Documento de sesión
2.3.2016
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
sobre la situación en Eritrea
( 2016/2568(RSP) )
Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Maria Arena, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Richard Howitt
en nombre del Grupo S&D
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Eritrea
( 2016/2568(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus resoluciones anteriores sobre Eritrea y, en particular, la de 15 de septiembre de 2011 sobre Eritrea: el caso de Dawit Isaak[1],
– Visto el programa indicativo nacional para Eritrea en el marco del 11.º Fondo Europeo de Desarrollo, de 3 de febrero de 2016,
– Vistas las conclusiones del grupo de trabajo A sobre control democrático de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2015,
– Vista la declaración, de 18 de septiembre de 2014, del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) sobre los presos políticos en Eritrea,
– Visto el informe del SEAE sobre la asociación entre Eritrea y la Unión de 2015,
– Vista la declaración a los medios de comunicación de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Eritrea, de 8 de junio de 2015,
– Visto el informe de ONU Mujeres, de junio de 2014, sobre el Gobierno del Estado de Eritrea,
– Vista la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
– Vistos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo n.º 29 sobre el trabajo forzoso, n.º 105 sobre la abolición del trabajo forzoso y n.º 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación,
– Visto el Acuerdo de Cotonú revisado,
– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,
– Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que civiles eritreos son objeto de detención o arresto arbitrarios por una serie de motivos injustificables (entre ellos, criticar u oponerse al Gobierno, ejercer el periodismo, practicar una religión no oficial, eludir el servicio militar obligatorio o desertar del mismo, cooperar con entidades extranjeras, intentar abandonar el país o tener parientes que lo hayan abandonado) o sin justificación explícita, por periodos de tiempo no especificados; que se deniega la atención médica a los detenidos; que los niños son objeto de detención en las mismas condiciones inhumanas que los adultos; que las detenidas son custodiadas con frecuencia por hombres, lo que aumenta el riesgo de violencia sexual y de género;
B. Considerando que Eritrea se encuentra en estado de emergencia desde la guerra con Etiopía de 1998-2000; que no existe oportunidad alguna de desacuerdo o de cambio, pues la oposición política está prohibida en Eritrea; que investigar sobre la desaparición de personas o discutir las políticas gubernamentales comporta acusaciones de traición acompañadas de graves castigos; que no se han celebrado elecciones nacionales desde 1993; que todavía deben celebrarse las elecciones regionales de 2009; que, incluso antes de que la Asamblea Nacional fuera disuelta en 2002, las leyes se aprobaban por decreto gubernamental;
C. Considerando que un gran numero de eritreos huye debido al miedo y la opresión, y representan el tercer grupo más numeroso de refugiados que se encaminan a Europa, con 5 000 personas que escapan al mes; que los refugiados suelen ser objeto de malos tratos, secuestros y explotación por parte de grupos delictivos en Eritrea y en sus países vecinos; que ciudadanos eritreos solicitaron asilo en Europa en una proporción que casi doblaba la de ciudadanos sirios entre 2012 y mediados de 2015; que en octubre de 2014 había más de 100 000 refugiados eritreos en Sudán y en Etiopía respectivamente; que, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de 400 000 eritreos, es decir, el 9 % de la población total, han huido;
D. Considerando que, en septiembre de 2001, once destacados políticos y diez periodistas independientes que informaron sobre las críticas de los políticos al Gobierno, entre ellos el ciudadano sueco-eritreo Dawit Isaak, fueron detenidos sin acusación formal, juicio ni asesoramiento jurídico, y que, a pesar de repetidos llamamientos de la comunidad internacional, siguen detenidos o han fallecido durante la detención; que no existe la libertad de prensa, puesto que los medios de comunicación independientes están prohibidos en Eritrea, y que el país ocupa el último lugar, de los 170-180 evaluados, según el índice de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras durante ocho años consecutivos; que por lo menos dieciséis periodistas se encuentran actualmente detenidos y docenas de ellos han tenido que huir al extranjero por su seguridad; que la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Eritrea ha pedido la liberación inmediata de los detenidos, periodistas incluidos, sin resultado;
E. Considerando que el ejecutivo controla el sistema judicial, y que los líderes militares, los oficiales y los investigadores de los cuerpos de seguridad parecen actuar como magistrados de facto; que los juicios y procesos rara vez son públicos, y que la mayor parte de los juicios se basan solamente en informes de investigación y declaraciones obtenidas bajo tortura; que no se informa a algunos acusados sobre sus procesos ni sobre la duración de sus condenas; que el Gobierno a menudo interfiere en el sistema judicial; que los acusados no pueden acceder a asistencia letrada;
F. Considerando que el servicio militar es obligatorio para todos los eritreos con edades comprendidas entre los 18 y los 50 años, sin posibilidad alguna de objeción de conciencia; que el periodo establecido de 18 meses de servicio a menudo se infringe y la mayoría de los eritreos deben servir indefinidamente; que muchos reclutados se utilizan como mano de obra y se les asignan tareas civiles; que los reclutados no reciben más de 30 dólares estadounidenses al mes, insuficiente para el mantenimiento de sus familias; que los reclutados no pueden aspirar a un empleo formal ni a inscribirse en la universidad;
G. Considerando que en Eritrea no existe una esfera pública como tal en la que las organizaciones de la sociedad civil puedan actuar libremente; que los intentos por manifestarse pacíficamente han conducido a arrestos, detenciones e incluso ejecuciones extrajudiciales; que los sindicatos independientes están prohibidos; que no existe posibilidad de participar en los asuntos públicos ni de proteger las condiciones laborales, a menos de unirse al partido en el poder; que los grupos de defensa de los derechos humanos no reciben permiso para visitar el país y que la política de autosuficiencia que practica el Gobierno de Eritrea limita gravemente el potencial de la ayuda humanitaria internacional;
H. Considerando que los eritreos no están autorizados a abandonar el país sin un permiso gubernamental, basado en la expedición arbitraria de un visado de salida; que están restringidos los desplazamientos hacia zonas fronterizas y que el Gobierno practica una política de «disparar a matar»; que los eritreos que viven en el extranjero están obligados a pagar un impuesto de recuperación y reconstrucción del 2 % de sus ingresos, conocido coloquialmente como «el impuesto de la diáspora»;
I. Considerando que los Estados europeos rechazan en su mayor parte las solicitudes de asilo de eritreos;
J. Considerando que se ha negado el acceso al país de la relatora especial de las Naciones Unidas, Sheila Keetharuth, a pesar de presentar numerosas preocupaciones y recomendaciones en sus informes; que los corresponsales extranjeros fueron expulsados en 2008;
K. Considerando que el Gobierno eritreo tiene la propiedad exclusiva de la tierra y los recursos naturales; que el Gobierno la utiliza como sistema de recompensa y castigo; que los oficiales del ejército y los cargos del partido han acaparado tierras, propiedades y empresas en beneficio propio; que se niega con mayor frecuencia a las mujeres el acceso a la tierra, pues es menos probable que ellas completen el servicio militar;
L. Considerando que las actividades homosexuales son ilegales en Eritrea, y que el Gobierno rechaza aplicar la legislación contra la discriminación para proteger a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero;
M. Considerando que la Unión ha decidido reanudar su ayuda al desarrollo en Eritrea, en especial a través de un programa indicativo nacional para el país, dotado con 200 millones de euros, presentado el 26 de octubre de 2015;
N. Considerando que, debido a la magnitud y gravedad de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen eritreo, las numerosas señales de su escasa preocupación por el bienestar de sus ciudadanos, la falta de fiabilidad del régimen como socio en materia de cooperación para el desarrollo, la corrupción generalizada y la ausencia prácticamente absoluta de transparencia en la gestión financiera pública del país, y el riesgo de que los fondos del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) fuesen desviados indebidamente a tareas de gestión de la migración, el 11 de noviembre de 2015 el Parlamento Europeo pidió al Comité del FED que no adoptara el proyecto de programa indicativo nacional a la espera de un nuevo debate;
O. Considerando que la Comisión desoyó su posición y no la comunicó al Comité del FED que aprobó el proyecto de programa nacional, el cual entró en vigor el 3 de febrero de 2016;
1. Pide al Gobierno de Eritrea que ponga fin a la detención de opositores y de civiles inocentes; pide un juicio justo para los acusados y la abolición de la tortura y de otros tratos degradantes como las restricciones de alimentos, agua y atención sanitaria; recuerda al Gobierno de Eritrea su obligación de diligencia debida de investigar las ejecuciones extrajudiciales;
2. Denuncia la reanudación de la importante ayuda de la Unión a Eritrea y, en particular, la firma del programa indicativo nacional, por valor de 200 millones de euros, para este país; pide a la Comisión que revise sus acuerdos de control con el Parlamento Europeo a fin de examinar a fondo las preocupaciones y las sugerencias manifestadas por el Parlamento, y a fin de garantizar que estas se transmitan al Comité del FED;
3. Lamenta que las preocupaciones que expresó el 11 de noviembre de 2015 no se tomaran en consideración, y pide a la Comisión que garantice una supervisión completa de la aplicación del plan indicativo nacional y que mantenga informado al Parlamento Europeo durante todo el proceso;
4. Anima al Gobierno de Eritrea a adoptar reformas urgentes como la liberalización del Estado de partido único y la recuperación de la Asamblea Nacional y de las elecciones; pide al Gobierno eritreo que escuche los llamamientos de la comunidad internacional y libere a los detenidos sin justificación;
5. Aboga por la creación en Eritrea de tres ramas del poder independientes y bien definidas, con jueces calificados elegidos mediante elecciones justas y transparentes;
6. Recuerda al Gobierno de Eritrea que el derecho de abandonar su propio país está reconocido en la legislación internacional de derechos humanos; pide al Gobierno que permita la libre circulación y que deje de recaudar el «impuesto de la diáspora» a los eritreos residentes en el extranjero;
7. Pide al Gobierno eritreo que se atenga al periodo de servicio establecido, que ponga fin a la explotación de sus ciudadanos como trabajadores forzosos, que no autorice que las empresas extranjeras utilicen a los reclutados a cambio de una tasa, que permita la objeción de conciencia ante el servicio militar y que garantice la protección de los reclutados;
8. Recuerda a Eritrea sus obligaciones en virtud de los convenios de la OIT, con especial atención al derecho de las organizaciones de la sociedad civil y de los sindicatos a organizarse, manifestarse pacíficamente, participar en los asuntos públicos y promover mejores derechos laborales; pide al Gobierno eritreo que revoque la política que prohíbe las ONG que disponen de menos de dos millones de dólares en sus cuentas bancarias;
9. Exige que los Estados miembros de la Unión respeten el principio de no devolución, y les recuerda que al retornar solicitantes de asilo es probable que estos sean detenidos de manera arbitraria y torturados como consecuencia de su intento de huida;
10. Condena la política del Gobierno eritreo de revocar la nacionalidad de manera arbitraria, y exige que todos los ciudadanos reciban un trato justo e igual ante la ley;
11. Pide al Gobierno de Eritrea que cumpla los compromisos internacionales con las Naciones Unidas y en otros ámbitos que haya firmado, incluidos sus compromisos en el marco de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; exige, en este contexto, una transparencia y un compromiso mayores con los inspectores de Naciones Unidas y los observadores internacionales, de manera que puedan inspeccionar significativamente y sin obstáculos los centros de reclusión de acuerdo con la convención;
12. Condena que el Gobierno eritreo ejerza el monopolio de la tierra y de los recursos, y exige que deje de utilizar los recursos como medio para controlar los actos de la población;
13. Condena la negativa del Gobierno eritreo a proteger los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero;
14. Lamenta el elevado riesgo de violencia sexual y doméstica contra las mujeres, en especial para las mujeres reclutadas y las detenidas; condena la práctica del concubinato en campamentos militares y la política de dar acceso a la tierra a las personas que han completado el servicio militar, pues ello constituye una desventaja desproporcionada para las mujeres;
15. Condena la implicación indirecta de las empresas extranjeras y su complicidad en el uso de la mano de obra forzosa en Eritrea, y exige una rendición de cuentas y una evaluación mejoradas de sus operaciones en el país, mediante iniciativas obligatorias de diligencia debida y de información;
16. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Consejo ACP-UE, a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, a los Secretarios Generales de Naciones Unidas y de la Unión Africana y al Gobierno y al Parlamento de Eritrea.