Documento de sesión
14.1.2016
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
sobre las prioridades de la UE para los periodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2016
( 2015/3035(RSP) )
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
en nombre del Grupo EFDD
Resolución del Parlamento Europeo sobre las prioridades de la UE para los periodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2016
( 2015/3035(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vistas la Declaración Universal de Derechos Humanos y las convenciones de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y los protocolos facultativos a las mismas, incluidas la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
– Vista la Resolución 60/251 de la Asamblea General de las Naciones Unidas por la que se establece el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
– Vistos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Social Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
– Visto el Plan de Acción de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia 2015-2019,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre la violación de los derechos humanos, incluidas sus resoluciones de urgencia al respecto,
– Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2015, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2014) y la política de la Unión Europea al respecto[1],
– Vistos el artículo 2, el artículo 3, apartado 5, y los artículos 18, 21, 27 y 47 del Tratado de la Unión Europea,
– Visto el Informe anual de 2015 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a la Asamblea General de las Naciones Unidas,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que en 2015 y 2016 se celebran aniversarios relevantes en lo que se refiere al disfrute de los derechos humanos, la paz y la seguridad: el 70º aniversario de la fundación de las Naciones Unidas, el 50º aniversario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el 40º y 20º aniversarios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo (1986) y de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín (1995), respectivamente, y el 15º aniversario de la histórica Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad (2000) y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000);
B. Considerando que la defensa del respeto de los derechos humanos, independientemente de la raza, el origen, el género o el color de la piel, es una obligación de todos los Estados; reiterando su compromiso con la indivisibilidad de los derechos humanos, sean civiles, económicos, sociales o culturales, que están interrelacionados y son independientes, y considerando que la privación de uno de esos derechos afecta de manera directa y negativa a los otros; que todos los Estados están obligados a respetar los derechos fundamentales de sus poblaciones respectivas y tienen el deber de adoptar medidas concretas a escala nacional para facilitar el respeto de estos derechos, y de cooperar a escala internacional para eliminar los obstáculos al respeto de los derechos humanos en todos los ámbitos;
C. Considerando que el respeto, el fomento, la protección y el carácter universal de los derechos humanos forman parte del acervo ético y jurídico de la Unión Europea y constituyen una de las piedras angulares de la unidad e integridad europeas;
D. Considerando que la acción de la Unión en sus relaciones con terceros países se guía por el artículo 21 del Tratado de Lisboa, que reitera la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y consagra el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional;
E. Considerando que el respeto de los derechos humanos ha de integrarse en todos los ámbitos políticos relacionados con la paz y la seguridad, la cooperación al desarrollo, el comercio y la inversión, la acción humanitaria, el cambio climático y la lucha contra el terrorismo, ya que no pueden abordarse de manera aislada respecto a los derechos humanos;
F. Considerando que las sesiones ordinarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), la designación de ponentes especiales, el mecanismo de examen periódico universal y los procedimientos especiales que abordan bien situaciones nacionales específicas o cuestiones temáticas contribuyen a la promoción y el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho;
G. Considerando que, lamentablemente, algunos de los miembros actuales del Consejo de Derechos Humanos se encuentran entre los países que cometen las peores violaciones de los derechos humanos y tienen un historial dudoso en lo que se refiere a la cooperación con los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y el cumplimiento de sus requisitos de información respecto de los órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas;
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
1. Se congratula del nombramiento del embajador Choi Kyong-lim como presidente del CDH para 2016;
2. Acoge con satisfacción el informe anual del CDH a la Asamblea General de las Naciones Unidas que cubre sus 28º, 29º y 30º períodos de sesiones;
3. Reitera su posición de que los miembros del CDH deben elegirse entre los Estados que defienden el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia, e insta a los Estados miembros de las Naciones Unidas a fomentar criterios basados en los resultados en el ámbito de los derechos humanos como condición para que un Estado sea elegido miembro del CDH; manifiesta su preocupación por las violaciones de los derechos humanos en algunos de los miembros del CDH recientemente elegidos, y subraya la importancia de la defensa de la independencia del CDH de cara a garantizar que pueda seguir ejecutando su mandato de una manera eficaz e imparcial;
4. Reitera su apoyo a los procedimientos especiales y al estatuto independiente de los titulares de mandatos, que les permiten llevar a cabo su labor con total imparcialidad, lamenta profundamente la falta de cooperación mostrada por algunos Estados miembros, como Venezuela, Arabia Saudí y Etiopía y algunos Estados observadores como Zimbabue, Uzbekistán o Turkmenistán, objeto de procedimientos especiales temáticos, así como la falta de cooperación en los procedimientos especiales referidos a países, y pide a todos los Estados que cooperen con estos procedimientos;
5. Reafirma la importancia de la universalidad del examen periódico universal, con vistas a lograr el pleno entendimiento de la situación de los derechos humanos en todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, y reitera su apoyo al segundo ciclo de examen, que se centra en la aplicación de las recomendaciones aceptadas durante el primer ciclo; pide de nuevo, no obstante, que en la continuación del proceso del examen periódico universal se vuelvan a examinar las recomendaciones que no fueron aceptadas por algunos Estados durante el primer ciclo;
6. Subraya la necesidad de asegurar que una amplia representación de las partes interesadas, en especial la sociedad civil, participan plenamente en el proceso del examen periódico universal, y manifiesta su preocupación por las limitaciones estrictas y las restricciones cada vez mayores que dificultan la participación de la sociedad civil en dicho proceso;
7. Solicita a la UE y a la Comisión que realicen un seguimiento de las recomendaciones del examen periódico universal en todos los diálogos políticos de la UE con los países en cuestión al objeto de explorar la manera y los medios de aplicar las recomendaciones sobre la base de las estrategias nacionales y regionales;
8. Acoge con satisfacción la Iniciativa para el Cambio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que pretende mejorar y reforzar la presencia global de las oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas mediante la creación de ocho centros regionales para vigilar y fomentar el respeto de los derechos humanos trabajando directamente con socios a fin de transformar las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos en cambios reales sobre el terreno;
Derechos civiles y políticos
9. Manifiesta su preocupación por las revisiones constitucionales iniciadas en algunos países destinadas a cambiar el límite de los mandatos presidenciales, cuestión que ha provocado, en algunos casos, actos violentos relacionados con los procesos electorales; reafirma que el respeto de los derechos civiles y políticos, entre ellos, los derechos a la libertad de expresión individual y colectiva y la libertad de reunión y de asociación, es el único indicador de una sociedad democrática, tolerante y pluralista;
10. Reitera que la libre elección de los dirigentes políticos, mediante elecciones genuinas celebradas periódicamente y basadas en el sufragio universal e igualitario, constituye un derecho fundamental del que deben disfrutar todos los ciudadanos de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 21, apartado 3) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25); y reafirma que la libertad de expresión y un entorno vibrante y propicio para una sociedad civil independiente y pluralista son requisitos previos para fomentar el respecto a los derechos humanos;
11. Condena el acoso permanente y la detención de defensores de los derechos humanos y figuras de la oposición por parte de las fuerzas gubernamentales en varios terceros países; manifiesta su preocupación por la legislación injusta y restrictiva, también la relativa a las restricciones a la financiación procedente del extranjero, que está ocasionando una pérdida de espacios para las actividades de la sociedad civil; pide a todos los Gobiernos que promuevan y respalden la libertad de los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y las actividades de los defensores de los derechos humanos, y que les permitan actuar sin miedo y sin ser objeto de represiones o intimidaciones;
12. Considera que las tecnologías digitales actuales brindan ventajas y plantean desafíos a la protección del derecho a la privacidad y al ejercicio de la libertad de expresión en línea en todo el mundo; acoge favorablemente, en este contexto, el nombramiento de un Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad en la era digital, cuyo mandato incluye la vigilancia y las cuestiones de privacidad que afectan a las personas, tanto en línea como fuera de línea;
13. Reitera su ya antigua oposición al recurso a la pena de muerte, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes como castigo en todos los casos y en todas las circunstancias; insiste una vez más en que la abolición de la pena de muerte contribuye a la mejora de la dignidad humana y reafirma su compromiso con el derecho a la vida y la dignidad humana de cualquier persona;
14. Elogia los progresos sustanciales obtenidos hasta la fecha respecto a la pena capital, que muchos países han suspendido, mientras que otros han adoptado medidas legislativas encaminadas a su abolición; lamenta, no obstante, la reintroducción de las ejecuciones en algunos países durante los últimos años; pide a aquellos Estados que hayan abolido la pena de muerte o establecido una moratoria de larga duración sobre la misma que no la restablezcan;
Derechos económicos y sociales
15. Lamenta que, más de veinte años después de la adopción de la Declaración de Viena sobre la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia y la interrelación de todos los derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) no sea tratado en pie de igualdad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) ni se le conceda la misma relevancia que a este último; reconoce los esfuerzos del CDH por situar a todos los derechos humanos en pie de igualdad y concederles la misma relevancia mediante el establecimiento de titulares de mandatos de procedimientos especiales relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales;
16. Manifiesta su profunda preocupación por el incremento de la pobreza extrema, que pone en peligro el pleno disfrute de todos los derechos humanos; se felicita, a este respecto, por el informe del Relator Especial del CDH sobre la extrema pobreza y los derechos humanos (A/HRC/29/31) y respalda sus propuestas en favor de la erradicación de la pobreza extrema, entre las que se encuentran: otorgar a los derechos económicos, sociales y culturales la misma relevancia y prioridad que a los derechos civiles y políticos; reconocer el derecho a la protección social; aplicar políticas fiscales específicas destinadas a la reducción de las desigualdades; revitalizar y dotar de contenido al derecho a la igualdad; y situar las cuestiones sobre la redistribución de los recursos en el centro del debate sobre los derechos humanos;
17. Opina que la corrupción, la evasión fiscal, la mala gestión de bienes públicos y la falta de rendición de cuentas contribuyen a la violación de los derechos humanos de los ciudadanos, pues desvían fondos de los presupuestos estatales que deberían dedicarse al fomento de los derechos humanos destinándose a servicios públicos muy necesarios, como la educación, los servicios básicos de atención sanitaria y otras infraestructuras sociales; considera que las medidas para velar por el respeto de los derechos humanos, en particular los derechos a la información, a la libertad de expresión y reunión, a un poder judicial independiente y a la participación democrática en los asuntos públicos, son fundamentales en la lucha contra la corrupción;
Empresas y derechos humanos
18. Apoya firmemente la aplicación eficaz y generalizada de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos dentro y fuera de la UE, también mediante la elaboración de planes de acción nacionales; destaca la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias para colmar las lagunas en la aplicación efectiva de los Principios Rectores de las Naciones Unidas, también en lo referente al acceso a la justicia y los recursos;
19. Pide a las Naciones Unidas y a la UE que aborden la cuestión de los defensores de los derechos de la tierra que son víctimas de represalias, como amenazas, acoso, detenciones arbitrarias, agresiones y asesinatos, por criticar la adquisición de tierras a gran escala a costa de los derechos sobre la tierra y a la alimentación de las poblaciones rurales en terceros países; pide que los mecanismos de las Naciones Unidas y los planes de acción de la UE sobre derechos humanos y democracia incluyan sistemáticamente a los defensores de los derechos de la tierra en sus proyectos de derechos humanos;
20. Acoge con satisfacción la iniciativa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para mejorar el proyecto de rendición de cuentas y recursos con vistas a contribuir a un sistema justo y más eficaz de recursos judiciales nacionales, en particular en los casos de violaciones graves de los derechos humanos en el sector empresarial; pide a todos los Gobiernos que cumplan sus obligaciones de garantizar el respeto de los derechos humanos y el acceso a la justicia a las víctimas que se enfrentan a dificultades tanto prácticas como jurídicas para poder recurrir a nivel nacional e internacional en lo que se refiere a violaciones de los derechos humanos relacionadas con el sector empresarial;
21. Señala que un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, establecido por una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) de 26 de junio de 2014, celebró su primera reunión en julio de 2015; pide a la UE y a sus Estados miembros que participen activamente en las negociaciones del citado instrumento internacional jurídicamente vinculante;
Migración
22. Manifiesta su preocupación por la más grave crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, creada por el número creciente de personas forzadas a abandonar sus hogares como consecuencia de persecuciones, conflictos armados y violencia generalizada en búsqueda de protección y una vida mejor, y que arriesgan sus vidas emprendiendo peligrosos viajes; pide al Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos que presten la atención necesaria a las implicaciones de esta crisis para los derechos humanos y que formule recomendaciones a este respecto;
23. Pide a todos los países que adopten un enfoque respecto a la migración que sitúe los derechos de los migrantes, de los solicitantes de asilo y de los refugiados en el centro de las políticas y la gestión migratorias, prestando una atención especial a la situación de los grupos marginados y desfavorecidos de migrantes, como las mujeres y los niños; pide a todos los Estados que combatan la violencia de género contra las mujeres y las niñas, y hace hincapié en la importancia de elaborar una política migratoria desde una perspectiva de género para responder a sus necesidades particulares;
24. Recuerda que todos los Estados tienen la obligación de observar y proteger los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, independientemente de su nacionalidad u origen y de su condición de inmigrante; recuerda que el retorno de migrantes solo debe realizarse si se respetan plenamente sus derechos, sobre la base de decisiones libres e informadas, y solo si la protección de sus derechos está garantizada en su país; pide a los Gobiernos que pongan fin a la detención y la reclusión arbitrarias de migrantes;
Cambio climático y derechos humanos
25. Acoge con satisfacción el Acuerdo de París en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que cubre la adaptación, la mitigación, el desarrollo y la transferencia de tecnologías y la creación de capacidades; insiste en que la cuestión del cambio climático ha de integrarse en todos los ámbitos de la política económica; insta a todos los Estados parte firmantes del Acuerdo a que adopten medidas urgentes y ambiciosas de mitigación y adaptación mediante la integración del cambio climático en todos los ámbitos políticos;
26. Recuerda que los efectos negativos del cambio climático representan una amenaza global inmediata y potencialmente irreversible para el pleno disfrute de los derechos humanos, y que sus repercusiones en los grupos vulnerables, cuya situación en lo que respecta a los derechos humanos ya es precaria, resultan considerables; observa con preocupación que se espera que los incidentes relacionados con el clima, como el aumento del nivel del mar y los cambios climáticos extremos que provocan sequías e inundaciones, ocasionen aún más pérdidas de vidas humanas, más desplazamientos de población y mayor escasez de alimentos y agua;
27. Pide a la comunidad internacional que solvente los vacíos legales del término «refugiado climático», incluida su posible definición en el Derecho internacional o en todo acuerdo internacional jurídicamente vinculante;
Derechos de la mujer
28. Acoge con satisfacción la reciente resolución 2242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad, que sitúa a la mujer como elemento central en todos los esfuerzos para abordar desafíos globales, entre ellos, el aumento del extremismo violento, el cambio climático, la migración, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad; elogia las averiguaciones del Estudio mundial de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad, que destaca la importancia del liderazgo y la participación de las mujeres en la resolución de conflictos y la consolidación de la paz, y que su implicación ha mejorado la asistencia humanitaria, consolidado el trabajo de las fuerzas de mantenimiento de la paz, impulsado la conclusión de conversaciones de paz y ayudado a contrarrestar el extremismo violento;
29. Expresa su consternación por que, desde la aparición de grupos extremistas violentos como Dáesh en Siria e Irak, y Boko Haram en África Occidental, la violencia contra las mujeres haya adquirido una nueva dimensión más terrorífica que nunca, en la que la violencia sexual ha pasado a formar parte integrante de los objetivos, la ideología y las fuentes de ingresos de estos grupos extremistas, y que plantea un nuevo desafío crítico a la comunidad internacional; pide a todos los Gobiernos y a las instituciones de las Naciones Unidas que incrementen su compromiso para luchar contra estos crímenes abominables y restaurar la dignidad de las mujeres, de modo que reciban justicia, una reparación y apoyo;
30. Considera que garantizar la autonomía de las mujeres, abordando las desigualdades subyacentes entre hombres y mujeres que convierten a las mujeres y a las niñas en seres vulnerables durante los conflictos, constituye una de las maneras de contrarrestar el extremismo; y pide a las Naciones Unidas y a todos los Estados miembros que adopten medidas concretas para asegurar la autonomía de las mujeres, su incorporación razonable a la prevención y resolución de conflictos y a las negociaciones y los procesos de consolidación de la paz, mediante el aumento de su representación en todos los niveles decisorios, incluidas las instituciones y los mecanismos nacionales, regionales e internacionales;
Derechos de los niños
31. Recuerda que la Convención sobre los Derechos del Niño, que se adoptó en 1989 y es el tratado internacional de derechos humanos más ampliamente ratificado, establece una serie de derechos de los niños, entre ellos, el derecho a la vida, a la salud, a la educación y al juego, así como el derecho a una vida familiar, a la protección contra la violencia y la discriminación y a dar a conocer sus opiniones; pide a todas las partes firmantes de dicho Tratado que cumplan sus obligaciones;
32. Acoge con satisfacción el estudio mundial previsto por las Naciones Unidas para planificar, mediante la vigilancia y el análisis, la aplicación sobre el terreno de la legislación y la normativa internacionales existentes, y evaluar las posibilidades concretas con que cuentan los Estados para mejorar sus políticas y respuestas; insta a todos los Estados a que respalden y participen activamente en dicho estudio;
Derechos de las personas LGBTI
33. Expresa su preocupación por la persistencia de leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia contra personas en varios países motivados por su orientación sexual y su identidad de género; anima a que se practique un seguimiento atento de la situación de las personas LGBTI en aquellos países donde leyes recientemente aprobadas contra las personas LGBTI suponen una amenaza para la vida de las minorías sexuales; expresa su profunda preocupación ante las denominadas leyes «contra la propaganda» que limitan la libertad de expresión y de reunión, incluso en países del continente europeo;
34. Reitera su apoyo a la labor constante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en favor de la promoción y la protección del disfrute de todos los derechos humanos por las personas LGBTI, en particular mediante declaraciones, informes y la campaña «Libres e iguales»; anima al Alto Comisionado a que continúe luchando contra las leyes y prácticas discriminatorias;
Drones y armas autónomas
35. Reitera su petición al Consejo de la UE para que elabore una posición común de la UE sobre el uso de drones armados, dando la máxima importancia al respeto de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario, y abordando cuestiones como el marco jurídico, la proporcionalidad, la rendición de cuentas, la protección de los civiles y la transparencia; insta una vez más a la UE a prohibir la producción, el desarrollo y el uso de armas totalmente autónomas que permitan realizar ataques sin intervención humana; insiste en que los derechos humanos deben formar parte de todos los diálogos con terceros países en materia de lucha contra el terrorismo;
Integración de los derechos humanos por la UE
36. Pide a la UE que promueva la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, de conformidad con el artículo 21 del Tratado de Lisboa y las disposiciones generales relativas a la acción exterior de la Unión;
37. Reitera su llamamiento a la UE para que adopte un enfoque basado en derechos y que integre eFl respeto de los derechos humanos en sus políticas en materia de comercio, inversiones, servicios públicos, cooperación al desarrollo y en su política común de seguridad y defensa; hace hincapié, además, en que la política de la UE en materia de derechos humanos debe velar por que sus políticas interiores y exteriores sean coherentes y se ajusten a las obligaciones en virtud del Tratado de la UE;
Prioridades de la UE sobre cuestiones relacionadas con los países
Bielorrusia
38. Manifiesta su profunda preocupación por las continuas restricciones a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, condena el acoso a periodistas independientes y de la oposición, y el acoso y la detención de activistas en favor de los derechos humanos, y critica las acusaciones falsas; condena el recurso continuado a la pena de muerte; pide la renovación del mandato del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia en el 32º período de sesiones del Consejo, y pide al Gobierno que colabore plenamente con el Relator Especial y se comprometa a participar en las reformas largamente esperadas para proteger los derechos humanos, también mediante la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Relator Especial y otros mecanismos de derechos humanos;
Ucrania
39. Manifiesta su grave preocupación por los continuos ataques indiscriminados en zonas civiles, los ataques selectivos a escuelas y el uso de escuelas para fines militares por ambas partes; condena las violaciones continuas de los derechos humanos en este conflicto y apoya plenamente la Misión de las Naciones Unidas de Vigilancia de los Derechos Humanos y la Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania; pide al Gobierno de Ucrania que adopte medidas para permitir el suministro de determinados tipos de medicamentos, incluidos los medicamentos para el tratamiento sustitutivo de opiáceos, que mejore el procedimiento de registro y las vías de acceso al empleo y a las prestaciones estatales para los desplazados por el conflicto, que derogue la legislación que pueda afectar negativamente a la libertad de expresión y asociación, que adopte medidas concretas para impedir el uso de escuelas por parte de las fuerzas y grupos armados tanto en territorio controlado por el Gobierno como en las zonas ocupadas por los rebeldes, y que ratifique el Estatuto de Roma y se adhiera a la Corte Penal Internacional como miembro de pleno derecho; pide a los Estados miembros de la UE que apoyen todos los esfuerzos posibles a nivel de las Naciones Unidas para luchar contra la impunidad y en favor de la realización de investigaciones imparciales sobre los episodios de violencia y de violaciones de los derechos humanos ligados a la represión de las manifestaciones en la plaza Maidán y sobre el uso de munición de racimo por parte de las fuerzas progubernamentales y rebeldes apoyados por Rusia durante el conflicto armado en el este de Ucrania, y que aborden la situación de los derechos humanos en Crimea y otras violaciones relacionadas con el conflicto armado en el este de Ucrania;
Azerbaiyán
40. Se felicita por la declaración conjunta sobre la situación de los derechos humanos en Azerbaiyán emitida durante el 29º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, si bien lamenta que varios Estados miembros de la UE no la apoyasen; pide a los Estados miembros de la UE y a los otros miembros del Consejo que vigilen estrechamente la situación de los derechos humanos en Azerbaiyán y colaboren en aras de la adopción de una resolución en la que se realice un llamamiento en favor de la liberación inmediata de los defensores de los derechos humanos, activistas políticos y civiles, periodistas y blogueros que hayan sido detenidos o encarcelados basándose en acusaciones de motivación política, la investigación completa de las supuestas torturas durante la detención y la derogación de las leyes que restringen indebidamente las libertades de expresión, de reunión y de asociación en Azerbaiyán;
Uzbekistán
41. Insta a los Estados miembros a que colaboren en aras de la adopción de una resolución del Consejo de derechos Humanos de las Naciones Unidas que establezca un mecanismo específico de Naciones Unidas para Uzbekistán destinado a garantizar el seguimiento, la información pública y el debate en el CDH sobre la situación de los derechos humanos en Uzbekistán y a abordar la falta de cooperación de Uzbekistán con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, las continuas detenciones de numerosos opositores políticos y defensores de los derechos humanos, las constantes restricciones a las libertades de asociación, expresión y prensa y la persistencia del trabajo infantil y el trabajo forzoso;
Siria
42. Insta al Consejo de Derechos Humanos a que solicite al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que adopte las medidas adecuadas a fin de garantizar que se obligue a rendir cuentas a los responsables de violaciones de los derechos humanos, entre ellas, las violaciones que puedan calificarse de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, también remitiendo la situación en Siria a la Corte Penal Internacional;
Yemen
43. Manifiesta su profunda preocupación por la grave crisis que lleva afectando al país desde septiembre de 2014, cuando los hutíes y otros grupos armados yemeníes cometieron graves violaciones de las leyes de la guerra y abusos de los derechos humanos, y desde marzo de 2015, cuando la coalición liderada por Arabia Saudí cometió las mismas violaciones y abusos; en particular, condena los ataques aéreos indiscriminados y desproporcionados realizados por esta última coalición, que causaron la muerte e hirieron a numerosos civiles y destrozaron numerosos bienes de propiedad civil; considerando que está previsto que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presente su informe al Consejo sobre la situación en Yemen en su próximo periodo de sesiones de marzo de 2016; pide a la UE que apoye la institución de una investigación internacional en el seno del Consejo de Derechos Humanos con el fin de documentar las violaciones cometidas por cada una de las partes desde septiembre de 2014;
Baréin
44. Lamenta la falta de progresos realizados por el Gobierno de Baréin con respecto a las preocupaciones relativas a las frecuentes detenciones de numerosas personas, incluidos los defensores de los derechos humanos, activistas políticos y periodistas, por ejercer sus derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, a la ausencia de rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos incluida la tortura y a la falta de independencia e imparcialidad del poder judicial en Baréin; pide a los Estados miembros de la UE que se ocupen de la situación de los derechos humanos en Baréin en el seno del Consejo de Derechos Humanos mediante declaraciones individuales, una declaración conjunta de seguimiento o una resolución instando a Baréin a que libere inmediatamente y sin condiciones a todos los defensores de los derechos humanos, a los activistas políticos y a otras personas detenidas acusadas de supuestas violaciones relacionadas con los derechos de expresión, de asamblea pacífica y asociación, a que tome medidas para garantizar la imparcialidad en las investigaciones de todas las acusaciones de tortura y maltrato, y a que facilite sin demora la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros mecanismos de las Naciones Unidas para los derechos humanos; reitera su petición a la UE para que desarrolle una estrategia global a fin de que la Unión y sus Estados miembros puedan presionar activamente en favor de la puesta en libertad de los activistas encarcelados y los presos de conciencia;
Sudán del Sur
45. Pide al Consejo de Derechos Humanos que respalde el nombramiento de un Relator Especial para Sudán del Sur con el mandato de vigilar e informar públicamente de las violaciones, entre ellas el reclutamiento y la utilización de niños soldado, y el uso militar de las escuelas, y formular recomendaciones para lograr una rendición de cuentas efectiva;
República Popular Democrática de Corea
46. Acoge con satisfacción la resolución adoptada por la Asamblea General en la que condena las persistentes y continuadas violaciones sistemáticas, generalizadas y flagrantes violaciones de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea y solicita al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que adopte las medidas apropiadas para garantizar un comportamiento responsable, incluso considerando la posibilidad de remitir la situación en la República Popular Democrática de Corea a la Corte Penal Internacional, y pide al Consejo de Derechos Humanos que reitere su demanda de responsabilidad, también de los responsables de crímenes contra la humanidad a consecuencia de la aplicación de políticas establecidas al máximo nivel del Estado;
Países sometidos al examen periódico universal
Georgia
47. Acoge con satisfacción la adhesión de Georgia a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el reciente examen periódico universal sobre este país; toma nota de las reformas legislativas importantes que han generado algunos progresos y mejoras con respecto a la justicia y la aplicación de la ley, el Ministerio Fiscal, la lucha contra los malos tratos, los derechos de los niños, y la protección de la vida privada y de los datos personales, así como de las personas internamente desplazadas; toma nota, no obstante, de que son necesarios esfuerzos adicionales por lo que respecta al maltrato, en especial con respecto a la detención preventiva y a la rehabilitación de las víctimas, a la asunción de responsabilidad por los abusos cometidos por las fuerzas del orden, a las investigaciones de abusos cometidos en el pasado por funcionarios gubernamentales y a las minorías y los derechos de las mujeres; continúa preocupado por la situación de la libertad de expresión y de los medios de comunicación y la falta de acceso de observadores a las regiones ocupadas de Abjazia y Tsjinvali / Osetia del Sur, donde las violaciones de los derechos humanos siguen siendo generalizadas; y pide al Gobierno de Georgia que adopte las medidas adecuadas con vistas a garantizar un seguimiento de las recomendaciones formuladas durante el proceso del examen periódico universal;
Líbano
48. Elogia al Líbano por la política de apertura de fronteras y de acogida que ha aplicado durante años en lo que respecta a los refugiados de Palestina, Irak y Siria, y pide a la Unión Europea que destine más recursos y colabore estrechamente con las autoridades libanesas para ayudar a ese país a mantener la protección de los derechos de los refugiados y de los solicitantes de asilo; manifiesta su preocupación, en este contexto, por el considerable número de supuestos casos de matrimonios infantiles o forzosos entre refugiados sirios; alienta al Gobierno del Líbano a que evalúe una reforma de la legislación por la que se rige la entrada y la residencia en el país, y la salida del mismo, que no diferencia entre solicitantes de asilo y refugiados, por una parte, y migrantes, por la otra; respalda las recomendaciones, formuladas por el Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en las que solicita que se adopten medidas para aumentar la concienciación de las trabajadoras domésticas migrantes acerca de sus derechos humanos en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la que el Líbano es un Estado parte; hace hincapié, en particular, en la necesidad de abolir el «sistema Kafala» y de asegurar un acceso eficaz a la justicia para las trabajadoras domésticas migrantes, garantizando su seguridad y residencia durante los procedimientos jurídicos y administrativos relacionados con su estatus;
Mauritania
49. Destaca que, si bien el Gobierno de Mauritania ha realizado avances en las medidas legislativas destinadas a la lucha contra todas las formas de esclavitud y prácticas similares, la falta de una aplicación eficaz contribuye a la persistencia de dichas prácticas; pide a las autoridades que promulguen una ley contra la esclavitud, inicien una recopilación nacional sistemática y periódica de datos desglosados sobre todas las formas de esclavitud y lleven a cabo un estudio exhaustivo basado en pruebas sobre la historia y la naturaleza de la esclavitud, con vistas a erradicar esa práctica;
50. Insta a las autoridades mauritanas a que autoricen la libertad de expresión y de reunión, de conformidad con los convenios internacionales y la propia legislación interna de Mauritania; pide asimismo la liberación de Biram Dah Abeid, Bilal Ramdane y Djiby Sow, de modo que puedan proseguir su campaña no violenta contra la persistencia de la esclavitud sin temer acosos o intimidaciones;
Myanmar/Birmania
51. Acoge con satisfacción la celebración de elecciones democráticas el 8 de noviembre de 2015, un hito importante en la transición democrática del país; señala que, no obstante, sigue preocupado por el marco constitucional de estas elecciones, que reserva el 25 % de los escaños del Parlamento a los militares; reconoce los avances realizados hasta la fecha en materia de derechos humanos, al tiempo que señala que perduran algunas cuestiones de gran preocupación, entre ellas, los derechos de las minorías y la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica;
52. Condena la discriminación ejercida contra los rohingya, exacerbada por el hecho de que esta comunidad carece de un estatuto jurídico y por el aumento de la incitación al odio contra los no budistas; pide que se realicen investigaciones completas, transparentes e independientes de todas las supuestas violaciones de los derechos humanos contra los rohingya y considera que en las cuatro leyes adoptadas por el Parlamento en 2015, destinadas a «proteger la raza y la religión», se recogen aspectos discriminatorios en relación con el género; reitera su solicitud de que se permita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) establecer una sede en el país; insiste en la necesidad de que se realice una evaluación de impacto completa y sostenible antes de que finalicen las negociaciones sobre el Acuerdo de inversión UE-Myanmar;
Nepal
53. Acoge con satisfacción la entrada en vigor el 20 de septiembre de 2015 de la nueva Constitución de Nepal, que debería sentar las bases para la futura estabilidad política y el desarrollo económico del país; confía en que las preocupaciones restantes sobre la representación política de las minorías, incluidos los dalit, y las leyes sobre ciudadanía serán abordadas en un futuro próximo; lamenta la ausencia generalizada de la obligación de rendir cuentas en caso de violación de los derechos humanos perpetrados por ambos bandos durante la guerra civil pese a la adopción en mayo de 2014 de la Ley de la verdad, la reconciliación y los desaparecidos; insta al Gobierno de Nepal a que se adhiera a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; condena las restricciones impuestas a los refugiados tibetanos respecto a sus libertades fundamentales; insta a la India a levantar su bloqueo extraoficial de la economía de Nepal que, unido al devastador terremoto de abril de 2015, está generando una crisis humanitaria y empujando a casi un millón más de nepalíes a una situación de pobreza;
Omán
54. Elogia a Omán por el establecimiento de una Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) gubernamental y la invitación que permitió la histórica visita del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho de reunión pacífica en septiembre de 2014; expresa la esperanza de que estas medidas constructivas desembocarán en un compromiso más intenso de Omán con los representantes de las Naciones Unidas y de las organizaciones de derechos humanos independientes; alienta a Omán a que adopte las medidas necesarias para atenuar lo que el Relator Especial de las Naciones Unidas describió como un clima generalizado de temor e intimidación en el país afirmando que las personas tienen miedo a decir lo que piensan, miedo a hablar por teléfono, y miedo a reunirse; señala, en este contexto, que sigue preocupado por la prohibición de todos los partidos políticos y por la nueva ley en materia de nacionalidad, aprobada en agosto de 2014, que establece que los ciudadanos que se adhieran a grupos considerados perjudiciales para los intereses nacionales podrían ser privados de su nacionalidad, y pide al Gobierno de Omán que reconsidere su posición al respecto; pide a las instituciones y a los Estados miembros de la UE que ofrezcan asistencia técnica y jurídica para ayudar a Omán a crear un entorno seguro y propicio para las organizaciones de la sociedad civil;
Ruanda
55. Expresa su preocupación por la situación de los derechos humanos en Ruanda, incluidas las restricciones a la libertad de expresión y asociación, la contracción del espacio democrático para los partidos políticos de la oposición y las actividades de la sociedad civil independiente, y la ausencia de un entorno propicio para la independencia del poder judicial; pide al Gobierno de Ruanda que abra un espacio democrático en el que todos los segmentos de la sociedad puedan operar libremente;
56. Expresa su preocupación por la propuesta de modificación de la Constitución destinada a permitir al actual presidente concurrir para un tercer mandato; pide al Gobierno de Ruanda que respete la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza, en cuyo artículo 5 se establece que los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar el orden constitucional, en particular la transferencia constitucional de poderes, y en cuyo artículo 23 se establece que cualquier modificación de la Constitución que atente contra los principios del cambio democrático de gobierno es ilegal;
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57. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente de la 69ª Asamblea General de las Naciones Unidas, al Presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Secretario General de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.