Documento de sesión
5.10.2015
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras la pregunta con solicitud de respuesta oral B8-0761/2015
presentada de conformidad con el artículo 128, apartado 5, del Reglamento
sobre la pena de muerte
( 2015/2879(RSP) )
Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Daniele Viotti, Boris Zala
en nombre del Grupo S&D
Resolución del Parlamento Europeo sobre la pena de muerte
( 2015/2879(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la abolición de la pena de muerte y, en particular, su Resolución, de 7 de octubre de 2010, sobre el Día Mundial contra la Pena de Muerte[1],
– Vista la declaración conjunta de Federica Mogherini, Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y Thorbjørn Jagland, Secretario General del Consejo de Europa, de 10 de octubre de 2014, Día Europeo y Mundial contra la Pena de Muerte,
– Vistos los protocolos 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos,
– Visto el artículo 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
– Vistas las Directrices de la UE sobre la pena de muerte,
– Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y su Segundo Protocolo Facultativo,
– Visto el documento Study on the impact of the world drug problem on the enjoyment of human rights [Estudio sobre las repercusiones del problema mundial de las drogas en el ejercicio de los derechos humanos], elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en septiembre de 2015,
– Vistas las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en particular la de 18 de diciembre de 2014 relativa a la cuestión de una moratoria del uso de la pena de muerte (A/RES/69/186),
– Vistos el Día Mundial y el Día Europeo contra la Pena de Muerte, que se celebran todos los años el 10 de octubre,
– Vista la Declaración final adoptada por el V Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, celebrado en Madrid entre el 12 y el 15 de junio de 2013,
– Vista la pregunta al Consejo sobre la pena de muerte ( O-000103/2015 – B8-0761/2015 ),
– Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que la Unión Europea mantiene una posición firme y de principio en contra de la pena de muerte, que establece como objetivo fundamental de la política de derechos humanos de la UE la consecución de una moratoria universal que preceda a la abolición mundial de la pena capital;
B. Considerando que el Día Mundial contra la Pena de Muerte que se celebra el 10 de octubre de 2015 se propone fomentar la sensibilización en torno a la aplicación de la pena capital por delitos relacionados con las drogas;
C. Considerando que, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, son más de ciento sesenta los Estados miembros de las Naciones Unidas, pertenecientes a ordenamientos jurídicos, tradiciones, culturas y orientaciones religiosas distintas, que han abolido la pena de muerte o no la ejecutan;
D. Considerando que las últimas cifras revelan que en 2014 al menos 2 466 personas fueron condenadas a muerte en 55 países, lo que representa un incremento de casi el 23 % respecto a 2013; que en 2014 se llevaron a cabo como mínimo 607 ejecuciones en todo el mundo; que dicho incremento en el número de condenas a muerte guarda estrecha relación con las sentencias de los juicios masivos por delitos de terrorismo en países como Egipto; que en 2015 siguen produciéndose condenas a muerte y ejecuciones a un ritmo alarmante;
E. Considerando que treinta y tres Estados aplican la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas, y que las sentencias resultan en unas mil ejecuciones todos los años; que se tiene conocimiento de que en 2015 ha habido ejecuciones por estos delitos en China, Irán, Indonesia y Arabia Saudí; que este año se han seguido dictando sentencias de muerte por delitos relacionados con las drogas en China, Indonesia, Irán, Kuwait, Malasia, Arabia Saudí, Sri Lanka, los Emiratos Árabes Unidos y Vietnam; que dichos delitos pueden incluir diferentes imputaciones relacionadas con el tráfico o posesión de estupefacientes;
F. Considerando que la pena de muerte no produce efecto disuasorio alguno sobre el narcotráfico; que las personas condenadas a muerte por delitos relacionados con las drogas pertenecen en su inmensa mayoría al nivel más bajo del escalafón del narcotráfico;
G. Considerando que en los últimos doce meses hemos asistido a un nuevo incremento del recurso a la pena de muerte a escala mundial para los delitos relacionados con las drogas, puesto que varios países han ejecutado por dicho motivo a un número de personas significativamente superior, intentado reintroducir la pena de muerte para estos delitos o puesto fin a una moratoria de la pena de muerte que ha estado en vigor durante un largo periodo;
H. Considerando que, según la información disponible, Irán ha ejecutado a 394 condenados por delitos relacionados con las drogas en el primer semestre de 2015, en comparación con los 367 de todo el año 2014; que la mitad de todas las ejecuciones llevadas a cabo en Arabia Saudí en el presente año se deben a este tipo de delitos, en comparación con solo el 4 % del total en 2010; que en Pakistán por lo menos 112 condenados por este motivo esperan su ejecución en el corredor de la muerte;
I. Considerando que ocho Estados castigan la homosexualidad con la pena de muerte (Mauritania, Sudán, Irán, Arabia Saudí, Yemen, Pakistán, Afganistán y Qatar), y que oficialmente algunas provincias de Nigeria y Somalia aplican la pena de muerte por actos sexuales entre personas del mismo sexo;
J. Considerando que decenas de ciudadanos europeos aguardan la ejecución en terceros países, muchos de ellos por delitos relacionados con las drogas;
K. Considerando que son muchas las personas que, independientemente de su situación jurídica, han sido condenadas a muerte y ejecutadas en circunstancias y procedimientos judiciales en los que no siempre impera el pleno respeto del derecho a un juicio imparcial y a no ser sometido a tortura u otras formas de maltrato, por lo que se comete una injusticia; que las ejecuciones son irreversibles y definitivas;
L. Considerando que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en el artículo 6, apartado 2, que la pena de muerte solo podrá aplicarse «por los más graves delitos»; que tanto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como los Relatores Especiales de estas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y sobre la tortura han afirmado que no debe aplicarse la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas; que la pena de muerte obligatoria para delitos relacionados con las drogas y el recurso a esta contravienen la legislación y la normativa internacionales;
M. Considerando que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ha animado a los Estados que aplican la pena de muerte a abolirla para los delitos relacionados con las drogas;
N. Considerando que la Comisión y los Estados miembros han financiado con 60 millones de euros como mínimo los programas antidroga de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), centrados en la lucha contra los estupefacientes en países en los que hay una aplicación efectiva de la pena de muerte para los delitos relacionados con las drogas;
O. Considerando que la Comisión, en el marco del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz y de su predecesor, el Instrumento de Estabilidad, ambos pertenecientes a la UE, ha puesto en marcha dos medidas regionales a gran escala en materia de lucha contra la droga, los programas relativos a la ruta de la cocaína y de la heroína, con un ámbito de actuación que comprende países que aplican la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas; que, en virtud del artículo 10 del Reglamento del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz, la Comisión tiene la obligación de seguir directrices operativas para garantizar la conformidad con los derechos humanos y el Derecho humanitario de las medidas para luchar contra la delincuencia organizada;
1. Reitera su condena del recurso a la pena de muerte y apoya firmemente la introducción de una moratoria sobre la pena de muerte como paso hacia su abolición; insiste una vez más en que la abolición de la pena de muerte contribuye a la mejora de la dignidad humana y que el objetivo último de la UE es que esta abolición sea total;
2. Condena todas las ejecuciones dondequiera que se produzcan; manifiesta una vez más su profunda preocupación por la imposición de la pena de muerte a menores, como el joven manifestante saudí Ali Mohamed al Nimr, y personas con discapacidad mental o intelectual, y pide el fin inmediato y definitivo de tales prácticas;
3. Insta al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a los Estados miembros a seguir luchando contra la aplicación de la pena de muerte y pedir enérgicamente a los países que siguen aplicando la pena capital que cumplan las normas mínimas internacionales, restrinjan el ámbito de aplicación de la pena de muerte y el recurso a esta, y publiquen cifras claras y precisas sobre el número de sentencias y de ejecuciones; pide al SEAE que permanezca vigilante con respecto a la evolución en todos los países, en particular Bielorrusia por ser el único país europeo en el que aún existe la pena de muerte, y utilice todos los medios de influencia a su disposición;
4. Celebra la abolición de la pena de muerte en algunos Estados de los EE. UU. y anima a la UE a avanzar en su diálogo con los este país con vistas a la abolición total; condena la reciente ejecución de Alfredo Prieto en el Estado de Virginia;
5. Exhorta a los Estados que han abolido la pena de muerte o en los que existe una moratoria de la pena de muerte desde hace mucho tiempo a no volver a instaurarla y les anima a compartir sus experiencias en este sentido;
6. Pide a los Estados que penalizan la homosexualidad que se abstengan de aplicar la pena de muerte; insta al SEAE a que mantenga la lucha contra la penalización de la homosexualidad entre sus principales prioridades, en consonancia con las Directrices de la UE para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI);
7. Señala que sigue estando plenamente convencido de que la pena de muerte ni produce efecto disuasorio alguno sobre el tráfico de estupefacientes ni impide que las personas sean víctimas de abuso de drogas; pide a los Estados en los que la pena de muerte está en vigor que introduzcan alternativas a la pena de muerte centradas, en lo que se refiere a los delitos relacionados con las drogas, en particular en programas de prevención de la droga y de reducción de daños;
8. Reitera su recomendación a la Comisión y a los Estados miembros de que la abolición de la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas debe convertirse en condición previa para la asistencia financiera, la asistencia técnica, la creación de capacidades y cualquier otro apoyo a la política de lucha contra la droga;
9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reafirmen el principio categórico de que la ayuda y la asistencia europeas no pueden apoyar operaciones de aplicación de la ley que comporten la condena a muerte y la ejecución de los detenidos;
10. Expresa su preocupación por la falta de transparencia en lo relativo a la ayuda y asistencia en la lucha antidroga que la Comisión y los Estados miembros brindan a las operaciones de aplicación de la legislación al respecto en países que aplican la pena de muerte por este tipo de delitos; pide a la Comisión que publique un informe anual sobre los fondos que concede para programas de lucha antidroga en los Estados que mantienen la pena de muerte por este tipo de delitos;
11. Insta a la Comisión a que aplique sin demora las directrices operativas previstas en el artículo 10 del Reglamento del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz, y que esto se haga de manera estricta en el caso de los programas relativos a la ruta de la cocaína y de la heroína;
12. Insta a la Comisión a que cumpla las recomendaciones del Plan de acción de la UE en materia de lucha contra la droga 2013-2016 en el sentido de que debe desarrollarse y aplicarse un «instrumento de orientación y evaluación en materia de derechos humanos» a fin de garantizar la «incorporación efectiva de la dimensión de los derechos humanos en la acción exterior de la UE en materia de drogas»;
13. Insta al SEAE, a la Comisión y a los Estados miembros a que faciliten orientaciones para una política europea global y efectiva sobre la pena de muerte en relación con las decenas de ciudadanos europeos que aguardan su ejecución en terceros países, que debería incluir mecanismos sólidos y reforzados en cuanto a la identificación, la oferta de asistencia jurídica y la representación diplomática;
14. Pide a la UE y a sus Estados miembros que garanticen que el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, previsto para abril de 2016, aborde el uso de la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas y condene su aplicación;
15. Apoya a todas la agencias de las Naciones Unidas, a todos los órganos regionales intergubernamentales y a todas las ONG en su labor permanente de alentar la abolición de la pena de muerte por parte de los Estados; destaca la labor fundamental de la sociedad civil en este sentido; pide a la Comisión que siga financiando proyectos en este ámbito en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos;
16. Acoge con satisfacción las recientes ratificaciones del Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP, destinado a abolir la pena de muerte, con las que el número de Estados Partes pasa a ser de ochenta y uno, y pide a todos los Estados que aún no sean partes de dicho Protocolo que lo ratifiquen de inmediato;
17. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, al Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a los Gobiernos de los Estados miembros de las Naciones Unidas.