Documento de sesión
5.10.2015
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras la pregunta con solicitud de respuesta oral B8-0761/2015
presentada de conformidad con el artículo 128, apartado 5, del Reglamento
sobre la pena de muerte
( 2015/2879(RSP) )
Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström
en nombre del Grupo ALDE
Resolución del Parlamento Europeo sobre la pena de muerte
( 2015/2879(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la abolición de la pena de muerte y, en particular, su Resolución, de 7 de octubre de 2010, sobre el Día Mundial contra la Pena de Muerte[1],
– Vista la declaración conjunta de Federica Mogherini, Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y de Thorbjørn Jagland, Secretario General del Consejo de Europa, de 10 de octubre de 2014, Día Europeo y Mundial contra la Pena de Muerte,
– Vistos los Protocolos 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos,
– Visto el artículo 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
– Vistas las directrices de la UE sobre la pena de muerte,
– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y su Segundo Protocolo Facultativo,
– Visto el Estudio sobre las repercusiones del problema mundial de las drogas en el ejercicio de los derechos humanos, elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en septiembre de 2015,
– Vistas las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en particular la de 18 de diciembre de 2014 relativa a la cuestión de una moratoria del uso de la pena de muerte (A/RES/69/186),
– Visto el Día Europeo y Mundial contra la Pena de Muerte, que se celebra el 10 de octubre de todos los años,
– Vista la Declaración final aprobada por el Quinto Congreso Mundial contra la Pena de Muerte celebrado en Madrid del 12 al 15 de junio de 2013,
– Vista la pregunta al Consejo sobre la pena de muerte ( O-000103/2015 – B8-0761/2015 ),
– Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que la Unión Europea mantiene una posición firme y de principio en contra de la pena de muerte, que establece como objetivo fundamental de la política de derechos humanos de la UE la consecución de una moratoria universal que preceda a la abolición mundial de la pena capital;
B. Considerando que el Día Mundial contra la Pena de Muerte que se celebra el 10 de octubre de 2015 se propone fomentar la sensibilización en torno a la aplicación de la pena capital por delitos relacionados con las drogas;
C. Considerando que, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, son más de ciento sesenta los Estados miembros de las Naciones Unidas, pertenecientes a ordenamientos jurídicos, tradiciones, culturas y orientaciones religiosas distintas, que han abolido la pena de muerte o no la ejecutan;
D. Considerando que las últimas cifras revelan que en 2014 al menos 2 466 personas fueron condenadas a muerte en 55 países, lo que representa un incremento de casi el 23 % respecto a 2013; que en 2014 se llevaron a cabo como mínimo 607 ejecuciones en todo el mundo; que el incremento en el número de condenas a muerte guarda estrecha relación con las sentencias de los juicios masivos por delitos de terrorismo en países como Egipto; que en 2015 siguen produciéndose condenas a muerte y ejecuciones a un ritmo alarmante;
E. Considerando que 33 Estados aplican la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas y ejecutan a aproximadamente un millar de personas al año; que se tiene conocimiento de que en 2015 ha habido ejecuciones por estos delitos en China, Irán, Indonesia y Arabia Saudí; que en el mismo año se han seguido dictando sentencias de muerte por estos delitos en China, Indonesia, Irán, Kuwait, Malasia, Arabia Saudí, Sri Lanka, los Emiratos Árabes Unidos y Vietnam; y que dichos delitos pueden incluir diferentes imputaciones por tráfico o posesión de estupefacientes;
F. Considerando que la pena de muerte no produce efecto disuasorio alguno sobre el narcotráfico; que las personas condenadas a muerte por delitos relacionados con las drogas pertenecen en su inmensa mayoría al nivel más bajo del escalafón del narcotráfico;
G. Considerando que en los últimos doce meses hemos asistido a un nuevo incremento del recurso a la pena de muerte a escala mundial para los delitos relacionados con las drogas, puesto que varios países han ejecutado por dicho motivo a un número de personas significativamente superior, intentan reintroducir la pena de muerte para estos delitos o ponen fin a una moratoria de la pena de muerte que ha estado en vigor durante un largo periodo;
H. Considerando que, según diversas informaciones, Irán ha ejecutado a 394 condenados por delitos relacionados con las drogas en el primer semestre de 2015, en comparación con los 367 de todo 2014; que la mitad de todas las ejecuciones llevadas a cabo en Arabia Saudí en el presente año se deben a este tipo de delitos, en comparación con solo el 4 % del total en 2010; que en Pakistán por lo menos 112 condenados por este tipo de delitos esperan su ejecución en el corredor de la muerte;
I. Considerando que decenas de ciudadanos europeos aguardan la ejecución en terceros países, muchos de ellos por delitos relacionados con las drogas;
J. Considerando que son muchas las personas que, independientemente de su situación jurídica, han sido condenadas a muerte y ejecutadas en circunstancias y procedimientos judiciales en los que a menudo no impera el pleno respeto del derecho a un juicio imparcial y a no ser sometido a tortura u otras formas de maltrato, por lo que se comete una injusticia; que las ejecuciones son irreversibles y definitivas;
K. Considerando que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en el artículo 6, apartado 2, que la pena de muerte solo podrá aplicarse «por los más graves delitos», y que tanto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como los Relatores Especiales de estas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y sobre la tortura han afirmado que no se debería imponer la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas; considerando, asimismo, que la pena de muerte obligatoria y su uso para delitos relacionados con las drogas contraviene el Derecho y las normas internacionales;
L. Considerando que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ha alentado a los Estados que aplican la pena de muerte a abolirla para los delitos relacionados con las drogas;
M. Considerando que la Comisión y los Estados miembros han financiado con 60 millones de euros como mínimo los programas antidroga de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), centrados en la lucha contra los estupefacientes en aquellos países que aplica activamente la pena de muerte para los delitos relacionados con las drogas;
N. Considerando que la Comisión, en el marco del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz y de su predecesor, el Instrumento de Estabilidad, ambos pertenecientes a la UE, ha emprendido la aplicación de dos medidas regionales a gran escala para la lucha contra la droga, a saber, los programas relativos a las rutas de la cocaína y la heroína, con un ámbito de actuación que comprende países que aplican la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas; considerando asimismo que, en virtud del artículo 10 del Reglamento del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz, la Comisión tiene la obligación de aplicar directrices operativas que garanticen la conformidad con los derechos humanos y el Derecho humanitario en los procedimientos de adopción de medidas para luchar contra la delincuencia organizada;
O. Considerando que actualmente se está procediendo a una actualización del régimen de controles de exportación de la UE sobre productos susceptibles de utilizarse para la aplicación de la pena de muerte;
1. Reitera su condena del recurso a la pena de muerte y apoya firmemente la introducción de una moratoria sobre la pena de muerte como paso hacia su abolición; insiste una vez en que la abolición de la pena de muerte contribuye a la mejora de la dignidad humana;
2. Insiste en que la pena de muerte es incompatible con valores como el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, en los que se fundamenta la Unión Europea, y en que todo Estado miembro que restablezca la pena de muerte incurrirá, en consecuencia, en una violación de los Tratados y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;
3. Condena todas las ejecuciones dondequiera que se produzcan; reitera su profunda preocupación por la imposición de la pena de muerte a menores y a personas con discapacidad mental o intelectual, y exige el fin inmediato y definitivo de tales prácticas, que vulneran las normas internacionales en materia de derechos humanos; expresa su profunda preocupación por los recientes juicios masivos, que se han traducido en un considerable incremento del número de condenas a muerte;
4. Insta al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a los Estados miembros a seguir luchando contra la aplicación de la pena de muerte y pedir enérgicamente a los países que siguen aplicando la pena capital que cumplan las normas mínimas internacionales, restrinjan el ámbito de aplicación de la pena de muerte y el recurso a esta, y publiquen cifras claras y precisas sobre el número de sentencias y de ejecuciones; pide al SEAE que permanezca vigilante con respecto a la evolución en todos los países, en particular Bielorrusia por ser el único país europeo que mantiene la pena de muerte, y utilice todos los medios de influencia a su disposición;
5. Pide al Gobierno de los Estados Unidos y a los ejecutivos de los distintos Estados del país que supriman la pena de muerte, de manera que los Estados Unidos y la Unión Europea puedan actuar conjuntamente frente a la problemática de esta pena a nivel mundial;
6. Pide a los Estados que han abolido la pena de muerte o que han introducido hace tiempo una moratoria de la pena de muerte que no la vuelvan a instaurar y les anima a compartir sus experiencias en este sentido;
7. Señala que sigue estando plenamente convencido de que la pena de muerte no disuade el tráfico de estupefacientes ni impide que las personas sean víctimas de abuso de drogas; pide a los Estados en los que la pena de muerte está en vigor que introduzcan alternativas a la pena de muerte en lo que se refiere a los delitos relacionados con las drogas centradas, en particular, en programas de prevención de la droga y de reducción de daños;
8. Reitera su recomendación a la Comisión y a los Estados miembros de que la abolición de la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas debe convertirse en condición previa para la asistencia financiera, la asistencia técnica, la creación de capacidades y cualquier otro apoyo a la política de lucha contra la droga;
9. Pide al SEAE que, en el seguimiento de las negociaciones del grupo E3+3, aborde la cuestión del elevado número de ejecuciones de condenados por delitos relacionados con las drogas en la República Islámica de Irán;
10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reafirmen el principio categórico de que la ayuda y la asistencia europeas no pueden apoyar operaciones de aplicación de la ley que comporten la condena a muerte y la ejecución de los detenidos;
11. Insta a la Comisión a que refuerce los controles sobre la exportación de productos susceptibles de utilizarse para la aplicación de la pena de muerte;
12. Expresa su preocupación por la falta de transparencia en lo relativo a la ayuda y asistencia en la lucha antidroga que la Comisión y los Estados miembros brindan a las operaciones represión de los delitos de drogas en países que aplican la pena de muerte por este tipo de delitos; pide a la Comisión que publique un informe anual sobre los fondos que concede en favor de los programas de lucha antidroga en los Estados que mantienen la pena de muerte por este tipo de delitos,;
13. Insta a la Comisión a que aplique sin demora las directrices operativas previstas en el artículo 10 del Reglamento del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz, y que esto se haga de manera estricta en el caso de los programas relativos a la ruta de la cocaína y de la heroína;
14. Insta a la Comisión a que cumpla las recomendaciones del Plan de acción de la UE en materia de lucha contra la droga (2013-2016) en el sentido de que debe desarrollarse y aplicarse un instrumento de orientación y evaluación en materia de derechos humanos a fin de garantizar la «incorporación efectiva de la dimensión de los derechos humanos en la acción exterior de la UE en materia de drogas»;
15. Insta al SEAE, a la Comisión y a los Estados miembros a que faciliten orientaciones para una política europea global y efectiva sobre la pena de muerte en relación con las docenas de ciudadanos europeos a la espera de ejecución en países terceros, que debería incluir mecanismos sólidos y reforzados en cuanto a la identificación, la oferta de asistencia jurídica y la representación diplomática;
16. Pide a la UE y a sus Estados miembros que garanticen que el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, que se celebrará en abril de 2016, aborde el uso de la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas y condene su aplicación;
17. Apoya a todas la agencias de las Naciones Unidas, a todos los organismos internacionales y a todas las ONG en su labor permanente de alentar a los Estados a abolir la pena de muerte; destaca la labor fundamental de la sociedad civil en este sentido; pide a la Comisión que siga financiando proyectos en este ámbito como una de las prioridades del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos;
18. Acoge con satisfacción las recientes ratificaciones del Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP destinado a la abolición de la pena de muerte, que llevan el número de Estados parte a 81; pide a todos los Estados que aún no son partes de este Protocolo que lo ratifiquen de inmediato;
19. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo y a la Comisión, a los Parlamentos y a los Gobiernos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a los Gobiernos de los Estados miembros de las Naciones Unidas.