Documento de sesión
4.2.2015 B8‑0125/2015
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Comisión
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
sobre las medidas de lucha contra el terrorismo
( 2015/2530(RSP) )
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD
Resolución del Parlamento Europeo sobre las medidas de lucha contra el terrorismo
( 2015/2530(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
– Vistos los artículos 2, 3 y 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE),
– Vistos los artículos pertinentes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
– Vista la Resolución 2178 (2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 24 de septiembre de 2014, sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas,
– Vista la estrategia de la Unión Europea de Lucha contra el Terrorismo de 2005[1],
– Vista su Resolución, de 14 de diciembre de 2011, sobre la política antiterrorista de la UE: logros principales y retos futuros[2],
– Vista la estrategia de la Unión Europea para luchar contra la radicalización y la captación de terroristas[3],
– Vista la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal,
– Vista su Resolución, de 10 de octubre de 2013, sobre la supuesta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos[4],
– Vista su Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2012)[5],
– Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2014, sobre el programa de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU., los órganos de vigilancia en diversos Estados miembros y su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE y en la cooperación transatlántica en materia de justicia y asuntos de interior[6],
– Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo[7],
– Vista la Estrategia de Seguridad Interna de la UE,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que muchos europeos han sentido los brutales atentados perpetrados el 7 de enero de 2015 contra el semanario satírico Charlie Hebdo como un ataque contra sus valores y su modo de vida, y que este atentado ha tenido un impacto considerable en el sentimiento de seguridad común entre los ciudadanos de la UE;
B. Considerando que el terrorismo amenaza seriamente la paz, la seguridad y la democracia a escala internacional con el fin de socavar las sociedades civiles plurales;
C. Considerando que el racismo y la xenofobia son violaciones directas de los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y Estado de Derecho, principios en los que se fundamenta la UE y que son comunes a los Estados miembros;
D. Considerando que la lucha contra el terrorismo es principalmente una competencia nacional y que en todos los Estados miembros de la UE hay ya una legislación antiterrorista y medidas relacionadas al respecto;
E. Considerando que no es necesario introducir nuevas medidas de lucha contra el terrorismo, sino más bien hacer un mejor uso de las normas, los mecanismos y las medidas ya existentes; que las autoridades con funciones coercitivas tienen que utilizar al máximo las posibilidades de que disponen y aumentar la cooperación entre ellas, en particular reforzando la cooperación judicial y policial mediante la creación de equipos conjuntos de investigación y contando con la asistencia de agencias de la UE como Europol, Eurojust y la Escuela Europea de Policía (CEPOL);
F. Considerando que el respeto de los derechos fundamentales es un elemento esencial para el éxito de las políticas de lucha contra el terrorismo; que todas las medidas que se tomen para luchar contra el terrorismo deben respetar necesariamente los derechos humanos y las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, y que en ningún caso deben privar a los ciudadanos de sus libertades civiles ni del derecho al control democrático;
G. Considerando que el principal objetivo de las políticas y acciones de lucha contra el terrorismo debe ser proteger y mejorar las bases de las sociedades democráticas reforzando las libertades civiles y el control democrático, garantizando la seguridad y la protección de los ciudadanos, identificando a las partes responsables de perpetrar actos de terrorismo y persiguiéndolas, respondiendo a las consecuencias de un atentado terrorista y centrándose en la prevención del extremismo violento y su escalada;
H. Considerando que una estrategia global de lucha contra el terrorismo debe incluir medidas destinadas a fortalecer la inclusión social, condenando y castigando cualquier comportamiento que incite a la violencia o al odio, diseñando y aplicando medidas destinadas a prevenir y contrarrestar la radicalización, reforzando la cooperación judicial y policial transfronteriza y estableciendo una definición legal uniforme de la noción de «elaboración de perfiles» basada en los derechos fundamentales y los estándares de protección de datos pertinentes;
I. Considerando que la eficacia de las políticas de lucha contra el terrorismo se debe medir en relación con estos objetivos;
1. Transmite sus condolencias a las víctimas de los atentados terroristas perpetrados recientemente en París y a sus familiares, así como a las víctimas del terrorismo en todo el mundo:
2. Pide a todos los Estados miembros que apliquen adecuadamente la Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos;
3. Reitera su compromiso con la defensa de la libertad de expresión, los derechos fundamentales, la democracia, la tolerancia y el Estado de Derecho;
4. Reitera que unas medidas de lucha contra el terrorismo eficaces no están en contradicción con el respeto de los derechos humanos, sino que se trata de objetivos complementarios que se apoyan mutuamente;
5. Subraya, en particular, la necesidad de que la UE, sus Estados miembros y los países socios fundamenten su estrategia de lucha contra el terrorismo internacional en el Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales; destaca, asimismo, que la acción exterior de la Unión en materia de lucha contra el terrorismo internacional debe dirigirse principalmente a la prevención, y resalta la necesidad de fomentar el diálogo, la tolerancia y el entendimiento entre las diferentes culturas y religiones;
6. Señala que, al igual que en el caso de atentados anteriores, las fuerzas de seguridad ya conocían a los autores de los atentados de París, quienes habían sido objeto de investigaciones y de medidas de vigilancia; insiste en que este hecho demuestra la necesidad de que las fuerzas de seguridad y las fuerzas policiales refuercen la cooperación y mejoren el intercambio de los datos y la información de que ya disponen, utilicen eficazmente las bases de datos de la UE y colaboren con las agencias de la UE;
7. Pide a la Comisión y al Consejo que realicen una evaluación exhaustiva de la medidas de lucha contra el terrorismo y conexas de la UE, en particular por lo que se refiere a su incorporación a la legislación y su aplicación práctica en los Estados miembros, al grado de cooperación de los Estados miembros con las agencias de la UE al respecto, en especial Europol y Eurojust, así como una evaluación complementaria de las lagunas existentes, haciendo uso del procedimiento previsto en el artículo 70 del TFUE, y que publiquen dicha evaluación junto con el programa europeo sobre seguridad;
8. Pide que se lleve a cabo un control democrático y judicial sólido de las políticas de lucha contra el terrorismo, haciendo hincapié en la necesidad de derogar aquellas medidas que, retrospectivamente, han demostrado no ser necesarias, eficaces ni proporcionadas para luchar contra el terrorismo; destaca asimismo la necesidad de investigar y reparar los casos de violación de los derechos fundamentales, así como de desarrollar nuevas formas de control democrático basadas en los poderes otorgados al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales por el Tratado de Lisboa;
Un enfoque global de la lucha contra el terrorismo y la radicalización
9. Pide que la atención se centre en el impacto de la cohesión social en la prevención de la participación de personas individuales en redes terroristas, investigando y abordando adecuadamente los factores sociales, psicológicos y económicos que contribuyen a la exclusión social y a la marginalización;
10. Pide a los Estados miembros que inviertan en políticas y programas educativos que respeten la igualdad de oportunidades, reduciendo la discriminación social ya desde las primeras etapas de la escolarización, y en particular formando al profesorado sobre cuestiones sociales y en materia de diversidad;
11. Advierte que la falta de perspectivas a largo plazo que generan la pobreza y el desempleo puede hacer que algunas personas se sientan desempoderadas y lleguen incluso a tener un comportamiento de autoempoderamiento destructivo que les lleve a unirse a organizaciones yihadistas o movimientos extremistas;
12. Pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos destinados a reducir la pobreza, garantizando una renta mínima, facilitando perspectivas de empleo, empoderando y respetando a las personas individuales, reduciendo los obstáculos al empleo y abordando la discriminación laboral;
13. Destaca que la discriminación puede dar lugar a un aumento de la radicalización y de los modelos de violencia; señala que las normas en materia de igualdad y no discriminación se han de complementar con estrategias políticas específicas que aborden todas las formas de racismo, incluidos el antisemitismo y la islamofobia;
14. Manifiesta su apoyo a los programas que empoderan a las minorías étnicas y religiosas para que contribuyan a mejorar a medio y largo plazo la situación social y económica de sus comunidades respectivas;
15. Considera que una de las prioridades de la UE en su lucha contra la delincuencia grave y organizada a escala internacional ha de ser la lucha contra el tráfico ilegal de armas de fuego; considera, en particular, que se ha de impulsar la cooperación en lo que se refiere a los mecanismos de intercambio de información y al rastreo y la destrucción de armas prohibidas; destaca, además que los Estados miembros han de respetar estrictamente la posición común por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares;
16. Pide la rápida aplicación de la Directiva contra el blanqueo de capitales aprobada recientemente, así como la aplicación de instrumentos importantes como la red de Unidades de Inteligencia Financiera de la UE y el Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo UE-EE.UU.;
17. Insiste en que los Estados miembros deben utilizar plenamente y mejor los instrumentos que ya existen en la actualidad en el marco de Schengen, y destinar a Frontex los recursos necesarios para garantizar una gestión eficaz de las fronteras exteriores de la UE;
18. Pide a la Comisión que examine la propuesta PNR de la UE en relación con los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Unión en la sentencia sobre la Directiva sobre conservación de datos;
19. Señala que las medidas que limitan los derechos fundamentales en Internet para fines de lucha contra el terrorismo han de ser necesarias y proporcionadas, y basarse, en particular, en una definición adecuada de terrorismo, algo que no existe en la actualidad; destaca, además, que la supresión de contenidos delictivos debe estar sujeta a una autorización judicial, y no llevarse a cabo mediante actividades de vigilancia privada realizadas por proveedores de servicios de Internet, ya que, de no ser así, las actividades de bloqueo podrían extenderse a un sinnúmero de otras formas de expresión que no tienen en absoluto nada que ver con el terrorismo; destaca que sin duda alguna algunos regímenes dictatoriales de terceros países intentarán copiar el enfoque de la UE;
20. Pide la rápida adopción del paquete de medidas sobre protección de datos, incluida la adopción de un enfoque general en el Consejo que respete las normas mínimas establecidas en la Directiva 95/46/UE;
21. Pide a los Estados miembros que aumenten la cooperación judicial entre sí basándose en los instrumentos disponibles a nivel de la UE, como por ejemplo el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS), la orden de detención europea y el exhorto europeo de investigación, en el respeto de la proporcionalidad y los derechos fundamentales; pide a los Estados miembros que lleguen rápidamente a un acuerdo sobre todas las medidas propuestas, con arreglo a la hoja de ruta sobre las garantías procesales, y que, como próximas medidas, presenten decisiones sobre la detención preventiva y las condiciones de encarcelamiento;
22. Destaca que el objetivo de nuestro sistema de justicia penal ha de ser rehabilitar a las personas y reintegrarlas en la sociedad; pide a los Estados miembros que elaboren políticas cuyo objetivo sea proporcionar a los condenados las competencias técnicas necesarias para ayudarles a acceder al empleo y que faciliten y apoyen su reincorporación a la sociedad;
Dimensión exterior
23. Advierte contra la tentación de volver, en nombre de la seguridad, la estabilidad y la lucha contra el extremismo, a las prácticas anteriores, cortas de miras e ineficaces de connivencia con regímenes autoritarios;
24. Pide que se mejore la cooperación en materia de seguridad con terceros países, sobre todo con los países vecinos meridionales; insiste en que esta cooperación –desde el intercambio de inteligencia al Estado de Derecho, la reforma de la justicia y los programas de justicia penal– debe respetar estrictamente el Derecho internacional y no ir en detrimento de otros objetivos de política exterior, en particular la promoción de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democratización;
25. Pide a la UE que, como parte de la revisión de la PEV en curso, examine su estrategia para con el Mediterráneo meridional y se centre en el apoyo a aquellos países que están realmente comprometidos con los valores comunes y la reforma;
26. Pide a la UE que aborde las causas profundas del extremismo, sin alentar o respaldar tendencias represivas, pero redoblando sus esfuerzos en favor de unos Estados incluyentes, pluralistas y que funcionen, capaces de ofrecer justicia y seguridad a sus ciudadanos y de abordar el extremismo religioso de manera compatible con la legislación en materia de derechos humanos;
27. Pide una mayor transparencia, responsabilidad y legalidad en las decisiones en materia de política exterior relacionadas con la lucha contra el terrorismo;
28. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.