Documento de sesión
25.2.2014 B7‑0207/2014
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento
sobre la situación en Venezuela
( 2014/2600(RSP) )
Jean-Pierre Audy, Nuno Teixeira, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli, Eduard Kukan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
en nombre del Grupo PPE
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela
( 2014/2600(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Venezuela, en concreto, de 24 de mayo de 2007, sobre el caso de la cadena Radio Caracas Televisión en Venezuela, de 23 de octubre de 2008, sobre las inhabilitaciones políticas en Venezuela, de 7 de mayo 2009, sobre el caso de Manuel Rosales en Venezuela, de 11 de febrero de 2010, sobre Venezuela, de 8 de julio de 2010, sobre Venezuela, en particular el caso de María Lourdes Afiuni, y de 24 de mayo de 2012, sobre la posible retirada de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
– Vista la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
– Vista la declaración del ex Presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, sobre la situación política actual en Venezuela,
– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando las numerosas protestas y manifestaciones que se han registrado en Venezuela estas últimas semanas y que, el pasado 12 de febrero, se tradujeron en la dispersión violenta de una protesta de estudiantes, la muerte de tres personas, más de 70 heridos y varios centenares de estudiantes detenidos;
B. Considerando que estos últimos días el número de manifestaciones no solo no ha disminuido sino que, al contrario, no ha dejado de aumentar, incrementándose el número de muertos, heridos y detenidos como consecuencia de la brutal represión ejercida por las autoridades gubernamentales y por grupos armados ilegales;
C. Considerando que esta oleada de protestas es el resultado del creciente autoritarismo del régimen venezolano, del debilitamiento del sistema democrático, del elevadísimo índice de inseguridad ciudadana, de la corrupción generalizada, de la persecución y los actos intimidatorios dirigidos contra la oposición democrática, la sociedad civil y los medios de comunicación escritos, así como del ejercicio de la censura y del monopolio de los medios audiovisuales de información, elementos que se añaden a la carestía de la vida, un índice muy elevado de inflación y la interrupción brusca del abastecimiento de productos de primera necesidad, todo ello en un país que posee las mayores reservas mundiales de petróleo;
D. Considerando que las autoridades del país, en lugar de contribuir a preservar la calma y rebajar la tensión, han amenazado con llevar a cabo una «revolución armada» y han emitido, transmitido y ejecutado varias órdenes de captura y de aprehensión de importantes dirigentes de la oposición democrática, atribuyéndoles la autoría de varios delitos y acusándolos de ser los instigadores intelectuales de las protestas con la intención de organizar un golpe de Estado;
E. Considerando que la Constitución venezolana garantiza el derecho de reunión, de asociación y de manifestación ciudadana por medios pacíficos; y que los poderes públicos están obligados a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y a garantizar la seguridad y la vida de los mismos sin limitar dichos derechos;
F. Considerando que en Venezuela operan, desde hace mucho tiempo y con total impunidad, diferentes grupos armados violentos e incontrolados favorables al Gobierno, y que su presencia e irrupción en las manifestaciones han provocado estos últimos días actos violentos que han causado muertos y heridos, hecho que las autoridades gubernamentales no han aclarado;
1. Lamenta profundamente las pérdidas de vidas humanas, transmite su pésame a las familias de las víctimas y hace un llamamiento en favor de la calma, la moderación y el sentido común;
2. Rechaza categóricamente el recurso a la violencia como medio de resolución de diferencias políticas, y expresa su preocupación ante el elevado nivel de inseguridad para los ciudadanos, de polarización, de violencia y de persecución existente en la vida política venezolana;
3. Pide que se atenúen el clima de tensión y la violencia política, y considera que los poderes públicos están obligados a garantizar los derechos y la seguridad fundamentales de los ciudadanos;
4. Solicita al Gobierno venezolano que respete los derechos cívicos de libertad de expresión y el derecho a manifestar pacíficamente, derechos todos ellos reconocidos en la Constitución;
5. Subraya que el respeto escrupuloso de los principios de libertad de expresión, información y opinión es un derecho fundamental de todas las sociedades democráticas, y rechaza, por consiguiente, la censura y las limitaciones de la libertad de información ejercidas por las autoridades venezolanas respecto de los medios de comunicación nacionales e internacionales; condena el acoso de que han sido víctimas varios periódicos y medios audiovisuales, como la cadena NTN24 y la cadena CNN en español, y considera que estas prácticas son contrarias a la Constitución venezolana y a los compromisos asumidos por la República Bolivariana de Venezuela;
6. Pide a las autoridades gubernamentales que se proceda al desarme inmediato y a la disolución de los grupos armados incontrolados de carácter progubernamental y que se ponga término a su impunidad, y exige que se aclaren las muertes ocurridas a fin de que los autores respondan de sus actos ante la justicia;
7. Pide que se ponga en libertad a todos los estudiantes detenidos durante las protestas estudiantiles registradas las pasadas semanas;
8. Recuerda que el respeto escrupuloso del principio de separación de poderes es fundamental en un sistema democrático, y que la administración de la justicia está al servicio de los ciudadanos y las autoridades no pueden utilizarla como medio de persecución política y de represión de la oposición democrática; pide, en este sentido, que se anulen las imputaciones y los cargos sin fundamento contra los miembros de la oposición detenidos por causa de sus convicciones políticas, y que se ponga término a las acusaciones contra importantes dirigentes y líderes de la oposición democrática;
9. Recuerda que el respeto del pluralismo y de la diversidad política, de opinión y de expresión son componentes fundamentales de la calidad y del buen funcionamiento del sistema democrático; recuerda asimismo que la democracia consiste en muchas más cosas que en la simple realización de procesos electorales;
10. Subraya las obligaciones fundamentales que tiene el Gobierno de Venezuela de respetar los tratados y los convenios internacionales de los que es firmante y, en particular, la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
11. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Copresidente de la Asamblea Parlamentaria EuroLat, a la Secretaría General de la OEA, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y a la secretaría de la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela.