Documento de sesión

 

14.6.2010                                                                                                                B7‑0348/2010

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento

sobre la Estrategia UE 2020

Martin Schulz, Stephen Hughes

en nombre del Grupo S&D

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Philippe Lamberts

en nombre del Grupo Verts/ALE

 

B7‑0348/2010

Resolución del Parlamento Europeo sobre la Estrategia UE 2020

El Parlamento Europeo,

–   Vista la Comunicación de la Comisión sobre el refuerzo de la coordinación de la política económica ( COM(2010)0250 ),

–   Visto el Reglamento del Consejo por el que se crea un mecanismo europeo de estabilización financiera,

–   Vistas las conclusiones de la Presidencia tras la última reunión del Consejo Europeo de los días 25 y 26 de marzo,

–   Vistas las conclusiones de la Presidencia tras las reuniones del Consejo Europeo de marzo de 2000, 2001, 2005, 2006 y 2007 y diciembre de 2009,

–   Vista la reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro del 7 de mayo de 2010,

–   Vistas las decisiones del Consejo Ecofin del 9 de mayo de 2010,

–   Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» ( COM(2010)2020 ),

–   Visto el documento de evaluación de la Comisión de la Estrategia de Lisboa (SEC(2010)114),

–   Vista la Comunicación de la Comisión sobre el refuerzo de la coordinación de la política económica ( COM(2010)0250 ),

–   Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2010, sobre la Estrategia UE 2020[1],

–   Visto el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–   Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que si se tiene en cuenta la gravedad persistente de la crisis financiera, económica y social, las expectativas que suscita la nueva estrategia UE 2020 que aprobará el Consejo Europeo en junio de 2010 son muy elevadas,

B.  Considerando que muchos Estados miembros todavía se enfrentan a un aumento del desempleo, que podría llegar a afectar finalmente a un total de 28 millones de personas en la UE a falta de una respuesta política adecuada a medio plazo, lo que daría lugar a enormes dificultades sociales y humanas; que la crisis está barriendo millones de puestos de trabajo y ha agravado la precariedad del empleo y la pobreza; que el 16 % de los habitantes de la UE corre el riesgo de caer en la pobreza; que el 9,6 % de los ciudadanos de la UE está en paro; y que el 8 % de los ciudadanos de la UE son «trabajadores pobres»;

C. Considerando que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el despilfarro de recursos naturales ponen fundamentalmente en entredicho los actuales modelos insostenibles de producción, distribución y consumo, lo que exige un nuevo modelo de desarrollo sostenible,

D. Considerando que la Estrategia de Lisboa estableció acertadamente la ambición de conseguir una economía altamente competitiva basada en el conocimiento, capaz de generar un crecimiento sostenible, más y mejores puestos de trabajo, así como una mayor cohesión social y respeto por el medio ambiente, pero que no ha logrado sus objetivos,

E.  Considerando que el Tratado de Lisboa estipula claramente que la Unión definirá y llevará a cabo su acción exterior con el fin de fomentar el desarrollo económico, social y ambiental sostenible de los países en desarrollo, con el objetivo primordial de erradicar la pobreza y con vistas a favorecer la integración de todos los países en la economía mundial,

F.  Considerando que el Consejo, tras varios meses de vacilaciones innecesarias y costosas que han agravado seriamente la crisis fiscal de la zona del euro, ha acordado un paquete de medidas para preservar la estabilidad financiera en Europa, incluido un mecanismo europeo de estabilización financiera por una cuantía máxima total de 500 000 millones de euros,

G. Considerando que una unión monetaria caracterizada por la falta de un marco de resolución de crisis para los países altamente endeudados y las instituciones financieras transfronterizas, así como por una carencia de políticas fiscales anticíclicas coordinadas, es muy vulnerable a los choques internos y externos,

1.  Expresa su profunda decepción con los principales elementos de la nueva estrategia UE 2020 acordada por el Consejo Europeo el 26 de marzo;

2.  Considera que el Consejo Europeo ha desaprovechado una oportunidad histórica para extraer todas las lecciones de la crisis actual y definir una estrategia realmente coherente, ambiciosa y con visión de futuro;

3.  Insiste en que la estrategia UE 2020 debe situar a Europa en la vanguardia de la revolución verde del siglo XXI, que debe reconciliar el desarrollo humano con los límites físicos del planeta Tierra;

4.  Pide, por consiguiente, que el objetivo global de la estrategia UE 2020 se aparte de la búsqueda exclusiva del crecimiento del PIB y pase a una concepción política más amplia del futuro de la UE como una Unión social y sostenible en la que las personas y la protección del medio ambiente constituyan el eje de la labor política y que aspire a crear bienestar y a ofrecer las mejores oportunidades para todos; insiste, en este contexto, en que la competitividad no constituye un objetivo en sí misma;

5.  Considera que la nueva estrategia debe englobar, aparte del PIB, un conjunto de indicadores sobre bienestar, además de indicadores que tengan en cuenta factores económicos externos generales y la presión medioambiental, y que estos indicadores deben definirse, aprobarse y evaluarse mediante procedimientos democráticos e innovadores;

6.  Reitera sus anteriores llamamientos en favor de la adopción de una estrategia de desarrollo única e integrada para Europa, que defina claramente una orientación a largo plazo para el desarrollo económico con el fin de construir una sociedad mejor, más justa y más sostenible con una prosperidad compartida en mayor medida por todos, y que la proteja frente a la codicia y los excesos del sector financiero; reitera su solicitud de que se integren las estrategias en parte coincidentes que se supone que Europa aplica actualmente, en especial la estrategia UE 2020, la Estrategia de Desarrollo Sostenible y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC); lamenta que el Consejo Europeo rechazara este enfoque y dejara sin resolver el problema de la incoherencia entre políticas;

7.  Considera, no obstante, que, durante la próxima década, la UE se enfrentará a numerosos retos a la hora de asegurar su progreso económico y social, incluidas las consecuencias adversas de la recesión, y cree que estos retos requieren una revisión profunda de los mecanismos a través de los que deberán alcanzarse los objetivos europeos sociales y de empleo;

8.  Considera que la actual crisis fiscal en la zona del euro —13 de los 16 Estados miembros incumplen actualmente los criterios del PEC—, las predicciones del BCE de que para 2011-2012 ningún Estado miembro podrá cumplirlos, y los extensos y sistemáticos ataques especulativos contra los bonos nacionales constituyen un claro indicio de las enormes deficiencias de la actual política de coordinación económica de la UE, que depende principalmente de la consolidación fiscal y la supervisión; subraya que para recuperar la creación de empleo y conseguir el objetivo del desarrollo económico sostenible y la cohesión social también debe tener absoluta prioridad la resolución de los persistentes y significativos desequilibrios macroeconómicos y diferencias de competividad existentes en la zona del euro; acoge favorablemente, en este sentido, el reconocimiento por parte de la Comisión de esta necesidad en su comunicación sobre la coordinación de la política económica;

9.  Acoge favorablemente las decisiones del Consejo Europeo encaminadas a reforzar la gobernanza de la zona del euro con nuevos instrumentos capaces de hacer frente a los retos que la crisis ha puesto de manifiesto y en relación con la aplicación del paquete de ayudas a Grecia, la creación de un mecanismo europeo de estabilización financiera, el refuerzo de la gobernanza económica, la regulación de los mercados financieros y la lucha contra la especulación; se adhiere por tanto al principio de que los problemas de la zona del euro deben abordarse mediante soluciones de la zona del euro; considera que estos nuevos instrumentos también deben reforzar la coordinación de las políticas económicas entre todos los Estados miembros de la UE, pasando de la vigilancia a la coordinación activa de las políticas económicas, incluido el afianzamiento de los mecanismos de gobernanza para aplicar la estrategia Europa 2020; lamenta, a este respecto, que si bien la Comisión ha realizado propuestas de amplio alcance para reforzar la vigilancia presupuestaria, no ha sido capaz de proponer soluciones suficientemente pertinentes destinadas a restaurar y hacer cumplir la sostenibilidad económica a largo plazo y a lograr una coordinación de las políticas económicas bien dirigida y orientada hacia el desarrollo de una estrategia presupuestaria común en el marco de una estrategia UE 2020 global;

10. Destaca que el logro de unas finanzas públicas sostenibles requiere no solo un gasto responsable, sino también una imposición adecuada y justa desde el punto de vista social; pide, en este contexto, a la Comisión que proponga una serie de medidas para ayudar a los Estados miembros a restablecer el equilibrio de las cuentas públicas y financiar las inversiones públicas a través de eurobonos, un impuesto comunitario sobre las transacciones financieras, impuestos ecológicos, una exacción bancaria progresiva, el intercambio automático de información y medidas para luchar contra los paraísos fiscales; entiende que debería también ayudarse a los Estados miembros a abandonar la competencia fiscal entre ellos en beneficio de la cooperación en este terreno, con la fijación de un calendario para la implantación de una base imponible consolidada común para los beneficios de las empresas y un mecanismo que garantice una coordinación mínima de los tipos impositivos aplicables a las empresas, sobre una base similar a la que se utiliza actualmente para el IVA;

11. Pide por tanto al grupo de trabajo creado por el Consejo Europeo en marzo de 2010 que presente propuestas concretas en relación con una coordinación económica más profunda y amplia; entiende que estas propuestas, de conformidad con los artículos 121 y 136, deberían incluir una serie de directrices para el desarrollo de políticas fiscales anticíclicas coordinadas y armonizadas, así como nuevos mecanismos de solidaridad de la UE para hacer frente a los desequilibrios internos y los choques asimétricos, aumentar la convergencia y mejorar la eficiencia a la hora de asignar los recursos;

12. Lamenta que las conclusiones del Consejo Europeo no tengan presente que el frágil proceso de recuperación en curso debe quedar plenamente reflejado en una nueva estrategia para 2020 mediante la formulación de un plan de trabajo político coherente e integrador que incorpore plenamente la posición política en materia macroeconómica en dicha estrategia, de modo que se garantice que la consolidación presupuestaria necesaria no ponga en peligro los objetivos de la estrategia, especialmente en lo tocante a la lucha contra el desempleo, así como una inversión adecuada y bien coordinada en infraestructuras y conocimiento; se muestra alarmado por las conclusiones del Consejo de 9 de mayo en las que se abogaba por un firme compromiso para con la consolidación fiscal acelerada, que socavará los compromisos políticos recogidos en la estrategia UE 2020, comprometerá el mantenimiento de unos estados del bienestar suficientemente fuertes y justos, y hará peligrar un proceso de recuperación aún frágil, por lo que será susceptible de desembocar en una pérdida adicional de varios millones de puestos de trabajo a medio plazo;

13. Recalca que los recientes acontecimientos, que han implicado el uso por parte de los especuladores financieros de permutas de cobertura por incumplimiento crediticio soberano y que han elevado a niveles injustificados varios diferenciales nacionales, han sido un recordatorio urgente de que las deficiencias e inestabilidades del marco regulador y de supervisión tienen efectos negativos directos sobre la sostenibilidad de las economías nacionales y sobre la estabilidad de la zona del euro; apoya con firmeza la adopción urgente de un marco europeo de supervisión financiera ambicioso y mejorado que asegure una regulación y una supervisión adecuados de todos los productos, transacciones e instituciones financieras en la UE; subraya que la necesidad de transparencia del mercado y de un refuerzo de la regulación europea atañe no solo a la supervisión eficiente del mercado, sino también a la soberanía europea;

14. Toma nota de los cinco objetivos principales acordados por el Consejo Europeo por lo que se refiere a la tasa de empleo, las condiciones para la investigación y el desarrollo, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora de los niveles educativos y la promoción de la inclusión social; deplora que estos objetivos principales no se formulen en el marco de una estrategia de desarrollo sostenible coherente y homogénea que combine los planes de trabajo en el ámbito de las políticas económica, social y ambiental; lamenta la falta de ambición de estos objetivos y la inexistencia de indicadores específicos para algunos de ellos, lo que abre la puerta a un retroceso en cuestiones primordiales como la inclusión social, la educación y la lucha contra la pobreza;

15. Toma nota del objetivo principal relativo a la tasa de empleo de hombres y mujeres; lamenta que no se tenga presente la calidad del empleo en este objetivo; reitera que un empleo de alta calidad debería ser una prioridad clave de la estrategia UE 2020, y que, a fin de mejorar la situación del empleo, es fundamental que se ponga un mayor énfasis en el buen funcionamiento de los mercados laborales —tanto a nivel nacional como europeo— y en las condiciones sociales; aboga, en consecuencia, por una nueva agenda legislativa para reforzar las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores, incluida una revisión de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores y directivas nuevas o revisadas sobre regímenes de renta mínima, tiempo de trabajo, despidos improcedentes, información y consulta, reconocimiento sindical, convenios colectivos transfronterizos, igualdad de trato para trabajadores atípicos, igualdad de remuneración e inspecciones laborales; considera, asimismo, que la nueva estrategia debe poner mucho más énfasis en la calidad del empleo y el trabajo digno, incluida la lucha contra el trabajo precario y no declarado y la creación de condiciones para la conciliación de la vida laboral y privada, así como para garantizar que las personas que se encuentran actualmente excluidas del mercado laboral puedan tener acceso a él; pide a la Comisión que cambie su práctica según la cual este ámbito solo se considera sujeto a las comunicaciones de la Comisión, y que proponga con carácter de urgencia iniciativas legislativas emblemáticas para proteger los derechos de los trabajadores;

16. Insta a este respecto al Consejo Europeo y a la Comisión a que elaboren y adopten un programa ambicioso en favor del trabajo digno que incluya el objetivo de un salario que permita vivir; exige a los interlocutores sociales que, en cooperación con la Comisión, emprendan iniciativas europeas comunes para luchar contra el dumping social y reducir el número de trabajadores pobres; insta a la Comisión a que publique indicadores anuales de la calidad del empleo, como acordó el Consejo;

17. Subraya que una excesiva moderación salarial frena el crecimiento de las rentas de los hogares y, por ende, el consumo privado; advierte, en consecuencia, contra los riesgos de lograr la estabilidad de precios esencialmente a costa de la moderación salarial; recuerda que la intensificación de la competencia mundial ya ha contribuido a la presión a la baja sobre los niveles salariales, mientras que el incremento de los precios de las materias primas ha afectado negativamente al poder adquisitivo de los consumidores de la UE;

18. Pide a los Estados miembros, al Consejo, a la Comisión y al Parlamento que adopten, antes de que finalice el presente año, una estrategia ambiciosa de empleos ecológicos que establezca las condiciones marco para aprovechar el potencial en términos de empleo de una economía más sostenible basada en competencias e innovación y garantice que la transición hacia una economía de ese tipo sea socialmente justa y redunde en beneficio de todos los europeos; considera que dicha estrategia debería invertir en formación y en aprendizaje a lo largo de toda la vida para ayudar a los trabajadores a desarrollas nuevas competencias para permitirles cambiar a nuevos empleos cuando sea necesario; un acuerdo marco sobre la seguridad de transición, incluido el derecho a recibir formación y a disfrutar de una seguridad social suficiente en momentos de transición entre empleos; un acuerdo entre los interlocutores sociales sobre el derecho a formación y formación a lo largo de toda la vida en el lugar de trabajo; y apoyo a la adaptación de cualificaciones y a la organización del lugar de trabajo en general;

19. Toma nota del objetivo principal de mejora de la educación; lamenta la ausencia de coeficientes numéricos de los objetivos e insta al Consejo Europeo a que establezca el objetivo de alcanzar un 100 % de enseñanza secundaria y objetivos e indicadores cualitativos claros para la enseñanza primaria y secundaria;

20. Acoge favorablemente la propuesta de inclusión social presentada por el Consejo Europeo, particularmente a través de la reducción de la pobreza como prioridad, pero deplora profundamente la falta de objetivos e iniciativas claros al respecto; considera que este objetivo es uno de los principales de la estrategia UE 2020; pide una estrategia ambiciosa a largo plazo contra la pobreza con objetivos de gran alcance con respecto a la reducción de la pobreza, extensiva a las mujeres, los niños y las personas mayores, y los trabajadores pobres, incluida una estrategia coordinada en materia de vivienda en Europa; opina, a este respecto, que la estrategia UE 2020 debería incorporar expresamente metas ambiciosas para reducir la pobreza a la mitad cada cinco años (es decir, un nivel meta de pobreza del 8,5 % para 2015 y del 4 % para 2020) y para atenuar las desigualdades y, más concretamente, colmar la brecha entre ricos y pobres; considera, por lo tanto, que la pobreza debe medirse como «pobreza relativa» para contribuir a identificar a quienes corren riesgo de exclusión, y que el coeficiente de Gini debería figurar expresamente como instrumento de la estrategia UE 2020;

21. Recuerda, con respecto al objetivo de reducción de la pobreza, sus anteriores propuestas en relación con un objetivo europeo de regímenes de ingresos mínimos y sistemas contributivos de sustitución de la renta que proporcionen un apoyo a la renta por lo menos igual al 60 % de la renta nacional equivalente mediana, así como con un acuerdo sobre una fecha límite para que todos los Estados miembros alcancen dicho objetivo;

22. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan, sobre la base de los objetivos principales en materia de tasa de empleo y reducción de la pobreza, un conjunto de subobjetivos a escala nacional y de la UE, que deberán ir acompañados de políticas concretas y mecanismos de seguimiento, con inclusión de indicadores;

23. Recuerda que los servicios públicos, en particular los servicios sociales, son componentes esenciales de la inclusión social; subraya que se ha otorgado a las autoridades nacionales, regionales y locales un amplio poder discrecional por lo que se refiere a la prestación de los mismos; lamenta que no se preste atención suficiente a los servicios de interés económico general como canales esenciales para la inversión o como proveedores de servicios esenciales para los ciudadanos y la economía; recuerda que los proveedores públicos de tales servicios reclaman desde hace tiempo una mayor seguridad jurídica para la prestación de estos servicios en lo concerniente a los principios de subsidiariedad y autogobierno local; invita por tanto a la Comisión a que presente un análisis exhaustivo de los efectos causados hasta ahora por la liberalización, así como un marco legislativo a la vista de las nuevas disposiciones del Tratado;

24. Lamenta que los objetivos principales definidos por el Consejo Europeo no incluyan la igualdad de género como objetivo principal de la estrategia UE 2020; pide por tanto que se formule un plan de trabajo legislativo en materia de igualdad de género para erradicar la diferencia de retribución entre hombres y mujeres y garantizar la plena participación de las mujeres en el mercado laboral, promoviendo al mismo tiempo las oportunidades profesionales para las mujeres, entre otras cosas a través de:

     -    la reducción de la diferencia de retribución entre hombres y mujeres al 0-5 % de aquí a 2020;

     -    la presentación de una propuesta legislativa de revisión de la legislación vigente;

     -    la apertura de procedimientos de infracción para los Estados miembros infractores;

     -    la realización de esfuerzos de conciliación de la vida laboral y familiar mediante la prestación de servicios accesibles, asequibles, flexibles y de alta calidad, y la conservación de derechos sociales, en particular el acceso a guarderías, con el objetivo de garantizar la cobertura del 50 % de las necesidades para los niños de edades comprendidas entre los 0 y los 3 años, y del 100 % para los niños de más de tres años de edad, y la mejora del acceso a la asistencia para otras personas dependientes;

     -    el establecimiento del objetivo de una tasa de empleo femenino del 75 %, que incluya al menos un 50 % en trabajos que proporcionen independencia económica, mediante políticas de mercado laboral activas y específicas y disposiciones para conciliar la vida laboral y la privada, como horarios flexibles, flexibilidad en el lugar de trabajo y acceso a modalidades de guardería y asistencia para niños y otras personas dependientes asequibles y de calidad;

25. Observa que el Consejo Europeo reafirma el compromiso de la UE acordado en diciembre de 2008 de conseguir para 2020 una reducción del 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, un aumento mínimo del 20 % de la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final de energía y una reducción del 20 % del consumo de energía gracias a la eficiencia energética; recuerda que cualquier objetivo interno de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero inferior a una disminución para 2020 del 30 % respecto de los niveles de 1990 está completamente desfasado con los conocimientos científicos y no impedirá las consecuencias dramáticas de un cambio climático desenfrenado; considera que además sería una prueba del hundimiento del liderazgo de la UE en la política global en materia climática; reitera que hacen falta objetivos adicionales de reducción a largo plazo y que las políticas europeas deberían orientarse hacia dichos objetivos a largo plazo y su aplicación debería empezar ahora; insta a la Comisión a que proponga políticas que garanticen un cambio profundo de la producción, la distribución y el consumo en apoyo de dichos objetivos;

26. Expresa su profunda preocupación al constatar que están ausentes de la estrategia UE 2020 objetivos o metas concretos e incluso la mera mención de los objetivos de diversidad biológica para 2020; pide, por consiguiente, la adopción de objetivos mensurables orientados a atajar la pérdida de diversidad biológica y servicios de los ecosistemas y a restaurarlos en la medida de lo posible para 2020; recuerda a la Comisión que los ciudadanos europeos confían en que la Unión presione para construir una sociedad más limpia, segura y saludable; pide a la Comisión que siga aplicando el principio de «quien contamina paga» y el principio de cautela en la legislación, que son elementos esenciales para el éxito de la recuperación económica sostenible; se muestra decepcionado por el avance realizado en la estrategia de desarrollo sostenible hasta la fecha; lamenta que la acción relativa a la prevención de la salud y las desigualdades en materia de salud no ocupe un lugar más importante en la lista de prioridades para 2020;

27. Lamenta la falta de ambición para elaborar una verdadera política energética europea común en la estrategia UE 2020; subraya que, aunque un mercado interior plenamente operativo es un objetivo crucial para Europa, como también lo es la necesidad de aplicar sin dilación el tercer paquete energético, esta parte de la política energética de Europa se ha destacado excesivamente en detrimento de los otros dos objetivos de «desarrollo sostenible» y «seguridad del suministro»; recuerda que el mercado interior no puede abordarse independientemente de la dimensión exterior y que Europa necesita una política energética verdaderamente común que surta un efecto real en la seguridad del suministro energético, el cambio climático y la asequibilidad de la energía;

28. Pide a la UE que, como primer paso hacia el logro antes de 2050 de una economía ecológica muy eficiente basada plenamente en fuentes renovables, fije como metas vinculantes para 2020 la reducción de su consumo de energía y el aumento de la cuota de energía procedente de fuentes renovables, eliminando al mismo tiempo las barreras técnicas y no técnicas al desarrollo ulterior de fuentes de energía renovables sostenibles;

29. Destaca que la sostenibilidad medioambiental depende de la reducción en términos absolutos del uso de recursos; subraya la necesidad de aprovechar la actual crisis económica para cambiar a una nueva economía altamente eficiente y basada plenamente en la energía procedente de fuentes renovables; subraya que, para que la industria europea consiga minimizar el uso de materiales ricos en carbono como fuente de energía y reducir de manera drástica el uso de recursos naturales en general, es necesaria una transformación rápida y masiva; aboga, en este sentido, por la adopción de una meta ambiciosa de mejora de la eficiencia del consumo de recursos; acoge favorablemente, a ese respecto, las iniciativas emblemáticas «Una Europa que utilice eficazmente los recursos» y «Una política industrial para la era de la mundialización», aunque observa la ausencia de instrumentos políticos para llevar a cabo el cambio necesario; pide a la Comisión que presente su análisis sobre el modo de conseguir el cambio industrial hacia una economía altamente eficiente y basada plenamente en la energía procedente de fuentes renovables, revise su programa de trabajo y proponga políticas al respecto; lamenta profundamente que el Consejo Europeo solo adoptara una posición con respecto a la eficiencia energética sin mencionar siquiera la eficiencia de los recursos;

30. Acoge favorablemente el marco estipulado en la estrategia UE 2020 para el desarrollo de una agenda digital para Europa, pero lamenta que, a pesar de la necesidad urgente de intervención, ni la estrategia ni la planificación de 2010 contengan medidas y objetivos concretos para materializar esta visión; pide a la Comisión que presente un plan de acción de conjunto con un calendario y objetivos que produzcan resultados rápidos y tangibles a favor de una sociedad digital abierta y próspera;

31. Toma nota del objetivo principal de destinar el 3 % del PIB a la investigación y el desarrollo; subraya que los grandes proyectos de I+D, las inversiones en infraestructuras energéticas clave, la nueva competencia de la UE sobre política espacial y la financiación de la política de innovación de la UE requieren una ayuda financiera de la UE sólida, creíble y sostenible para cumplir los objetivos esenciales de la Unión para 2020; considera, en este contexto, que deben fijarse objetivos explícitos para instrumentos de financiación compatibles con las PYME, así como promover las normas abiertas para garantizar la interoperabilidad y la accesibilidad digitales; pide que se integren claramente las metas de la UE en el ámbito de la ecoinnovación;

32. Pide que se emprenda una transformación masiva y rápida de la industria europea a través de una política industrial sostenible europea, orientada hacia la creación de empleos verdes, y la mejora de la eficiencia de los recursos y del aprovechamiento de los mismos; subraya que sus beneficios deberían compartirse y distribuirse de forma equitativa, y deberían orientarse hacia un aumento de la calidad de vida para todos; opina que el desarrollo sostenible de la industria europea requiere un diálogo intensivo con los empleados y los trabajadores, pues una política industrial orientada al futuro necesita innovación, una reestructuración inteligente, la mejora de los procesos y el desarrollo de normas de cualificación, todo lo cual puede mejorar con la participación de los empleados y trabajadores; reitera que dicha transición requerirá asimismo medidas destinadas a facilitar la transición de los trabajadores hacia una nueva economía sostenible desde el punto de vista ambiental;

33. Recuerda que la Unión Europea debe invertir de forma más eficiente en las infraestructuras de transporte existentes, como las RTE-T, a fin de impulsar la creación de empleo, mejorar la cohesión social y territorial, y crear un sistema de transporte sostenible e interoperable; aboga por la interacción entre los modos de transporte y el uso inteligente de la logística, ya que reducir las emisiones de carbono en el sector del transporte y convertirlo en sostenible requerirá innovación, nuevas tecnologías y recursos financieros;

34. Considera que una nueva estrategia del mercado único debe ser primordial en una nueva estrategia para 2020; hace hincapié en la necesidad de adoptar un enfoque holístico de cara al mercado único que integre plenamente las preocupaciones de los ciudadanos, en especial mediante políticas sociales y orientadas a los consumidores;

35. Se congratula de que el Consejo Europeo destacara el papel esencial de la Política Agrícola Común y la Política de Cohesión para apoyar la estrategia UE 2020; aboga por una sólida vinculación entre la estrategia UE 2020 y la Política de Cohesión, que tenga en cuenta el enorme impacto potencial de esta en la consecución de los objetivos a largo plazo de la estrategia UE 2020 y en la gestión sostenida y social de los efectos de la crisis financiera; subraya que la Política de Cohesión debe ser un elemento esencial de la estrategia UE 2020 y debe aplicarse a todas las regiones europeas, reforzando de este modo el impacto verdaderamente europeo de la estrategia; insiste en que los principios básicos de la Política de Cohesión —un enfoque integrado, la gobernanza operativa a varios niveles y una auténtica asociación― desempeñan un papel esencial en la consecución de los objetivos de la estrategia UE 2020 y por tanto deben integrarse plenamente en esta; destaca que la cohesión territorial también debe ser, conforme al Tratado de Lisboa, parte integrante de la estrategia UE 2020;

36. Subraya que es necesario que las próximas reformas de la PAC y la Política de Cohesión se lleven a cabo con el claro propósito de contribuir a la consecución de los objetivos previstos en la estrategia UE 2020; recuerda que la reforma de la PAC para 2013 debe considerarse en ese contexto para que dé lugar a una política agrícola sostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social que se centre en la seguridad alimentaria, la gestión de los recursos naturales, el cambio climático, la cohesión territorial, la protección ambiental y el empleo en las zonas rurales;

37. Destaca que la pesca (tanto la de especies silvestres de peces como la acuicultura) es uno de los pilares más importantes de la seguridad alimentaria de la Unión Europea y que, como tal, es preciso asegurar su sostenibilidad y estabilidad, para que en el futuro pueda contribuir con productos pesqueros a satisfacer las necesidades, en términos cualitativos y cuantitativos, de más de quinientos millones de europeos;

38. Lamenta que se preste una atención insuficiente a la dimensión exterior de la estrategia UE 2020; pide a la Comisión que elabore su «estrategia comercial para UE 2020» con un enfoque multilateral, a fin de transformar la política comercial de la UE en un auténtico instrumento para la creación de empleo, la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible en todo el mundo; se muestra firmemente convencido de que es indispensable que haya coherencia entre los aspectos interior y exterior de las políticas de la UE y de que la concepción de una nueva política comercial debe ser coherente con una sólida política industrial de creación de empleo destinada a crear más y mejores puestos de trabajo;

39. Pide a la Comisión que prevea en fecha temprana un diálogo abierto con el Parlamento Europeo y la sociedad civil sobre las prioridades de la UE para el periodo posterior a Doha, en particular respecto de las normas sociales y ambientales y la reforma de la OMC; solicita además que todos los acuerdos comerciales bilaterales o regionales de la UE en curso de negociación incluyan disposiciones sociales y ambientales que se puedan hacer cumplir, en particular respecto de la aplicación de las normas laborales fundamentales y otros aspectos del trabajo digno, según lo define la OIT, y solicita asimismo, en este contexto, que los Estados miembros cumplan sus obligaciones internacionales y ratifiquen de inmediato todos los convenios actualizados de la OIT, especialmente el Convenio 94;

40. Insta a la Comisión a que adopte un enfoque más amplio y exhaustivo en su acción exterior, de acuerdo con el concepto europeo de coherencia de la política de desarrollo; recuerda que la nueva disposición del Tratado de Lisboa exige que la Política Comercial Común se aplique en el pleno respeto de los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión; pide que se vincule estrechamente la estrategia UE 2020 con la próxima estrategia comercial de la Unión Europea, así como con su plan de acción en la perspectiva de los Objetivos del Milenio;

41. Recalca que no sólo es esencial aumentar los volúmenes de ayuda oficial al desarrollo para los países en desarrollo de aquí a 2020 y posteriormente, así como mejorar la eficacia de los programas de ayuda, sino también garantizar la coherencia entre políticas, incluida la adopción de medidas enérgicas contra los paraísos fiscales, la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, que repercuten de forma negativa en el desarrollo sostenible de los países pobres; subraya que el refuerzo de la cooperación al desarrollo no solo constituye un objetivo en sí mismo, sino que también promueve el comercio justo y equitativo entre la UE y los países en desarrollo, en beneficio de los ciudadanos de ambas partes; opina que es esencial garantizar que el objetivo de erradicación de la pobreza mundial no se vea comprometido por otras políticas de la UE; señala que el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea consagra la obligación de lograr esta coherencia de las políticas en favor del desarrollo; considera que las políticas de la UE que tienen un impacto exterior deben ser diseñadas para respaldar las necesidades sostenibles de los países en desarrollo con el fin de luchar contra la pobreza y garantizar unos ingresos y unos medios de subsistencia dignos, así como el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos en materia de género, sociales, económicos y ambientales;

42. Insiste en la necesidad de revisar exhaustivamente la estrategia comercial de la Comisión para una «Europa global» con el objetivo de promover la cooperación para fijar normas vinculantes para unas relaciones comerciales sostenibles en términos sociales y medioambientales;

43. Insiste en el hecho de que, para que la estrategia UE 2020 sea creíble, debe conseguirse un mayor grado de compatibilidad y complementariedad entre los presupuestos nacionales de los Estados miembros de la EU-27 y el presupuesto de la UE; subraya el mayor papel que debe desempeñar el presupuesto de la UE al respecto mediante el uso común de los recursos; considera, por tanto, que el presupuesto de la UE posterior a 2013 debe centrarse en las prioridades políticas esenciales de esta estrategia y debe tener por objeto aumentar el nivel de gasto de la UE hasta el techo acordado de recursos propios del 1,24 % de la renta nacional bruta (en pagos) y del 1,31 % (en compromisos); insiste en que la Comisión presente una propuesta a corto y medio plazo antes de que finalice el primer semestre de 2010 con vistas a revisar los techos del actual MFP 2007-2013, a fin de disponer de medios presupuestarios adicionales que permitan empezar a aplicar los objetivos de la estrategia UE 2020, en particular por lo que respecta a la financiación de las iniciativas emblemáticas propuestas; señala asimismo la necesidad de seguir explorando nuevos instrumentos europeos de financiación, como pueden ser los eurobonos, así como un nuevo sistema de financiación para el presupuesto de la UE, incluidos un impuesto sobre las transacciones financieras e impuestos ecológicos; subraya, además, que el presupuesto de la UE y todas las fuentes de financiación deben reflejar la necesidad de financiar la transición hacia una economía sostenible desde el punto de vista ambiental;

44. Destaca que una estrategia UE 2020 sólo será creíble si cuenta con la financiación adecuada; lamenta que ni el Consejo Europeo ni la Comisión Europea aborden este asunto; subraya a este respecto que, si bien una mayor intervención del BEI o una dependencia más acusada de las asociaciones público-privadas (según propone la Comisión en su Comunicación) puede ser, en algunos casos justificados económicamente, una solución eficaz, no puede constituir una «solución de talla única»; pide además a la Comisión Europea que evalúe el papel que podrían desempeñar las inversiones públicas o privadas a largo plazo para financiar las infraestructuras necesarias para aplicar las iniciativas emblemáticas propuestas en la estrategia UE 2020, y la necesidad de adaptar el marco reglamentario para promover la cooperación entre los inversores a largo plazo;

45. Toma nota de los incentivos para reforzar la responsabilización política sobre la estrategia a nivel nacional; deplora, sin embargo, la falta de propuestas para asegurar una mejor responsabilización política a escala europea mediante un plan de trabajo legislativo europeo sólido; sugiere a la Comisión que reconsidere el «método comunitario» y utilice los instrumentos previstos en el Tratado de Lisboa de cara a la aplicación de la estrategia para 2020; se muestra preocupado por el hecho de que los Estados miembros deben fijar sus objetivos nacionales antes de junio de 2010 a la luz de los principales objetivos e indicadores de la UE, a pesar de que algunos de ellos aún no habrán sido acordados para entonces;

46. Considera que el apoyo democrático es una condición esencial para el éxito y que, por ello, los Parlamentos nacionales deben participar activamente en la definición y la aplicación de la estrategia UE 2020; opina, en este mismo espíritu, que las regiones, los ayuntamientos, los interlocutores sociales y las ONG deben participar activamente en la definición y aplicación de la estrategia UE 2020;

47. Pide a ese respecto a la Comisión que, en la fase previa al Consejo Europeo de junio de 2010, presente al Consejo y al Parlamento Europeo una lista exhaustiva de directivas y reglamentos encaminados a lograr los objetivos que deban definirse en la nueva estrategia;

48. Insta al Consejo a que reconozca el papel esencial del Parlamento Europeo en la definición y aplicación de la estrategia UE 2020, que habrá de formularse en el marco de un acuerdo interinstitucional con vistas a establecer y formalizar una vía de avance democrática y efectiva; deplora el breve lapso de tiempo que se concede al Parlamento Europeo para aportar una contribución sobre las directrices integradas; recuerda a la Comisión y al Consejo el derecho del Parlamento Europeo, consagrado en el Tratado, a ser consultado en relación con las directrices sobre empleo;

49. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo y a la Comisión.

 

[1] Textos Aprobados de esa fecha, P7_TA(2010)0053