Documento de sesión
4.2.2015 B8‑0100/2015
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Comisión
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
sobre las medidas antiterroristas
( 2015/2530(RSP) )
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Ulrike Lunacek, Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE
Resolución del Parlamento Europeo sobre las medidas antiterroristas
( 2015/2530(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vistos la Carta de los Derechos Fundamentales, los artículos 2, 3 y 6 del Tratado de la Unión Europea y los artículos pertinentes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
– Vista su Resolución, de 14 de diciembre de 2011, sobre la política antiterrorista de la UE: logros principales y retos futuros[1],
– Vista su Resolución, de 10 de octubre de 2013, sobre la supuesta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos[2],
– Vista su Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2012),
– Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2014, sobre el programa de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de los EE. UU., los órganos de vigilancia en diversos Estados miembros y su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE[3],
– Vista la Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo,
– Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2014, sobre la renovación de la Estrategia de Seguridad Interior de la UE[4],
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de marzo de 2013, sobre el cuadro de indicadores de la justicia en la UE ( COM(2013)0160 ),
– Visto el informe de la Comisión sobre la lucha contra la corrupción en la UE, de 3 de febrero de 2014 ( COM(2014)0038 ),
– Vistas las Conclusiones del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, del 19 de enero de 2015, sobre la lucha contra el terrorismo, en particular la decisión de mejorar el intercambio de información con los países socios, para promover una mayor cooperación con los países árabes y mediterráneos, incluido un memorando de entendimiento con la Liga de Estados Árabes,
– Vistos el Marco Estratégico y el Plan de Acción de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia, adoptados el 25 de junio de 2012,
– Vistos la sentencia del Tribunal de Justicia, de 8 de abril de 2014, en los asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12 (Digital Rights Ireland y Seitlinger y otros) y el dictamen de su Servicio Jurídico sobre la interpretación de dicha sentencia,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que el respeto de los derechos fundamentales constituye un elemento esencial para el éxito de las políticas de lucha contra el terrorismo;
B. Considerando que varios atentados terroristas graves perpetrados en suelo europeo desde el 9 de septiembre han tenido una repercusión importante en la sensación de seguridad entre los ciudadanos y los residentes de la UE;
C. Considerando que, desde el 9 de septiembre, la UE ha introducido 239 medidas antiterroristas, a saber, veintiséis planes de acción y documentos estratégicos, veinticinco reglamentos, quince directivas, once decisiones marco, veinticinco decisiones, una acción común, tres posiciones comunes, cuatro resoluciones, ciento once conclusiones del Consejo y ocho acuerdos internacionales[5];
D. Considerando que por lo general no se ha procedido a una evaluación sistemática de estas medidas;
E. Considerando que últimamente se ha producido un aumento alarmante del racismo y la xenofobia, incluido el antisemitismo, la gitanofobia y la islamofobia;
F. Considerando que se necesita urgentemente una definición jurídica uniforme del concepto de «elaboración de perfiles» basada en los derechos fundamentales y las normas pertinentes de protección de datos con el fin de reducir la incertidumbre sobre qué actividades están prohibidas y cuáles no;
G. Considerando que, según las cifras ofrecidas por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ), existen divergencias considerables en cuanto a las inversiones que los Estados miembros de la UE realizan en sus sistemas judiciales penales[6];
1. Transmite sus sinceras condolencias a las víctimas de los atentados terroristas que se han producido recientemente en París y en todo el mundo, así como a sus familias;
2. Destaca que la inclusión de políticas de protección y apoyo a las víctimas y sus familias debe constituir una dimensión fundamental de la lucha contra el terrorismo; pide, por consiguiente, a todos los Estados miembros que apliquen adecuadamente la Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos;
3. Reitera su compromiso de defensa de la libertad de expresión, los derechos fundamentales, la democracia, la tolerancia y el Estado de Derecho;
4. Insiste en que se ha de adoptar un enfoque global para la lucha contra la radicalización y el terrorismo, que haga hincapié en el fortalecimiento de la cohesión social, la prevención de los delitos y una actividad policial y de seguridad selectiva basada en sospechas o amenazas concretas determinadas por personas y no por máquinas; destaca, además, la necesidad de endurecer las normas sobre adquisición y tenencia de armas y sobre su exportación, así como la lucha contra el tráfico ilegal de armas; insiste asimismo en que profesores, trabajadores sociales, psicólogos, agentes de policía, investigadores, fiscales, jueces y personal penitenciario dispongan de los recursos necesarios, poniendo fin a las medidas de austeridad que han causado graves daños a la cohesión de las sociedades europeas;
5. Destaca que no debemos mermar las libertades que tratamos de defender en la lucha contra el terrorismo estableciendo medidas represivas, de vigilancia generalizada y de control de fronteras que por lo general son solo simbólicas y que convierten a la Unión Europea en lugar donde nadie está libre de sospecha, nadie es libre y se desvirtúa del principio de libre circulación; advierte, además, del efecto estigmatizador de la elaboración de perfiles, que afecta a las personas de nuestra sociedad con las que tratamos de tener una mejor relación;
6. Subraya la necesidad de que la Unión Europea, sus Estados miembros y los países socios fundamenten su estrategia de lucha contra el terrorismo internacional en el Estado de Derecho y el respeto a los derechos fundamentales; subraya asimismo que la acción exterior de la Unión de lucha contra el terrorismo internacional debe buscar ante todo la prevención;
7. Señala que, al igual que en el caso de atentados anteriores, las fuerzas de seguridad ya conocían a los autores de los atentados de París, quienes habían sido objeto de investigaciones y de medidas de supervisión; muestra su preocupación por la medida en que los datos disponibles sobre esas personas pudieron haber sido intercambiados entre dichas autoridades y, en su caso, con colegas de otros Estados miembros mediante un uso eficaz de las bases de datos de la UE y mediante la colaboración con las agencias de la UE;
8. Pide a la Comisión y al Consejo que realicen una evaluación exhaustiva de la medidas de lucha contra el terrorismo y conexas de la UE, en particular por lo que se refiere a su incorporación a la legislación y su aplicación práctica en los Estados miembros, al grado de cooperación de los Estados miembros con las agencias de la UE en la materia, en especial Europol y Eurojust, así como una evaluación complementaria de las lagunas existentes y del respeto de las obligaciones de derechos fundamentales de la UE por parte de dichas medidas, haciendo uso del procedimiento previsto en el artículo 70 del TFUE; insiste en que también se ha de incluir en esta evaluación la dimensión exterior de las medidas antiterroristas de la UE, que debería publicarse junto con el programa europeo sobre seguridad en mayo de 2015;
9. Insiste en la necesidad de un control democrático y judicial de las políticas antiterroristas; destaca que deben derogarse las medidas que a posteriori han resultado innecesarias, ineficaces o desproporcionadas para luchar contra el terrorismo, que deben investigarse y repararse los casos de violación de derechos fundamentales y que deben desarrollarse nuevas formas de control democrático sobre la base de los poderes otorgados al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales en virtud del Tratado de Lisboa; insiste en que se incluyan cláusulas de extinción o de reautorización periódica en tales medidas y acuerdos; rechaza el uso de la seguridad nacional como excusa para mermar los derechos fundamentales, como la confidencialidad entre abogados y clientes; pide una aclaración urgente del concepto de seguridad nacional en el contexto del Derecho europeo;
Enfoque global para la lucha contra el terrorismo y la radicalización
10. Destaca que las políticas económicas, educativas y sociales pueden ayudar en la lucha contra la exclusión y el impacto de la rápida evolución socioeconómica, que dan lugar a agravios y frustraciones que podrían aprovechar los extremistas violentos; pide, por consiguiente, que las políticas mejoren radicalmente la integración económica y social, el diálogo, la participación, la igualdad, la tolerancia y el entendimiento entre las distintas culturas y religiones;
11. Pide a los Estados miembros que inviertan en programas educativos para fomentar el respeto de la dignidad humana, promover la igualdad de oportunidades, luchar contra todos los tipos de discriminación y propiciar la integración desde edades tempranas; destaca que ello incluye la formación del profesorado en cuestiones sociales y de diversidad;
12. Advierte de que la falta de perspectivas de participación plena en la sociedad por causa de la pobreza y el desempleo puede llevar a las personas a sentirse desvalorizadas o incluso a adoptar una conducta de autoafirmación destructiva de carácter extremista, y a atacar a la sociedad como tal; pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para reducir la pobreza, ofrecer oportunidades de empleo y empoderar y respetar a las personas;
13. Destaca que la discriminación y la incitación al odio pueden llevar en algunos casos a reforzar las pautas de radicalización y violencia; subraya que la igualdad y las normas contra la discriminación deben ser la respuesta fundamental, completadas con estrategias específicas para luchar contra todas las formas de discriminación;
14. Expresa su preocupación por los efectos desproporcionados en comunidades musulmanas de ciertas prácticas utilizadas después del 9 de septiembre, en particular el recurso a la elaboración de perfiles raciales;
15. Destaca que es fundamental introducir y reforzar la cooperación con las comunidades relevantes en algunos Estados miembros, tanto para determinar los peligros específicos como en el marco de las estrategias generales de desradicalización; manifiesta su apoyo a los programas que empoderan a las minorías étnicas y religiosas y a las comunidades marginadas para que contribuyan a mejorar a medio y largo plazo la situación social y económica de sus comunidades respectivas, tanto a escala local como regional; señala al respecto que la radicalización en la UE no se limita a grupos étnicos o religiosos específicos;
16. Pone de relieve que en todos los Estados miembros de la UE ya existen medidas policiales pertinentes:
- los datos de los pasaportes de los pasajeros (APIS, sistema de información anticipada sobre los pasajeros) se comprueban en las bases de datos de delincuentes conocidos y personas non gratas;
- los cuerpos y fuerzas de seguridad pueden acceder al teléfono y a los datos de pasajeros sospechosos o incluso grupos de sospechosos cuando están vinculados a una amenaza concreta;
- el Sistema de Información de Schengen prevé la vigilancia discreta de las personas y su rápida detención y extradición en caso de que representen una amenaza para la seguridad, tengan intención de cometer un delito o sean sospechosos de haberlo cometido;
considera que las autoridades policiales tienen que recurrir de modo prioritario a estas herramientas y aumentar la cooperación entre ellas, por ejemplo mediante la creación de equipos conjuntos de investigación o recabando la asistencia de agencias de la UE como Europol, Eurojust y la CEPOL;
17. Considera que una de las prioridades de la UE en su lucha contra las formas graves de delincuencia internacional organizada ha de ser la lucha contra el tráfico ilegal de armas de fuego; considera, en particular, que se ha de impulsar la cooperación en lo que se refiere a los mecanismos de intercambio de información y a la trazabilidad y la destrucción de armas prohibidas; insiste, además, en que los Estados miembros han de respetar estrictamente la posición común por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares;
18. Pide la correcta aplicación del acervo en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, de modo que se pueda detectar con rapidez la financiación del terrorismo;
19. Destaca que ya es posible efectuar controles selectivos a personas que disfrutan del derecho de libre circulación, en el momento en que cruzan las fronteras exteriores, durante un cierto periodo de tiempo, en determinadas rutas o en determinados pasos fronterizos, en función del nivel de la amenaza; reitera que los Estados miembros deben aprovechar mejor el actual marco Schengen y dedicarle los recursos necesarios en lugar de intentar reinstaurar controles fronterizos más allá de las posibilidades existentes;
20. Recuerda que en abril de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló la Directiva sobre conservación de datos, por considerar que conservar datos cuando no existe «relación entre los datos cuya conservación se establece y una amenaza para la seguridad pública» no es compatible con las garantías de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; destaca que esta relación reviste una importancia primordial, no solo en relación con dicha Directiva, sino también con cualquier sistema de conservación de datos que implique el almacenamiento de datos de personas que no tienen la condición de sospechosos; recuerda las críticas del Tribunal de Justicia a la ausencia de otros límites a la conservación como restricciones relativas «a datos referentes a un período temporal o zona geográfica determinados o a un círculo de personas concretas que puedan estar implicadas de una manera u otra en un delito grave, ni a personas que por otros motivos podrían contribuir, mediante la conservación de sus datos, a la prevención, detección o enjuiciamiento de delitos graves»[7];
21. Pide a la Comisión que revise formalmente la propuesta PNR (registro de nombres de los pasajeros ) de la UE a la luz de los criterios fijados por el Tribunal de Justicia en la sentencia sobre la Directiva sobre conservación de datos; encarga a su Servicio Jurídico que lleve a cabo una revisión similar en los seis meses siguientes a la aprobación de la presente Resolución; insiste en que no cabe adoptar un «programa general de vigilancia»[8] como el que implica la propuesta PNR de la UE antes de que el Tribunal de Justicia haya emitido dictamen sobre el acuerdo UE-Canadá sobre uso y transferencia de datos PNR, solicitado por el Parlamento en noviembre de 2014[9];
22. Subraya que las medidas que limitan los derechos fundamentales en Internet para fines de lucha contra el terrorismo han de ser necesarias y proporcionadas, y basarse, en particular, en una definición adecuada de terrorismo, algo que no existe en la actualidad; insiste, además, en que la supresión de contenidos delictivos debe estar sujeta a una autorización judicial, y no llevarse a cabo mediante actividades de vigilancia privada realizadas por proveedores de servicios de Internet;
23. Reitera su petición de que se promueva el cifrado de las comunicaciones, incluida la comunicación por correo electrónico y SMS[10]; destaca que la prohibición del cifrado perjudicaría la protección de los datos personales en las comunicaciones, de las redes comerciales y financieras y de los sistemas gubernamentales y de infraestructuras críticas, al exponerlos a las interceptaciones delictivas y de otro tipo;
24. Reitera que toda recogida e intercambio de datos, incluidas las efectuadas por agencias de la UE como Europol, debe respetar la Carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea y basarse en un marco coherente de protección de datos que ofrezca normas vinculantes jurídicamente para la protección de datos personales, en especial en lo que atañe a la limitación de las finalidades, la minimización de los datos, la información, el acceso, la corrección, la supresión y la tutela judicial; pide la rápida adopción del paquete de protección de datos, incluida la adopción de un enfoque general en el Consejo para el Reglamento y la Directiva que respete las normas mínimas establecidas en la Directiva 95/46/UE;
25. Pide a los Estados miembros que aumenten la cooperación judicial entre ellos basándose en los instrumentos disponibles a nivel de la UE, como por ejemplo el ECRIS, la orden de detención europea y el exhorto europeo de investigación, respetándose el principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales; pide asimismo a los Estados miembros que lleguen rápidamente a un acuerdo sobre todas las medidas propuestas, con arreglo a la hoja de ruta sobre garantías procesales, y que, como próximas medidas, presenten decisiones sobre la prisión preventiva y las condiciones de encarcelamiento;
26. Pide a los Estados miembros que inviertan en sus sistemas de justicia penal para garantizar investigaciones y enjuiciamientos adecuados, rápidos y respetuosos de los derechos humanos;
27. Reitera que la finalidad de nuestro sistema de justicia penal debe ser la rehabilitación de las personas, de modo que no vuelvan a suponer un riesgo para la sociedad en el momento de su reintegración; pide a los Estados miembros que inviertan en los recursos humanos necesarios para lograr este objetivo; expresa su apoyo a las iniciativas de desradicalización, como la desarrollada en la ciudad danesa de Aarhus;
28. Advierte contra la tentación de volver, en nombre de la seguridad, la estabilidad y la lucha contra el extremismo, a las prácticas anteriores —cortas de miras e ineficaces— de connivencia con regímenes autoritarios; insta a la UE a que, como parte de la revisión en curso de la política europea de vecindad, revise su estrategia para con el Mediterráneo meridional y se centre en el apoyo a aquellos países y actores que están realmente comprometidos con los valores compartidos y la reforma;
29. Pide políticas exteriores más coherentes dirigidas a las causas profundas del conflicto violento, el extremismo y la radicalización, como la fragilidad y el subdesarrollo, así como, en especial, de la creciente desigualdad en el mundo;
30. Subraya que la UE debe reforzar el diálogo político con el mundo musulmán para eliminar los vínculos entre el terrorismo y el Islam que dominan en la actualidad el debate público; reitera que la política exterior antiterrorista de la UE debe seguir fundamentalmente un enfoque de justicia penal que respete estrictamente el Derecho internacional de derechos humanos y el Derecho humanitario internacional y apoye los esfuerzos en materia de desradicalización y respuesta al extremismo violento; pide a la UE que no apoye las tendencias represivas en terceros países;
31. Insiste en que los proyectos de asistencia antiterrorista de la Comisión y los Estados miembros junto a terceros países deben respetar el Derecho en materia de derechos humanos y, en su caso, el Derecho humanitario internacional, en especial en lo que atañe a las garantías procesales; decide realizar una evaluación de las salvaguardias y las orientaciones de derechos humanos aplicadas por la UE y sus Estados miembros en los proyectos antiterroristas, en especial en los países vecinos meridionales; decide organizar una audiencia sobre control parlamentario de la legislación y las actividades antiterroristas con actores parlamentarios y de la sociedad civil de la zona euromediterránea;
32. Recuerda al Servicio Europeo de Acción Exterior, al Coordinador de la UE de la lucha contra el terrorismo y a los Estados miembros su compromiso, con arreglo al Plan de Acción de la UE para los derechos humanos y la democracia aprobado en junio de 2012, de garantizar que los derechos humanos sean abordados en todas las formas de diálogo antiterrorista con terceros países;
33. Recuerda a los Estados miembros y a las agencias de la UE las obligaciones que les incumben en virtud de la Carta de los Derechos Fundamentales y el Derecho internacional de derechos humanos, así como los objetivos de la política exterior de la UE, que les prohíben intercambiar datos de inteligencia que puedan llevar a la comisión de violaciones de los derechos humanos en un tercer país o usar información obtenida mediante tortura fuera de la UE;
34. Muestra su firme oposición al uso de drones para la ejecución extrajudicial de sospechosos de terrorismo y pide más transparencia y un mayor control del uso de los drones, incluida la adopción de una posición común de la UE que formalice un marco jurídico para el uso de los drones en línea con lo expresado en la Resolución del Parlamento de 27 de febrero de 2014[11];
35. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.