Documento de sesión

 

B8-0320/2016

2.3.2016

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento

sobre la situación en Eritrea

( 2016/2568(RSP) )

Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Maria Heubuch, Jordi Sebastià

en nombre del Grupo Verts/ALE

 

B8-0320/2016

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Eritrea

( 2016/2568(RSP) )

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus resoluciones anteriores sobre Eritrea y, en particular, las relativas a los derechos humanos en dicho país y al caso de Dawit Isaak,

–  Visto el informe de 2015 de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Eritrea,

–  Vista la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 14 de julio de 2014, sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea,

–  Vista la declaración, de 18 de septiembre de 2014, del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) sobre los presos políticos en Eritrea,

–  Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1862 y 1907, de 2009, y 2244, de 2015,

–  Visto el Acuerdo de Cotonú, de 23 de junio de 2000, en su versión revisada,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,

–  Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que Eritrea logró su independencia en 1993 tras décadas de guerra con Etiopía;

B.  Considerando que en 1998 una nueva guerra, que se cobró la vida de más de 100 000 personas, enfrentó a Eritrea y Etiopía por la demarcación de su frontera;

C.  Considerando que la Comisión de Límites entre Eritrea y Etiopía, bajo los auspicios de la Corte Permanente de Arbitraje, emitió una resolución en 2002 sobre la demarcación de la frontera entre los dos países; que dicha resolución fue rechazada por Etiopía pero aceptada por Eritrea, lo que provocó una situación de punto muerto, sin merma alguna de las tensiones entre los dos países;

D.  Considerando que, en marzo de 2012, fuerzas etíopes llevaron a cabo ataques en territorio eritreo contra supuestas bases del Frente Unido Democrático Revolucionario de Afar (ARDUF por su siglas en inglés); que Etiopía alegó que actuó en represalia por el secuestro y el asesinato de un grupo de turistas europeos en enero de 2011 en la región etíope de Afar; que Eritrea declaró que no tomaría represalias;

E.  Considerando que el Presidente de Eritrea, Isaias Afewerki, ha establecido un régimen totalitario draconiano en ese país, donde no hay una constitución, ni Estado de Derecho ni libertad de prensa o religiosa, donde no se celebran elecciones y se realizan detenciones arbitrarias a gran escala en régimen de aislamiento y se practica la tortura, y donde existe un servicio nacional que las Naciones Unidas definen como esclavitud, todo bajo el pretexto de la tensa situación entre Eritrea y Etiopía en materia de seguridad;

F.  Considerando que la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Eritrea concluyó que las violaciones en los ámbitos de las ejecuciones extrajudiciales, la tortura (incluidas las torturas sexuales y la esclavitud sexual), el servicio nacional como forma de esclavitud, los trabajos forzosos y la política de disparar a matar en la frontera pueden constituir crímenes contra la humanidad;

G.  Considerando que, aún con las graves violaciones sistemáticas por parte de Eritrea de los elementos fundamentales y esenciales del Acuerdo de Cotonú en lo que respecta a los derechos humanos, la Unión nunca ha iniciado consultas en virtud del artículo 96, a pesar de los llamamientos del Parlamento Europeo en tal sentido;

H.  Considerando que, por el contrario, la Unión ha restablecido su programa de desarrollo en favor de Eritrea, y firmado en enero de 2016 un programa de desarrollo por cinco años valorado en 200 millones de euros; que los Estados miembros adoptaron por unanimidad este programa pese a que el Parlamento Europeo lo había rechazado;

I.  Considerando que, según el SEAE, el programa de desarrollo de la Unión en Eritrea hace frente a varios desafíos en el ámbito del control presupuestario y la supervisión, por ejemplo, la falta de un presupuesto nacional, de una oficina estadística o de un organismo de auditoría, la inexistencia de un banco central independiente, la escasa capacidad de las instituciones eritreas, la falta de actividad económica más allá de la aprobada por el ejército, el tipo de cambio inestable, que está controlado por la cúpula militar, la situación regional inestable y sus repercusiones en la situación interna, entre otras, en las restricciones para acceder al país, el número limitado de agentes de desarrollo y el planteamiento del país de acogida respecto a la eficacia de la ayuda;

J.  Considerando que Eritrea había prometido a la Unión que reduciría el servicio nacional a dieciocho meses, pero acaba de anunciar que proseguirá su política de alistamiento por período indefinido, al tiempo que ha aumentado la pequeña asignación a los alistados en un 700 %, una promesa realizada justo tras la devaluación de la moneda nacional, el nakfa;

K.  Considerando que los observadores de las Naciones Unidas han solicitado la diligencia debida, la vigilancia y la plena supervisión de la distribución de ingentes cantidades de la ayuda a Eritrea, ya que es más que probable que, en caso contrario, la ayuda se destine a financiar levantamientos en la región;

L.  Considerando que la mayoría de las agencias de ayuda fueron obligadas a abandonar el país tras la aprobación en mayo de 2005 de una ley por parte del régimen para controlar sus actividades;

M.  Considerando que Eritrea, una de las quince naciones más pobres del mundo, sigue dependiendo en gran medida de la ayuda internacional; que los donantes extranjeros distintos de la UE han reducido significativamente sus aportaciones debido al catastrófico historial en materia de derechos humanos del régimen eritreo, su aparente rol de agitador regional y las enormes dificultades para ejecutar y supervisar los programas de ayuda;

N.  Considerando que más de 300 000 eritreos han huido del país desde el año 2000, de una población estimada de 6,3 millones de personas; que el ACNUR calcula en unos 5 000 el número de eritreos que abandonan el país cada mes, debido en gran medida a la persistencia de las graves violaciones de los derechos humanos; que en los últimos años más de 30 000 eritreos por año han huido hacia la UE; que, en 2014, en el 61 % de los casos se concedió el estatuto de refugiado en la Unión y un 27 % adicional de los solicitantes recibió protección subsidiaria, lo que muestra la gravedad de las persecuciones en Eritrea;

O.  Considerando que la trata de seres humanos para pedir rescates en el Sinaí, que incluye la práctica de graves torturas, está en el origen de muchos asesinatos y desapariciones de refugiados eritreos que fueron secuestrados, mientras que los supervivientes, seriamente traumatizados, reciben escasa o nula ayuda; que la impunidad es total, pues los responsables no han sido llevados ante la justicia;

P.  Considerando que el régimen extiende su control totalitario a la diáspora de eritreos, exigiendo fondos a sus miembros a través de un impuesto del 2 % sobre los ingresos de los expatriados, espiándolos y acusando de supuestos comportamientos impropios a sus familiares residentes en Eritrea; que se descubrió que intérpretes en los Países Bajos, Suiza, Suecia y Alemania que participaban en las entrevistas del proceso de asilo tenían vinculaciones con el régimen eritreo;

Q.  Considerando que, según diversas informaciones, los traficantes del desierto del Sinaí retienen como rehenes y abusan de los solicitantes de asilo y migrantes, la mayor parte procedentes de Eritrea y otros países subsaharianos —entre ellos, niños—, en varios emplazamientos durante semanas o meses hasta que sus familiares en el extranjero pagan un rescate para asegurar su liberación; que Israel rara vez concede el asilo a refugiados eritreos, negando así su derecho a protección;

R.  Considerando que el régimen eritreo practica en sus fronteras una política de disparar a matar contra los eritreos que huyen del país y que, al mismo tiempo, militares y funcionarios fronterizos están implicados en la trata de seres humanos;

S.  Considerando que el programa de desarrollo UE-Eritrea prevé la capacitación en el ámbito de la justicia y el aumento de la concienciación acerca del Proceso de Jartum sobre la cooperación regional en relación con las cuestiones migratorias;

T.  Considerando que la Constitución de 1997 nunca fue aplicada; que en 2014 el Presidente prometió elaborar una nueva Constitución, lo que no hasta la fecha no se ha cumplido;

U.  Considerando que solamente existe un partido político legalizado, el Frente Popular para la Democracia y la Justicia (FPDJ); que el resto de los partidos políticos ha sido prohibido; que, según Freedom House, el FPDJ y los militares son, en la práctica, las únicas instituciones de relevancia política en Eritrea, y que ambas entidades están estrictamente subordinadas al Presidente;

V.  Considerando que el Presidente Afewerki ha pospuesto sine die la celebración de elecciones democráticas;

W.  Considerando que, en 2001, quince figuras eminentes del Gobierno y del partido (conocidas ahora como el G-15) cuestionaron la atmósfera de creciente represión política en Eritrea, criticaron el liderazgo del Presidente y solicitaron la aplicación de la Constitución nacional; que se informó y comentó ampliamente este desafío en la entonces cada vez más enérgica prensa independiente;

X.  Considerando que esto ocasionó la detención de once de los miembros del G-15, mientras que los otros cuatro lograron huir; que dichos detenidos han permanecido incomunicados desde entonces, sin que se les haya acusado de ningún delito, y que no se ha facilitado ninguna información sobre su lugar y condiciones de detención ni su estado de salud; que se cree que algunos de los miembros del G-15 han fallecido en prisión; que, unos días después de la detención, diez periodistas independientes fueron detenidos, entre ellos Dawit Isaak, un periodista sueco-eritreo, y ocho periódicos independientes fueron cerrados con el argumento de que suponían una amenaza a la seguridad nacional; que a estos hechos le siguió un aumento de la represión a los disidentes de la prensa independiente y la población estudiantil; que desde entonces no existe libertad de medios de comunicación, lo que hace que Eritrea haya figurado en último lugar en el índice de libertad de prensa elaborado por Reporteros sin Fronteras durante los últimos ocho años y constituya la prisión mayor de África para los trabajadores del sector, con dieciséis periodistas encarcelados en 2015;

Y.  Considerando que el representante de la Presidencia del Consejo de la UE, el embajador italiano Antonio Bandini, presentó una carta de protesta ante las autoridades tras la represión de 2001 y fue inmediatamente expulsado;

Z.  Considerando que el caso del G-15 fue llevado ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que consideró la detención de los once funcionarios gubernamentales en Eritrea en 2001 y su prolongado encarcelamiento una violación de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; que la Unión Africana instó a Eritrea a liberar de forma inmediata a los once detenidos; que el Gobierno de Eritrea respondió al informe sosteniendo que el retraso en la comparecencia de los prisioneros ante la justicia era una mera cuestión rutinaria de procedimiento;

AA.  Considerando que no se ha dado permiso a las organizaciones internacionales para acceder a las instalaciones penitenciarias, salvo en el caso de la prisión en superficie de Asmara; que siguen sin poder visitarse las restantes (más de 200) instalaciones penitenciarias del país, y los presuntos presos, incluidos mujeres y niños, son torturados y mantenidos incomunicados y confinados en ubicaciones subterráneas sin luz o en contenedores en condiciones inhumanas durante largos periodos, habiendo sido detenidos arbitrariamente y careciendo de acceso alguno a un tribunal independiente o un juicio justo;

AB.  Considerando que las autoridades eritreas no han liberado a Dawit Isaak, pese a los dos mandamientos de habeas corpus, para los que las autoridades no han enviado el acuse de recibo;

AC.  Considerando que el Parlamento de Eritrea no se reúne desde 2002; que el Gobierno legisla únicamente por decreto, lo que significa que políticas importantes adoptadas por él, entre ellas las que afectan gravemente a los derechos y las libertades individuales, no están recogidas en leyes sino que son simplemente «anunciadas» por los medios de comunicación oficiales o en mensajes enviados por las administraciones locales, con toda la ambigüedad que tales prácticas conllevan;

AD.  Considerando que las actividades de la sociedad civil están drásticamente restringidas; que, por ejemplo, en 1993 el partido en el Gobierno decidió suspender las actividades del Regional Centre for Human Rights and Development (Centro regional para los derechos humanos y el desarrollo), primera ONG eritrea, creada en 1992 después de que hubiera organizado una conferencia sobre las políticas de las ONG, la política multilateral y el crédito rural en Eritrea, y contratase a cientos de observadores independientes para supervisar el referéndum de abril de 1993 sobre la independencia de Eritrea;

AE.  Considerando que la Universidad de Asmara, la única de Eritrea, fue cerrada en 2006 tras unas protestas contra el régimen; que el sistema de educación está bajo control militar;

AF.  Considerando que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria ha condenado las detenciones en Eritrea por considerarlas violaciones del Derecho internacional;

AG.  Considerando que el poder judicial no es independiente; que los jueces son nombrados, reasignados y cesados a voluntad del Presidente, y sus actos están sujetos a su influencia y dirección;

AH.  Considerando que en 1996 el régimen creó un Tribunal Especial formado por altos oficiales del ejército nombrados directamente por el Presidente para tratar los casos en los que estuvieran involucrados altos funcionarios acusados de corrupción, malversación de fondos públicos y otros delitos económicos; que, carente de independencia del poder ejecutivo, sin personal formado ni garantías de un juicio justo, el Tribunal Especial pronto se convirtió en un medio de eliminar disidentes y críticos;

AI.  Considerando que, en mayo de 2002, el Gobierno de Eritrea introdujo la campaña de desarrollo Warsai Yikealo, que extendía el servicio nacional por tiempo indefinido y exigía que todos los escolares de último año recibiesen entrenamiento militar y finalizasen su educación secundaria y realizasen sus exámenes finales en un campamento militar; que no se permite a los jóvenes estudiantes comunicarse con sus padres o familiares durante largos períodos; que, además de la defensa nacional, los alistados son obligados a trabajar en la agricultura, la construcción de carreteras o la minería sin una compensación económica adecuada y en condiciones similares a la esclavitud; que es más que probable que exista una relación entre la vigencia de este servicio nacional y los altos flujos de emigrantes de Eritrea; que este país no reconoce el derecho a la objeción de conciencia;

AJ.  Considerando que la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Eritrea señaló numerosos casos de trabajos forzosos, también en beneficio de una compañía minera canadiense;

AK.  Considerando que el descubrimiento de gas y petróleo frente a las costas de Eritrea ha atraído el interés por su explotación por parte de diversas compañías;

AL.  Considerando que la práctica de castigar a familiares por el comportamiento de uno de sus miembros está muy extendida en Eritrea;

AM.  Considerando que la discriminación y la violencia contra las mujeres están presentes en todos los ámbitos de la sociedad eritrea; que las mujeres no solamente tienen un alto riesgo de sufrir violencia sexual en el ejército y en los campamentos de adiestramiento militar, sino también en la sociedad en general, donde la violencia contra las mujeres es perpetrada en una atmósfera de impunidad;

AN.  Considerando que se estima que un 89 % de las niñas eritreas han sufrido mutilación genital; que en marzo de 2007 el Gobierno proclamó que la mutilación genital femenina era un delito, prohibiendo su práctica e impulsando programas educativos que desalentaban su práctica durante ese año;

AO.  Considerando que muchas mujeres y niñas refugiadas abandonan el país en la indigencia, sin medios de para sobrevivir, puesto que en Eritrea dependen de bonos de comida que dejan de recibir cuando el hombre de la familia ya no está presente; que la necesidad de protección de las mujeres y niñas basada en el respeto a su derecho a la vida es considerada un motivo de asilo internacional;

AP.  Considerando que la economía consiste principalmente en una agricultura de subsistencia tradicional, con problemas crónicos de inseguridad alimentaria, y una economía sumergida controlada por el FPDJ, que comprende transacciones en monedas fuertes mediante una red poco clara de entidades de negocio incorporadas a diversas jurisdicciones;

AQ.  Considerando que Eritrea ocupó en el año 2015 la última posición entre los 189 países encuadrados en la clasificación del Banco Mundial sobre la facilidad para hacer negocios;

AR.  Considerando que, en junio de 2008, fuerzas eritreas cruzaron la frontera con Yibuti y conquistaron la región de Ras Doumeira y mataron al menos a nueve soldados yibutianos; que Eritrea retiró sus tropas solo dos años después;

AS.  Considerando que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impuso sanciones a Eritrea en diciembre de 2009 que incluían un embargo de armas, prohibiciones de viaje así como la congelación de los activos de algunos de los políticos y militares del país, como consecuencia del apoyo prolongado de Eritrea a ciertos grupos armados regionales que intentan derrocar a gobiernos de la región, en particular en Somalia; que en junio de 2015 el Consejo de Seguridad ratificó el embargo de armas contra el Gobierno eritreo;

AT.  Considerando que, según los observadores de las Naciones Unidas, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han establecido una presencia militar en Eritrea como parte de su campaña militar contra los rebeldes hutíes en Yemen;

AU.  Considerando que el FPDJ ha creado mecanismos de control y vigilancia sobre las comunidades de refugiados y la diáspora a través de las embajadas, que están involucradas en su extorsión mediante impuestos y contribuciones «voluntarias» a cambio de servicios, tales como documentos de identificación, pasaportes, partidas de nacimiento y documentos esenciales de los que dependen los refugiados; que estas prácticas contravienen el Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, siendo la extorsión una práctica que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pidió a sus Estados miembros que eliminasen en una resolución de 2009 y sus resoluciones posteriores;

AV.  Considerando que las embajadas están participando en una campaña para socavar el trabajo de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas forzando a miembros de la diáspora y la comunidad de refugiados eritreas a firmar documentos en los que se afirma que han realizado el servicio nacional de forma voluntaria y que son refugiados económicos;

AW.  Considerando que se ha rechazado la entrada en Eritrea de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas, el Relator Especial de las Naciones Unidas y el Grupo de Supervisión de las Naciones Unidas para Somalia y Eritrea;

AX.  Considerando que el FPDJ ha creado una amplia red internacional de informantes mediante sus ramificaciones, que incluyen una rama juvenil, para recopilar información sobre los «enemigos» y está involucrada en el comercio ilegal y la extorsión en los Estados miembros de la Unión; que esto ha provocado la expulsión de Suecia de un diplomático eritreo en 2015;

AY.  Considerando que la organización juvenil del FPDJ en los Países Bajos ha iniciado campañas legales contra intelectuales, medios de comunicación e instituciones gubernamentales neerlandeses, con el apoyo de los dirigentes políticos de Asmara, presumiblemente para silenciar a los críticos del régimen;

AZ.  Considerando que las comunidades de refugiados en países vecinos y en otros lugares son controladas y están bajo la vigilancia constante del régimen eritreo; que algunos refugiados son secuestrados por militares eritreos en países vecinos o amigos y devueltos a Eritrea, y que el número de menores no acompañados que huyen del país está aumentando, al tiempo que los refugiados hacen frente a la falta de seguridad y apoyo en varios países una vez han huido y viven con un miedo permanente a las represalias;

BA.  Considerando que los refugiados eritreos de Israel son deportados de manera voluntaria a Ruanda y Uganda, pero no reciben asilo en esos países, sino que son llevados a Sudán del Sur, donde se les encarcela por cruzar de manera ilegal la frontera, o a Sudán y Libia, donde muchos caen en las redes de las organizaciones terroristas;

1.  Se muestra estremecido ante la catastrófica situación de los derechos humanos en Eritrea y la total ausencia del Estado de Derecho y de libertad de medios de información;

2.  Recuerda las obligaciones contraídas por Eritrea en virtud del Acuerdo de Cotonú en materia de respeto de los derechos humanos, los valores democráticos y el Estado de Derecho;

3.  Condena rotundamente las continuas violaciones de estos principios en Eritrea, que incluyen torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones en régimen de incomunicación sin juicio ni presentación de cargos, una política de disparar a matar en sus fronteras y un sistema de alistamiento similar a la esclavitud;

4.  Pide a Eritrea que respete y proteja los derechos fundamentales de todos los ciudadanos eritreos, incluidas las libertades de expresión y de reunión, proceda sin demora a la reapertura de los medios de comunicación, permita regresar al país a los líderes de la oposición en el exilio, libere a todos los presos políticos sin condiciones y acabe con el acoso que sufren las organizaciones de la sociedad civil, y aplique las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el examen periódico universal del Estado de Eritrea en 2014;

5.  Manifiesta su especial preocupación por que se mantengan detenidos sin juicio ni asistencia letrada —desde el 18 de septiembre de 2001— a un grupo de once destacados miembros del Parlamento eritreo y del Frente Popular para la Democracia y la Justicia, así como —desde el 23 de septiembre de 2001— a diez periodistas independientes, incluido el ciudadano eritreo-comunitario Dawit Isaak;

6.  Insta enérgicamente al Gobierno de Eritrea a que libere a esos presos de forma inmediata e incondicional, junto con los otros detenidos por sus opiniones políticas, y pide que se haga pública toda la información sobre su paradero, y que se permita la visita de sus familiares y abogados, cuando menos, por motivos humanitarios;

7.  Pide al Gobierno de Eritrea que garantice un acceso libre y justo a un sistema judicial independiente para esos detenidos, y que mejore las condiciones en las prisiones, también mediante la prohibición del recurso a celdas subterráneas y contenedores para encerrar a presos, el abandono del recurso a centros de detención secretos y tribunales secretos y a la práctica de la detención en régimen de incomunicación, y la habilitación del acceso periódico a los presos para sus familiares, abogados, personal médico y demás autoridades e instituciones competentes y legalmente autorizadas;

8.  Insta al Gobierno de Eritrea a poner fin al sistema de servicio nacional por tiempo indefinido a través de la desmovilización de los alistados que hayan completado su período obligatorio de dieciocho meses de servicio y de la conclusión efectiva de la práctica de alistarlos para trabajos forzosos tras dicho período, a facilitar el ejercicio de la objeción de conciencia, y a eliminar la práctica de que todos los escolares deban pasar el último año de su escolaridad en un campo de entrenamiento militar;

9.  Toma nota de las conclusiones de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Eritrea sobre los trabajos forzosos en beneficio de corporaciones internacionales; considera que esto pone de manifiesto una vez más la necesidad de instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes orientados al respeto a los derechos humanos por parte de las corporaciones internacionales y otras empresas;

10.  Pide que a las organizaciones humanitarias y de derechos humanos se las permita operar en Eritrea sin ser objeto de intimidaciones, y solicita que se facilite la aplicación plena del marco de colaboración y cooperación estratégica para 2013-2016 firmado por el Gobierno de Eritrea y las Naciones Unidas el 28 de enero de 2013;

11.  Insta al Presidente Afewerki a aplicar la Constitución, que se redactó con la participación de todas las partes interesadas y la sociedad civil y que ha sido aprobada;

12.  Acoge con satisfacción las medidas tomadas por el Gobierno eritreo para luchar contra la mutilación genital femenina; pide al Gobierno que mejore, en general, la promoción y la protección de los derechos de las mujeres, también mediante la adopción de medidas adicionales para combatir prácticas perniciosas como los matrimonios infantiles, precoces y forzados, y ponga fin a la impunidad en los casos de violencia sexual;

13.  Insta al Gobierno a poner fin a la política de «culpabilidad por asociación» que se aplica a familiares de quienes eluden el servicio nacional, huyen de Eritrea o no pagan el impuesto del 2 % sobre los ingresos impuesto por el Gobierno a los expatriados eritreos;

14.  Duda de la eficacia de la política de «acuerdo renovado» que la Unión ha adoptado frente a Eritrea; observa que esta política no ha producido resultado alguno, puesto que ni un solo preso político ha sido liberado, ni siquiera Dawit Isaak, y no se ha realizado progreso alguno en ninguna otra cuestión relacionada con los derechos humanos; lamenta que la preocupación del Parlamento por el programa indicativo nacional acordado recientemente entre la Unión y Eritrea haya sido totalmente ignorada por la Comisión y el Consejo; destaca que esa preocupación guarda relación principalmente con la magnitud y gravedad de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen eritreo, los abundantes signos de sus escasos desvelos por el bienestar de sus ciudadanos, la falta de fiabilidad del régimen como socio en materia de cooperación para el desarrollo, la corrupción generalizada, la ausencia prácticamente absoluta de transparencia en la gestión de las finanzas públicas del país, y el riesgo de que los fondos del FED sean desviados indebidamente a tareas de gestión de la migración; pide que se suspenda con carácter inmediato la cooperación a la vista del reciente anuncio de Eritrea en el sentido de que proseguirá su sistema de alistamiento indefinido similar a la esclavitud;

15.  Lamenta la completa falta de diálogo político en el marco de Cotonú entre Eritrea y la UE; no comprende por qué la Unión nunca ha abierto consultas con Eritrea de conformidad con el artículo 96, e insta a que se haga inmediatamente;

16.  Deplora los intentos de la Unión de cooperar con Eritrea en materia de migración; recuerda que las fuerzas de seguridad eritreas están implicadas en actividades de trata de seres humanos y solicita la apertura de una investigación independiente de la cadena de mando de la trata de migrantes eritreos; señala que el ejército eritreo practica en la frontera una política de «disparar a matar» contra quienes intentan abandonar el país, y exige la interrupción inmediata de tales prácticas; recuerda al Gobierno de Eritrea su obligación de proteger a sus propios ciudadanos; señala, además, que al Gobierno de Eritrea se le considera autor de graves y continuas violaciones de los derechos humanos contra sus ciudadanos; pide, por lo tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que suspendan con carácter inmediato la cooperación con Eritrea en materia de prevención de la migración irregular y mejora de los controles fronterizos; resalta los muy altos índices de concesión de asilo o protección subsidiaria a eritreos en los Estados miembros de la UE, e insta, por consiguiente, a los Estados miembros a no repatriar a los eritreos que buscan asilo en Europa; manifiesta su especial preocupación por que el anuncio del Gobierno de Eritrea de que limitará el servicio nacional a dieciocho meses, cuya aplicación no ha sido verificada, haya llevado a algunos Estados miembros de la UE a endurecer su postura respecto a los solicitantes de asilo eritreos;

17.  Insta a la Unión a que vele por que sus delegaciones en los países limítrofes con Eritrea faciliten el acceso de los solicitantes de asilo eritreos al ACNUR y a los servicios de solicitud; pide a todas las organizaciones internacionales que garanticen que los procedimientos en materia de refugiados se ejecutan de manera transparente y diligente; solicita que se otorgue prioridad a las necesidades de protección internacional de las víctimas de torturas y de la trata de seres humanos;

18.  Reconoce que Egipto tiene derecho a regular la entrada y salida por sus fronteras, si bien insta a las autoridades y a las fuerzas de seguridad egipcias a que eviten el uso de la fuerza letal contra los migrantes ilegales que atraviesan las fronteras del país, respeten plenamente las disposiciones y normas del Derecho internacional humanitario en cuanto al trato a los migrantes, protejan su dignidad y su integridad física y psicológica, respeten su derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo, y garanticen a los migrantes detenidos la posibilidad de ponerse en contacto con el ACNUR, permitiendo también a éste acceder a todos los solicitantes de asilo y refugiados bajo custodia; exhorta a las autoridades egipcias a que adopten todas las medidas necesarias para asegurar la liberación de los rehenes eritreos;

19.  Insta a las autoridades de Israel a que reconozcan el derecho a la protección de los refugiados eritreos y a concederles asilo cuando proceda;

20.  Pide a la Unión que adopte una postura mucho más dura ante el régimen eritreo si no realiza avances en materia de derechos humanos, y que evalúe la aplicación de medidas restrictivas específicas, tales como las prohibiciones de viajes y la congelación de activos, contra quienes hayan llevado a cabo acciones que pudieran o hayan podido conducir a actos de violencia y represión y a graves violaciones de los derechos humanos; recuerda que, hasta ahora, este tipo de sanciones adoptadas por las Naciones Unidas son las únicas que han producido algún resultado en Eritrea;

21.  Solicita a los Estados miembros de la UE que investiguen las actuaciones de las embajadas de Eritrea y velen por que las solicitudes de asilo no estén vinculadas de ningún modo a la cooperación de dichas embajadas;

22.  Exige que Eritrea brinde su plena colaboración con el Grupo de Supervisión de las Naciones Unidas para Somalia y Eritrea, la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre Eritrea y el Relator Especial de las Naciones Unidas, y les permita la entrada en el país;

23.  Pide a las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea y los socios bilaterales de Etiopía que presionen a Etiopía para que acepte la demarcación fronteriza propuesta, que redundaría en una disminución de las tensiones entre Etiopía y Eritrea, lo que aumentaría, a su vez, la estabilidad en toda la región del Cuerno de África y deslegitimaría la prolongación de las «medidas excepcionales» del régimen eritreo;

24.  Insta a todas las compañías internacionales que invierten en Eritrea a que operen respetando la plena aplicación de los derechos humanos y que no causen ningún daño;

25.  Exhorta a los Estados miembros de la UE a que investiguen a las embajadas y el rol del FPDJ y sus diversas ramificaciones, incluida la rama juvenil, y prohíban toda forma de asociación y actividad que respalde directamente la práctica de controles y la vigilancia en Europa, socave los principios democráticos y el Estado de Derecho y cree modelos de intimidación y extorsión; insta a los Estados miembros a actuar para poner fin al impuesto sobre la diáspora e investigar las transacciones financieras ligadas a cualquier otra «contribución» aplicada por asociaciones vinculadas al Gobierno de Eritrea en el extranjero, y a proteger plenamente el derecho de asilo de todos los refugiados eritreos en Europa;

26.  Urge a Eritrea a que facilite la información disponible sobre los combatientes yibutíes desaparecidos en combate desde los enfrentamientos de los días 10 y 12 de junio de 2008, de modo que los afectados puedan verificar la presencia y las condiciones de los prisioneros de guerra yibutíes;

27.  Reitera su petición de que se organice una conferencia nacional intereritrea que reúna a los diversos líderes de los partidos y a los representantes de la sociedad civil para encontrar una solución a la actual crisis y situar el país en la vía de la democracia, del pluralismo político y del desarrollo sostenible;

28.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, a los Gobiernos de Eritrea, Egipto e Israel, a la Unión Africana y al Secretario General de las Naciones Unidas.