Documento de sesión
2.3.2016
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
sobre la situación en Eritrea
( 2016/2568(RSP) )
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki
en nombre del Grupo ECR
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Eritrea
( 2016/2568(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Eritrea,
– Vista la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de 9 de marzo de 2016,
– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,
– Vista la Constitución de Eritrea de 1997,
– Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, suscrita por Eritrea, en particular sus artículos 6, 7 y 9,
– Visto el artículo 9 del Acuerdo de Asociación ACP-UE, en su versión revisada de 2005 (Acuerdo de Cotonú), del que Eritrea es un país signatario,
– Visto el informe, de 4 de junio de 2015, de la Comisión de Investigación de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Eritrea – A/HRC/29/42,
– Vista la Resolución 2224 (2015) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de 23 de octubre de 2015,
– Visto el informe de ACNUR de 2015 sobre Eritrea,
– Vista la contribución de la organización Christian Solidarity Worldwide para la Comisión de Investigación de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Eritrea, de 30 de enero de 2015,
– Vista la Proclamación n.º 82/1995 sobre el Servicio Nacional, publicada el 23 de octubre de 1995 en el boletín oficial de Eritrea,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que, tras la lucha por la independencia que se extendió durante 30 años y concluyó en 1991, los eritreos aprobaron por abrumadora mayoría la independencia mediante referéndum en 1993; que en 1997 se aprobó y ratificó una nueva Constitución que incluye el pleno respeto por los derechos humanos, pero que no se aplica;
B. Considerando que las elecciones legislativas previstas para 2001 se aplazaron indefinidamente debido a una guerra fronteriza con Etiopía y que todavía deben celebrarse, y que el único partido político cuya existencia se permite es el Frente Popular por la Democracia y la Justicia; que la Asamblea Nacional no se ha reunido desde 2002 y que solo se permite actuar a los medios de comunicación gubernamentales;
C. Considerando que Isaias Afwerki ha sido el único presidente de Eritrea desde su independencia en 1993, que su mandato, en especial desde 2001, ha sido fuertemente autocrático y represivo, y que su Gobierno ha creado una sociedad muy militarizada;
D. Considerando que, según la ley, todos los ciudadanos eritreos, hombres y mujeres, con edades comprendidas entre los 18 y los 40 años, están obligados a un servicio nacional activo de 18 meses y a permanecer en la reserva hasta la edad de 50 años; que, en la práctica, el reclutamiento se produce con frecuencia en escuelas, incluso entre niños menores de 15 años;
E. Considerando que se producen abusos sexuales de niñas durante el servicio nacional, en especial durante la formación militar, y que muchas mujeres y niñas intentan evitar el servicio nacional mediante el matrimonio o la maternidad, o son obligadas a ello por miembros de sus familias; que el periodo de permanencia en el servicio nacional, oficialmente de 18 meses, puede ampliarse durante momentos de «crisis nacional»;
F. Considerando que, según un estudio llevado a cabo por la London South Bank University entre 200 reclutas escapados, la duración media del servicio fue de 6,5 años, y algunos habían servido más de 12 años, con lo que muchos jóvenes escapan de Eritrea para evitar ser reclutados;
G. Considerando que Naciones Unidas renovó su embargo de armas sobre Eritrea haciendo referencia a la amenaza para la paz y la estabilidad de la región, e hizo hincapié en su petición de que el país facilitara información al Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea en relación con los combatientes yibutianos desaparecidos en combate desde los choques de 2008;
H. Considerando que el número de refugiados y solicitantes de asilo procedentes de Eritrea a mediados de 2015 era de 444 000, frente a una población total de 6 500 000; que para el número relativamente alto de menores no acompañados que llegan desde dicho país el riesgo de ser víctimas de la trata es muy elevado;
I. Considerando que 39 000 refugiados y migrantes eritreos llegaron a Italia en 2015 tras cruzar el Mediterráneo desde el norte de África, lo que convierte a Eritrea en el país de origen del mayor número de refugiados que han alcanzado Italia;
J. Considerando que se cometen en Eritrea violaciones sistemáticas, generalizadas y graves de los derechos humanos bajo la autoridad del Gobierno, incluida una vigilancia generalizada de la población, un control estricto de los movimientos tanto dentro del país como de aquellos que pretenden abandonarlo, una represión completa de la libertad de expresión y violaciones graves de la libertad de religión y creencias; que algunas de estas violaciones pueden constituir crímenes contra la humanidad;
K. Considerando que el régimen eritreo mantiene desde hace tiempo una antipatía ideológica hacia cualquier religión, considerándola una forma de filiación contraria y peligrosa, fuente de divisiones nacionales, por lo que persigue todas las religiones; que el anterior patriarca de la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Eritrea fue mantenido en arresto domiciliario desde 2007 hasta su muerte en diciembre de 2015; que muchos sacerdotes, pastores y otras figuras religiosas se encuentran en arresto domiciliario o en prisión;
L. Considerando que decenas de miles de eritreos siguen detenidos sin cargos ni juicio en condiciones que ponen en peligro sus vidas en centros de todo el país donde se practica la tortura de manera rutinaria;
1. Pide a Eritrea que aplique plenamente su Constitución ratificada y que respete los derechos consagrados en esta, en especial en los artículos 17 y 19;
2. Anima a Eritrea a firmar, ratificar y aplicar inmediatamente la Convención de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y a respetar plenamente sus obligaciones en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, tratados en los que se prohíbe la tortura;
3. Aboga por el fin de las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzosas y la detención indefinida sin cargos ni juicio; hace hincapié en que el Gobierno de Eritrea debe conducir a todos los detenidos de larga duración ante tribunales de justicia reconocidos en presencia de observadores internacionales, o bien liberarlos, y que todos los detenidos de manera arbitraria o irregular deben ser liberados de inmediato;
4. Pide al Gobierno que reconozca la existencia de violaciones de los derechos humanos y que garantice que se rendirán cuentas por las anteriores violaciones de los derechos humanos, entre otras, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzosas, las torturas, las detenciones ilegales, la violencia sexual y el trabajo forzoso, también en el marco del servicio nacional;
5. Recomienda la interrupción del servicio nacional indefinido limitándolo a 18 meses para todos los reclutas actuales y futuros mayores de 18 años, y que se prevean medidas para los objetores de conciencia;
6. Condena el uso por parte del Gobierno de Eritrea del «impuesto de la diáspora» que se recauda mediante extorsión y otros medios ilegales entre los eritreos residentes fuera del país y se utiliza, infringiendo las resoluciones de Naciones Unidas, para financiar grupos armados en países vecinos y, con ello, desestabilizar la región;
7. Expresa su preocupación ante el número extremamente elevado de refugiados eritreos que intentan llegar a Europa cruzando el Mediterráneo y considera que el régimen antidemocrático y totalitario de Eritrea es la razón principal de esta situación; insta al presidente y al Gobierno de Eritrea a que lleven a cabo reformas inmediatamente;
8. Está firmemente convencido de que las duras condiciones y la falta de libertad impuestas sobre la población por parte del Gobierno, en especial el uso del servicio militar indefinido, impulsan la migración desde Eritrea, y no únicamente la situación económica del país; señala a la Comisión que incrementar la ayuda en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo no aborda estas cuestiones;
9. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de Naciones Unidas, al Parlamento Panafricano, a los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, a la Unión Africana, y al Presidente, al Parlamento y al Gobierno de Eritrea.