Documento de sesión
14.1.2016
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
sobre el proceso de paz en Colombia
( 2015/3033(RSP) )
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD
Resolución del Parlamento Europeo sobre el proceso de paz en Colombia
( 2015/3033(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vista la Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini, de 24 de septiembre de 2015, sobre el Acuerdo de Justicia Transicional en Colombia,
– Visto el nombramiento, el 1 de octubre de 2015, de un Enviado Especial de la Unión para el Proceso de Paz en Colombia,
– Vista la Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 16 de diciembre de 2015, sobre el Acuerdo de las Víctimas del Conflicto de Colombia,
– Vista la Cumbre UE-CELAC celebrada los días 10 y 11 de junio de 2015 en Bruselas y la Declaración de Bruselas adoptada al término de esta,
– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 16 de noviembre de 2015, sobre el apoyo de la UE a la justicia transicional,
– Visto el compromiso de la UE de instituir un fondo fiduciario para acompañar la fase posconflicto en Colombia, que deberá estar listo a la conclusión del acuerdo,
– Visto el Comunicado Conjunto del Gobierno y las FARC sobre el Acuerdo de Justicia Transicional, de 23 de septiembre de 2015,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que el Gobierno colombiano y el mayor grupo rebelde de izquierdas del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), intentan poner término a un conflicto armado que dura ya más de cinco décadas, y con este fin entablaron conversaciones de paz oficiales en la capital de Cuba, La Habana, en noviembre de 2012,
B. Considerando que se ha llegado a acuerdos en algunos puntos clave, por ejemplo restitución de tierras, participación política y tráfico de drogas, y considerando que las partes han fijado el 23 de marzo como plazo para firmar un documento definitivo; considerando que el acuerdo definitivo se someterá a consulta popular en forma de referéndum;
C. Considerando que más de 220 000 personas han sido asesinadas en el conflicto armado y 45 000 han desaparecido, de las cuales el 80 % eran civiles, y que millones de personas se han visto desplazadas en el interior del país por la violencia y muchas han sido secuestradas, amenazadas o heridas por minas terrestres durante el conflicto; Considerando que Colombia es el segundo país del mundo más afectado por las minas, después de Afganistán, y que más de 11 000 personas han muerto o resultado heridas por una mina en los últimos quince años;
D. Considerando que no toda la violencia es atribuible a los insurgentes de las FARC, pues muchos de los asesinatos fueron cometidos por grupos paramilitares de derechas, que nacieron para combatir a las FARC; que también las bandas criminales que pugnan por controlar la producción de cocaína en Colombia se han convertido en una amenaza cada vez mayor;
E. Considerando que el 15 de diciembre de 2015 las partes firmaron un acuerdo sobre la difícil cuestión de cómo reconocer y resarcir a las víctimas de más de cincuenta años de conflicto; que dicho acuerdo promete reparación a las víctimas y la creación de un «sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición», que proporciona un marco para la aplicación de este acuerdo y del acuerdo de 23 de septiembre relativo a las víctimas, incluido un acuerdo para crear una comisión de la verdad que determine la autoría de las atrocidades e instituya tribunales especiales para juzgar a los responsables y una promesa por ambas partes de localizar a los desaparecidos;
F. Considerando que el acuerdo de 23 de septiembre dispone que los combatientes que reconozcan su responsabilidad en delitos graves se enfrentarán a sentencias de entre cinco y ocho años de «libertad restringida»; que, para poder optar a este tratamiento, los combatientes habrán de comprometerse a rehabilitarse socialmente —mediante trabajo, formación o estudios— mientras cumplen su condena; considerando que quienes no reconozcan su responsabilidad serán condenados a una pena privativa de libertad de entre cinco y ocho años en «condiciones ordinarias», y quienes se nieguen a cooperar podrían pasar, de ser declarados culpables, hasta veinte años en prisión;
G. Considerando que el acuerdo incluye también la promesa tanto del Gobierno como de la guerrilla de que el conflicto no se reproducirá; que el único punto que queda por negociar es el llamado acuerdo de fin del conflicto, que contempla los aspectos prácticos de la desmovilización y el desarme de las FARC y la reincorporación a la vida civil;
H. Considerando que, según el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, 24 000 agentes del Estado colombianos están implicados en crímenes en el contexto y en razón del conflicto y podrían beneficiarse de la justicia transicional de lograrse la paz con los rebeldes de las FARC;
I. Considerando que Nicolás Rodríguez, comandante del Ejército de Liberación Nacional —el segundo grupo rebelde del país— afirmó el 26 de diciembre de 2015 que su grupo y el Gobierno habían acordado un programa para las negociaciones de paz, con el objetivo último de firmar un acuerdo de paz; que, según el ministro de Interior del país, el Gobierno todavía no ha decidido abrir negociaciones de paz con el ELN;
1. Celebra los progresos realizados para alcanzar un acuerdo de paz definitivo y elogia, en particular, el compromiso de poner a las víctimas en el centro del proceso de paz;
2. Elogia el papel desempeñado por los países garantes, Cuba y Noruega, en las conversaciones de La Habana, así como el de otros patrocinadores (Venezuela y Chile) y naciones acompañantes para contribuir al buen fin del proceso de paz;
3. Acoge con satisfacción el Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto que prevé la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz que juzgue e imponga sanciones a los responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y fije reparaciones para las víctimas, así como el comunicado que informa de que las fuerzas de seguridad podrán acogerse a esta jurisdicción especial;
4. Considera, no obstante, que subsiste una gran indefinición y algunas lagunas que pueden ser peligrosas, como por ejemplo:
• el significado exacto de «restricción efectiva de la libertad» para quienes reconozcan su responsabilidad,
• el tratamiento dado a los «falsos positivos», crímenes de lesa humanidad perpetrados por militares,
• la responsabilidad de los comandantes,
• el tratamiento de los prisioneros condenados por «crímenes políticos» y de los acusados de narcotráfico y secuestro,
• las indemnizaciones financieras de las FARC a las víctimas,
• en qué medida podrían participar en la vida política las personas con libertad restringida,
• el nombramiento de los jueces del Tribunal, y
• las sanciones a aquellos civiles que han apoyado a los paramilitares;
5. Insta a las partes a que, antes de que se firme el acuerdo final y teniendo en cuenta las evaluaciones de la Corte Penal Internacional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sean más precisas y colmen las lagunas, para definir mejor las áreas que son confusas y más susceptibles de permitir abusos;
6. Celebra que las partes hayan acordado que no habrá amnistía para los delitos más graves, como los crímenes de lesa humanidad, genocidios, crímenes graves de guerra, tomas de rehenes u otras privaciones de libertad graves, torturas, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o violencia sexual, y elogia esta medida que considera fundamental para luchar contra la impunidad;
7. Considera que la creación de una subcomisión de género para que se incorpore la perspectiva de género a las negociaciones y para que supervivientes de violencia sexual y líderes de organizaciones de derechos de las mujeres puedan participar en las conversaciones de paz es un hecho sin precedentes que debería servir de inspiración a otros procesos de paz en todo el mundo;
8. Reitera el firme apoyo político de la Unión a las conversaciones de paz de La Habana, y acoge con satisfacción el incremento de la asistencia financiera prometida por la Comisión, así como la intención de instituir un fondo fiduciario de la UE para apoyar a Colombia en esta fase posconflicto; considera que dicho fondo fiduciario solo será efectivo si los Estados miembros de la UE y otros donantes internacionales lo dotan suficientemente y se destina sobre todo a las víctimas del conflicto y a programas para la aplicación del acuerdo de paz, como proyectos de desminado;
9. Subraya el papel fundamental que las organizaciones de la sociedad civil desempeñarán tras el acuerdo; considera que apoyar sin reservas a las organizaciones de la sociedad civil, como grupos de víctimas, de colectivos, religiosos o de derechos humanos, facilitará la instauración de la paz, especialmente en áreas rurales y remotas del país;
10. Considera que debería prestarse especial atención a las comunidades étnicas que han sufrido de forma desproporcionada en el conflicto, en particular los colectivos y las personas afrocolombianas e indígenas;
11. Celebra el acuerdo alcanzado sobre el comercio de drogas ilegales y la decisión de aplicar unas políticas que permitan la erradicación y la sustitución de los cultivos ilícitos; subraya la necesidad de elaborar unos planes de desarrollo de las comunidades rurales con programas para desminar las zonas rurales, y celebra los acuerdos que distinguen entre quienes cultivan la droga y las organizaciones criminales que participan en otras fases del comercio de drogas, pues estas personas deberían tener la oportunidad de reincorporarse a la sociedad colombiana; pide también que se apoye a quienes sufren las consecuencias de las aspersiones aéreas con glifosato, un carcinógeno que se utiliza como principal ingrediente para la fumigación aérea;
12. Cree que, una vez alcanzado el acuerdo, el Gobierno colombiano tendrá que realizar una transición hacia unas fuerzas armadas con menos —y distintas— competencias; considera que tanto las fuerzas armadas como los cuerpos policiales necesitarán formación en técnicas de policía de proximidad y respeto de los derechos humanos, y habrá de instaurarse un férreo mecanismo de supervisión;
13. Cree que solo será posible consolidar la paz en Colombia si se alcanza un acuerdo con el ELN; insta a las partes a encontrar la forma de avanzar en las conversaciones y a entablar negociaciones oficiales;
14. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al Gobierno y el Congreso de Colombia.