Documento de sesión
14.1.2016
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
en apoyo al proceso de paz en Colombia
( 2015/3033(RSP) )
Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho
en nombre del Grupo S&D
Resolución del Parlamento Europeo en apoyo al proceso de paz en Colombia
( 2015/3033(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus numerosas resoluciones sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, incluidas las de 18 de abril de 1996, 12 de junio de 1997, 12 de marzo y 14 de mayo de 1998, 11 de marzo de 1999 y 7 de septiembre de 2000,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre la situación en Colombia, incluidas las de 14 de marzo y 24 de octubre de 1996, 18 de septiembre de 1997 y 14 de enero de 1999,
– Vistas su Resolución, de 1 de febrero de 2001, sobre el Plan Colombia y el apoyo al proceso de paz en Colombia, así como sus Resoluciones, de 4 de octubre de 2001 y de 14 de marzo de 2002, sobre Colombia,
– Vistos los lazos especiales que vinculan a la UE con Colombia, y en particular el Acuerdo Comercial Multipartes entre Colombia y Perú, y la UE y sus Estados Miembros, firmado en Bruselas el 26 de julio de 2012,
– Visto el Comunicado conjunto n.º 60 sobre el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz firmado en La Habana el 23 de septiembre de 2015,
– Visto el Borrador Conjunto del Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto, logrado en La Habana el 15 de diciembre de 2015,
– Visto el párrafo 44 del Mensaje de la Delegación del PE en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) a la II Cumbre CELAC-UE de Bruselas sobre terminación del conflicto interno entre el Gobierno de Colombia y las FARC,
– Vista la Declaración de Bruselas, adoptada al término de la II Cumbre UE-CELAC el 11 de junio de 2015,
– Vista la Declaración de la Alta Representante de la UE, Federica Mogherini, sobre el Acuerdo de justicia transicional en Colombia, de 24 de septiembre de 2015, así como su Declaración de 1 de Octubre siguiente nombrando a Eamon Gilmore como Enviado Especial de la Unión para el Proceso de Paz en Colombia,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que la UE y Colombia mantienen desde 2013 un marco de estrecha colaboración económica y comercial, establecido en el Acuerdo Comercial entre Colombia y Perú, y la UE y sus Estados Miembros, cuya aspiración última es no solo potenciar las relaciones económicas entre las partes, sino también crear alianzas que vayan más allá del simple intercambio comercial, reforzando la paz, la democracia y el bienestar para sus ciudadanos;
B. Considerando que bajo el marco de este Acuerdo destaca la eliminación de la exigencia de visados por parte de la UE a los ciudadanos colombianos, acordada en la II Cumbre UE-CELAC de junio de 2015;
C. Considerando que esta estrecha relación se extiende a espacios de colaboración internacional en grandes causas comunes, como son la lucha por la paz y contra el terrorismo, siendo muy destacable que, desde la firma del Acuerdo Marco UE-Colombia sobre participación en operaciones de gestión de crisis de la UE, de 2014, fuerzas militares colombianas cooperan con las europeas en operaciones internacionales de paz, bajo el amparo de los principios de Naciones Unidas;
D. Considerando que la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno de Colombia y las FARC se instaló en La Habana (Cuba) el 26 de agosto de 2012, tras la firma del documento «Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera», dando cumplimiento al deseo del pueblo de Colombia de vivir en paz, y reconociendo en particular que la construcción de paz es asunto de la población en su conjunto, que el Estado tiene el deber de promover los derechos humanos en la totalidad de su territorio y que el desarrollo económico y social con equidad es garante de paz y constituye al mismo tiempo condición necesaria para el crecimiento inclusivo y sostenible del país;
E. Considerando que, a lo largo de diferentes fases, los negociadores en La Habana lograron acuerdos sobre un nuevo campo colombiano y la reforma rural integral, sobre participación política y apertura democrática para construir la paz, y sobre la solución al problema de las drogas ilícitas;
F. Considerando que, el pasado 23 de septiembre de 2015, el Gobierno de Colombia y las FARC anunciaron la conclusión de un acuerdo sobre la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la creación de una paz estable y duradera, a cuyo efecto las partes han acordado la puesta en marcha de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluye la creación de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, así como acuerdos en materia de reparación a las víctimas;
G. Considerando que, una vez logrado el citado acuerdo sobre la llamada Justicia Transicional, los negociadores han dado un paso definitivo hacia la paz, que parece también irreversible al haberse fijado ambas partes un plazo de seis meses como máximo para alcanzar la paz, estableciendo el día 23 de marzo de 2016 como fecha límite;
H. Considerando que, el pasado 15 de diciembre de 2015, el Gobierno de Colombia y las FARC anunciaron la conclusión de un acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: «Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición», incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz y el Compromiso sobre Derechos Humanos; que este acuerdo crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto;
I. Considerando que este acuerdo supone un paso fundamental de avance para la construcción de una paz estable y duradera, que reconoce a todas las víctimas del conflicto no solo en su condición de víctimas, sino también y principalmente su condición de ciudadanos con derechos, en particular su derecho a participar en el esclarecimiento de la verdad y a ser resarcidas por los daños que sufrieron a causa del conflicto;
J. Considerando que la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz responde a la necesidad de encontrar un sistema especial de justicia con arreglo al Derecho internacional, que sancione a los responsables de delitos de sangre y compense a las víctimas, al tiempo que facilita el abandono de las armas;
K. Considerando que el Gobierno de Colombia, su cámara legislativa y el pueblo colombiano son soberanos para establecer los parámetros de esta Jurisdicción Especial para la Paz, y que dicha Jurisdicción contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz, cuya función esencial será acabar con la impunidad, obtener la verdad y juzgar y sancionar a los perpetradores de los delitos cometidos durante el conflicto, en particular los más graves y representativos, garantizando la no repetición y contribuyendo además a la reparación de las víctimas;
L. Considerando que esa Jurisdicción Especial:
- reconoce la necesidad de condenar a los perpetradores de crímenes cometidos durante el conflicto, aunque hayan reconocido su responsabilidad;
- contempla un régimen de reclusión diferenciado, en función del reconocimiento temprano o tardío de la responsabilidad por los delitos graves, o el no reconocimiento de tal responsabilidad, variando las penas en el caso de condena entre 5 y 8 años y hasta 20 años respectivamente, y variando también los lugares y condiciones del régimen de ejecución de las sanciones de privación efectiva de libertad en función del reconocimiento de responsabilidad;
- prevé que, a la terminación de las hostilidades, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos, de conformidad con el Derecho internacional humanitario, y sin que puedan beneficiarse de la amnistía los autores de delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes graves de guerra, ni tampoco de otros delitos graves como toma de rehenes, aplicación de tortura, desplazamiento forzado, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual;
M. Considerando que la consecución de una paz estable y duradera en Colombia, mediante la terminación de un conflicto interno de más de 50 años que ha provocado millones de víctimas, es una prioridad en primer lugar para Colombia, pero también para la Unión Europea y para la comunidad internacional, como lo demuestran las numerosas declaraciones de apoyo al proceso de paz por parte de distintos países y organismos regionales e internacionales, incluida la propia Unión Europea;
1. Acoge con gran satisfacción el acuerdo sobre la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, que resuelve satisfactoriamente el principal y más problemático asunto de las negociaciones, y celebra la decisión común de darse un plazo de seis meses para la firma de un acuerdo definitivo de paz antes del 23 de marzo de 2016;
2. Acoge igualmente con satisfacción el acuerdo alcanzado sobre el punto 5 «Víctimas» de la Agenda del Acuerdo General entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el pasado 15 de diciembre de 2015, que incluye la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto; la Jurisdicción Especial para la Paz y las medidas específicas de reparación;
3. Reconoce que este es un acuerdo único en la historia de las negociaciones y conflictos armados, que pone a las víctimas en el centro del acuerdo y tiene como prioridades la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y que, por consiguiente, es un acuerdo con justicia y sin impunidad;
4. Estima que tanto la firma del reciente acuerdo sobre las víctimas, como la reafirmación de los otros acuerdos logrados anteriormente sobre reforma rural integral, participación política y apertura democrática para construir la paz, y sobre la solución al problema de las drogas ilícitas, constituyen pasos decisivos para el logro de un acuerdo definitivo de paz avalado por la sociedad colombiana y que permita el logro de una paz estable y duradera que ponga fin a más de medio siglo de conflicto armado interno y tenga en cuenta muy en particular el derecho de las víctimas del conflicto a una reparación completa, verdadera y justa de los daños físicos, morales y materiales sufridos;
5. Hace un llamamiento a que el proceso en curso se amplíe al ELN o se establezca, en su caso, un proceso negociador paralelo que pueda desarrollarse en similares términos y plazos;
6. Expresa su deseo de que las negociaciones culminen a la mayor brevedad posible, y en todo caso dentro del plazo de seis meses fijado el 23 de septiembre en La Habana, de modo que el 23 de marzo de 2016 marque el definitivo fin del conflicto y un verdadero hito en la historia moderna de Colombia;
7. Reconoce el gran esfuerzo político, el realismo y la perseverancia demostrados tanto por el Gobierno de Colombia como por las FARC para acercar sus antagónicas posturas y crear progresivamente un espacio de compromiso que ha ido permitiendo avanzar en las negociaciones en pro de la paz estable y duradera que desean vivamente todos los colombianos, garantizando la no repetición del conflicto;
8. Proclama una vez más que la violencia no es un método legítimo de lucha política, y pide a quienes hayan compartido esa convicción que abracen la democracia con todas sus consecuencias y exigencias, la primera de ellas, el abandono definitivo y para siempre de las armas, y la defensa de sus ideas y aspiraciones a través de reglas democráticas y el Estado de Derecho; en este sentido, hace un llamamiento para que se respete el derecho de la oposición a ejercer sus actividades políticas sin enfrentarse a la sistemática persecución que históricamente ha sufrido;
9. Reconoce también el importante papel desempeñado hasta la fecha por Cuba y Noruega como países garantes, y Chile y Venezuela como países acompañantes del proceso de paz, agradeciendo muy especialmente el liderazgo moral del Papa Francisco y sus esfuerzos para contribuir a la consecución de la ansiada paz en Colombia;
10. Acoge con satisfacción la decisión de 1 de octubre de 2015 de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vice-Presidenta de la Comisión, Federica Mogherini, de nombrar a Eamon Gilmore, ex viceprimer ministro y ex ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de la República de Irlanda, como Enviado Especial de la Unión Europea para el Proceso de Paz en Colombia; se compromete a hacer todos los esfuerzos necesarios para dotar cuanto antes al nuevo Enviado Especial de los recursos presupuestarios necesarios para el desempeño exitoso de su importante misión; y pide que el Enviado Especial se reúna con ambas partes;
11. Reitera su disposición a prestar toda la asistencia posible en apoyo a la aplicación del acuerdo definitivo de paz, y renueva al efecto su llamamiento a los Estados miembros de la Unión Europea para que creen un fondo fiduciario para acompañar la fase posconflicto; considera que este fondo debe ser administrado en acuerdo con ambas partes y que las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil deben tener acceso directo a dicho fondo;
12. Da la bienvenida a la decisión de otorgar una amplia amnistía o indulto para los delitos políticos y conexos relacionados con el conflicto, e invita el Gobierno de Colombia a adoptar una ley estatutaria que defina claramente el alcance de los delitos políticos y que aporte igualmente claridad sobre otros delitos comunes como el narcotráfico y su posible nexo con los crímenes políticos; toma nota de que, conforme a la legislación colombiana actual, se consideran como crímenes políticos los que atentan contra el régimen constitucional, señaladamente la rebelión, la sedición y la asonada;
13. Nota con satisfacción que, al ser excluidos de toda amnistía o indulto los delitos de lesa humanidad, genocidio y los graves crímenes de guerra, el acuerdo de paz se ajusta al Derecho internacional penal y humanitario, y a los instrumentos y normas internacionales de aplicación en el ámbito de los derechos humanos;
14. Hace hincapié en la necesidad de poner en marcha sistemas efectivos que permitan evaluar la relación entre los crímenes de narcotráfico y el conflicto armando, evitando que entren en la competencia de la Jurisdicción delitos comunes cometidos fuera del contexto del conflicto armado;
15. Estima indispensable que las penas impuestas a perpetradores de los crímenes contribuyan al objetivo de reparación de las víctimas y a la reconciliación política, por lo que apoya la idea de que los perpetradores de delitos menos graves que hayan aceptado su responsabilidad puedan cumplir sus penas fuera de las cárceles, de forma que puedan contribuir a la reparación de las víctimas y restablezcan sus vínculos con la comunidad;
16. Acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado entre las partes de crear, una vez firmado el acuerdo definitivo de paz, una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición como mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial para construir conjuntamente un relato histórico veraz de lo ocurrido, porque solo sobre la descripción honesta del pasado y la asunción de todas las responsabilidades es posible construir un futuro reconciliado y dar respuesta a los derechos de todas las víctimas;
17. Expresa su firme apoyo a las discusiones en curso para el logro de un acuerdo definitivo de alto el fuego y cese total de las hostilidades antes del 23 de marzo de 2016; en tal sentido, pide a todas las fuerzas políticas colombianas un esfuerzo de consenso en torno a dicho acuerdo para que, en su caso, reciba un máximo apoyo ciudadano y pueda así constituir el primer y mejor paso hacia una reconciliación social, a todas luces imprescindible para la superación de tantos años de violencia, que ha causado un enorme número de víctimas;
18. Exige una vez más la garantía íntegra y permanente de los derechos humanos por parte del sistema político colombiano y de sus instituciones a lo largo y ancho del país; considera que la subcultura de la violencia debe ser erradicada totalmente en un país en el que cincuenta años de conflicto generaron a veces respuestas extralegales y hábitos y conductas en algunas instituciones del Estado que no se corresponden con el Estado de Derecho y el exigible respeto a los derechos humanos; en este sentido, exige la protección de los defensores de derechos humanos en Colombia y reclama de estas organizaciones cívicas su mejor y más leal colaboración para la restauración de una convivencia reconciliada en Colombia;
19. Valora positivamente el reciente anuncio por parte de las fuerzas armadas colombianas de que se va a revisar la doctrina militar de Colombia con el fin de adaptarla y preparar a las fuerzas armadas para que respondan de manera efectiva y ágil a los nuevos retos y desafíos en la fase posconflicto, sirviendo al mismo tiempo de garante de los acuerdos de paz; estima asimismo que el reciente anuncio por parte de las FARC de que van a suspender su instrucción militar para dedicarse en lo sucesivo a la formación política y cultural en el marco del proceso destinado a poner fin al conflicto armado constituye otro paso hacia adelante igualmente esperanzador y en la dirección adecuada;
20. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Presidencia de turno de la UE, a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al Gobierno y al Congreso de la República de Colombia.