Documento de sesión
28.4.2015 B8-0403/2015
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras las preguntas con solicitud de respuesta oral B8-0115/2015 y B8-0116/2015
presentada de conformidad con el artículo 128, apartado 5, del Reglamento
sobre la destrucción de lugares de interés cultural perpetrada por el EI/Daesh
(2015/2649(RSP))
Silvia Costa, Sylvie Guillaume, Krystyna Łybacka, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Luigi Morgano, Liliana Rodrigues, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Afzal Khan
en nombre del Grupo S&D
B8-0403/2015
Resolución del Parlamento Europeo sobre la destrucción de lugares de interés cultural perpetrada por el EI/Daesh
(2015/2647(RSP))
El Parlamento Europeo,
– Visto el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el que se prevé que la «acción de la Unión favorecerá la cooperación entre Estados miembros», en particular en el ámbito de «la conservación y protección del patrimonio cultural de importancia europea», y que la «Unión y los Estados miembros fomentarán la cooperación con los terceros países y con las organizaciones internacionales competentes en el ámbito de la cultura»,
– Visto el Reglamento (CE) nº 116/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la exportación de bienes culturales[1],
– Visto el Reglamento (CE) nº 1210/2003 del Consejo, de 7 de julio de 2003, relativo a determinadas restricciones específicas aplicables a las relaciones económicas y financieras con Iraq y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2465/96 del Consejo[2],
– Visto el Reglamento (UE) nº 1332/2013 del Consejo, de 13 de diciembre de 2013, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria[3], adoptado sobre la base de la Decisión 2013/760/PESC del Consejo, de 13 de diciembre de 2013, por la que se modifica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria[4],
– Vista la Acción común 2001/555/PESC del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a la creación de un centro de satélites de la Unión Europea[5], modificada por la Acción común 2009/834/PESC del Consejo[6],
– Vista la Resolución del Consejo, de octubre de 2012, sobre la creación de una red informal de autoridades de las fuerzas de seguridad y de especialistas competentes en el ámbito de los bienes culturales (EU CULTNET),
– Vista la Convención de la Unesco sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, de 14 de noviembre de 1970,
– Visto el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, de 1999,
– Vista la Convención de la Unesco sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, de 16 de noviembre de 1972,
– Vista la Convención de la Unesco para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, de 17 de octubre de 2003,
– Vista la Convención de la Unesco sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, de 20 de octubre de 2005,
– Visto el Convenio de Unidroit sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente, de 1995,
– Vista la Resolución 2199 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 12 de febrero de 2015, sobre las amenazas a la paz y la seguridad internacionales generadas por los actos terroristas de Al Qaeda,
– Vista la Carta de Venecia sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios, de 1964, que proporciona un marco internacional para la preservación y la restauración de edificios antiguos,
– Visto el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, adoptado el 17 de julio de 1998, y, en particular, su artículo 8, apartado 2, letra b), inciso ix), en el que se reconoce como crimen de guerra el acto de «dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares»,
– Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2015, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2013) y la política de la Unión Europea al respecto, y en particular su apartado 211, que prevé que «cualesquiera formas de destrucción intencionada del patrimonio cultural y artístico, como las que se están produciendo actualmente en Irak y Siria, deben ser perseguidas como delitos de guerra y como delitos contra la humanidad»[7],
– Vistas las preguntas al Consejo sobre la destrucción de lugares de interés cultural perpetrada por el EI/Daesh (O-000031/2015 – B8-0115/2015 y O-000032/2015 – B8-0116/2015),
– Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que numerosos sitios arqueológicos, religiosos y culturales de Siria, Irak y Túnez han sido recientemente objeto de una destrucción deliberada llevada a cabo por grupos extremistas vinculados en particular con el Estado Islámico de Irak y Siria (EI/Daesh) y que la Directora General de la Unesco, Irina Bokova, ha definido estos ataques sistemáticos contra el patrimonio cultural como «limpieza cultural»;
B. Considerando que, según la Unesco, el término «limpieza cultural» se refiere a una estrategia intencionada que busca destruir la diversidad cultural a través de la persecución deliberada de personas elegidas sobre la base de su origen cultural, étnico o religioso, combinada con ataques deliberados de sus lugares de culto, memoria y educación, y que la estrategia de limpieza cultural puede atestiguarse en Irak y Siria y se refleja en los ataques contra el patrimonio cultural, dirigidos tanto contra expresiones culturales físicas, materiales y construidas, tales como monumentos y edificios, como contra minorías y expresiones culturales inmateriales, tales como costumbres, tradiciones y creencias[8];
C. Considerando que algunos actos de destrucción del patrimonio cultural se han catalogado, en determinadas circunstancias, como crímenes contra la humanidad[9]; que, en concreto, cuando se dirigen contra miembros de un grupo religioso o étnico, pueden asimilarse al crimen de persecución, tal como se establece en el artículo 7, apartado 1, letra h), del Estatuto del Tribunal Penal Internacional;
D. Considerando que tales actos de destrucción de lugares y objetos de interés cultural e histórico no son nuevos y no se limitan a Irak y Siria; que, según la Unesco, «el patrimonio cultural es un componente importante de la identidad cultural de las comunidades, los grupos y los individuos, y de la cohesión social, por lo que su destrucción deliberada puede menoscabar tanto la dignidad como los derechos humanos»[10]; que, tal como afirma la Unesco, entre otros, el producto del saqueo y el contrabando de objetos y lugares de interés cultural y religioso en Siria e Irak, en particular por parte del EI/Daesh, se está utilizando para contribuir a financiar las actividades terroristas de dicho grupo, por lo que los bienes artísticos y culturales se están convirtiendo en «armas de guerra»;
E. Considerando que, el 1 de marzo de 2014, gracias a la financiación de la Unión Europea, la Unesco, junto con otros socios estratégicos, puso en marcha un proyecto de tres años denominado «Salvaguardia de emergencia del patrimonio cultural sirio», con el principal objetivo de garantizar urgentemente la protección del patrimonio cultural del país;
F. Considerando que la Unión Europea ha ratificado la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, adoptada el 20 de octubre de 2005, que es el primer instrumento internacional que reconoce el carácter dual, económico y cultural de los bienes culturales, que «por consiguiente no deben tratarse como si solo tuviesen un valor comercial»;
G. Considerando la importancia de la Convención de la Unesco sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, adoptada el 17 de noviembre de 1970, y el Convenio de Unidroit sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente, adoptado el 24 de junio de 1995, que constituyen instrumentos esenciales para mejorar la protección del patrimonio cultural mundial;
H. Considerando que el comercio ilegal de bienes culturales es hoy el tercer comercio ilegal por orden de importancia, tras las drogas y las armas; que este comercio está dominado por redes de delincuencia organizada y que los mecanismos nacionales e internacionales en vigor no disponen ni del equipo ni del apoyo adecuados para afrontar el problema[11];
I. Considerando que, si bien la lucha contra el tráfico ilegal de bienes culturales no es una competencia específica de la Unión Europea, en la medida en que no se recoge como tal en los Tratados, sí que se incluye en varios ámbitos de competencia de la UE, como el mercado interior, el espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ), la cultura y la política exterior y de seguridad común (PESC);
J. Considerando la necesidad urgente de coordinar mejor la lucha contra el comercio ilegal de bienes culturales y de colaborar estrechamente con el fin de fomentar la sensibilización y la difusión de información y de lograr fortalecer los marcos jurídicos; que, en este contexto, en diciembre de 2011, las Conclusiones del Consejo sobre la prevención de los delitos contra bienes culturales recomendaban, entre otras cosas, que los Estados miembros estrecharan la cooperación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, las autoridades culturales y las organizaciones privadas;
K. Considerando que, en octubre de 2012, se creó mediante una Resolución del Consejo una red informal de autoridades de las fuerzas de seguridad y de especialistas competentes en el ámbito de los bienes culturales (EU CULTNET), cuyo principal objetivo es mejorar el intercambio de información relativo a la prevención del tráfico ilegal de bienes culturales, así como recopilar y compartir información sobre redes delictivas sospechosas de participar en el comercio ilegal;
L. Considerando que el sábado 28 de marzo de 2015 la Directora General de la Unesco, Irina Bokova, puso en marcha en Bagdad la campaña #Unite4Heritage, que busca movilizar un apoyo mundial para la protección del patrimonio cultural, utilizando la fuerza de las redes sociales;
1. Condena firmemente la destrucción de lugares de interés cultural, arqueológico y religioso perpetrada por el EI en Siria e Irak;
2. Pide a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que adopte las medidas oportunas en el ámbito político, de conformidad con la Resolución 2199 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 12 de febrero de 2015, con miras a poner fin al comercio ilegal de bienes culturales procedentes de Siria e Irak mientras persistan las condiciones de guerra en dichos territorios, lo que evitaría que se utilizaran como fuente de financiación de actividades terroristas;
3. Pide a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que utilice la diplomacia cultural y el diálogo intercultural como instrumentos para reconciliar a las distintas comunidades y reconstruir los lugares destruidos;
4. Sugiere, en este contexto, a la Comisión que, con arreglo al apartado 17 de la Resolución 2199 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 12 de febrero de 2015, se concentre en la prevención y la lucha contra el tráfico ilegal de bienes culturales, en especial por lo que respecta a los objetos del patrimonio cultural exportados ilegalmente de Irak desde el 6 de agosto de 1990 y de Siria desde el 15 de marzo de 2011; considera que la Comisión debe establecer un enfoque coordinado para combatir este tráfico ilegal, trabajando junto a los responsables de los servicios de investigación a escala nacional y en estrecha colaboración con la Unesco y otras organizaciones internacionales como el ICOM (Consejo Internacional de Museos), el Comité Internacional del Escudo Azul (ICBS) del ICOM, Europol, Interpol, Unidroit (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado) y la OMA (Organización Mundial de Aduanas);
5. Pide a la Comisión que presente una solicitud a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a fin de que el Centro de Satélites de la Unión Europea en Torrejón, que asiste en el proceso de toma de decisiones de la UE en el marco de la PESC proporcionando material resultante del análisis de las imágenes obtenidas por satélite, se implique a fin de vigilar y elaborar una lista de yacimientos arqueológicos y lugares de interés cultural en Siria e Irak y de apoyar las actividades de los arqueólogos sirios, con el objetivo de prevenir nuevos saqueos y de salvar vidas de civiles;
6. Pide a la Comisión que cree un intercambio de información rápido y seguro y una puesta en común de las mejores prácticas entre los Estados miembros con miras a combatir de manera eficaz el tráfico ilegal de bienes culturales extraídos ilegalmente de Irak y Siria, y que considere la posibilidad de establecer programas europeos de formación, destinados a jueces, policía y funcionarios de aduanas, administraciones públicas y, más en general, agentes del mercado, con el fin de permitir a aquellos que luchan contra el tráfico ilegal de bienes culturales desarrollar y aumentar sus conocimientos especializados;
7. Pide a la Comisión que apoye la campaña #Unite4Heritage de la Unesco mediante una campaña de información centrada en Irak y Siria, con el objetivo de sensibilizar acerca de la importancia de su patrimonio cultural, de la manera en que los beneficios del saqueo se utilizan para financiar actividades terroristas y de las posibles sanciones asociadas a la importación ilegal de bienes culturales procedentes de estos países o de otros terceros países;
8. Pide a la Comisión que revise el Reglamento (CE) nº 116/2009 del Consejo relativo a la exportación de bienes culturales a fin de lograr un mayor nivel de eficiencia y que prevea la creación de un instrumento para controlar las importaciones de bienes culturales en la UE;
9. Pide al Consejo que considere la creación, en Eurojust y Europol, de una sección especializada en el tráfico ilegal de bienes culturales, que sería responsable de coordinar, a escala europea, el enjuiciamiento y la investigación por las distintas autoridades nacionales, pues la existencia de secciones específicas es un requisito previo para una mejor utilización de los recursos a la hora de prevenir y combatir el comercio y el tráfico ilegales;
10. Pide a la Unión Europea que adopte las medidas necesarias, en colaboración con la Unesco y el Tribunal Penal Internacional, para ampliar la categoría de crímenes contra la humanidad reconocida por el Derecho internacional de manera que incluya aquellos actos que, de manera deliberada, dañan o destruyen a gran escala el patrimonio cultural de la humanidad;
11. Pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que ratifiquen la Convención de la Unesco sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales de 1970 y el Convenio de Unidroit de 1995;
12. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Directora General de la Unesco, al Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, a la Coalición Nacional Siria y al Gobierno y al Parlamento de Irak.