Documento de sesión
4.4.2011 B7‑0244/2011
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Comisión
presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento
sobre la utilización de la violencia sexual en los conflictos en el Norte de África y en el Próximo Oriente
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou
en nombre del Grupo Verts/ALE
Resolución del Parlamento Europeo sobre la utilización de la violencia sexual en los conflictos en el Norte de África y en el Próximo Oriente
El Parlamento Europeo,
– Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2009, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer,
– Vista su Resolución, de 17 de enero de 2008, sobre la situación en la República Democrática del Congo y la violación como crimen de guerra[1],
– Vista su Resolución, de 17 de febrero de 2011, sobre la situación en Egipto,
– Vista su Resolución, de 7 de marzo de 2011, sobre los países vecinos meridionales, y Libia en particular,
– Vista la declaración de la Alta Representante, Catherine Ashton, en nombre de la Unión Europea, sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre de 2010,
– Vista la declaración de la Alta Representante, Catherine Ashton, en nombre de la Unión Europea, sobre el Día Internacional de la Mujer, el 8 marzo 2011,
– Vistas las disposiciones de los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos, en particular las que se refieren a los derechos de las mujeres, como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo facultativo, y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la Convención de 1951 relativa al Estatuto de los Refugiados y el principio de no devolución,
– Vistos otros instrumentos de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, como la Declaración y el Programa de Acción de Viena, de 25 de junio de 1993, adoptados por la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (A/CONF. 157/23) y la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 20 de diciembre de 1993 (A/RES/48/104),
– Vistas las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 12 de diciembre de 1997, titulada «Medidas de prevención del delito y de justicia penal para la eliminación de la violencia contra la mujer» (A/RES/52/86), de 18 de diciembre de 2002, titulada «Hacia la erradicación de los delitos de honor cometidos contra la mujer» (A/RES/57/179), y de 22 de diciembre de 2003, titulada «Eliminación de la violencia contra la mujer en el hogar» (A/RES/58/147),
– Vistos los informes de los relatores especiales sobre la violencia contra la mujer del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la Recomendación general nº 19 aprobada por el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (11ª sesión, 1992),
– Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing aprobadas con ocasión de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer celebrada en Beijing el 15 de septiembre de 1995, y las Resoluciones del Parlamento, de 18 de mayo de 2000, sobre el seguimiento de la Plataforma de Acción de Beijing, de 10 de marzo de 2005, sobre el seguimiento de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing + 10)[2], y de 25 de febrero de 2010, sobre el seguimiento de la Plataforma de Acción de Beijing (Beijing + 15),
– Vistas la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 19 de diciembre de 2006, titulada «Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer» (A/RES/61/143), y las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad,
– Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado en 1998 y, en particular, sus artículos 7 y 8, que definen la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado y la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y equipara estos actos a la tortura y a los crímenes de guerra graves, independientemente de que se perpetren o no de forma sistemática en el transcurso de conflictos internacionales o internos,
– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que las mujeres han participado activamente en las revueltas para reivindicar una mayor democracia y más derechos y libertades en el Norte de África y en Oriente Próximo,
B. Considerando que los regímenes en el poder en Libia y en Egipto han recurrido a las agresiones sexuales como arma en los conflictos de dichas revoluciones, persiguiendo a las mujeres y, en particular, haciéndolas vulnerables,
C. Considerando que la violencia sexual parece utilizarse de modo sistemático para intimidar y degradar a las mujeres,
D. Considerando que una mujer libia, Iman al-Obeidi, que había referido a algunos periodistas en un hotel de Trípoli que había sufrido una violación colectiva y abusos perpetrados por soldados, fue detenida el 26 de marzo de 2011 en un lugar desconocido y es ahora objeto de una demanda por difamación por parte de los hombres a los que acusa de haberla violado,
E. Considerando que en Egipto algunas manifestantes afirman haber sido sometidas a pruebas de virginidad por parte de los militares, tras haber sido detenidas en la plaza Tahrir el 9 de marzo de 2011, y que a continuación fueron torturadas y violadas, mientras que las pruebas de virginidad se efectuaron y se fotografiaron en presencia de militares de sexo masculino,
F. Considerando que algunas mujeres egipcias fueron amenazadas con acusaciones de prostitución y que algunas de ellas serán juzgadas por tribunales militares por haber obtenido un resultado negativo en las pruebas de virginidad,
1. Pide a la Alta Representante/Vicepresidenta, a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros que se opongan con firmeza al uso de las agresiones sexuales y la intimidación contra las mujeres en Libia y en Egipto;
2. Condena con firmeza las pruebas forzadas de virginidad impuestas por el ejército egipcio a las mujeres manifestantes detenidas en la Plaza Tahrir y considera que esta práctica es inaceptable y equivale a una forma de tortura; pide al Consejo Militar Supremo de Egipto que tome medidas inmediatas para poner fin a este trato degradante y asegure que todas las fuerzas de seguridad y del ejército reciban instrucciones claras haciéndoles saber que la tortura y otros malos tratos, incluyendo las pruebas forzadas de virginidad, no se pueden seguir tolerando;
3. Pide a las autoridades egipcias que tomen medidas urgentes para poner fin a la tortura, que investiguen todos los casos de abusos contra manifestantes pacíficos y que dejen de procesar a civiles ante los tribunales militares; manifiesta su particular preocupación por los informes de las organizaciones de derechos humanos que señalan que algunos menores han sido detenidos y condenados por tribunales militares;
4. Recomienda que se abra una investigación independiente para que los autores de estas agresiones respondan de sus actos, con especial referencia a la investigación de los delitos cometidos por Gaddafi, conforme a los términos de la Corte Penal Internacional;
5. Subraya que todo el mundo debe poder expresar sus opiniones sobre el futuro democrático de su país sin ser detenido, torturado ni sometido a humillaciones y discriminaciones;
6. Está firmemente convencido de que los cambios que se producen en el Norte de África y en Oriente Próximo deben contribuir a poner fin a la discriminación contra las mujeres y a su plena participación en la sociedad en términos de igualdad con los hombres y de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW);
7. Subraya que es necesario proteger los derechos de las mujeres en general en las nuevas estructuras democráticas y jurídicas de esas sociedades;
8. Hace hincapié en que se debe reconocer la función que las mujeres desempeñan en la revolución, así como los peligros que las amenazan y la manera en que pueden defender sus derechos;
9. Subraya la necesidad de integrar la dimensión de género en todos los aspectos de la PEV y de compartir activamente la experiencia de la UE en materia de violencia y de igualdad de género como parte integrante del proceso de democratización; subraya también la necesidad de aplicar eficazmente las orientaciones de la UE relativas a la violencia contra las mujeres y de combatir todas las formas de discriminación contra ellas, y en particular de prevenir la violencia sexual contra las mujeres, proteger y apoyar a las víctimas y perseguir a los autores de esos actos;
10. Hace hincapié en la necesidad de integrar la dimensión de género en las políticas y de apoyar acciones específicas para conseguir un planteamiento efectivo y sistemático de la igualdad de género en los países de la PEV; insta a los gobiernos y a la sociedad civil a reforzar la inclusión social de las mujeres, luchar contra el analfabetismo femenino y promover el empleo de las mujeres y su autonomía financiera para garantizar una presencia importante de las mujeres a todos los niveles;
11. Pide a la Vicepresidenta/Alta Representante, al SEAE y a la Comisión que, en sus conversaciones con los países meridionales de la PEV, den la máxima importancia a las prioridades políticas de la UE que son la abolición de la pena de muerte, el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos humanos de las mujeres, y el respeto de las libertades fundamentales, así como la ratificación de diversos instrumentos del Derecho internacional, entre los que se cuentan el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951;
12. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
DO C 41 E de 19.2.2009, p. 83.