Documento de sesión
25.1.2011 B7‑0078/2011
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento
sobre la situación en Túnez
Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Frieda Brepoels, Daniel Cohn-Bendit
en nombre del Grupo Verts/ALE
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Túnez
El Parlamento Europeo,
– Visto el Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la Unión Europea y Túnez, que entró en vigor el 1 de marzo de 1998,
– Vistos la Comunicación de la Comisión sobre la política europea de vecindad, de 12 de mayo de 2004, y su Plan de acción UE-Túnez, que entró en vigor el 4 de julio de 2005,
– Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2006, sobre la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la Unión Europea,
– Vistas las Directrices del Consejo sobre la protección de los defensores de los derechos humanos, adoptadas en junio de 2004 y actualizadas en diciembre de 2008,
– Visto el informe del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal sobre Túnez al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 10 de abril de 2008,
– Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores sobre la mejora de las relaciones bilaterales entre la UE y los socios europeos, de los días 8 y 9 de diciembre de 2008,
– Vista la Declaración de la Unión Europea tras la octava reunión del Consejo de Asociación UE-Túnez, de 11 de mayo de 2010,
– Visto el Informe de seguimiento sobre Túnez, de 12 de mayo de 2010,
– Vista su Resolución, de 14 de mayo de 2010, sobre las políticas de la Unión Europea en favor de los defensores de los derechos humanos,
– Vistas sus Resoluciones anteriores sobre la situación de los derechos humanos en Túnez y, en particular, sus Resoluciones de 29 de septiembre de 2005, 15 de diciembre de 2005 y 15 de junio de 2005,
– Vistas las Declaraciones conjuntas de la Alta Representante de la UE, Catherine Ashton, y del Comisario para la Ampliación y la Política de Vecindad, Stefan Füle, de los días 10 y 17 de enero de 2011,
– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que el acto desesperado de Mohamed Bouazizi, que se prendió fuego el 17 de diciembre 2010 en Sidi Buzid, desencadenó un levantamiento popular para exigir un profundo cambio político en Túnez,
B. Considerando que el movimiento pacífico de protesta se extendió a través de todo Túnez y fue violentamente reprimido por las fuerzas de seguridad, lo que provocó más de un centenar de muertos, y subrayando en particular el uso de armas de fuego contra los manifestantes, las ejecuciones sumarias, las detenciones arbitrarias, las torturas en detención y las desapariciones forzadas,
C. Considerando la partida del Presidente Ben Alí el 14 de enero de 2011 y su sustitución definitiva de conformidad con el artículo 57 de la Constitución tunecina, y tomando nota, en este contexto, del papel clave desempeñado por el ejército tanto en lo relativo a la protección de los manifestantes y la población como en lo que respecta al apoyo al cambio,
D. Considerando que las milicias del ex Presidente Ben Alí siguen sembrando el terror entre la población y cometiendo numerosos abusos y siguen siendo, por lo tanto, un peligro real para el conjunto de la población,
E. Considerando que las relaciones entre la Unión Europea y Túnez están reguladas desde el 17 de julio de 1995 por un Acuerdo de Asociación que incluye una cláusula de «derechos humanos» y, desde el 4 de julio de 2005, por un Plan de acción basado, en el marco de la política europea de vecindad, en la adhesión recíprocamente reconocida a valores comunes que incluyen la democracia, el Estado de Derecho, la buena gobernanza y el respeto de los derechos humanos, de conformidad con los artículos 8 y 21 del Tratado UE,
F. Considerando la incapacidad de la Unión Europea para desarrollar una verdadera política exterior coherente y eficaz con respecto a sus socios, señalando, en particular, la debilidad de los mecanismos de cooperación entre la UE y Túnez, y subrayando una vez más la solicitud del Parlamento Europeo de que la cláusula de «derechos humanos» de los Acuerdos de Asociación vaya sistemáticamente acompañada de un mecanismo para la aplicación efectiva de la cláusula,
G. Considerando, en este contexto, que la revisión en curso de la política de vecindad debe encarnar imperativa y sistemáticamente los valores y los principios definidos en el artículo 21 del Tratado UE, permitir una mayor vigilancia en cuanto al respeto de esos valores, prever mecanismos de evaluación claros y detallados capaces de acompañar unas verdaderas reformas en materia de respeto y fomento de los derechos humanos y la democracia, el desarrollo sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental, e introducir una cláusula de condicionalidad en lo que se refiere a la concesión del estatuto avanzado,
1. Expresa su solidaridad con el pueblo tunecino que, impulsado por legítimas aspiraciones democráticas, ha conducido a su país a un cambio político histórico poniendo fin a 23 años de dictadura; celebra, a ese respecto, su valentía y su determinación durante esas cuatro semanas de manifestaciones pacíficas, y subraya el importante papel desempeñado por las mujeres; expresa su pésame a las familias de las víctimas;
2. Celebra y apoya firmemente el proceso de transición democrática en Túnez, y pide la formación de un Gobierno de transición abierto a los diversos componentes de la sociedad civil y que tenga la confianza de la población; considera cuestionable el mantenimiento de personalidades emblemáticas del régimen de Ben Alí en puestos ministeriales con competencias soberanas clave, en especial en el Ministerio del Interior;
3. Acoge con satisfacción las primeras decisiones obtenidas sobre la liberación de los presos políticos y de los presos de conciencia, la disolución del Ministerio de Información, la garantía de la libertad de expresión, el reconocimiento de todos los partidos de la oposición y la posibilidad de que se registren las organizaciones no gubernamentales;
4. Celebra la creación de tres comisiones nacionales sobre los sucesos posteriores al 17 de diciembre de 2010, la lucha contra la corrupción y la reforma de las instituciones y las leyes; considera que sus trabajos se encuadran plenamente en el proceso de reforma y de democratización del país, y desea que sus recomendaciones se tomen en consideración en el contexto de las futuras reformas legislativas e institucionales;
5. Considera esencial que esas comisiones puedan estar compuestas por personalidades independientes de la sociedad civil, poseer un verdadero poder de investigación, contar con la cooperación de todos los servicios estatales y disponer de los recursos presupuestarios y humanos necesarios para funcionar con eficacia; considera necesario que esas comisiones puedan beneficiarse de la experiencia y el apoyo de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y de los mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas;
6. Subraya la importancia de establecer las condiciones necesarias para la celebración de unas elecciones parlamentarias y presidenciales libres y transparentes, bajo observación internacional, en un plazo razonable que permita la constitución de un verdadero espacio democrático conforme a las pautas internacionales;
7. Insiste en la importancia de apoyar la emergencia de un poder judicial independiente y de establecer un proceso judicial de transición;
8. Pide al Consejo, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la Comisión que presten todo su apoyo al proceso de transición democrática en curso proporcionando asistencia política y financiera a la sociedad civil y a las reformas necesarias para la democratización del país, en particular en términos de libertad de expresión, de opinión, de prensa, de asociación y de reunión, así como de independencia del poder judicial;
9. Pide una reorientación del Plan de acción hacia un programa de apoyo a la transición democrática, en particular, mediante el refuerzo de los programas destinados a la sociedad civil en todos los instrumentos financieros existentes y, en caso necesario, mediante una asistencia humanitaria; pide, en este sentido, un aumento de los fondos comunitarios destinados a Túnez; subraya la importancia de apoyar a las organizaciones que trabajan para fomentar los derechos de la mujer, y pide la organización de una conferencia sobre la mujer y la transición democrática bajo los auspicios de Catherine Ashton;
10. Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la Comisión que adopten todas las medidas necesarias para apoyar plenamente el establecimiento y los trabajos de las tres comisiones nacionales;
11. Apoya la propuesta conjunta de la Alta Representante de la UE, Catherine Ashton, y del Comisario para la Ampliación y la Política Europea de Vecindad, Stefan Füle, de prestar una asistencia electoral inmediata y les insta a no limitarse a la fase electoral, sino a tener en cuenta la necesidad de acompañar el proceso de democratización; insta a la UE a desempeñar un papel proactivo en este sentido;
12. Insiste en que todas las negociaciones iniciadas con el régimen anterior sean suspendidas a la espera de unas elecciones libres y democráticas;
13. Pide a la Unión Europea que adopte sanciones específicas contra las personas que acapararon en su beneficio el patrimonio tunecino, en particular imponiéndoles una prohibición de visado, y pide a los Estados miembros que todavía no lo hayan hecho que garanticen la congelación de los activos de las familias Ben Alí y emparentadas y la restitución a Túnez de los bienes «mal adquiridos»;
14. Pide a los representantes de la UE y de los Estados miembros que garanticen la participación de todos los componentes de la transición democrática en su diálogo diplomático; pide, a ese respecto, que los representantes de la UE y de los Estados miembros en Túnez puedan encarnar el nuevo contexto político y cuenten con el apoyo y la confianza de los agentes del cambio; pide con este fin que la UE designe a un enviado especial sobre Túnez;
15. Insta a la Unión Europea a sacar enseñanzas del ejemplo tunecino y a revisar su política de apoyo a la democracia y los derechos humanos para dar a la sociedad civil un papel central en esa política, considerando al mismo tiempo la creación un mecanismo para la aplicación de la cláusula de «derechos humanos»; insiste en que la revisión de la política de vecindad dé a partir de ahora la prioridad a la realización efectiva de los objetivos establecidos por el Tratado en su artículo 21 y se evalúe en función de criterios relativos a la independencia de la justicia, el respeto de las libertades fundamentales, el pluralismo y la libertad de prensa y la lucha contra la corrupción;
16. Pide el establecimiento de un grupo de trabajo interinstitucional, que incluya al Parlamento Europeo, con el fin de redefinir las acciones prioritarias que deben apoyarse en los próximos meses y de reorientar, en función de las necesidades, los fondos de los distintos instrumentos financieros de ayuda exterior utilizados hasta ahora en Túnez;
17. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno de transición tunecino y a todos los agentes del cambio, así como a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.