Documento de sesión

 

18.4.2012                                                                                                                B7‑0214/2012

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento

sobre la seguridad jurídica de las inversiones europeas fuera de la Unión Europea

( 2012/2619(RSP) )

Charles Tannock, Robert Sturdy

en nombre del Grupo ECR

 

B7‑0214/2012

Resolución del Parlamento Europeo sobre la seguridad jurídica de las inversiones europeas fuera de la Unión Europea

( 2012/2619(RSP) )

El Parlamento Europeo,

–   Visto el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–   Visto su informe de 29 de marzo de 2010 relativo a la Asociación Estratégica Birregional entre la UE y América Latina,

–   Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que el artículo 207 del TFUE dispone que las inversiones europeas en terceros países son un elemento fundamental de la política comercial común de la Unión Europea y forman, por consiguiente, parte intrínseca de su acción exterior y que, tras la entrada en vigor del TFUE, son competencia exclusiva de la Unión;

B.  Considerando la decisión anunciada por el Gobierno de la República Argentina de remitir al Congreso de dicho país un proyecto de ley para convalidar la expropiación del 51 % de las acciones de la sociedad mercantil de hidrocarburos YPF, participada en su mayor parte por una empresa europea, la mayoría de cuyas acciones constituyen precisamente el objetivo de la expropiación que se insta;

C. Considerando que dicho anuncio ha venido acompañado de forma inmediata de la toma de control efectivo de la sede de la empresa por parte de las autoridades del Gobierno federal argentino, con el desalojo de los legítimos gestores y el personal de dicha empresa;

D. Considerando que, en los últimos meses, esta empresa ha sido objeto de una campaña pública de acoso que, junto a numerosas decisiones administrativas, puede haber conducido a la pérdida de cotización de su valor bursátil;

E.  Considerando la preocupación expresada por la Comisión Europea en numerosas ocasiones ante la OMC en relación con la naturaleza y ejecución de las medidas restrictivas aplicadas a las importaciones por el Gobierno argentino, que han afectado a un número creciente de países que forman parte de la Organización Mundial del Comercio;

F.  Considerando que, el 30 de marzo de 2012, la Unión Europea, los Estados Unidos y otros diez países de la OMC manifestaron por escrito su constante y profunda inquietud por la naturaleza y la aplicación de las medidas comerciales restrictivas adoptadas por Argentina, que perjudican a las importaciones que llegan a este país procedentes de numerosos Estados miembros de la UE y tienen un impacto negativo sobre las empresas europeas; que algunos Estados miembros de la UE, como el Reino Unido, se han visto más afectados que otros, dada la notable presión ejercida por el Gobierno sobre las empresas nacionales para que, por razones de índole política, no entablen determinadas relaciones comerciales;

G. Considerando que, en marzo, los Estados Unidos amenazaron con suspender las preferencias comerciales de las que se beneficia Argentina en virtud de su sistema de preferencias generalizadas, como respuesta al impago por parte de Argentina de 300 millones de dólares estadounidenses en concepto de indemnizaciones en el marco de dos litigios en los que están implicados inversores de los Estados Unidos;

H. Considerando que la República Argentina, en cuanto miembro de Mercosur, es en la actualidad parte del proceso de negociación de un acuerdo de asociación con la UE, uno de cuyos principales objetivos es la liberalización progresiva y recíproca de los intercambios comerciales y respecto del que las diferentes ofertas agrícola, de servicios e inversiones de ambas partes van a desempeñar un papel preponderante en el éxito de las negociaciones;

I.   Considerando que la República Argentina se ha venido beneficiando tradicionalmente del sistema de preferencias generalizadas concedido unilateralmente por la UE;

1.  Lamenta profundamente la decisión del Gobierno argentino de proceder a la expropiación de la mayoría de las acciones de una empresa europea, por considerarla una decisión cuestionable con carácter, de facto, confiscatorio, que atenta contra el ejercicio de la libre empresa y el principio de la seguridad jurídica en materia de inversiones y deteriora el clima de inversión para Europa en Argentina;

2.  Expresa su honda preocupación por la decisión que se ha tomado por cuanto supone una violación del Derecho internacional y de los compromisos contraídos por Argentina en el marco de la OMC; alerta sobre las posibles consecuencias negativas que este tipo de medidas unilaterales traen consigo en términos de deslocalización de las inversiones internacionales fuera de Argentina, dado que las inversiones extranjeras directas, especialmente de la Unión Europea, son indispensables para el desarrollo del país, así como sobre el riesgo que pueden entrañar al provocar efectos adversos para el comercio internacional; recuerda, a este respecto, la similitud existente entre esta situación y otros casos en los que los intereses de la Unión han sido objeto de expropiaciones en otras partes del mundo;

3.  Recuerda la tradicional relación de amistad entre la UE y la República Argentina, con la que comparte valores y principios comunes, e insta a las autoridades argentinas a que retomen la vía del diálogo y la negociación como el medio más adecuado para resolver las posibles diferencias entre socios comerciales estratégicos;

4.  Recuerda que las negociaciones en curso del Acuerdo de asociación entre la UE y Mercosur tienen por objeto alcanzar un marco de integración económica y de diálogo político entre ambos bloques para conseguir las mayores cotas de prosperidad y progreso para ambas regiones, y que decisiones como la tomada por las autoridades argentinas no favorecen el clima de cordialidad y entendimiento necesario para lograr dicho acuerdo;

5.  Pide al Presidente del Consejo Europeo, al Presidente de la Comisión Europea y a la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que intervengan ante las autoridades de Argentina en defensa del interés de la Unión y de la salvaguardia del principio de seguridad jurídica que garantiza la presencia y la inversión europeas en ese país;

6.  Insta a la Comisión Europea a que estudie y, en su caso, adopte cuantas medidas sean necesarias para salvaguardar los intereses de la UE en Argentina y evitar que se reproduzcan situaciones similares en el futuro; expresa, en este sentido, su solidaridad con Repsol por la grave situación en la que se encuentra;

7.  Solicita al Presidente de la Comisión Europea que intervenga ante el G20 y la OMC para transmitirles la preocupación de la UE por cuanto estos hechos suponen un incumplimiento manifiesto de los compromisos internacionales adquiridos por parte de un país miembro respecto de otro de los miembros de ambos organismos;

8.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros, así como al Gobierno y al Congreso de la República Argentina y a los miembros del Consejo de Mercosur.