Documento de sesión
29.6.2011 B7‑0379/2011
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras la pregunta con solicitud de respuesta oral B7-0316/2011
presentada de conformidad con el artículo 115, apartado 5, del Reglamento
sobre la Constitución Húngara revisada
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo
en nombre del Grupo ALDE
Resolución del Parlamento Europeo sobre la Constitución Húngara revisada
El Parlamento Europeo,
– Vistos los artículos 2, 3, 4, 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), los artículos 49, 56, 114, 167 y 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que hacen referencia al respeto, la protección y la promoción de los derechos fundamentales,
– Vista la nueva Constitución Húngara, aprobada el 18 de abril de 2011 por la Asamblea Nacional de la República Húngara y firmada por el Presidente de Hungría el 25 de abril de 2011, que entrará en vigor el 1 de enero de 2012 (en lo sucesivo «la Constitución»),
– Vistos los dictámenes nº CDL(2011)001 y CDL(2011)016 de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho del Consejo Europa, sobre las tres cuestiones jurídicas que suscita el proceso de elaboración de la nueva Constitución de Hungría y sobre la nueva Constitución de Hungría respectivamente,
– Vista la Propuesta de Resolución nº 12490, presentada el 25 de enero de 2011 en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre los graves retrocesos que se han registrado en los ámbitos del Estado de Derecho y los derechos humanos en Hungría,
– Vista la Sentencia nº 30141/04 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Schalk y Kopf versus Austria), y, en particular, su obiter dicta,
– Vistas las preguntas orales presentadas en el Parlamento Europeo sobre la nueva Constitución Húngara y las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la Constitución Húngara revisada y el posterior debate celebrado el 8 de junio,
– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que la Unión Europea se basa en los valores de la democracia y del Estado de Derecho, establecidos en el artículo 2 del TUE, y en el respeto inequívoco de los derechos y las libertades fundamentales, consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como en el reconocimiento del valor jurídico de los denominados derechos, libertades y principios, lo que se reafirma además en la próxima adhesión de la UE al CEDH,
B. Considerando que, aunque la elaboración y la aprobación de una constitución entra dentro de las competencias de los Estados miembros, tanto los Estados miembros actuales como los Estados adherentes, así como la UE, están obligados a garantizar que los contenidos y los procedimientos respeten los valores de la UE, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el CEDH, así como que la letra y el espíritu de las constituciones adoptadas no estén en contradicción con estos valores e instrumentos; considerando que esto queda claramente demostrado en el hecho de que algunos de los actuales Estados miembros de la UE hayan tenido que revisar y modificar sus constituciones para garantizar su adhesión a la UE o hayan tenido que adaptar sus constituciones para conformarse a los requisitos de los posteriores Tratados de la UE, en particular a instancias de la Comisión de la UE,
C. Considerando que la Comisión de Venecia ha lamentado que el proceso de elaboración de la Constitución, incluida la elaboración y la aprobación final de la nueva Constitución, se haya visto afectado por la falta de transparencia, los fallos en el diálogo entre la mayoría y la oposición, la falta de oportunidades para la celebración de un diálogo público adecuado y un calendario demasiado justo[1], y que la Constitución es un marco comúnmente aceptado para los procesos democráticos ordinarios, condición sine qua non para un proceso de elaboración de una constitución totalmente fructífero y legítimo[2], y que debe basarse en el máximo consenso posible dentro de la sociedad húngara[3],
D. Considerando que la Constitución ha sido objeto de múltiples críticas por parte de ONG y organizaciones nacionales, europeas e internacionales, incluso de representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, y que se ha aprobado exclusivamente con los votos de los diputados de los partidos en el poder, es decir, sin el consenso político y social antes mencionado,
E. Considerando que el Parlamento Europeo comparte las preocupaciones expresadas por la Comisión de Venecia en cuanto a las deficiencias del sistema de control y equilibrio institucional, en particular las disposiciones relativas a las competencias de la mayoría parlamentaria y el deterioro de las prerrogativas y las competencias del Tribunal Constitucional y de los tribunales y los jueces como garantes independientes del ordenamiento jurídico, lo que podría suponer un peligro para la independencia del sistema judicial húngaro,
F. Considerando que la Constitución no proclama de manera explícita algunos derechos y deberes que, debido a sus obligaciones internacionales, Hungría está obligada a respetar y promover, como por ejemplo la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de cualquier tipo de discriminación basada en la orientación sexual, la condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y la suspensión o restricción de derechos fundamentales en un ordenamiento jurídico especial,
G. Considerando que la Constitución, debido a los valores que se establecen en ella y a la falta de precisión con que se definen nociones básicas como «familia» y el derecho a la vida desde el momento de la concepción, podría resultar discriminatoria contra ciertos grupos de la sociedad, en particular las minorías étnicas, religiosas y sexuales, las familias monoparentales, las personas que viven en unión civil y las mujeres,
H. Considerando que la Constitución no garantiza explícitamente el respeto por parte de Hungría de la integridad territorial de otros países, y que la falta de esta disposición junto con la poca claridad con la que está redactado su preámbulo, en especial las partes relativas a las obligaciones del Estado húngaro con respecto a los ciudadanos de etnia húngara que residen en el extranjero, podría crear una base jurídica para acciones que los países vecinos podrían considerar una injerencia en sus asuntos internos, lo que podría provocar tensiones en la región,
I. Considerando que la Constitución confiere a su preámbulo significación jurídica, lo que podría tener repercusiones jurídicas y políticas y provocar inseguridad jurídica, y considerando que la incorporación de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales podría provocar una superposición de competencias entre los tribunales húngaros y los internacionales, tal y como se indica en el dictamen de la Comisión de Venecia,
J. Considerando que en la Constitución se pide la aprobación de más treinta leyes denominadas «cardinales», sujetas también a la mayoría constitucional de los dos tercios, que regirán un amplio abanico de cuestiones relacionadas con el sistema institucional de Hungría, la aplicación de los derechos fundamentales, así como las políticas culturales, religiosas, socioeconómicas y financieras, lo que hace que su aprobación forme prácticamente parte del proceso constitucional, y considerando que la Constitución confiere a su preámbulo una significación jurídica, lo que podría tener repercusiones jurídicas y políticas y provocar inseguridad jurídica,
K. Considerando que, según la Constitución, varias cuestiones, como algunas normas específicas de la legislación relativa a la familia y las normas básicas de los sistemas fiscal y de pensiones, que son normalmente competencia del gobierno o del procedimiento de decisión ordinario del órgano legislativo, también tendrán que estar reglamentadas por las leyes «cardinales», limitando así la libertad de cualquier futuro gobierno que no tenga una mayoría de dos tercios, reduciendo la importancia de las próximas elecciones y aumentando las posibilidades de que una mayoría de dos tercios concretice sus preferencias políticas, con lo que la reglamentación de normas específicas y pormenorizadas por medio de actos «cardinales» puede poner en peligro el principio de democracia,
L. Considerando que, tal y como ha destacado la Comisión de Venecia, las políticas culturales, religiosas, socioeconómicas y financieras no deberían concretizarse en una ley «cardinal»,
M. Considerando que un órgano no parlamentario, el Consejo de Presupuesto, cuya legitimidad democrática es limitada, tendrá competencias para vetar la aprobación del presupuesto general por parte de la Asamblea Nacional, en cuyo caso el Jefe de Estado podrá disolver la Asamblea, lo que limita gravemente la actuación de la asamblea legislativa elegida democráticamente; considerando que el sistema de cuatro comisarios parlamentarios que funciona correctamente se reducirá a un defensor del pueblo general y dos adjuntos, lo que es posible que no ofrezca el mismo nivel de protección de los derechos y no incluirá las competencias del anterior Comisario de datos personales y libertad de información; y considerando que las competencias de este último se transferirán a una autoridad cuyo funcionamiento no se ha especificado,
N. Considerando que, junto con la aprobación de una nueva Constitución, el Gobierno de Hungría y los partidos en el poder han llevado a cabo una importante remodelación de algunos puestos clave, como el nuevo procurador general, el presidente de la Oficina de Auditoría del Estado y el presidente del Consejo de Presupuesto; considerando que la nueva Constitución pondrá fin al actual mandato del presidente del Tribunal Supremo, que el nuevo presidente del Tribunal será elegido directamente por el Parlamento húngaro, en el que los partidos en el poder tienen una mayoría de dos tercios, y que cinco miembros del Tribunal Constitucional acaban de ser propuestos y elegidos por los partidos en el poder,
O. Considerando que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha decidido elaborar un informe sobre la Constitución, basándose también en el dictamen de la Comisión de Venecia,
P. Considerando que en el programa electoral de los partidos en el poder no se mencionaba la elaboración y aprobación de una nueva Constitución,
Q. Considerando que el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon, declaró que agradecería que el Gobierno húngaro solicitara consejos y recomendaciones dentro de su país, al Consejo de Europa y a las Naciones Unidas, y que estima que Hungría, como Estado miembro de la Unión Europea, debería dirigirse a las instituciones europeas para que le asesoren y procedan a una revisión de la Constitución,
R. Considerando que el Primer Ministro de Hungría, Viktor Orban, ha declarado que está dispuesto a presentar la Constitución para que sea objeto de dicha revisión,
1. Pide a las autoridades húngaras que aborden el gran número de cuestiones, preocupaciones y recomendaciones importantes mencionadas por la Comisión de Venecia en sus dictámenes, y que apliquen las recomendaciones mediante modificaciones en la Constitución, leyes «cardinales», leyes ordinarias e interpretación constitucional, tal y como indica la Comisión; comparte plenamente las críticas de la Comisión de Venecia sobre la vaguedad de la Constitución en ámbitos de importancia capital como son el poder judicial y los derechos fundamentales individuales, así como sobre el elevado número de políticas culturales, religiosas, de carácter ético, socioeconómicas y financieras que se concretizarán mediante leyes «cardinales» con una mayoría de dos tercios, cuando deberían someterse al voto mayoritario de la asamblea legislativa electa; comparte las observaciones de la Comisión sobre el preámbulo en relación con la interpretación de la Constitución;
2. Pide a las autoridades húngaras que busquen activamente un amplio consenso y garanticen una mayor transparencia, una inclusión política y social real y la celebración de un amplio debate público en la próxima elaboración y la aprobación de las leyes «cardinales» establecidas en la Constitución;
3. Pide a las autoridades húngaras que modifiquen la Constitución, de modo que proteja explícitamente todos los derechos civiles y sociales fundamentales con arreglo a las obligaciones internacionales de Hungría, prohíba la pena capital, la condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y las discriminaciones por motivos de orientación sexual, y deje claro que los ciudadanos de Hungría adquieren derechos fundamentales al nacer que no están sujetos a obligaciones;
4. Pide a las autoridades húngaras que modifiquen la Constitución, en particular su preámbulo, de modo que garantice una protección equitativa de los derechos de todos los ciudadanos, sea cual sea el grupo religioso, sexual, étnico o de otro tipo social al que pertenezcan, de conformidad con el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales, y que incluyan una declaración más explícita sobre la separación de la Iglesia y el Estado y sobre la libertad de prensa como un derecho individual y no solo como una obligación del Estado;
5. Pide a las autoridades húngaras que modifiquen la Constitución, incluido su preámbulo, de modo que garantice explícitamente el respeto por parte de Hungría de la integridad territorial de otros países con respecto a los ciudadanos de etnia húngara que viven en el extranjero;
6. Pide a las autoridades húngaras que reafirmen la independencia del poder judicial, garantizando explícitamente la independencia de la gestión del sistema judicial, reinstaurando el derecho del Tribunal Constitucional a revisar la legislación relacionada con el presupuesto sin excepción alguna, tal y como exigen la legislación y la jurisprudencia del CEDH, y revisando la disposición relativa a la jubilación obligatoria de los jueces a una edad más temprana;
7. Pide a las autoridades húngaras que velen por que las próximas leyes «cardinales» reglamenten cuestiones como el aborto, la política familiar, los sistemas fiscal y de pensiones y, en términos más generales, las políticas culturales, religiosas, de carácter ético, socioeconómicas y financieras, de modo que los futuros gobiernos y las asambleas legislativas elegidas democráticamente puedan decidir sobre estas cuestiones sin que estas políticas se concreticen en la Constitución o en leyes «cardinales» demasiado pormenorizadas; pide al Gobierno húngaro que revise el actual mandato del Consejo de Presupuesto;
8. Pide a las autoridades húngaras que velen por que la incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales no plantee problemas de interpretación ni provoque la superposición de competencias entre los tribunales nacionales, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia Europeo;
9. Pide a las autoridades húngaras que velen por que la reorganización del sistema de comisarios parlamentarios no suponga una reducción del nivel actual de garantías para la protección y la promoción de derechos en ámbitos como la protección de las minorías nacionales, la protección de la información personal y la transparencia de la información de importancia para la opinión pública, así como la independencia de los órganos respectivos; pide a las autoridades húngaras que compensen legalmente por la supresión de la actio popularis relativa al Tribunal constitucional, por ejemplo conservando la acción indirecta a través de un intermediario como el Defensor del Pueblo u otros órganos pertinentes;
10. Pide a la Comisión Europea que lleve a cabo un examen y un análisis completos y en profundidad sobre la Constitución Húngara, así como sobre la próxima aprobación de leyes genéricas, sobre la base del CEDH, de la Carta de los Derechos Fundamentales, de la letra y el espíritu de los Tratados y del acervo comunitario;
11. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Consejo de Europa, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a la Agencia de los Derechos Fundamentales, a la OSCE y a la Organización de las Naciones Unidas.