Documento de sesión
24.11.2014 B8‑0313/2014
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Comisión
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
sobre la revisión de las directrices de evaluación del impacto de la Comisión y el papel de la prueba de las pymes
( 2014/2967(RSP) )
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto, Dita Charanzová
en nombre del Grupo ALDE
Resolución del Parlamento Europeo sobre la revisión de las directrices de evaluación del impacto de la Comisión y el papel de la prueba de las pymes
( 2014/2967(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vistos la reciente consulta pública sobre la revisión de las directrices de evaluación del impacto de la Comisión y el correspondiente proyecto de directrices revisadas de evaluación del impacto,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que las evaluaciones del impacto, como instrumento que interviene en una fase temprana cuando se desarrolla la legislación, desempeñan un papel fundamental en la agenda de la Comisión sobre normativa inteligente con el fin de facilitar pruebas transparentes, exhaustivas y equilibradas del tipo de problema que debe resolverse, el valor añadido de la acción de la UE, la carga administrativa que cabe esperar y los costes y beneficios de vías de actuación alternativas para todas las partes implicadas;
B. Considerando que las directrices de evaluación del impacto en vigor prevén que se asigne un papel central a la Secretaría General de la Comisión y al Comité de Evaluación del Impacto (CEI) en cuanto a la decisión de si una evaluación del impacto es necesaria para una iniciativa específica;
C. Considerando que el CEI desempeña una función importante como punto central de control de calidad para las evaluaciones del impacto;
D. Considerando que, según un grupo de expertos de la Comisión, el coste que debe soportar una pyme para cumplir una normativa puede ser diez veces mayor que el de las empresas grandes; que, por tanto, una evaluación del impacto independiente reviste especial importancia para las pymes, que a menudo tienen más dificultades que las grandes empresas para adaptarse a los nuevos requisitos jurídicos y administrativos y, en razón de su tamaño, tienen menor capacidad para anticipar los cambios normativos en una fase temprana;
E. Considerando que el principio de «pensar primero a pequeña escala» es la base de la iniciativa «Small Business Act» para Europa de 2008; que ha formado parte de las directrices de evaluación del impacto desde 2009 y de otros textos de la Comisión desde 2005; que este principio persigue tener en cuenta los intereses de las pymes en las fases iniciales de la elaboración de las políticas a fin de que la legislación sea más favorable a estas empresas; que existe una serie de instrumentos que permiten garantizar la aplicación efectiva del principio, entre ellos, el uso de una prueba de las pymes para las propuestas legislativas futuras;
F. Considerando que la prueba de las pymes, incluidas las posibles medidas de mitigación, ha formado parte de las directrices de evaluación del impacto desde 2009 y de otros textos de la Comisión desde 2005; que el proyecto de directrices revisadas no incluye ninguna disposición sobre la prueba de las pymes;
G. Considerando que una evaluación adecuada de las enmiendas de fondo del Parlamento a la propuesta inicial de la Comisión revela un valor añadido considerable para apoyar la posición del Parlamento en las negociaciones tripartitas;
Ámbito de aplicación
1. Celebra el compromiso de la Comisión de revisar periódicamente las directrices de evaluación del impacto con vistas a mejorar los procedimientos de evaluación del impacto;
2. Manifiesta, sin embargo, su preocupación por el hecho de que el proyecto de directrices revisadas resulte mucho menos específico que las directrices actuales en cuanto al ámbito de aplicación de las evaluaciones del impacto y por el hecho de que el proyecto deje un margen significativamente más amplio a la interpretación de la dirección general responsable a la hora de decidir si es necesaria una evaluación del impacto; considera que debería conservarse la práctica actual, que implica al CEI y a la Secretaría General en el proceso de toma de decisiones;
3. Opina que la Comisión debe mantener su planteamiento actual consistente en presentar una evaluación del impacto para cada iniciativa que pertenezca al menos a una de las categorías siguientes:
– propuestas legislativas incluidas en el programa legislativo y de trabajo de la Comisión;
– propuestas legislativas no incluidas en el programa legislativo y de trabajo de la Comisión con un impacto económico, social, ambiental y de carga administrativa claramente reconocible;
– iniciativas no legislativas que definen futuras políticas (como libros blancos, planes de acción, programas de gasto y directrices de negociación de acuerdos internacionales);
– actos delegados o de ejecución que puedan tener un impacto económico, social, ambiental y de carga administrativa reconocible;
4. Toma nota de que el ámbito de aplicación de una evaluación del impacto podría no corresponder, en algunos casos, con las propuestas adoptadas, si estas se modifican una vez presentadas para su aprobación por el Colegio de Comisarios; pide que en el proyecto de directrices revisadas se establezca que la evaluación del impacto debe actualizarse para garantizar la continuidad entre las cuestiones consideradas en ella y cualquier propuesta que adopte finalmente la Comisión;
5. Señala que las evaluaciones del impacto no deben utilizarse indebidamente como medio para oponerse a un instrumento legislativo con el que una institución no está de acuerdo o menoscabar la capacidad del legislador para proponer enmiendas;
6. Observa que la evaluación del impacto debe ser rigurosa y exhaustiva, estar basada en información precisa, objetiva y completa, y presentar un análisis equilibrado que se centre en el objeto de la propuesta, de manera que permita tomar una decisión política con conocimiento de causa;
7. Hace hincapié en que el proceso de evaluación del impacto ha de ser transparente y publicarse en el sitio web de la Comisión;
Comité de Evaluación del Impacto
8. Expresa su gran preocupación por el hecho de que el papel del CEI en el proceso de evaluación del impacto no esté definido más claramente en el proyecto de directrices revisadas; insiste firmemente en que, cuando responda al Parlamento, la Comisión debe reconsiderar esta omisión y establecer procedimientos relacionados con el CEI de forma más clara en un nuevo proyecto de directrices revisadas, y en que toda iniciativa que requiera una evaluación del impacto debe estar sujeta a un dictamen positivo del CEI; considera que el Colegio de Comisarios no debe examinar ninguna iniciativa legislativa o no legislativa que no disponga de una evaluación del impacto con el dictamen favorable del CEI;
9. Opina que el CEI debe seguir trabajando como un organismo independiente de control de calidad en el seno de la Comisión y solicita que se refuerce significativamente su independencia respecto a las direcciones generales y la Secretaría General de la Comisión; considera que el CEI debe estar compuesto tan solo por personas altamente cualificadas; propone que el CEI rinda cuentas directamente al vicepresidente de la Comisión responsable de la Mejora de la Legislación;
Prueba de las pymes
10. Recuerda que, en su iniciativa «Small Business Act», la Comisión se comprometió a aplicar el principio de «pensar primero a pequeña escala» en la elaboración de las políticas y que ello incluye la prueba de las pymes para evaluar el impacto de la futura legislación y las iniciativas administrativas sobre las pymes; subraya que es indispensable asegurarse de que esta prueba se lleve a cabo correctamente y considera que todavía hay un margen significativo para el progreso;
11. Destaca la importancia de consultar a las partes implicadas que representan a las pymes acerca del primer proyecto de las evaluaciones del impacto, antes de su finalización y en la fase más temprana posible, con vistas a la realización de una prueba de las pymes rigurosa; considera que la Comisión debe mejorar el formato de las consultas a fin de llegar mejor a las pymes;
12. Recuerda que, en su revisión de 2011 de la iniciativa «Small Business Act», la Comisión lamentó que solo ocho Estados miembros hubieran integrado la prueba de las pymes en sus procesos nacionales de toma de decisiones; acoge con satisfacción el compromiso claro de la Comisión, en dicha revisión, de seguir fortaleciendo la prueba de las pymes; lamenta que, en contra de los anuncios de la Comisión, ni siquiera se mencione la prueba de las pymes en el proyecto de directrices revisadas de evaluación del impacto;
13. Insiste en que la prueba de las pymes, tal como se define en el anexo 8 de las directrices, debe mantenerse para evitar que las pymes se vean afectadas o perjudicadas de manera desproporcionada, en comparación con las grandes empresas, por las iniciativas de la Comisión;
14. Resalta que, en tales casos, la evaluación del impacto debe incluir opciones que cubran mecanismos alternativos o flexibilidad para ayudar a las pymes a respetar la iniciativa (tal como se prevé en el anexo 8, punto 4); celebra, en este contexto, la exclusión a priori de las microempresas del ámbito de aplicación de las propuestas legislativas como opción política establecida en el proyecto de directrices revisadas;
Creación de un organismo consultivo para la mejora de la legislación
15. Acoge con satisfacción el trabajo y el informe final del Grupo de Alto Nivel sobre Reducción de Cargas Administrativas, con mandato de la Comisión; recuerda la intención de la Comisión, manifestada en su última comunicación en materia de REFIT (junio de 2014), de crear un grupo de alto nivel para la mejora de la legislación, formado por representantes de las partes interesadas y por expertos nacionales;
16. Insta a la Comisión a que cree lo antes posible dicho organismo consultivo de alto nivel para la mejora de la legislación, que debe incluir tanto la experiencia de las partes interesadas como a los expertos nacionales, junto con un representante del Parlamento en calidad de observador; propone un mandato fuerte e independiente para este organismo, que incluya evaluar la carga administrativa de las propuestas, el coste del cumplimiento, el respeto de la subsidiariedad y de la proporcionalidad, y la elección del fundamento jurídico, proponer iniciativas para una mejor legislación, y supervisar la ejecución de la legislación de la UE a escala nacional; pide al Parlamento y al Consejo que se impliquen en el procedimiento de designación de expertos nacionales;
17. Pide a la Comisión que presente un nuevo proyecto de directrices revisadas de evaluación del impacto teniendo en cuenta los puntos destacados en la presente Resolución y la nueva estructura de la Comisión, en particular el papel del vicepresidente responsable de la Mejora de la Legislación;
Evaluaciones del impacto en el Parlamento
18. Pide que las evaluaciones del impacto de la Comisión se examinen en el Parlamento, y en particular en sus comisiones, de forma sistemática y lo antes posible;
19. Recuerda su Resolución, de 8 de junio de 2011, sobre el aseguramiento de evaluaciones de impacto independientes[1], en la que pide que se utilice de forma más consecuente la evaluación del impacto del Parlamento, e indica que la Unidad de Evaluación de Impacto es un instrumento ya disponible para realizar evaluaciones del impacto; considera que el recurso a una evaluación del impacto parlamentaria resulta especialmente útil antes de la adopción de modificaciones o enmiendas de fondo a las propuestas iniciales de la Comisión;
Evaluaciones del impacto en el Consejo Europeo
20. Recuerda al Consejo que se comprometió a evaluar sistemáticamente el impacto de sus enmiendas de fondo;
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21. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al Consejo.