Documento de sesión
26.1.2011 B7‑0073/2011
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras la pregunta con solicitud de respuesta oral B7-0805/2011
presentada de conformidad con el artículo 115, apartado 5, del Reglamento
sobre la crisis de los residuos en Campania
Luigi de Magistris, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias, Adina-Ioana Vălean
en nombre del Grupo ALDE
Resolución del Parlamento Europeo sobre la crisis de los residuos en Campania
El Parlamento Europeo,
– Vista la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, y en especial su artículo 4,
– Vista la Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos, y en especial su artículo 2,
– Vista la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1995, relativa al vertido de residuos, y en especial su artículo 11 y su anexo II,
– Visto el marco revisado de la Directiva sobre residuos (2008/98/CE), y en especial sus artículos 17 y 18,
– Vista su Resolución, de 19 de noviembre de 2003, sobre la Directiva marco relativa a los residuos,
– Vista su Resolución, de 16 de septiembre de 1998, sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativa a la aplicación de las directivas sobre la política de gestión de residuos,
– Visto el documento de trabajo sobre la misión de investigación de su Comisión de Peticiones en Campania (Italia) del 28 al 30 de abril de 2010,
– Vista la Ley de la República Italiana 123/2008 promulgada el 14 de julio de 2008,
– Vista la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal,
– Vista la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el asunto C-135/05, de 26 de abril de 2007,
– Vista la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el asunto C-297/08, de 4 de marzo de 2010,
– Vistos los artículos 191 y 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
– Vista la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente, y en especial su artículo 2,
– Vista la Convención de Aarhus,
– Vistos el apartado 2 del artículo 115 y el apartado 2 del artículo 110 de su Reglamento,
A. Considerando que la crisis de los residuos en la región de Campania es el aspecto más dramático de una controvertida gestión de los residuos en muchas partes de Italia, por ejemplo, en Lazio, Calabria y Sicilia; considerando que en los años noventa se declaró en todas estas regiones el estado de emergencia por la situación de los residuos y se designaron comisarios gubernamentales que dispusieron de competencias y fondos especiales,
B. Considerando que el 5 de octubre de 2010 la Comisión de Peticiones de este Parlamento adoptó prácticamente por unanimidad un Documento de Trabajo sobre la misión de investigación en Campania del 28 al 30 de abril de 2010 constituida a raíz de las múltiples peticiones sobre los problemas relativos a la gestión de residuos en la región,
C. Considerando que tras la crisis del verano de 2008 estalló otra nueva poco después de la aprobación del informe de la misión por la Comisión de Peticiones y que se declaró un nuevo estado de emergencia; considerando que el anuncio de las consiguientes medidas de excepción, como la apertura de nuevos vertederos, fue seguido de protestas masivas,
D. Considerando que la solución inicial de producir fardos de basura compactada (eco-balas) y residuos orgánicos se acabó llevando acabo sin atenerse debidamente a la legislación; considerando que debido a la falta de filtrado o selección de residuos, se ha acumulado en emplazamientos temporales un volumen estimado de más de seis millones de eco-balas de calidad deficiente y sospechosos de contener residuos tóxicos,
E. Considerando que la primera incineradora de Acerra no se puso en funcionamiento hasta marzo de 2010 y ha sufrido la falta de una adecuada infraestructura para la separación y el tratamiento de residuos; considerando que no parece haber unos límites claros al tipo de residuos incinerados y que subsisten las dudas sobre el destino de las cenizas tóxicas resultantes de la incineración,
F. Considerando que el progreso realizado en la reducción de los residuos y en el reciclaje de los residuos domésticos ha sido escaso y que se ha continuado con el vertido indiscriminado en los vertederos de residuos domésticos u otros, en algunos casos al parecer mezclados con diferentes tipos de residuos industriales,
G. considerando que muchos vertederos han sido declarados zonas de interés estratégico, por lo que los ciudadanos y las autoridades locales, incluida la policía, no han podido comprobar lo que se está vertiendo en realidad; considerando que la mayor parte de los vertederos están gestionados por empresas privadas sin la adecuada licencia o permiso y sin ningún control público de su gestión,
H. Considerando que la característica esencial de la función de los comisarios en el estado de emergencia es su autoridad para establecer ciertas excepciones a los reglamentos y controles como, por ejemplo, la exención de la obligación de realizar una evaluación del impacto ambiental y la excepción a la legislación sobre contratación pública, y, al parecer, un acceso casi ilimitado a los fondos públicos; considerando que se les otorgó la autoridad de decidir qué empresas se contrataban para el transporte, así como la ubicación de plantas, vertederos e incineradoras, sin obligación de informar a las autoridades locales ni a los habitantes de las decisiones adoptadas; considerando que el sistema de comisarios mismo ha sido objeto de fuertes críticas y ha propiciado varias investigaciones judiciales que siguen en marcha, y que la población considera que la gestión de los residuos por parte de los comisarios para el estado de emergencia es, más que la solución, parte del problema,
I. Considerando que, con arreglo a la Convención de Aarhus, los ciudadanos tienen derecho a ser informados de la situación de su propio territorio y las autoridades están obligadas a proporcionar información a los ciudadanos y a motivarlos a adoptar una actitud y un comportamiento responsables; considerando que, de conformidad con la Directiva 2003/35/CE, los Estados miembros deben garantizar que el público tenga posibilidades reales de participar desde el principio en la preparación y en la modificación o revisión de los planes o de los programas que sea necesario elaborar,
J. Considerando que los ciudadanos que protestaron contra la situación o intentaron proponer planteamientos alternativos fueron marginados públicamente o ignorados; considerando que la principal respuesta de las autoridades políticas nacionales ha sido la de poner los vertederos y la incineradora de Acerra bajo estricto control militar; considerando que se han producido recientemente algunas detenciones durante las manifestaciones sobre el asunto y que parece claro que la relación entre ciudadanos y autoridades se ha visto gravemente dañada y que la insatisfacción ciudadana crece según va pasando el tiempo,
K. Considerando que la gestión de los comisarios para el estado de emergencia y su fracaso a la hora de resolver los problemas, que se vieron agravados por la ausencia de un sistema de control y equilibrio institucional, ha allanado el camino a la creación de nuevas oportunidades para el crimen organizado; considerando que existen pruebas claras de la implicación continuada de grupos criminales organizados, concretamente la Camorra, en el lucrativo proceso de la gestión de residuos, incluido el vertido de residuos tóxicos procedentes de industrias del norte de Italia en cientos de vertederos ilegales o incluso en el mar; considerando que es inconcebible que las autoridades no tuvieran conocimiento de una actividad de tal envergadura,
L. Considerando que la Comisión Europea decidió en 2007 suspender el pago de contribuciones destinadas a proyectos relacionados con los residuos, que ascendían a 135 millones de euros para el período de financiación entre 2006 y 2013, y a otros 10,5 millones de euros para el período de financiación entre 2000 y 2006, hasta que la figura del comisario se aboliera,
M. Considerando que el actual ciclo de residuos se sigue basando en buena medida en el vertido y la incineración, contrariamente a las directrices de la nueva Directiva Marco sobre residuos (2008/98/CE); considerando que sigue sin existir un plan coherente para la gestión de residuos en la región que cumpla los principios establecidos en la legislación sobre residuos de la UE, el respeto a la jerarquía de tratamiento y el uso seguro de vertederos e incineradoras,
N. Considerando que el hecho de que los residuos peligrosos se mezclen y/o se eliminen conjuntamente con los residuos domésticos u orgánicos y de que al decidir la ubicación de vertederos en emplazamientos como el de Chiaiano no se hayan tenido debidamente en cuenta los factores geológicos e hidrológicos ha elevado notablemente el riesgo de contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas de la zona; considerando que esto vulnera los artículos 17 y 18 de la Directiva Marco sobre residuos, así como la Directiva sobre vertidos,
O. Considerando que el vertedero de Cava Sari (Terzigno), ubicado en el espacio Natura 2000 del Parque Nacional del Vesubio, que es también un espacio incluido en el patrimonio mundial por la UNESCO, infringe los requisitos de los procedimientos de aceptación de la Directiva sobre vertidos,
P. Considerando que el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 26 de abril de 2007 dictada en el asunto C-135/05, declaró que la República Italiana, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para garantizar en particular que los residuos se valoricen o se eliminen sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente y las medidas necesarias para prohibir el abandono, el vertido o la eliminación incontrolada de residuos, incumplió las obligaciones que le correspondían en virtud del Derecho comunitario; considerando que, en su reciente sentencia de 4 de marzo de 2010 dictada en el asunto C-297/08, el Tribunal declaró que la República Italiana, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para la región de Campania, incumplió las obligaciones que le correspondían en virtud de los artículos 4 y 5 de la Directiva 2006/12/CE,
Q. Considerando que el Parlamento, en su Resolución de 16 de septiembre de 1998 sobre la aplicación de las directivas sobre gestión de residuos, ya pidió que se incoen de manera sistemática procedimientos de infracción contra los Estados miembros que incumplan lo dispuesto en las citadas Directivas y que se facilite un listado trimestral de los procedimientos abiertos en este sentido ante el Tribunal de Justicia, incluida una lista de los asuntos ya concluidos por el Tribunal y una lista de las sanciones impuestas por éste; considerando que el Parlamento, en su Resolución de 19 de noviembre de 2003 sobre el informe de seguimiento de la aplicación de la Directiva marco sobre residuos, pidió un seguimiento exhaustivo y continuado y una coordinación de la aplicación de la legislación vigente en materia de residuos,
1. Pide que se determine con urgencia una solución sostenible que cumpla los criterios de la UE, a saber, la aplicación de un plan de gestión de residuos en el cual, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE, el respeto a la jerarquía del ciclo de residuos constituya el eje central;
2. Recuerda que el cumplimiento de la legislación de la UE en Campania exige un esfuerzo muy vigoroso para disminuir el volumen de residuos e inclinar la balanza hacia la prevención, la reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos, proporcionando la infraestructura adecuada al efecto; señala que debe hacerse más hincapié en la recuperación de los residuos orgánicos, especialmente en esta región esencialmente agrícola, un elemento que hasta la fecha parece haber recibido escasa atención;
3. Considera que las medidas de excepcionalidad persistentes establecidas por las autoridades italianas, incluido el nombramiento de comisarios especiales o la designación de emplazamientos de residuos como «de interés estratégico» y su puesta bajo el control del ejército se han demostrado contraproducentes, y teme que la opacidad consolidada en la gestión de los residuos por parte de las instituciones públicas haya facilitado más que inhibido la mayor presencia de grupos criminales organizados, tanto en la gestión oficial de los residuos en la región como en la eliminación ilegal de los residuos industriales; pide a las diversas autoridades competentes, por consiguiente, una transparencia mucho mayor en este sentido;
4. Destaca la importancia de recuperar la confianza por medio de un diálogo estructurado que asocie a los ciudadanos y las diversas autoridades y entre los diferentes niveles de gobierno, dentro de un marco estructurado; lamenta la incriminación por las autoridades, de algunos ciudadanos que se manifestaron pacíficamente contra la apertura de nuevos vertederos, y la violencia empleada contra ellos por las fuerzas de seguridad; expresa su convicción de que únicamente implicando a los ciudadanos en la totalidad del proceso podrá encontrarse una solución sostenible en el tiempo a los problemas de residuos que aquejan a la región;
5. Exige a la Comisión que prorrogue sine die la retención de los fondos de la UE asignados a proyectos relacionados con los residuos en la región, manteniéndolos congelados hasta que esté ultimado y acordado por todas las partes interesadas un plan de gestión de residuos verificable;
6. Llama la atención sobre los 7 millones de toneladas de eco-balas acumuladas en sitios de almacenamiento, especialmente en el vertedero de Taverna del Ré, y destaca la importancia de priorizar a su retirada y eliminación una vez se haya evaluado adecuadamente su contenido preciso; insiste en que la eliminación de las eco-balas debe seguir un tratamiento adecuado e incluirse en el ámbito del plan de gestión de residuos, que debe establecer con claridad las ubicaciones para cada tratamiento y basarse en la práctica legal;
7. Observa que el vertido ilegal de residuos mezclados y sin identificar en zonas al aire libre en las inmediaciones del emplazamiento de Ferandelle requiere una urgente consideración, y pide que sea objeto de estrictos controles de gestión; recuerda a las autoridades competentes que, de conformidad con la Directiva PCIC (Directiva 2008/1, revisada por la Directiva 2010/75), deben aplicar controles estrictos al tratamiento de los distintos tipos específicos de residuos industriales, independientemente de su origen; destaca asimismo que deben crearse sitios especialmente designados que sean conformes a lo dispuesto en las directivas europeas, garantizándose que se desarrolle una adecuada infraestructura para los residuos industriales, especiales y tóxicos; exige una explicación por la falta de uso del emplazamiento previsto para la recepción de los residuos orgánicos y pide su puesta en funcionamiento siempre y cuando cumpla los criterios establecidos por la Directiva sobre gestión de residuos;
8. Lamenta que en el pasado se abrieran vertederos en espacios naturales protegidos dentro del Parque Nacional del Vesubio, como por ejemplo en Terzigno; manifiesta su firme oposición a cualquier plan de ampliación de estos emplazamientos y considera la propuesta de abrir un segundo vertedero en Terzigno (Cava Vitiello) como una aberración inaceptable; propone a la Comisión que pida al Tribunal de Justicia la adopción de medidas cautelares en caso de que los vertederos existentes en espacios naturales protegidos se amplíen o se abran vertederos nuevos en espacios Natura 2000;
9. Insta al Gobierno italiano a que actúe en este asunto con arreglo al Derecho de la UE, y más concretamente a que cumpla las dos últimas sentencias del Tribunal de Justicia Europeo y subsane todas las infracciones legales constatadas, recordándole la obligación de adoptar medidas que garanticen el respeto del acervo comunitario a todos los niveles;
10. Pide a la Comisión que haga cuanto sus competencias le permitan para controlar que las autoridades italianas efectivamente se aseguren de que los residuos se recogen, separan y tratan correctamente, por ejemplo mediante inspecciones sistemáticas, y que las autoridades regionales presenten un plan creíble;
11. considera que el coste de limpiar las áreas de Campania que han resultado contaminadas por uno u otro tipo de residuos no debe recaer sobre los contribuyentes sino sobre los responsables de la contaminación, de acuerdo con el principio de «quien contamina paga»;
12. Observa que Italia no ha notificado la transposición de la Directiva 2008/99/CE relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal dentro del plazo límite establecido del 26 de diciembre de 2010, pero espera que cumpla plenamente con la Directiva y que aplique sanciones por infracciones con arreglo al listado recogido en la misma, sin excluir a las personas jurídicas cuando se den las condiciones;
13. Pide a la Comisión que abra sin demora un procedimiento de infracción contra Italia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 260 del TFUE, con vistas al establecimiento de sanciones que garanticen que las autoridades italianas cumplen la sentencia del Tribunal, y en particular se aseguran de que los vertederos existentes se ajustan a la legislación de la UE; considera que sería adecuado y conforme a la sentencia C-304/02 del Tribunal de Justicia Europeo ordenar a Italia que pague tanto una suma global como sanción por las violaciones continuadas de directivas de la UE en años pasados como una sanción diaria de ahora en adelante;
14. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión, así como al Gobierno y al Parlamento de Italia.