Documento de sesión

 

1.7.2015                                                                                                                  B8-0666/2015

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento

sobre la situación en Burundi

( 2015/2723(RSP) )

Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă

en nombre del Grupo S&D

 

B8-0666/2015

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Burundi

( 2015/2723(RSP) )

El Parlamento Europeo,

–       Vistas sus anteriores resoluciones sobre Burundi,

–       Visto el Acuerdo de Cotonú,

–       Vista la declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 10 de abril de 2014, sobre la situación en Burundi,

–       Visto el Acuerdo de Arusha para la Paz y la Reconciliación en Burundi,

–       Vista la Constitución de Burundi,

–       Vista la declaración de los jefes de Estado de la Comunidad del África Oriental emitida el 31 de mayo de 2015 en Dar es-Salaam (Tanzania).

–       Vistas las decisiones sobre la situación en Burundi adoptadas el 13 de junio de 2015 en la Cumbre de la Unión Africana,

–       Vistas las Conclusiones del Consejo, de 22 de junio de 2015, sobre Burundi,

–       Vistas las Directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos y las Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet, así como las Conclusiones del Consejo, de 14 de junio de 2014, en las que este se comprometió a trabajar con más ahínco en pro de los defensores de los derechos humanos,

–       Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–       Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

–       Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–       Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,

–       Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.     Considerando que la Constitución de Burundi y el artículo 96 del Acuerdo de Arusha para la Paz y la Reconciliación establecen que el presidente solo puede ocupar el cargo dos mandatos; que el Presidente Pierre Nkurunziza lleva ejerciendo el cargo desde 2005, habiendo salido reelegido en 2010 tras unas elecciones que la oposición boicoteó tras acusar al Gobierno de intimidación;

B.     Considerando que el Presidente Pierre Nkurunziza anunció el 26 de abril de 2015 que se presentaba como candidato a un tercer mandato, declarándose legitimado para ello por haber sido elegido para el cargo en el primer mandato por los legisladores;

C.     Considerando que, a raíz de este anuncio, se detuvo a diecisiete oficiales el 14 de mayo de 2015 tras un intento de golpe de Estado fallido liderado por el General de División Godefroid Niyombare, que logró escapar del país, de resultas del cual más de setenta personas han muerto víctimas de la violencia y de una serie de ataques con granadas;

D.     Considerando que dos miembros de alto rango de la Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC) han salido del país, además de uno de los magistrados jefes del Tribunal Constitucional, al que corresponde pronunciarse sobre la legalidad del tercer mandato del Presidente, y el Presidente de la Asamblea Nacional, temiendo todos ellos por su integridad física; que Gervais Rufyikiri, Vicepresidente de Burundi, abandonó asimismo el país el 25 de junio tras poner en tela de juicio la legitimidad del Presidente para acceder a un tercer mandato;

E.     Considerando que tanto los partidos de la oposición como la sociedad civil han boicoteado las elecciones arguyendo el uso partidista de las instituciones estatales, la violencia y la intimidación por parte de la milicia juvenil (Imbonerakure) del Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD); falta de confianza en la INEC, y el recurso del Gobierno a estrategias tendentes a reducir el carácter inclusivo del proceso electoral, especialmente poniendo obstáculos al registro de votantes y redefiniendo las circunscripciones electorales, lo que favorece al partido en el Gobierno;

F.     Considerando que la comunidad internacional desempeña un papel relevante en la región como garante de los Acuerdos de Arusha, y que instituciones como la Corte Penal Internacional son de gran importancia a la hora de investigar de manera independiente la violencia y los delitos cometidos en Burundi;

G.     Considerando que, a pesar de los llamamientos realizados por la comunidad internacional y las partes interesadas de Burundi para que se aplazaran las elecciones, el 29 de junio de 2015 se celebraron elecciones legislativas en Burundi y las presidenciales están previstas para el 15 de julio;

H.     Considerando que, habida cuenta de situación política y de seguridad en el país, la UE ha decidido suspender su misión de observación electoral;

I.      Considerando que tanto la Comunidad del África Oriental (CAO) como la Unión Africana (UA) han afirmado que en estos momentos no se dan las condiciones para la celebración de elecciones y que no se pueden crear tales condiciones en el plazo de tiempo que concede la Constitución de Burundi;

J.      Considerando que, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), alrededor de 127 000 personas han huido de Burundi para ir a los países limítrofes, como Tanzania, donde se ha detectado un brote de cólera;

K.     Considerando que el bloqueo de la situación política en Burundi, así como el deterioro de la situación en materia económica y de seguridad, conlleva graves consecuencias para la población y riesgos para toda la región, y que Burundi hace frente a su peor crisis desde los doce años de guerra civil, durante los cuales este conflicto de gran componente étnico se calcula que provocó 300 000 muertos;

L.     Considerando que, a raíz de anteriores resoluciones del Parlamento Europea, y en particular de la mención que en estas se hace del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, los representantes de la UE han insistido en la necesidad de una participación de carácter integrador en el proceso electoral por parte de todas las fuerzas políticas del país, de conformidad con la Hoja de Ruta electoral y el Código de Conducta en materia electoral (Code de bonne conduite en matière électorale);

M.    Considerando que la UE ha dejado en suspenso dos millones de euros de ayuda a Burundi en un clima de inquietud cada vez mayor por la violenta represión gubernamental de los manifestantes contrarios a los intentos del Presidente Nkurunziza por lograr un tercer mandato;

N.     Considerando que Bélgica ha asimismo anunciado que deja en suspenso su asistencia electoral, lo que afecta a la mitad de los cuatro millones de euros que había previsto para las elecciones, y que se retira del acuerdo de cooperación de cinco millones de euros financiado junto con los Países Bajos; que Francia ha suspendido su cooperación en materia de seguridad con Burundi y Alemania ha anunciado la suspensión de cualquier tipo de cooperación bilateral que cuente con la participación del Gobierno de Burundi;

O.     Considerando que el derecho a la libertad de expresión está garantizado por la Constitución de Burundi y por los tratados internacionales y regionales ratificados por el país y forma parte de la estrategia nacional de buen gobierno y lucha contra la corrupción, además de ser una condición esencial para la celebración de elecciones libres, justas, transparentes y pacíficas, lo que permitirá al país, que aún convalece de su conflicto interno, salir del atolladero político al que se enfrenta;

P.     Considerando que la UE ha asignado recientemente 432 millones de euros a Burundi, procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo 2014-2020, con el objeto de mejorar la gobernanza y reforzar la sociedad civil, entre otros fines;

1.      Expresa su profunda preocupación por el agravamiento de la situación política y humanitaria en Burundi y el conjunto de la región; solicita que se ponga fin de inmediato a la violencia y la intimidación política de los miembros de la oposición; expresa su apoyo a las víctimas de la violencia y sus condolencias por los que han perdido la vida, y pide asistencia humanitaria inmediata para los que se han visto obligados a abandonar sus hogares;

2.      Pide a todos cuantos intervienen en el proceso electoral, incluidos los organismos competentes para organizar las elecciones y los servicios de seguridad, a respetar los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Arusha, y recuerda que este Acuerdo puso fin a la guerra civil y es la base en que se asienta la Constitución de Burundi; subraya la importancia de que se alcance un acuerdo consensuado en cuanto al calendario electoral sobre la base de una evaluación técnica llevada a cabo por las Naciones Unidas;

3.      Destaca una vez más que solo podrá hallarse una solución duradera que satisfaga los intereses de seguridad y democracia de todo el pueblo de Burundi a través de un diálogo y consenso que cuente con la participación del Gobierno, la oposición y la sociedad civil de Burundi, dentro del respeto del Acuerdo de Arusha y de la Constitución de Burundi; pide a todas las partes interesadas de Burundi que reanuden el diálogo sobre todos los puntos de desacuerdo; respalda, por consiguiente, los esfuerzos de mediación desplegados por la UA, la CAO y las Naciones Unidas, y se mantiene dispuesto a apoyar la aplicación de las medidas concretas recientemente anunciadas por la UA;

4.      Recuerda que la asociación de la UE con Burundi se rige por el Acuerdo de Cotonú y que todas las partes están obligadas a respetar y aplicar los términos del Acuerdo, en particular el respeto de los derechos humanos; señala que Burundi ha asimismo suscrito y ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y que, por consiguiente, tiene la obligación de respetar los derechos humanos universales y la libertad de expresión; pide por consiguiente al Gobierno de Burundi que permita que se desarrolle un debate político auténtico y abierto sin temor a la intimidación y se abstenga de hacer un uso indebido del poder judicial para excluir a sus rivales políticos;

5.      Toma nota del diálogo que se ha celebrado entre las autoridades de la UE y las de Burundi de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú; considera, no obstante, que se producen infracciones continuas de componentes esenciales y fundamentales del Acuerdo de Cotonú, en particular el respeto de los derechos humanos fundamentales y los principios democráticos, y pide a la Comisión, por lo tanto, que incoe el procedimiento previsto en el artículo 96 a fin de adoptar las medidas pertinentes;

6.      Pide asimismo a la Comisión que, a tal efecto, vuelva a evaluar con carácter urgente la ayuda de la UE, a fin de reorientarla, brindar mayor apoyo económico a la sociedad civil y centrarse en la ayuda humanitaria en vez de en aportar al presupuesto estatal, sin por ello olvidar el loable papel desempeñado por el ejército de Burundi en la misión de mantenimiento de la paz en Somalia;

7.      Se suma al Consejo de Asuntos Exteriores de 22 de julio de 2014 en su petición a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) de que elabore una lista de medidas restrictivas selectivas y de prohibiciones de visado y de viaje contra aquellas personas responsables de actos de violencia y de represión y de violaciones graves de los derechos humanos, así como contra aquellas que están impidiendo de manera activa que se alcance una solución política en el marco propuesto por la UA y la CAO, y pide a la VP/AR asimismo que adopte las medidas necesarias para bloquear los fondos de estas personas en los Estados miembros de la UE;

8.      Manifiesta su profunda preocupación por el número de víctimas y de casos de violaciones graves de los derechos humanos de los que se ha tenido noticia desde el inicio de la crisis, en particular de los abusos atribuidos a los miembros de la milicia Imbonerakure; señala la intimidación y los peligros a los que se enfrentan los defensores de los derechos humanos, activistas políticos y periodistas, así como la detención arbitraria de miembros de los partidos de la oposición; pide la liberación inmediata e incondicional de todos aquellos que han sido detenidos por haber ejercido su derecho de reunión y expresión pacíficas;

9.      Exige que se ponga fin de manera inmediata a la violencia y la intimidación por parte de la milicia Imbonerakure; Pide al CNDD-FDD que adopte inmediatamente medidas para el desarme de esta milicia juvenil e impida que sus miembros intimiden y ataquen a sus oponentes, asegurándose de que los responsables de abusos sean llevados ante la justicia; pide que se proceda a una investigación internacional independiente sobre las alegaciones de que el CNDD-FDD arma y entrena a su sección juvenil; insta asimismo a los dirigentes de los partidos de la oposición a que impidan los actos de violencia contra sus oponentes;

10.    Reitera que no pueden quedar impunes las personas responsables de violaciones graves de los derechos humanos, que deben ser consideradas individualmente responsables y rendir cuentas ante la justicia; concede especial importancia a que se inicie de manera inmediata el despliegue de observadores de los derechos humanos y de expertos militares anunciado por la UA;

11.    Observa el fracaso de ciertas fuerzas cuando han intentado convertir estas revueltas en un conflicto étnico, así como que las divisiones políticas en Burundi no son estrictamente étnicas; considera que ello es prueba del éxito de los Acuerdos de Arusha en la creación de un ejercicio y una policía étnicamente equilibradas;

12.    Insiste, en estas circunstancias, en la importancia de atenerse al Código de Conducta en materia electoral y la Hoja de Ruta electoral auspiciada por las Naciones Unidas y suscrita por los actores políticos en 2013, al tiempo que brinda todo su apoyo a las actividades de las Naciones Unidas y regionales para impedir un nuevo aumento de la violencia política;

13.    Pide el levantamiento inmediato de las restricciones a los medios de comunicación y al acceso a internet, y denuncia una vez más los ataques continuos que sufre Radio Publique Africaine, uno de los principales medios informativos del país; considera que no podrá haber elecciones legítimas hasta que los medios de comunicación puedan hacer su labor sin restricciones y los periodistas informar sin sufrir intimidaciones;

14.    Elogia el papel de las organizaciones humanitarias y de las autoridades de los países limítrofes, que están atendiendo las necesidades de los que huyen de la crisis y ofreciendo protección a los refugiados; celebra el anuncio de la Comisión de 1,5 millones de euros adicionales para aliviar la situación humanitaria; advierte, sin embargo, de que se han de redoblar los compromisos tanto de la UE como de los Estados miembros con carácter urgente, debido a la afluencia masiva de refugiados en una región ya de por sí frágil, los brotes de cólera detectados y las preocupantes denuncias de violencia sexual; subraya la importancia de una estrategia a largo plazo relativa no solo a la asistencia médica y nutricional, sino también a la ayuda a la reintegración y psicológica para aquellos que se han visto obligados a huir;

15.    Pide a la UE y a sus Estados miembros que cumplan la totalidad de los compromisos asumidos respecto al Plan de Respuesta Regional para los Refugiados de Burundi, de las Naciones Unidas, que necesita 207 millones de dólares estadounidenses hasta septiembre de 2015 para ayudar a los refugiados burundeses, también mediante el aporte de fondos complementarios a las subvenciones a la región ya existentes;

16.    Encarga a su Presidente que trasmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, al Gobierno de Burundi y a los Gobiernos de los países de la región de los Grandes Lagos, a los Gobiernos de la Comunidad del África Oriental, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Unión Africana, al Secretario General de las Naciones Unidas, a los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y al Parlamento Panafricano.