados en:
- los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;
- la Directiva 96/46/CE y normas específicas del Derecho comunitario (y medidas relacionadas con el espacio Schengen) cuando esté en juego el envío a un tercer país;
- el Convenio 108 del Consejo de Europa para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, por lo que respecta a las autoridades de supervisión y los flujos de datos transfronterizos;
4. Respalda el mandato otorgado por el Consejo a la Comisión para negociar un acuerdo que garantice la exención de visado para todos los ciudadanos de la UE que entran en el territorio de los Estados Unidos, como ya es el caso para los ciudadanos estadounidenses que entran en el territorio de la UE; pide a al Comisión que informe a la comisión parlamentaria competente después de cada reunión de negociación (en su caso, a título confidencial);
5. Considera que las negociaciones deberían concluir antes de junio de 2009, y que para esa fecha no debería permitirse ningún tipo de discriminación entre los ciudadanos de la UE;
6. Comparte la opinión de que los Estados miembros deberían seguir las «líneas rojas» del Consejo[8] de conformidad con el principio de cooperación leal contemplado en el artículo 10 del Tratado CE, que también es aplicable, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (asunto C-105/03 o asunto AETR (22/70), al respeto de las obligaciones establecidas en el Tratado UE; destaca, en particular, que:
- la participación en el VWP debe generar lo antes posible los mismos derechos para todos los ciudadanos de los Estados miembros, en las mismas condiciones, en lo que al valor de sus pasaportes se refiere;
- el acceso por parte de los EE.UU. a bases de datos o sistemas de información de la UE/CE debe prohibirse a menos que la legislación de la CE lo autorice explícitamente y, en tal caso, dicho acceso debe ser acordado en común por la UE y estar basado en el pleno respeto del principio de reciprocidad;
- cualquier tipo de ampliación de la transmisión de datos a Interpol sobre pasaportes perdidos o sustraídos deberá ser acordada en común por la UE;
- la seguridad de los aeropuertos según las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) está suficientemente garantizada por las normas vigentes de la CE (podría llegarse a un acuerdo sobre inspecciones de los Estados Unidos en el supuesto de vuelos directos entre aeropuertos situados en el territorio de la UE y los Estados Unidos);
- sólo se admitirá un acuerdo formal sobre la repatriación de ciudadanos de la UE que esté basado en la reciprocidad y que sea negociado y celebrado entre la CE y los Estados Unidos;
- las obligaciones sobre la posible introducción de un sistema electrónico de autorizaciones de viaje para los ciudadanos de los Estados Unidos que viajan a la UE deberían ser negociadas por la CE;
7. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, al Congreso de los Estados Unidos y al Secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos.