Documento de sesión
27.4.2015 B8-0399/2015
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
sobre la situación en las Maldivas
( 2015/2662(RSP) )
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee, Malin Björk
en nombre del Grupo GUE/NGL
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en las Maldivas
( 2015/2662(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Maldivas, y en particular su Resolución de 16 de septiembre de 2014 sobre la situación política en Maldivas[1],
– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,
– Vista la declaración de la portavoz de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 14 de marzo de 2015, sobre la condena al expresidente de la República de Maldivas, Mohamed Nashid,
– Vista la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, de 13 de junio de 2013, sobre el proyecto de Directrices de la UE sobre promoción y protección de la libertad de religión o creencias[2],
– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular su artículo 18 y el Segundo Protocolo Facultativo, destinado a abolir la pena de muerte,
– Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
– Visto el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas,
– Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
– Vistas las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la pena de muerte, en particular la Resolución 69/186 de 18 de diciembre de 2014,
– Visto el comunicado de prensa de la portavoz del SEAE sobre la condena al expresidente de la República de Maldivas, Mohamed Nashid, de 14 de marzo de 2015,
– Visto el informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sobre las elecciones parlamentarias en Maldivas,
– Visto el comunicado conjunto local, de septiembre de 2014, de la Unión y las embajadas de los Estados miembros, así como las de Noruega y Suiza, sobre las amenazas que pesan sobre la sociedad civil y los derechos humanos en Maldivas;
– Visto el informe de Amnistía Internacional de 23 de abril de 2015 titulado «Maldives: Assault on Civil and Political Rights»,
– Visto el informe de Amnistía Internacional de 16 de abril de 2015 titulado «Suggested recommendations to States considered in the 22nd round of the Universal Periodic Review, 4-15 May 2015» y su capítulo sobre las Maldivas,
– Visto el informe de Amnistía Internacional de 13 de marzo de 2015 titulado «Maldives: 13 year sentence for former president "a travesty of justice"»,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que el primer presidente de la República de Maldivas elegido democráticamente, Mohamed Nashid, fue acusado de «terrorismo» y condenado el viernes 13 de marzo de 2015 a trece años de cárcel; considerando asimismo que el exministro de Defensa y un diputado han sido condenados en la misma causa, durante su mandato, por un presidente (Chief judge) del Tribunal Penal que fue acusado de corrupción en 2012; que dos de los tres jueces de esta causa fueron asimismo testigos contra Mohamed Nashid durante la instrucción del sumario;
B. Considerando que las Naciones Unidas y la Unión Europea han expresado serias dudas sobre la imparcialidad de la justicia maldiva en este asunto, teniendo en cuenta las posiciones de algunas ONG que alegan que podría tratarse de apartar del poder al expresidente Mohamed Nashid, elegido en 2008;
C. Considerando que el defensor de los derechos humanos y opositor político Mohamed Nashid purgó penas de prisión en múltiples ocasiones durante los treinta años que duró el régimen de Maumun Abdul Gayum; que cuatro años después de su llegada al poder se vio obligado a dimitir, fundamentalmente a raíz del levantamiento de la policía y del ejército;
D. Considerando que los abogados de Mohamed Nashid denunciaron un proceso irregular destinado a acabar con su carrera política; que se detuvo a algunas personas que se manifestaban en contra de la sentencia, entre ellas a diputados de su partido, el Partido Democrático Maldivo (PDM); considerando que los abogados de su partido han anunciado que recurrirán esta sentencia ante el Tribunal Supremo;
E. Considerando que el gobierno de Abdulá Yamín ha llevado a cabo campañas de represión contra las ONG, los periodistas y los opositores políticos;
F. Considerando que las próximas elecciones presidenciales se celebrarán en 2018;
G. Considerando que las primeras elecciones multipartidistas de 2008 y la aprobación de una nueva Constitución representaron una esperanza de democratización para acabar con el pasado autoritario del país; considerando, no obstante, que las elecciones presidenciales de 2013 y parlamentarias de 2014 demostraron que subsisten problemas de Estado de Derecho y de independencia del poder judicial, en concreto de delimitación precisa de las competencias de la comisión electoral, seis miembros de la cual fueron suspendidos y encarcelados;
H. Considerando que las autoridades judiciales maldivas se pronunciaron en contra de la Comisión de Derechos Humanos de las Maldivas poco después de la publicación de su informe a las Naciones Unidas sobre el examen periódico de 2015 de las Maldivas en septiembre de 2014; considerando que sus miembros han sido acusados de alta traición;
I. Considerando que el país es escenario de la aplicación de la Ley Islámica, de lapidaciones y flagelaciones, especialmente de mujeres acusadas de adulterio, de represión de los ateos y más en general de amenazas a la libertad de expresión;
J. Considerando que bandas armadas perpetran ataques contra los ciudadanos, algunos de ellos acusados de fomentar el ateísmo; considerando que este Parlamento trabaja por promover y proteger los principios de libertad de religión y creencias, para garantizar la paz entre creyentes por un lado y no creyentes y creyentes por otro; considerando que la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, de 13 de junio de 2013, sobre el proyecto de Directrices de la UE sobre promoción y protección de la libertad de religión o creencias «considera que el secularismo [...] conlleva el rechazo de cualquier interferencia religiosa en el funcionamiento del gobierno, así como de cualquier interferencia pública en materia religiosa»;
K. Considerando que en abril de 2014 se restableció la pena de muerte, incluso para los menores de edad y en algunos casos para niños a partir de los siete años, tras una moratoria de sesenta años; que la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe explícitamente la condena a la pena capital para los menores de dieciocho años, fue firmada y ratificada por Maldivas;
L. Considerando que siguen siendo insuficientes los esfuerzos de la comunidad internacional por atajar el cambio climático, que amenaza directamente a las cerca de 1 200 islas maldivas, con una altura media de dos metros sobre el nivel del mar; que el devastador tsunami de 2004 fue una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente;
1. Recuerda a la República de Maldivas sus compromisos internacionales en materia de independencia judicial y de respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, especialmente para asegurar en cualquier circunstancia la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo; considera esencial para el proceso de democratización del país la promoción de estos elementos;
2. Pide que, de recurrirse la sentencia que condena a prisión a Mohamed Nashid, se le garantice un juicio justo y transparente conforme a las normas internacionales;
3. Condena el acoso, la intimidación y la violencia que sufren los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los opositores políticos que expresan sus opiniones de forma pacífica; pide a las autoridades que liberen inmediatamente de prisión o prisión preventiva a las personas detenidas por motivos políticos;
4. Subraya la necesidad de que las autoridades maldivas garanticen la libertad de reunión y asociación y tomen todas las medidas necesarias para permitir a los defensores de los derechos humanos actuar con total libertad e independencia, así como que investiguen de forma imparcial todos los presuntos ataques;
5. Insta al gobierno maldivo a abolir inmediatamente la pena capital o, en su defecto, a restablecer la moratoria sobre el castigo más cruel, inhumano y degradante que existe, independientemente del delito cometido; invita en este sentido a la República de Maldivas a ratificar sin reservas el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; pide asimismo a las autoridades que instauren inmediatamente una moratoria sobre el castigo corporal, con vistas a abolirlo;
6. Reafirma la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, que incluye los derechos de creer y de no creer, de practicar la religión elegida por cada uno y de cambiar de religión; condena cualquier forma de discriminación o intolerancia; invita en este sentido a las autoridades maldivas a aplicar el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a revisar los artículos del Derecho nacional que limitan estos derechos;
7. Invita a la República de Maldivas a adherirse al Tratado sobre el Comercio de Armas y a aplicarlo sin demora; recuerda a las autoridades maldivas que la legislación contra el terrorismo no puede sustraerse de ningún modo al respeto de los derechos humanos y del Derecho internacional; recuerda, más en general que, en el mundo, los musulmanes son las primeras víctimas, en sentido propio y figurado, de la violencia terrorista y de la aparición de integrismos religiosos;
8. Expresa su preocupación por el clima de miedo y tensiones políticas que se instala en el país; invita a las autoridades maldivas, con vistas a los comicios de 2018, a tener en cuenta las recomendaciones del informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, especialmente por cuanto se refiere a la delimitación de las competencias de la comisión electoral, el respecto del voto secreto, la lucha contra el clientelismo y las financiaciones transparentes, para asegurar una competencia lo más justa posible;
9. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y la Asamblea Nacional de la República de Maldivas.