Documento de sesión
1.7.2015 B8-0668/2015
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
sobre la situación en Burundi
( 2015/2723(RSP) )
Marie-Christine Vergiat, Malin Bjork, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma Lopez Bermejo, Merja Kyllönen
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Burundi
El Parlamento Europeo,
– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,
– Vistos el Acuerdo de Cotonú y su cláusula sobre democracia y derechos humanos,
– Vistas los informes de las misiones y los ámbitos prioritarios de acción de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Alimentación (FAO) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Burundi, en particular en relación con la lucha contra el hambre y la desnutrición,
– Vistos los Acuerdos de Arusha de 28 agosto de 2000 y, en particular, su artículo 7, apartado 3,
– Vistas las distintas declaraciones realizadas por representantes de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Burundi en vista de las elecciones presidenciales de 2015,
– Vistas sus Resoluciones anteriores sobre este tema, en particular las de 18 de septiembre de 2014 y de 11 de febrero 2015 sobre la situación en Burundi,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que Burundi ha descendido dos puestos en el Índice de Desarrollo Humano (PNUD), ya que ha pasado del puesto 178 en 2013 al 180 en 2014; que cuatro de cada cinco personas viven con menos de 1,25 dólares estadounidenses y que el 66,9 % de la población vive por debajo del umbral de pobreza; así como que en 2013 la renta nacional bruta per capita ascendía a 280 dólares estadounidenses, lo que la convertía en la más baja del mundo, tras Malaui;
B. Considerando que al menos la mitad de los burundeses sufren de desnutrición crónica y que casi dos tercios y, más concretamente, el 58 % de los menores de cinco años, sufren de desnutrición crónica; y que en este país se registra la tasa más elevada de hambruna entre los 120 países en los que en 2012 se calculó el índice de hambre en el mundo;
C. Considerando que Burundi sigue marcado por la guerra civil que tuvo lugar entre 1993 y 2005, que se saldó con 300 000 muertos; y que, si bien desde que ha finalizado la guerra se han registrado avances, en particular en los ámbitos de la educación y la salud, la situación vuelve a ser tensa desde 2010;
D. Considerando que la situación política en el período 2013-2015 ha estado dominada por las elecciones parlamentarias, que deben celebrarse en julio y agosto de 2015;
E. Considerando que la tensión política en Burundi se ha intensificado desde que el presidente Nkurunziza presiona para poder ejercer un tercer mandato presidencial; que ya en 2010 la práctica totalidad de la oposición boicoteó las elecciones presidenciales y parlamentarias, lo que permitió que el partido gobernante, el CNDD-FDD, se alzase con una mayoría aplastante; y que la oposición, a la vista de la situación actual, tiene intención de boicotear de nuevo las elecciones;
F. Considerando que, a pesar de la presión ejercida a nivel nacional e internacional, el 25 de abril el CNDD-FDD designó oficialmente como candidato para un tercer mandato a Pierre Nkurunziza, quien presentó su candidatura el 8 de mayo;
G. Considerando que, desde esa fecha, las manifestaciones organizadas por la oposición y el poder son cada vez más importantes y degeneraron en disturbios los días 26, 27 y 28 de abril; que el ejército ha sido desplegado; que desde abril se ha prohibido a las radios que informen sobre estas protestas y que posteriormente fueron clausuradas; y que las movilizaciones continúan;
H. Considerando que desde el inicio de las movilizaciones unas 78 personas han perdido la vida; más de 500 han sufrido heridas; se han registrado 800 detenciones; y que más de 100 000 personas se han visto obligadas a abandonar el país;
I. Considerando que la violencia se ha recrudecido como consecuencia de las acciones de las milicias vinculadas al poder; que distintas ONG y defensores de los derechos humanos denuncian la infiltración de las fuerzas policiales y del ejército por parte de las milicias del CNDD-FDD; que se ha afirmado en distintas ocasiones que estas milicias colaboran con las milicias hutu de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda; y que las milicias y los servicios secretos están implicados desde hace años en ejecuciones extrajudiciales;
J. Considerando que la situación actual amenaza con reavivar la guerra civil, ya que el hecho de que Pierre Nkurunziza opte a un tercer mandato constituye una violación de los Acuerdos de Arusha, en cuyo artículo 7, apartado 3, se señala que el presidente de la República es elegido por un mandato de cinco años, renovable una sola vez, y que nadie puede ejercer más de dos mandatos presidenciales; así como que la represión contra los partidos de la oposición es cada vez más intensa e imposibilita todo tipo de campaña electoral;
K. Considerando las condenas de la comunidad internacional en su conjunto por la actitud del poder y la suspensión de las misiones electorales previstas por la Unión Africana (UA) y la Unión Europea en el país;
L. Considerando que el lunes 29 de junio se celebraron elecciones legislativas y municipales en un clima de alta tensión y que fueron boicoteadas por la oposición;
1. Manifiesta su gran preocupación por la situación en Burundi en vísperas de las próximas citas electorales y subraya que esta situación puede tener consecuencias dramáticas para toda la región;
2. Solicita la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas en el marco del ejercicio de sus derechos democráticos;
3. Expresa su apoyo a la petición de la Relatora Especial sobre los defensores de los derechos humanos en África, Reine Alapini-Gansou, en relación con la apertura de una investigación sobre las acusaciones vertidas con respecto a la existencia de centros de entrenamiento para jóvenes de Burundi en el este de la República Democrática del Congo y solicita que esta investigación se lleve a cabo bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de la Unión Africana; pide, asimismo, que se lleve a cabo una investigación sobre las denuncias de ejecuciones extrajudiciales presentadas desde hace años por ONG nacionales e internacionales;
4. Pide, asimismo, que se esclarezca totalmente la cuestión relativa a la integración de las milicias del CNDD-FDD en las fuerzas armadas y la policía, así como con respecto a las denuncias de complicidad entre estas últimas y las FDLR ruandesas;
5. Insta al Gobierno de Burundi a que ponga fin a la violencia, a que inicie un verdadero diálogo político sobre las principales cuestiones nacionales y a que derogue las leyes que restringen la libertad de expresión y de reunión para garantizar un clima propicio para la expresión de la democracia; destaca, en este contexto, que es imprescindible autorizar la reapertura de las emisoras de radio clausuradas y destruidas en abril de 2015 para permitir a todos el acceso a la información;
6. Apoya la solicitud relativa a una reanudación inmediata del diálogo formulada por la Unión Africana, las Naciones Unidas, la Comunidad del África Oriental y la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRGL); apoya las resoluciones del Consejo de la Paz y la Seguridad de la UA sobre Burundi en las que se solicita que las partes fijen la fecha de las elecciones por consenso y el desarme de las milicias en el plazo más breve posible;
7. Insiste en la ilegitimidad de las elecciones que tuvieron lugar el pasado lunes; apoya la petición de anulación de estas elecciones; considera que no se cumplen en absoluto las condiciones para la celebración de las elecciones presidenciales y hace hincapié en la necesidad de que se aplacen hasta que finalicen las tensiones y se restablezca el Estado de Derecho en el país;
8. Considera que la actual crisis sólo puede resolverse mediante un diálogo político a nivel nacional y regional y que bajo ningún concepto debe servir de pretexto para una nueva intervención militar en la región;
9. Expresa su profunda preocupación con respecto a la situación económica y social en la que se encuentra toda la población del territorio de Burundi, en particular los refugiados y las personas desplazadas, cuyo número seguirá aumentando a la vista de los problemas de seguridad interna en el país y de las tensiones en los países vecinos;
10. Expresa su preocupación particular con respecto a la discriminación y la tipificación de la homosexualidad en Burundi; reitera una vez más que la orientación sexual y la identidad de género son cuestiones que se inscriben en el derecho individual a la intimidad, garantizado por el Derecho internacional en materia de derechos humanos, en virtud del cual debe protegerse el principio de igualdad y de no discriminación y debe garantizarse la libertad de expresión; solicita, por lo tanto, a la Asamblea y al Gobierno de Burundi que deroguen los artículos del Código Penal que afectan negativamente a las personas LGBTI;
11. Solicita a la Unión Europea y a los Estados miembros que desbloqueen los fondos necesarios para hacer frente a la situación humanitaria en esa parte del mundo y que trabajen conjuntamente con las agencias de las Naciones Unidas, en particular en relación con la desnutrición crónica;
12. Considera que los problemas de Burundi solamente se podrán resolver si se garantizan los mismos derechos a todos los ciudadanos y si se abordan los problemas relacionados con el control de las tierras fértiles de cultivo, el desempleo y la pobreza, si se lucha contra corrupción, la pobreza, las desigualdades y las discriminaciones, así como si se fomentan reformas sociales, políticas y económicas con el fin de crear un Estado libre, democrático y estable;
13. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno de Burundi, a las instituciones de la Unión Africana y de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, al Secretario General de las Naciones Unidas, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y al Parlamento Panafricano.