Documento de sesión
27.4.2015 B8-0405/2015
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras las preguntas con solicitud de respuesta oral B8‑0115/2015 y B8‑0116/2015
presentada de conformidad con el artículo 128, apartado 5, del Reglamento
sobre la destrucción de lugares de interés cultural perpetrada por el EI/Daesh
( 2015/2649(RSP) )
Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Martina Michels, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza
en nombre del Grupo GUE/NGL
Resolución del Parlamento Europeo sobre la destrucción de lugares de interés cultural perpetrada por el EI/Daesh
( 2015/2649(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Visto el artículo 167 del TFUE, en el que se prevé que la «acción de la Unión favorecerá la cooperación entre Estados miembros», especialmente en el ámbito de «la conservación y protección del patrimonio cultural de importancia europea» y que la «Unión y los Estados miembros fomentarán la cooperación con los terceros países y con las organizaciones internacionales competentes en el ámbito de la cultura»,
– Visto el Reglamento (CE) nº 116/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la exportación de bienes culturales[1],
– Visto el Reglamento (CE) nº 1210/2003 del Consejo, de 7 de julio de 2003, relativo a determinadas restricciones específicas aplicables a las relaciones económicas y financieras con Iraq y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2465/96 del Consejo[2],
– Visto el Reglamento (UE) nº 1332/2013 del Consejo, de 13 de diciembre de 2013[3], por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 36/2012[4] relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria, adoptado sobre la base de la Decisión 2013/760/PESC del Consejo, de 13 de diciembre de 2013, por la que se modifica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria[5],
– Vista la Acción común 2001/555/PESC del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a la creación de un centro de satélites de la Unión Europea[6], modificada por la Acción común 2009/834/PESC del Consejo[7],
– Vista la Resolución del Consejo, de octubre de 2012, sobre la creación de una red informal de autoridades de las fuerzas de seguridad y de especialistas competentes en el ámbito de los bienes culturales (EU CULTNET),
– Vista la Convención de la Unesco sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, de 1970,
– Vista la Convención de La Haya para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, de 14 de mayo de 1954,
– Vista la Convención de la Unesco sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, de 14 de noviembre de 1970,
– Vista la Convención de la Unesco sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, de 16 de noviembre de 1972,
– Vista la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, de 17 de octubre de 2003,
– Vista la Convención de la Unesco sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, de 20 de octubre de 2005,
– Vista la Convención Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente, de 1995,
– Vista la Resolución 2199 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 12 de febrero de 2015, sobre las amenazas a la paz y la seguridad internacionales generadas por los actos terroristas de Al-Qaida[8],
– Vista la Carta de Venecia sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios, de 1964, que proporciona un marco internacional para la preservación y la restauración de edificios antiguos,
– Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998, y, en particular, su artículo 8, apartado 2, letra b), inciso ix), en el que se entiende por crímenes de guerra «los ataques dirigidos intencionalmente contra edificios dedicados al culto religioso, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares»,
– Vista su Resolución sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2013) y la política de la Unión Europea al respecto, de 12 de marzo de 2015[9] , en la que afirma, en su apartado 211, que «cualesquiera formas de destrucción intencionada del patrimonio cultural y artístico, como las que se están produciendo actualmente en Irak y Siria, deben ser perseguidas como delitos de guerra y como delitos contra la Humanidad»,
– Vistas las preguntas al Consejo y a la Comisión sobre la destrucción de lugares de interés cultural perpetrada por el EI/Daesh ( O-000031/2015 – B8-0115/2015 y O-000032/2015 – B8-0116/2015 ),
– Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que numerosos sitios arqueológicos, religiosos y culturales de Siria, Irak y Túnez han sido recientemente objeto de una destrucción deliberada llevada a cabo por grupos extremistas vinculados en particular al Estado Islámico de Irak y Siria (EI/Daesh), y que la directora general de la Unesco, Irina Bokova, ha definido estos ataques sistemáticos contra el patrimonio como «limpieza cultural»;
B. Considerando que, según la Unesco, el término «limpieza cultural» se refiere a una estrategia intencionada que busca destruir la diversidad cultural a través de la persecución deliberada de personas elegidas sobre la base de su origen cultural, étnico o religioso, combinada con ataques deliberados de sus lugares de culto, memoria y educación, y que la estrategia de limpieza cultural puede verse en Irak y Siria y se refleja en los ataques contra el patrimonio cultural, es decir, contra expresiones culturales físicas, materiales y construidas, tales como monumentos y edificios, además de contra minorías y expresiones culturales inmateriales tales como costumbres, tradiciones y creencias;
C. Considerando que algunos actos de destrucción del patrimonio cultural se han considerado, en determinadas circunstancias, crímenes contra la humanidad[10]; que, cuando esos actos se dirigen contra miembros de un grupo religioso o étnico en particular, pueden asimilarse al crimen de persecución, tal como se establece en el artículo 7, apartado 1, letra h), del Estatuto de la Corte Penal Internacional;
D. Considerando que tales actos de destrucción de lugares y objetos de interés cultural e histórico no son nuevos y no se limitan a Irak y Siria, y que, según la Unesco, «el patrimonio cultural es un componente importante de la identidad cultural de las comunidades, los grupos y los individuos, y de la cohesión social, por lo que su destrucción deliberada puede menoscabar tanto la dignidad como los derechos humanos»[11]; que, tal como afirman la Unesco y otros, el saqueo y el contrabando de objetos y lugares de interés cultural y religioso en Siria e Irak, en particular por parte del EI/Daesh, se está utilizando para contribuir a financiar las actividades terroristas de dicho grupo, por lo que los bienes artísticos y culturales se están convirtiendo en «armas de guerra»;
E. Considerando que, gracias a la financiación de la Unión Europea, la Unesco, junto con otros socios estratégicos, puso en marcha el 1 de marzo de 2014 un proyecto de tres años denominado «Salvaguardia de emergencia del patrimonio cultural sirio», con el principal objetivo de garantizar urgentemente la protección del patrimonio cultural del país;
F. Considerando que la Unión Europea ha ratificado la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, firmada el 20 de octubre de 2005, primer instrumento internacional que reconoce el carácter dual, económico y cultural, de los bienes culturales, que «por consiguiente no deben tratarse como si solo tuviesen un valor comercial»;
G. Considerando que el Convenio de la Unesco sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, firmado el 17 de noviembre de 1970, y la Convención Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente, firmada el 24 de junio de 1995, constituyen instrumentos esenciales para mejorar la protección del patrimonio cultural mundial;
H. Considerando que el comercio ilegal de bienes culturales es hoy el tercer comercio ilegal por orden de importancia, tras las drogas y las armas; que este comercio está dominado por redes de delincuencia organizada y que los mecanismos nacionales e internacionales en vigor no disponen ni del equipo ni del apoyo adecuados para afrontar el problema[12];
I. Considerando que la lucha contra el tráfico ilegal de bienes culturales no es competencia específica de la Unión Europea, en la medida en que no se recoge como tal en los Tratados, pero que, sin embargo, la lucha contra el comercio ilegal se incluye en varios ámbitos de competencia de la UE, como el mercado interior, el espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ), la cultura y la política exterior y de seguridad común (PESC);
J. Considerando la urgente necesidad de coordinar mejor la lucha contra el comercio ilegal de bienes culturales y de colaborar estrechamente con el fin de fomentar la sensibilización y la difusión de información y de lograr fortalecer los marcos jurídicos; recordando que, en este contexto, en diciembre de 2011, las Conclusiones del Consejo sobre la prevención de los delitos contra bienes culturales recomendaban, entre otras cosas, que los Estados miembros estrecharan la cooperación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, las autoridades culturales y las organizaciones privadas;
K. Considerando que, en octubre de 2012, mediante una Resolución del Consejo, se creó una red informal de autoridades de las fuerzas de seguridad y de especialistas competentes en el ámbito de los bienes culturales cuyos objetivos principales consisten en mejorar el intercambio de información en relación con la prevención del tráfico ilegal de bienes culturales, determinar cuáles son las redes delictivas sospechosas de participar en el comercio ilegal e intercambiar información sobre ellas;
L. Considerando que el sábado 28 de marzo la directora general, Irina Bokova, lanzó en Bagdad la campaña #Unite4Heritage, que busca movilizar el apoyo mundial para la protección del patrimonio cultural, utilizando la fuerza de las redes sociales;
1. Condena enérgicamente las brutales destrucciones cometidas en sitios arqueológicos, religiosos y culturales de Siria e Irak por grupos vinculados al EI/Daesh;
2. Condena enérgicamente el apoyo (financiero, en armamento, entrenamiento, etc.) que los EE.UU., la UE, la OTAN y las monarquías de la región del Golfo han prestado a los grupos terroristas que están destruyendo lugares de interés cultural en Siria e Irak;
3. Pide a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que adopte las medidas oportunas en el ámbito político, de conformidad con la Resolución 2199 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 12 de febrero de 2015, para poner fin al comercio ilegal de bienes culturales procedentes de Siria e Irak mientras persistan las condiciones de guerra en dichos territorios, lo que evitaría que se utilizaran como fuente de financiación de actividades terroristas;
4. Pide a la VP/AR que utilice la diplomacia cultural y el diálogo intercultural como instrumentos para reconciliar las distintas comunidades y reconstruir los lugares destruidos;
5. Recomienda, en este contexto, que la Comisión se plantee la creación, en consonancia con el apartado 17 de la Resolución 2199 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 12 de febrero de 2015, de un departamento horizontal que sería responsable de la prevención y de la lucha contra el tráfico ilegal de tesoros culturales, con una unidad dedicada específicamente a objetos del patrimonio cultural exportados ilegalmente de Irak desde el 6 de agosto de 1990 y de Siria desde el 15 de marzo de 2011; que dicho departamento elabore un enfoque coordinado para combatir este tráfico ilegal, trabajando junto a los responsables a escala nacional en los servicios de investigación y en estrecha colaboración con la Unesco y otras organizaciones internacionales tales como el ICOM (Consejo Internacional de Museos), el Comité internacional del Escudo Azul (ICBS) del ICOM, Europol, Interpol, Unidroit (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado) y la OMA (Organización Mundial de Aduanas);
6. Pide a la Comisión que cree un intercambio de información rápido y seguro y una puesta en común de las mejores prácticas entre los Estados miembros con miras a combatir de manera eficaz el tráfico ilegal de bienes culturales extraídos ilegalmente de Irak y Siria, y que considere la posibilidad de establecer programas europeos de formación, destinados a jueces, policía y funcionarios de aduanas, administraciones públicas y, más en general, agentes del mercado, con el fin de permitir a aquellos que luchan contra el tráfico ilegal de bienes culturales desarrollar y aumentar sus conocimientos especializados;
7. Pide a la Comisión que apoye la campaña #Unite4Heritage de la Unesco poniendo en marcha una campaña de información centrada en Irak y Siria, con el objetivo de sensibilizar acerca de la importancia de su patrimonio cultural, de la manera en que los beneficios del saqueo se utilizan para financiar actividades terroristas, y de las posibles sanciones asociadas a la importación ilegal de bienes culturales procedentes de estos países o de otros terceros países;
8. Pide a la Comisión que revise el Reglamento (CE) nº 116/2009 del Consejo relativo a la exportación de bienes culturales a fin de lograr un mayor nivel de eficiencia y que prevea la creación de un instrumento para controlar las importaciones de bienes culturales en la UE;
9. Pide a la Unión Europea que adopte las medidas necesarias, en colaboración con la Unesco y la Corte Penal Internacional, para ampliar la categoría de crímenes contra la humanidad reconocida por el Derecho internacional e incluir aquellos actos que, de manera deliberada, dañan o destruyen a gran escala el patrimonio cultural de la humanidad;
10. Pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que ratifiquen la Convención de la Unesco sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, de 1970, y el Convenio de Unidroit de 1995;
11. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la directora general de la Unesco, al Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos y a los Gobiernos de los Estados miembros, de Siria y de Irak.