Documento de sesión
27.4.2015 B8-0401/2015
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
sobre la situación en Maldivas
( 2015/2662(RSP) )
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Maldivas
( 2015/2662(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vista la declaración del SEAE, de 14 de marzo de 2015, realizada por su portavoz, sobre la condena del expresidente de Maldivas, Mohamed Nasheed,
– Vista la declaración conjunta local de la UE, de 30 de septiembre de 2014, sobre las amenazas a la sociedad civil y los derechos humanos en Maldivas,
– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, del que Maldivas es Estado Parte,
– Vistos el Convenio sobre igualdad de remuneración de 1951 y el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) de 1958,
– Vistos el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de 1948 y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949,
– Visto el Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio de 1930,
– Visto el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada, de 15 de noviembre de 2000,
– Visto el informe de Amnistía Internacional sobre el asalto a los derechos civiles y políticos en Maldivas,
– Visto el informe definitivo sobre Maldivas de 2014 de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea,
– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que circulan noticias alarmantes sobre el rápido deterioro de los derechos humanos en Maldivas y que un informe publicado recientemente por Amnistía Internacional acusa a las autoridades maldivas de reprimir a manifestantes pacíficos y de silenciar a la sociedad civil y los medios de comunicación críticos, así como de abusar del sistema judicial para encarcelar a políticos de la oposición;
B. Considerando que hace poco se incoaron diligencias penales contra figuras prominentes de la oposición, incluido el exministro de Defensa Mohamed Nazim, el diputado Ahmen Nazim y el expresidente Mohamed Nasheed, que fue condenado en marzo a trece años de cárcel tras ser acusado de incitar al terrorismo durante su etapa como presidente;
C. Considerando que, en un primer momento, se levantaron todos los cargos en contra de Mohamed Nasheed, pero que, unos días después, el fiscal general volvió a presentar cargos contra él y ordenó su detención con arreglo a estrictas leyes antiterroristas; que Mohamed Nasheed fue llevado por la fuerza ante el tribunal y sus peticiones de hablar con los periodistas y de andar por sí mismo fueron rechazadas;
D. Considerando que el juicio al presidente Mohamed Nasheed presentó diversas irregularidades en todas sus fases, puesto que se le denegó en repetidas ocasiones la representación jurídica, se rechazó su derecho de apelación, se denegaron o se limitaron en gran medida los derechos de la defensa de llamar e interrogar a testigos, dos jueces presidentes del tribunal del caso actuaron como testigos de la acusación, la audiencia no fue pública y el proceso de apelación fue obstaculizado por los tribunales al no facilitar a tiempo la documentación necesaria; que se han observado hechos similares en otros casos, lo que pone de manifiesto una grave falta de independencia e imparcialidad en el sistema judicial;
E. Considerando que Amnistía Internacional ha descrito el proceso como un juicio muy deficiente, con motivaciones políticas y como una parodia de la justicia; que tres periodistas que han intentado investigar la detención y el juicio de Mohamed Nasheed también han sido arrestados sin las órdenes de detención correspondientes;
F. Considerando que, en febrero, unas 10 000 personas llevaron a cabo acciones de protesta en favor de la democracia y pidieron la liberación del expresidente, lo que encontró una dura respuesta por parte de las autoridades, y que, según el grupo de defensa de derechos, al menos 140 manifestantes pacíficos han sido arrestados desde febrero, algunos de ellos llevados ante el Tribunal Penal y liberados solo bajo la condición ilegal de no participar en más manifestaciones; que las autoridades maldivas no han garantizado a los manifestantes la libertad de expresar sus opiniones pacíficamente al prohibir ciertas horas y lugares para las protestas;
G. Considerando que las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos se enfrentan a cada vez más episodios de acoso, amenazas y ataques; que, en repetidas ocasiones, la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas (CDHM), cuya independencia constitucional debería ser custodiada por todas las demás instituciones estatales, ha sido acosada y acusada de alta traición y de menoscabar la Constitución tras la presentación del estado de los derechos humanos en Maldivas en el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas; que se ha amenazado a ONG con su retirada del registro;
H. Considerando que se ha producido una escalada de amenazas y ataques contra los medios de comunicación independientes y que los periodistas que cubren las manifestaciones corren el riesgo de ser atacados; que una encuesta encargada recientemente por la Comisión de control de radio y televisión de Maldivas reveló que el 84 % de los periodistas ha recibido amenazas; que los ataques a la libertad de expresión han adoptado una nueva forma, con grupos religiosos vigilantes o bandas de delincuentes que revientan las reuniones políticas o los actos sociales; que nadie ha respondido de estos ataques y amenazas ante la justicia;
I. Considerando que un número desconocido de aproximadamente 20 000 trabajadores extranjeros documentados e indocumentados en Maldivas (principalmente hombres procedentes de Bangladés y de la India, incluidos miles de empleados en complejos vacacionales de lujo) están sometidos a trabajos forzosos y son víctimas de un proceso de contratación fraudulento, de la confiscación de sus documentos de identidad y de viaje, de la retención o del impago de sus salarios y de la servidumbre por deudas;
J. Considerando que miles de trabajadores inmigrantes empleados en complejos vacacionales de lujo han sido informados de que tendrán que abandonar Maldivas si protestan contra la discriminación y la violencia, y que el controlador de la inmigración y la emigración del Gobierno maldivo ha afirmado que cualquier protesta por parte de los trabajadores inmigrantes supondría la transgresión de las condiciones de sus permisos de trabajo, lo que llevaría a la cancelación de sus visados sin ningún otro aviso;
K. Considerando que un reducido número de mujeres de Sri Lanka, Tailandia, India, China, Filipinas, Europa oriental, países de la antigua Unión Soviética, Bangladés y Maldivas son objeto de trata de personas con fines sexuales en Maldivas, y que algunos menores de ese país parecen ser sometidos a abusos sexuales y podrían ser víctimas de trabajo forzado;
L. Considerando que la UE envió una misión de observación electoral para las elecciones legislativas celebradas en 2014; que, a pesar de algunas deficiencias, se consideró que, en términos generales, las elecciones se habían celebrado en consonancia con las normas regionales e internacionales;
M. Considerando que, el 27 de abril de 2014, Maldivas restauró la pena de muerte; que niños de tan solo siete años pueden ser condenados a la ejecución una vez cumplan dieciocho años por ofensas a la «Hadd»;
N. Considerando que numerosos informes prevén la desaparición de Maldivas antes de 2100 debido al cambio climático, ya que casi el 80 % de las islas no alcanza el metro por encima del nivel del mar; que el cambio climático también conlleva problemas de contaminación del agua dulce y un declive del rendimiento de la pesca;
1. Manifiesta su profunda preocupación por la situación de continuo deterioro que sufren los derechos humanos en Maldivas y por el riesgo de que esta situación se agrave aún más si no se toman medidas al respecto;
2. Insta a que se vuelva a enjuiciar al expresidente Mohamed Nasheed, a Mohamed Nazim y a Ahmed Nazim, así como a todos aquellos que no tuvieron un juicio justo y libre, y cree que, si no se reparan todas las violaciones de sus derechos, deberían ser puestos en libertad inmediatamente; pide que se respeten sistemáticamente, en la legislación y en su aplicación práctica, todas las garantías reconocidas internacionalmente en favor de la equidad en los juicios, incluida la garantía del ejercicio del derecho a interponer un recurso, concediendo un tiempo razonable para apelar y garantizando un acceso rápido a los documentos necesarios;
3. Pide al Gobierno que refuerce la independencia y la imparcialidad del sistema judicial; insta a las autoridades a que investiguen las violaciones de los principios de juicio justo y garantías procesales mediante un proceso independiente e imparcial y que obliguen a los responsables de dichas violaciones a rendir cuentas de sus actos;
4. Recuerda al Gobierno de Maldivas que la Constitución de su país garantiza el derecho a manifestarse a todas las personas que viven en territorio maldivo, que establecer condiciones para evitar la participación en manifestaciones pacíficas es ilegal y que una cláusula de un contrato no puede anular las disposiciones de la Constitución;
5. Pide a las autoridades que investiguen en profundidad todas las denuncias de amenazas y violencia por parte de agentes de policía o de cualquier otro cuerpo durante las asambleas públicas y que garantice que los responsables sean llevados ante la justicia y sometidos a un juicio justo;
6. Recuerda que la libertad de los medios de comunicación es fundamental para el buen funcionamiento de una democracia; pide al Gobierno y a las autoridades de Maldivas que garanticen la protección adecuada de los periodistas y de los defensores de los derechos humanos que deben hacer frente a amenazas y ataques debido a su trabajo legítimo y que investigue dichas amenazas y ataques; pide al Gobierno maldivo que condene públicamente los ataques y que defienda, explícita y públicamente, la legitimidad del trabajo de los medios de comunicación y de las organizaciones de la sociedad civil;
7. Insta a las autoridades de Maldivas a que dejen de amenazar con represalias a las organizaciones defensoras de los derechos humanos por su trabajo y que garanticen la protección adecuada de aquellas que hayan sido atacadas; pide que la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas pueda llevar a cabo su misión sin sufrir ninguna forma de intimidación;
8. Pide a las autoridades locales que observen plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de seres humanos; alaba los esfuerzos realizados para hacer frente al problema y los progresos alcanzados, pero insiste en que las disposiciones de la legislación contra la trata deben ponerse en práctica rápidamente ya que persisten problemas graves en cuanto a la aplicación de la ley y la protección de las víctimas;
9. Pide al Gobierno que refuerce la ejecución de la Ley de prevención de la trata de seres humanos, en especial intensificando la creación de capacidades para los agentes de las fuerzas de seguridad y de las patrullas fronterizas a fin de que puedan identificar mejor a posibles víctimas de la trata de seres humanos;
10. Pide al Gobierno que elabore directrices para que los funcionarios públicos puedan identificar activamente a las víctimas entre los grupos vulnerables, como los migrantes indocumentados y las mujeres que ejercen la prostitución, ofreciendo formación a los funcionarios acerca de su utilización, y que desarrolle procedimientos sistemáticos para la atención de las víctimas por parte de cuidadores, ofreciendo asimismo formación a los funcionarios acerca de su utilización;
11. Recuerda que Maldivas ratificó los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); pide al Gobierno que establezca métodos de detección del trabajo forzoso; lamenta que las autoridades no hayan sometido a un procedimiento penal a ningún agente de contratación laboral o empresa por prácticas fraudulentas o por retener los pasaportes de los empleados extranjeros, así como que miles de inmigrantes fuesen deportados sin investigar si habían sido objeto de prácticas de trabajos forzosos;
12. Pide al Gobierno que garantice que las víctimas no sean sancionadas por actos cometidos a consecuencia de la trata de seres humanos; pide a las autoridades que se esfuercen más por investigar y perseguir las actividades sospechosas de estar relacionadas con la trata de seres humanos, respetando las garantías procesales, y que refuercen su labor de control y sanción de los agentes de contratación laboral y las empresas que lleven a cabo prácticas fraudulentas;
13. Pide al Gobierno que modifique la Ley de prevención de la trata de seres humanos para velar por que las víctimas que entren en Maldivas de forma ilegal puedan acceder a servicios de rehabilitación, si desean permanecer en el país, y que establezca prohibiciones para que las empresas y las agencias gubernamentales no puedan retener los pasaportes;
14. Considera que, para abordar la trata de seres humanos, es preciso un enfoque transnacional, ya que esta práctica suele estar asociada a la delincuencia organizada transnacional; pide a las autoridades maldivas que colaboren con sus homólogos y vecinos extranjeros por lo que respecta a las investigaciones transnacionales destinadas a desmantelar las organizaciones delictivas;
15. Observa que el Gobierno de Maldivas no ha informado acerca de ninguna investigación, proceso o condena de empleados públicos cómplices de la trata de seres humanos, a pesar de que se ha denunciado la posible implicación de alguno de ellos; pide al Gobierno que ponga en marcha una investigación exhaustiva sobre estas denuncias y que pida cuentas a las personas implicadas en dichas actividades;
16. Acoge con satisfacción la campaña de sensibilización contra la trata de seres humanos puesta en marcha por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la apertura de un refugio gestionado por el Estado para las mujeres víctimas de la trata de seres humanos; pide al Gobierno que vuelva a abrir una línea directa para migrantes y que publique un informe de evaluación de las medidas que ha adoptado contra la trata de seres humanos;
17. Pide al Gobierno que mejore la coordinación entre ministerios por lo que respecta a las cuestiones de trata de seres humanos y que suscriba el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños de 2000, así como la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990;
18. Manifiesta su profunda preocupación por la restauración de la pena de muerte en Maldivas, que infringe una moratoria de facto aplicada desde 1953; recuerda que la UE mantiene una posición firme y basada en principios contra la pena de muerte y que su abolición es uno de los objetivos fundamentales de la actuación de la UE a escala internacional; insta al Gobierno maldivo a reconsiderar su acción y a trabajar en pro de la abolición completa de esta práctica;
19. Recuerda que Maldivas estaba al frente de la lucha contra el cambio climático; expresa su preocupación por el hecho de que los últimos acontecimientos no solo amenazan gravemente el respeto de los derechos humanos y de la democracia, sino que también ponen en peligro la capacidad del país para liderar de forma creíble la labor de definición de una estrategia mundial contra el cambio climático, algo necesario para su propia supervivencia;
20. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de Maldivas.