Documento de sesión

 

4.2.2015                                                                                                                  B8‑0124/2015

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

tras una declaración de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento

sobre las medidas antiterroristas

( 2015/2530(RSP) )

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán

en nombre del Grupo GUE/NGL

 

B8‑0124/2015

Resolución del Parlamento Europeo sobre las medidas antiterroristas

( 2015/2530(RSP) )

El Parlamento Europeo,

–       Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–       Vistos los artículos 2, 3 y 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–       Vistos los artículos pertinentes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–       Vista su Resolución, de 14 de diciembre de 2011, sobre la política antiterrorista de la UE: logros principales y retos futuros[1],

–       Vista su Resolución, de 10 de octubre de 2013, sobre la supuesta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos[2],

–       Vista su Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2012)[3],

–       Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2014, sobre el programa de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU., los órganos de vigilancia en diversos Estados miembros y su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE y en la cooperación transatlántica en materia de justicia y asuntos de interior[4],

–       Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo[5],

–       Visto el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), de 27 de octubre de 2010, titulado «Experiencias en materia de discriminación, marginación social y violencia: estudio comparativo entre jóvenes musulmanes y no musulmanes en tres Estados miembros de la UE»,

–       Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 8 de abril de 2014, por la que se anula la Directiva sobre conservación de datos,

–       Vista su reciente remisión al TJE del acuerdo PNE entre la UE y Canadá,

–       Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

–       Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.     Considerando que el respeto de los derechos fundamentales y las libertades civiles constituye un elemento esencial para el éxito de las políticas de lucha contra el terrorismo;

B.     Considerando que el reciente aumento del racismo, en particular el antisemitismo y la islamofobia, es extremadamente preocupante y no favorece un debate constructivo sobre la inclusión, sino que contribuye únicamente a alimentar una mayor polarización;

C.     Considerando que las investigaciones han demostrado que el hecho de sufrir discriminación y marginación social es uno de los principales factores que conducen a comportamientos violentos; que recientes investigaciones indican que la religión no tiene gran peso a la hora de explicar un comportamiento violento[6];

D.     Considerando que se necesita urgentemente una definición jurídica clara del concepto de «elaboración de perfiles» basada en los derechos fundamentales y las normas de protección de datos pertinentes con el fin de reducir la incertidumbre sobre las actividades que están prohibidas y las que no lo están;

E.     Considerando que el TJE ha declarado recientemente que la Directiva sobre conservación de datos es inválida por falta de proporcionalidad, y ha establecido en su sentencia condiciones claras que debe cumplir toda medida de recopilación y conservación de datos a gran escala para que sea considerada legal;

1.      Condena todos los atentados terroristas que se perpetran en todo el mundo; transmite sus sinceras condolencias a las víctimas de los atentados terroristas perpetrados recientemente en París y a sus familias, así como a las víctimas del terrorismo en todo el mundo;

2.      Pide a todos los Estados miembros que apliquen adecuadamente la Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos;

3.      Reitera su compromiso de defender la libertad de expresión, los derechos fundamentales, la democracia, la tolerancia y el Estado de Derecho, así como otros principios fundamentales reflejados en la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho internacional;

4.      Pide a los Estados miembros que dejen de apoyar política, económica o militarmente a regímenes o grupos terroristas que promueven o toleran actividades terroristas; subraya, en particular, la necesidad de que la UE, sus Estados miembros y los países socios fundamenten su estrategia de lucha contra el terrorismo internacional y cualquier otra forma de delincuencia, en el Estado de Derecho y el respeto a los derechos fundamentales; subraya, asimismo, que la acción exterior de la Unión en materia de lucha contra el terrorismo internacional debería, en primer lugar, tener como fin la prevención y la aplicación de una política que se oponga a cualquier tipo de intervención militar, debiendo, para ello, replantear la posición de la UE en las negociaciones internacionales, y destaca la necesidad de promover el diálogo, la tolerancia y la comprensión entre las diferentes culturas y religiones;

5.      Señala que, al igual que en el caso de atentados anteriores, las fuerzas de seguridad ya conocían a los autores de los atentados de París, los cuales habían sido objeto de investigaciones y medidas de vigilancia; insiste en que esto plantea la cuestión de hasta qué medida dichas autoridades podían haber hecho un mejor uso de los datos existentes y en su poder acerca de estas personas;

6.      Reitera su petición a la Comisión y al Consejo para que realicen una evaluación exhaustiva de las actuales medidas antiterroristas y de seguridad de la UE, en particular por lo que se refiere al respeto de los derechos humanos y las libertades civiles, consagrados en los Tratados, en la Carta de Derechos Fundamentales y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, recurriendo al procedimiento previsto en el artículo 70 del TFUE, y pide que publiquen dicha evaluación junto con el programa europeo sobre seguridad en mayo de 2015;

7.      Reitera su firme petición de que se lleve a cabo un control democrático y judicial y se desarrollen mecanismos de control en relación con las políticas antiterroristas, haciendo hincapié en la necesidad de derogar las medidas que, retrospectivamente, hayan demostrado no ser necesarias, eficaces ni proporcionadas para luchar contra el terrorismo; destaca asimismo la necesidad de investigar y reparar los casos de violaciones de los derechos fundamentales, así como de desarrollar nuevas formas de control democrático basadas en los poderes otorgados al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales por el Tratado de Lisboa;

Un planteamiento global para la lucha contra el terrorismo y la radicalización

8.      Se muestra convencido de que para prevenir la radicalización, el objetivo principal de cualquier sociedad debe ser trabajar en favor de la inclusión y la comprensión mutua de las creencias culturales, éticas y religiosas, fomentando así una tolerancia duradera;

9.      Pide a los Estados miembros que inviertan en sistemas y programas educativos que respeten la igualdad de oportunidades y reduzcan la discriminación social que comienza desde las primeras etapas de la escolarización, en particular formando al profesorado en cuestiones sociales y de diversidad;

10.    Advierte que la falta de perspectivas a largo plazo debida a la pobreza, el desempleo, la creación de guetos en los suburbios y la alienación de barrios enteros puede hacer que algunas personas se sientan desempoderadas y lleguen incluso a tener un comportamiento de autoempoderamiento destructivo que les lleve a unirse a organizaciones yihadistas o movimientos extremistas de ultraderecha; pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para reducir la pobreza, ofrecer perspectivas de empleo, capacitar y respetar a las personas, frenar los recortes en el ámbito de la protección social y los servicios públicos, que reducen drásticamente la capacidad de los entes locales, regionales y estatales de trabajar en favor de la resocialización, y proporcionar una asistencia social adecuada a las personas y las familias que viven en las zonas suburbanas más abandonadas;

11.    Destaca que la discriminación puede dar lugar a un aumento de la radicalización y de los modelos de violencia; señala que las normas en materia de igualdad y no discriminación se han de complementar con estrategias políticas específicas que aborden todas las formas de racismo, incluidos el antisemitismo y la islamofobia;

12.    Rechaza todo recurso a los perfiles raciales, étnicos y religiosos para destacar grupos específicos en relación con las medidas antiterroristas, ya que es contrario a los principios básicos democráticos de igualdad ante la ley y no discriminación; destaca los efectos desproporcionados en las comunidades musulmanas de las prácticas seguidas tras los atentados del 9 de septiembre;

13.    Manifiesta su apoyo a los programas financiados por Estados en cooperación con asociaciones locales de la sociedad civil que empoderan a las minorías étnicas y religiosas para que contribuyan a mejorar a medio y largo plazo la situación social y económica de sus comunidades respectivas;

Medidas de seguridad bien orientadas y respetuosas del Estado de Derecho

14.    Rechaza la falsa dicotomía entre seguridad y libertad; considera que la libertad individual y el respeto de los derechos fundamentales son una piedra angular y una condición fundamental de la seguridad en toda sociedad;

15.    Recuerda que toda medida de seguridad, incluidas las antiterroristas, debe concebirse con el fin de garantizar la libertad individual, ha de respetar plenamente en Estado de Derecho y estar sujeta a las obligaciones en materia de derechos humanos, en particular por lo que respecta a la vida privada y a la protección de datos, y debe siempre poder ser objeto de recurso judicial;

16.    Hace hincapié en que la prueba de la necesidad y la proporcionalidad de toda medida que limite derechos y libertades fundamentales adopta la forma de obligaciones jurídicas impuestas por la Carta; se opone, en este contexto, a la tendencia de aducir una justificación global de las medidas de seguridad consistente en una referencia general a su «utilidad» en la lucha contra el terrorismo o la delincuencia grave;

17.    Insiste en que todas las medidas de recopilación de datos deben basarse únicamente en un marco jurídico coherente para la protección de datos que ofrezca normas jurídicamente vinculantes de protección de los datos personales, en particular por lo que se refiere a la limitación de los fines, la reducción al mínimo de los datos, la información, el acceso, la corrección, la supresión y la reparación judicial;

18.    Se opone a la tendencia actual a crear un miedo paranoico con el fin de precipitar la adopción de nuevas medidas antiterroristas, como los PNR de la UE, antes de evaluar su necesidad desde el punto de vista jurídico o de haber realizado una evaluación del conjunto de las medidas existentes en la materia; hace hincapié en que en todos los Estados miembros existe ya un acervo legislativo considerable en materia de lucha antiterrorista y medidas relacionadas que incluye:

–  datos de los pasaportes de los pasajeros, que son comparados con los datos de las bases de datos de delincuentes conocidos y personas non gratas,

–  las autoridades con funciones coercitivas, que pueden acceder al teléfono y a los datos de pasajeros sospechosos o incluso de grupos de sospechosos cuando están vinculados a una amenaza concreta,

–  el Sistema de Información de Schengen, que permite la vigilancia de las personas y su rápida detención y extradición en casos en que representen una amenaza para la seguridad o tengan intención de cometer un delito;

19.    Subraya, por consiguiente, que autoridades con funciones coercitivas tienen que aprovechar todas las posibilidades existentes e intensificar, con carácter prioritario, su cooperación;

20.    Considera que una de las prioridades de la UE en su lucha contra la delincuencia grave y organizada a escala internacional ha de ser la lucha el tráfico de armas de fuego; considera, en particular, que se ha de impulsar la cooperación en lo que se refiere a los mecanismos de intercambio de información y al rastreo y la destrucción de armas prohibidas; destaca, a este respecto, la hipocresía de varios Estados miembros, que venden armas y equipos militares a grupos específicos de ciertas zonas en conflicto al mismo tiempo que condenan el uso de la fuerza;

21.    Pide la rápida aplicación de la Directiva contra el blanqueo de capitales, recientemente aprobada;

22.    Subraya que ya es posible efectuar controles selectivos a personas que disfrutan del derecho a la libre circulación, en el momento en que cruzan las fronteras exteriores, durante ciertos periodos de tiempo, en determinadas rutas o en determinados pasos fronterizos, en función del nivel de la amenaza; reitera que los Estados miembros deben aprovechar mejor el actual marco Schengen, en lugar de intentar reinstaurar controles fronterizos más allá de lo permitido actualmente;

23.    Pide a la Comisión que examine formalmente la propuesta de la UE relativa al PNR en relación con los criterios de necesidad y proporcionalidad fijados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia relativa a la Directiva sobre conservación de datos; encarga a su Servicio Jurídico que lleve a cabo una revisión similar en las seis semanas siguientes a la aprobación de la presente Resolución;

24.    Recuerda, a este respecto, que no hay una definición común de «terrorismo», lo que no hace más que contribuir a la ambigüedad de las medidas antiterroristas propuestas;

Seguridad de las tecnologías de la información

25.    Recuerda que las medidas que limitan los derechos fundamentales en internet para fines de lucha contra el terrorismo han de ser necesarias y proporcionadas; hace hincapié en que cualquier supresión de contenidos presuntamente delictivos solo debería efectuarse sobre la base de criterios específicos establecidos por ley, previa autorización judicial y respetando las garantías procesales adecuadas, y no mediante una actividad de vigilancia llevada a cabo por los proveedores de servicios de internet; recuerda, a este respecto, el derecho a la libertad de expresión recogido en la Carta y el peligroso recurso a la censura constatado en algunos terceros países y en Estados miembros, lo que, muy probablemente, produce un efecto amedrentador en la participación democrática libre y transparente de los ciudadanos;

26.    Subraya que el uso del cifrado por parte de los gobiernos, empresas y ciudadanos constituye un pilar fundamental de la seguridad informática europea; pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que se abstengan de todo intento de socavar la seguridad informática mediante la reglamentación del cifrado; hace hincapié en que la prohibición del uso del cifrado tiene el peligro de reducir el nivel de seguridad y aumentar nuestra vulnerabilidad frente a los ciberataques;

27.    Subraya la importancia del software gratuito y de código abierto en el marco de la seguridad informática, gracias al cual el código fuente públicamente disponible puede ser controlado de manera fácil e independiente;

28.    Recuerda el compromiso de la UE y de sus Estados miembros en la aplicación del principio de la protección de la intimidad desde el diseño en la legislación en materia de protección de datos;

29.    Pide la rápida adopción del paquete sobre protección de datos, incluida la adopción de un enfoque general en el Consejo que respete las normas mínimas establecidas en la Directiva 95/46/UE;

Dimensión judicial

30.    Pide a los Estados miembros que aumenten la cooperación judicial entre ellos basándose en los instrumentos disponibles a escala de la UE, como por ejemplo el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS), la orden de detención europea y la orden europea de investigación, en el respeto de la proporcionalidad y los derechos fundamentales; pide, asimismo, a los Estados miembros que lleguen rápidamente a un acuerdo sobre todas las medidas propuestas, con arreglo a la hoja de ruta sobre las garantías procesales, y que, como próximas medidas, presenten decisiones sobre la detención preventiva y las condiciones de encarcelamiento;

31.    Está convencido de que la finalidad de nuestro sistema de justicia penal debe ser la rehabilitación de las personas, de modo que no vuelvan a suponer un riesgo para la sociedad en el momento de su reintegración; pide a los Estados miembros que inviertan los recursos humanos necesarios para contribuir a la rehabilitación y la reinserción social de las personas que salen de la cárcel;

32.    Pide a los Estados miembros y a la Comisión que instalen sistemas de protección de denunciantes, o bien que los refuercen, en especial en el marco de las actividades de inteligencia y seguridad nacional;

Dimensión exterior

33.    Advierte contra la tentación de volver —en nombre de la seguridad, la estabilidad y la lucha contra el extremismo violento— a las prácticas anteriores, cortas de miras e ineficaces, de connivencia con regímenes autoritarios;

34.    Critica severamente el papel que en los últimos años han desempeñado las distintas intervenciones de Occidente respecto al fomento de la radicalización de personas, especialmente en Oriente Próximo y en los países vecinos del Sur; destaca que es preciso abandonar estas políticas, ya que promueven el terrorismo en lugar de combatirlo;

35.    Manifiesta su preocupación por el hecho de que las políticas de lucha contra el terrorismo de la UE se concentren en «soluciones» militares, lo que genera numerosos programas de asistencia militar para regímenes autoritarios, destinados a reforzar sus capacidades militares y, por tanto, a apoyar sus políticas represivas;

36.    Señala que el despliegue de fuerzas militares en un país está prohibido, en general, en varios Estados miembros; destaca que la cláusula de solidaridad (artículo 222 del TFUE) no debe utilizarse como instrumento para eludir estas restricciones nacionales; apunta el riesgo que conlleva el uso de la cláusula de solidaridad como medio para desplegar soldados en un Estado miembro bajo el pretexto de la lucha antiterrorista para combatir catástrofes causadas por el hombre, que también podrían abarcar a manifestantes, etc.; subraya que es preciso rechazar enérgicamente esta interpretación de la cláusula de solidaridad;

37.    Considera que la UE debe revisar drásticamente su política exterior y, en concreto, su estrategia para con el Mediterráneo meridional, como parte de la revisión en curso de la política europea de vecindad, debido a su fracaso; pide que la UE establezca un nuevo marco de relaciones con estos países y regiones basado en la no intervención en sus asuntos internos y en el respeto de su soberanía, y destinado a apoyar el desarrollo de las regiones vecinas y promover el empleo y la educación, en lugar de «acuerdos de asociación» que sirven principalmente para establecer zonas de libre comercio en beneficio de los intereses de las empresas del lado europeo;

38.    Reitera que los Estados miembros y, cuando proceda, la UE deben abordar las causas profundas del extremismo violento tratando el extremismo religioso de manera compatible con los derechos humanos y el Derecho internacional, en lugar de alentar o apoyar a los regímenes o grupos represivos en estos países;

39.    Insiste en que la cooperación en materia de seguridad —desde el intercambio de inteligencia hasta el Estado de Derecho, la reforma de la justicia y los programas de justicia penal, pasando por la externalización de las políticas de asilo, como en el proceso de Jartum— debe respetar estrictamente el Derecho internacional;

40.    Tiene el convencimiento de que, en el ámbito de la seguridad, la UE debe limitarse a los programas de cooperación centrados en la desradicalización y la respuesta al extremismo violento, cuando se considere adecuado, y debe abstenerse de imponer sus ideas económicas o políticas en Estados soberanos a través de sus políticas de dimensión exterior;

41.    Recuerda, en este sentido, su rechazo del Acuerdo de Asociación UE-Israel, habida cuenta del doble papel que la UE y muchos de sus Estados miembros desempeñan en el conflicto entre Israel y Palestina, que sigue alimentando la imagen de un doble rasero y un programa contra los musulmanes y los árabes;

42.    Pide una mayor transparencia y rendición de cuentas en las decisiones de política exterior relacionadas con la lucha contra el terrorismo; subraya la necesidad de disponer de procedimientos judiciales adecuados para particulares u organizaciones que deseen pedir la revisión judicial de toda decisión de la política exterior y de seguridad común (PESC) que les afecte;

43.    Se opone firmemente al uso de drones para la ejecución extrajudicial de sospechosos de terrorismo y pide la prohibición de dichos aparatos para fines de vigilancia y control de civiles;

44.    Solicita que la Comisión y los Estados miembros investiguen más a fondo la participación europea en el programa de entrega y tortura concebido por los Estados Unidos y hagan público el nivel de implicación y de complicidad de sus Gobiernos respecto a estas horrorosas prácticas ilegales, siguiendo el ejemplo establecido por el informe de la Comisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos;

45.    Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

[1] DO C 168 E de 14.6.2013, p. 45.
[2] Textos Aprobados, P7_TA(2013)0418
[3] Textos Aprobados, P7_TA(2013)0173
[4] Textos Aprobados, P7_TA(2014)0230
[5] DO L 315 de 14.11.2012, p. 57.
[6] Véase el informe elaborado por la FRA titulado ««Experiencias en materia de discriminación, marginación social y violencia: estudio comparativo entre jóvenes musulmanes y no musulmanes en tres Estados miembros de la UE».