Documento de sesión

 

B8-1005/12

5.10.2015

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

tras la pregunta con solicitud de respuesta oral B8-0761/2015

presentada de conformidad con el artículo 128, apartado 5, del Reglamento

sobre la pena de muerte

( 2015/2879(RSP) )

Ignazio Corrao, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

en nombre del Grupo EFDD

 

B8-1005/12

Resolución del Parlamento Europeo sobre la pena de muerte

( 2015/2879(RSP) )

El Parlamento Europeo,

–       Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la abolición de la pena de muerte y, en particular, su Resolución, de 7 de octubre de 2010, sobre el Día Mundial contra la Pena de Muerte[1],

–       Vistos los protocolos 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos,

–       Visto el artículo 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–       Vistas las Directrices de la UE sobre la pena de muerte,

–       Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

–       Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en particular las Resoluciones 62/149 y 63/168 sobre una moratoria de las ejecuciones en espera de la abolición de la pena de muerte,

–       Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984,

–       Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979,

–       Vista la Declaración final adoptada por el V Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, celebrado en Madrid del 12 al 15 de junio de 2013,

–       Visto el Estudio sobre las repercusiones del problema mundial de las drogas en el ejercicio de los derechos humanos, elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en septiembre de 2015,

–       Vistos el Día Mundial y el Día Europeo contra la Pena de Muerte, que se celebran el día 10 de octubre de cada año,

–       Vista la pregunta al Consejo sobre la pena de muerte ( O-000103/2015 – B8-0761/2015 ),

–       Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.     Considerando que la Unión Europea mantiene una posición firme y de principio en contra de la pena de muerte, que implica una moratoria a escala mundial con vistas a la abolición a escala planetaria de la pena de muerte como objetivo clave de la política de la Unión en materia de derechos humanos;

B.     Considerando que el Día Mundial contra la Pena de Muerte que se celebrará el 10 de octubre 2015 se centra en el fomento de la sensibilización en torno a la aplicación de la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas;

C.     Considerando que 101 Estados han abolido la pena de muerte para todo tipo de delitos; y que en 2014 se realizaron ejecuciones por lo menos en 22 Estados y que, como mínimo, 2 466 personas fueron condenadas a muerte;

D.     Considerando que 33 Estados aplican la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas y ejecutan aproximadamente a un millar de personas al año; que se tiene conocimiento de que en 2015 se realizaron ejecuciones por ese tipo de delitos en China, Irán, Indonesia y Arabia Saudí; que en 2015 se han seguido dictando penas de muerte por delitos relacionados con las drogas en China, Indonesia, Irán, Kuwait, Malasia, Arabia Saudí, Sri Lanka, los Emiratos Árabes Unidos y Vietnam; y que estos delitos pueden incluir diferentes imputaciones relacionadas con el tráfico o posesión de estupefacientes;

E.     Considerando que los últimos doce meses se ha registrado un aumento del recurso a la pena de muerte a escala mundial en lo que a los delitos relacionados con las drogas se refiere, ya que una serie de Estados han ejecutado por dicho motivo a un número de personas significativamente superior (por ejemplo, Irán y Arabia Saudí), intentan reintroducir la pena de muerte para los delitos relacionados con las drogas (Omán, por ejemplo) o poner fin a una moratoria dilatada de la pena de muerte (como en el caso de Indonesia y Pakistán);

F.     Considerando que, según la información disponible, Irán ha ejecutado a 394 condenados por delitos relacionados con las drogas en el primer semestre de 2015, frente a 367 en todo el año 2014; que la mitad de todas las ejecuciones llevadas a cabo en Arabia Saudí en el presente año se han debido a delitos relacionados con las drogas, en comparación con solo el 4 % de la cifra total en 2010; y que en Pakistán un mínimo de 112 condenados por delitos relacionados con las drogas esperan su ejecución en el corredor de la muerte;

G.     Considerando que continúa condenándose a muerte a personas por lapidación y que cientos de mujeres han sido lapidadas por adulterio en los últimos años; y que la lapidación está considerada como una forma de tortura;

H.     Considerando que decenas de ciudadanos europeos se enfrentan a la pena de muerte en terceros países, muchos de ellos por delitos relacionados con las drogas;

I.      Considerando que el artículo 6, apartado 2 del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos establece que la pena de muerte solo podrá imponerse «por los más graves delitos»; y que tanto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias y sobre la Tortura han afirmado que no debe aplicarse la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas;

J.      Considerando que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ha alentado a los Estados que aplican la pena de muerte a abolirla por los delitos relacionados con las drogas;

K.     Considerando que la aplicación de la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas está interrelacionada con toda una serie de violaciones de los derechos humanos, como la del derecho a un juicio justo y del derecho a no ser sometido a tortura u otras formas de malos tratos; y que la pena de muerte obligatoria y su uso en el caso de delitos relacionados con las drogas contravienen el Derecho y las normas internacionales;

L.     Considerando que la Comisión y los Estados miembros han concedido al menos 60 millones de euros a los programas contra los estupefacientes de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que se centran en la lucha contra los estupefacientes en aquellos Estados que aplican activamente la pena de muerte a delitos relacionados con las drogas;

M.    Considerando que auditorías independientes de las operaciones de la UNODC en Pakistán e Irán, así como informes publicados recientemente por ONG, han generado preocupación con respecto a la aplicación de las directrices en materia de derechos humanos por parte de las oficinas de las Naciones Unidas en cada país y sobre una correlación directa entre la financiación de la lucha contra los estupefacientes y las sentencias de muerte dictadas por delitos relacionados con las drogas en estos Estados;

N.     Considerando que, de conformidad con el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz de la UE, y su predecesor, el Instrumento de Estabilidad, la Comisión ha adoptado dos medidas regionales a gran escala en materia de lucha contra la droga (los programas ruta de la cocaína y de la heroína), cuyo ámbito abarca Estados que aplican la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas; y que, en virtud del artículo 10 del Reglamento por el que se establece un instrumento en pro de la estabilidad y la paz, la Comisión está obligada a utilizar orientaciones operativas para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y del Derecho humanitario en las medidas de lucha contra la delincuencia organizada;

1.      Reitera su condena del recurso a la pena de muerte y apoya firmemente la introducción de una moratoria de la pena de muerte como paso hacia su abolición; subraya una vez más que la abolición de la pena de muerte contribuye a la mejora de la dignidad humana;

2.      Condena todas las ejecuciones dondequiera que se produzcan; manifiesta que sigue profundamente preocupado por la imposición de la pena de muerte a menores, personas desfavorecidas y personas con discapacidad mental o intelectual, y pide el fin inmediato y definitivo de tales prácticas, que violan las normas internacionales en materia de derechos humanos;

3.      Expresa su profunda preocupación por la práctica de la lapidación, que se sigue utilizando en Pakistán, Nigeria, Afganistán, Irán, Irak, Sudán, Somalia y Arabia Saudí, e insta a los Gobiernos de los Estados afectados a que promulguen de inmediato medidas legislativas que prohíban la lapidación y la imposición de otras formas de pena de muerte a los condenados por adulterio u otros delitos y a que reintroduzcan una moratoria de las ejecuciones;

4.      Señala que la legislación de ocho Estados castiga la homosexualidad con la pena de muerte (Mauritania, Sudán, Irán, Arabia Saudí, Yemen, Pakistán, Afganistán y Qatar) y que algunas provincias de Nigeria y Somalia aplican oficialmente la pena de muerte por actos sexuales entre personas del mismo sexo; solicita a estos Estados que no penalicen la homosexualidad, y pide al Estado de Brunéi Darusalam que no aplique la pena de muerte a la homosexualidad en 2016, como se contempla en la actualidad; insta al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) a que mantenga la lucha contra la penalización de la homosexualidad entre sus prioridades principales, en consonancia con las las Directrices de la UE para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI);

5.      Insta al SEAE y a los Estados miembros a que continúen luchando contra la aplicación de la pena de muerte y a que pidan enérgicamente a aquellos Estados que siguen aplicando la pena de muerte que cumplan las normas mínimas internacionales, restrinjan el recurso y el ámbito de aplicación de la pena de muerte, y publiquen cifras claras y precisas sobre el número de condenas y de ejecuciones; insta al SEAE a permanecer vigilante con respecto a la evolución en todos los Estados, y a que utilice todos los medios de influencia a su disposición;

6.      Pide a los Estados que han abolido la pena de muerte o que han introducido hace tiempo una moratoria de la pena de muerte que no la vuelvan a instaurar y les anima a compartir sus experiencias en este sentido;

7.      Señala que sigue estando plenamente convencido de que la pena de muerte no disuade el tráfico de estupefacientes ni impide que las personas sean víctimas de abuso de drogas; pide a los Estados en los que la pena de muerte está en vigor que introduzcan alternativas a la pena de muerte en lo que se refiere a los delitos relacionados con las drogas centradas, en particular, en programas de prevención de la droga y de reducción de daños;

8.      Expresa su profunda preocupación por que los programas de lucha contra la droga financiados por la UE en los Estados en donde la pena de muerte sigue en vigor pueden estar fomentando las condenas a la pena de muerte y las ejecuciones, en particular mediante el establecimiento de objetivos e indicadores en relación con el aumento de las incautaciones, detenciones y condenas, así como castigos más severos;

9.      Reitera su recomendación a la Comisión y a los Estados miembros de que la abolición de la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas debe convertirse en condición previa para la asistencia financiera, la asistencia técnica, la creación de capacidades y cualquier otro apoyo a la política de lucha contra la droga;

10.    Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reafirmen el principio categórico de que la ayuda y la asistencia europeas no pueden apoyar operaciones de aplicación de la legislación que comporten la condena a muerte y la ejecución de los detenidos;

11.    Lamenta la falta de transparencia en lo relativo a la ayuda y asistencia a la lucha antidroga que la Comisión y los Estados miembros brindan a operaciones de aplicación de la legislación en los Estados que aplican la pena de muerte, de una manera agresiva, por los delitos relacionados con las drogas;

12.    Pide a la Comisión que publique un balance anual sobre los fondos que concede en favor de los programas de lucha contra la droga en los Estados que mantienen la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas, además de un resumen que indique a qué fin se han destinado estos fondos, qué mecanismos de defensa de los derechos humanos se han aplicado a fin de garantizar que no permitan condenas a muerte, y hasta qué punto los Estados destinatarios han cumplido las condiciones europeas;

13.    Insta a la Comisión a que aplique sin demora las orientaciones operativas previstas en el artículo 10 del Reglamento por el que se establece un instrumento en pro de la estabilidad y la paz, y a que las aplique de manera estricta en los programas ruta de la cocaína y de la heroína y que, en caso de incumplimiento y no adecuación a las orientaciones, suspenda inmediatamente dichos programas;

14.    Pide a la Comisión y a los Estados miembros que condicionen la futura financiación de programas contra la droga de la ONUDD a que ésta demuestre de qué manera se aplicarán los principios fundamentales de sus orientaciones en materia de derechos humanos a la hora de administrar la financiación y, específicamente, cómo se congelará o retirará la financiación en caso de que el Estado receptor siga castigando con la muerte los delitos relacionados con las drogas;

15.    Insta a la Comisión a que cumpla las recomendaciones del Plan de acción de la UE en materia de lucha contra la droga (2013-2016) en el sentido de que debe desarrollarse y aplicarse un « instrumento de orientación y evaluación en materia de derechos humanos» a fin de garantizar la «incorporación efectiva de la dimensión de los derechos humanos en la acción exterior de la UE en materia de drogas»;

16.    Insta al SEAE, a la Comisión y a los Estados miembros a que faciliten orientaciones para una política europea global y efectiva relativa a la pena de muerte en relación con las docenas de ciudadanos europeos que se enfrentan a su ejecución en terceros países, que debería incluir mecanismos solidos y reforzados en cuanto a identificación, oferta de asistencia jurídica y representación diplomática;

17.    Pide que la UE y a sus Estados miembros que garanticen que el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, que se celebrará en abril de 2016, aborde el uso de la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas y condene su aplicación;

18.    Alienta y anima, asimismo, las actividades de las ONG que abogan por la abolición de la pena de muerte a escala mundial; pide a la Comisión que continúe financiando proyectos en este ámbito como una de las prioridades del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos;

19.    Solicita a la Subcomisión de Derechos Humanos de la Comisión de Asuntos Exteriores que elabore un informe sobre la pena de muerte en el mundo;

20.    Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo y a la Comisión, a los Parlamentos y a los Gobiernos de los Estados miembros, al secretario general de las Naciones Unidas, al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a los Gobiernos de los Estados miembros de las Naciones Unidas.

[1] DO C 371 E de 20.12.2011, p. 5.