Documento de sesión
1.7.2015 B8-0669/2015
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Vicepresidente de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
sobre la situación en Burundi
( 2015/2723(RSP) )
Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Lara Comi
en nombre del Grupo PPE
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Burundi
( 2015/2723(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Burundi,
– Visto el Acuerdo de Cotonú,
– Vista la declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 4 de junio de 2015, sobre la situación en Burundi,
– Visto el Acuerdo de Paz y Reconciliación de Arusha,
– Vistas la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, sobre la suspensión de la MOE en Burundi, y la declaración del portavoz de la VP/AR sobre la situación en Burundi, realizadas respectivamente los días 28 de mayo y 29 de junio de 2015,
– Visto el comunicado de la cumbre de emergencia de los jefes de Estado de la Comunidad del África Oriental sobre la situación en Burundi, de 31 de mayo de 2015,
– Visto el comunicado del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, de 13 de junio de 2015,
– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 22 de junio de 2015, sobre Burundi,
– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,
– Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,
– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
– Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que Burundi se halla sumido en el caos desde abril de 2015, cuando el Presidente Pierre Nkurunziza anunció su controvertida candidatura a un tercer mandato consecutivo de cinco años, lo que dio lugar a protestas generalizadas y a un golpe de Estado fallido en el mes de mayo;
B. Considerando que la oposición ha anunciado que va a boicotear las elecciones, alegando para ello que es imposible celebrar unos comicios justos;
C. Considerando que el 29 de junio de 2015 se celebraron elecciones locales y parlamentarias en Burundi, y que las elecciones presidenciales están previstas para el 15 de julio, a pesar del llamamiento realizado por la cumbre de la Comunidad del África Oriental (CAO) para aplazar las elecciones y dar así tiempo al establecimiento de las condiciones necesarias para celebrar unas elecciones pacíficas, incluyentes y creíbles;
D. Considerando que el proceso electoral sigue estando gravemente empañado por las restricciones impuestas a los medios de comunicación independientes, el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, un clima de intimidación frente a los partidos de la oposición y la sociedad civil, y la falta de confianza en las autoridades electorales, lo que ha llevado a la UE a suspender su misión de observación electoral;
E. Considerando que la Comisión de la Unión Africana (UA) anunció el 28 de junio que no observaría las elecciones locales y parlamentarias, alegando para ello que no se daban las condiciones necesarias para organizar unas elecciones libres, justas, transparentes y creíbles;
F. Considerando que, ese mismo día, el Presidente del Parlamento burundés informó de que había huido del país tras haber recibido amenazas y haberse producido un intenso tiroteo en la capital;
G. Considerando que, el 29 de junio de 2015, la UE puso fin con carácter definitivo a su misión de observación electoral en Burundi al considerar que la celebración de unas elecciones legislativas sin unas condiciones mínimas que garantizaran su credibilidad, transparencia y capacidad de inclusión no haría sino exacerbar la crisis;
H. Considerando que Burundi sigue haciendo frente a su peor crisis política desde que salió de una guerra civil de doce años en 2005, y que, una vez más, esta situación no solo amenaza la estabilidad interior del país, sino también la de los países vecinos, en una región ya de por sí inestable del continente africano;
I. Manifestando su profunda preocupación por el número de víctimas y los casos de violaciones graves de los derechos humanos de los que se ha tenido noticia desde el inicio de la crisis, en particular de los abusos atribuidos a las fuerzas de seguridad y a los miembros de Imbonerakure;
J. Manifestando su honda preocupación por el éxodo continuo de refugiados a los países vecinos;
K. Considerando que solo a través del diálogo y el consenso, y respetando el Acuerdo de Arusha y la Constitución burundesa, podrá hallarse una solución política duradera en aras de la seguridad y la democracia para todo el pueblo de Burundi;
1. Lamenta el empeño del Gobierno de Burundi en seguir adelante con las elecciones locales y parlamentarias del 29 de junio a pesar del entorno político y de seguridad imperante;
2. Condena todas las violaciones de derechos humanos en Burundi y pide a todas las partes que pongan fin a la violencia y actúen con moderación en este período;
3. Pide que se desarme con carácter de urgencia a todos los grupos de jóvenes armados vinculados a los partidos políticos;
4. Pide a los responsables que pongan fin a todos los actos que provocan estas manifestaciones de violencia, y exhorta a las autoridades burundesas a que garanticen una investigación exhaustiva de estos hechos y lleven ante la justicia a los responsables;
5. Reitera que las personas responsables de violaciones graves de los derechos humanos no pueden quedar impunes, y que estas personas deben ser consideradas individualmente responsables y rendir cuentas ante la justicia; en este contexto, concede especial importancia al despliegue inmediato de observadores de los derechos humanos y de expertos militares anunciado por la UA;
6. Expresa su apoyo a los denodados esfuerzos realizados por la CAO y hace hincapié en la pertinencia de las medidas acordadas en las cumbres celebradas en Dar es-Salaam los días 13 y 31 de mayo de 2015, entre las que se incluyen la petición de aplazamiento de las elecciones y el cese inmediato de la violencia, el desarme de los grupos de jóvenes vinculados a los partidos políticos, la apertura del diálogo entre las partes interesadas de Burundi y el compromiso asumido por la región de no quedarse de brazos cruzados en caso de que la situación se deteriore, medidas todas ellas que proporcionan un marco para hallar una solución política y consensuada a la crisis;
7. Señala con pesar que el diálogo político entablado por el enviado especial de las Naciones Unidas para la Región de los Grandes Lagos, en el que ha participado la CAO, la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRGL) y la UA, no ha dado los frutos esperados;
8. Subraya que la situación actual puede perjudicar los importantes avances registrados a raíz de la firma del Acuerdo de Arusha para la Paz y la Reconciliación en Burundi y del Acuerdo de alto el fuego de 2003, y afectar así a la estabilidad de la región;
9. Insta a que se cumplan plenamente las condiciones especificadas por la UA y la CAO, que se consideran indispensables para que el proceso electoral se desarrolle adecuadamente, con credibilidad y de forma pacífica, incluyente y transparente, y sin vulnerar las libertades políticas, incluida la libertad de expresión;
10. Se reafirma en su convicción de que solo gracias al diálogo y al consenso basados en el respeto del Acuerdo de Arusha y de la Constitución de Burundi se podrá hallar una solución política duradera, que garantice el mantenimiento y la consolidación de la paz, así como el refuerzo de la democracia y del Estado de Derecho; pide, a este fin, a todas las partes interesadas de Burundi que reanuden el diálogo en todos los puntos de desacuerdo existentes entre ellas y que pongan el interés nacional por encima de cualquier otra consideración;
11. Reitera su preocupación por la difícil situación de los refugiados burundeses que han huido a países vecinos; alaba el apoyo facilitado a la población afectada por los países de acogida (República Democrática del Congo, Ruanda y Tanzania) y las organizaciones humanitarias, y pide a la comunidad internacional que preste la ayuda humanitaria necesaria;
12. Reitera que Burundi está obligado por la cláusula de derechos humanos del Acuerdo de Cotonú, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, y que, por consiguiente, tiene la obligación de respetar los derechos humanos universales, incluida la libertad de expresión;
13. Pide a la Comisión, a la Vicepresidenta / Alta Representante y a los Estados miembros que sigan trabajando para lograr una política de la Unión sobre Burundi inequívoca y basada en principios, que aborde las graves violaciones de los derechos humanos que se están produciendo, en consonancia con el Marco Estratégico de la UE sobre Derechos Humanos;
14. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, de no haberlo hecho ya, suspendan cualquier apoyo a las estructuras policiales, militares y gubernamentales;
15. Pide a la Comisión que se plantee iniciar consultas con Burundi en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, con miras a su posible suspensión del Acuerdo, y que adopte todas las medidas oportunas mientras se llevan a cabo dichas consultas;
16. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, al Gobierno de Burundi y a los Gobiernos de los países de la región de los Grandes Lagos, a la Unión Africana, a la Comunidad del África Oriental, a la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos, al Secretario General de las Naciones Unidas, a los co-Presidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y al Parlamento Panafricano.