Documento de sesión
20.4.2016
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras la pregunta con solicitud de respuesta oral B8-0361/2016
presentada de conformidad con el artículo 128, apartado 5, del Reglamento
sobre los ataques a hospitales y escuelas, una violación del Derecho internacional humanitario
( 2016/2662(RSP) )
Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Eleni Theocharous
en nombre del Grupo ECR
Resolución del Parlamento Europeo sobre los ataques a hospitales y escuelas, una violación del Derecho internacional humanitario
( 2016/2662(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos,
– Vista la Convención de Ginebra y otros instrumentos jurídicos en materia de Derecho internacional humanitario,
– Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, de 8 de diciembre de 2009, para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario,
– Vistas las Directrices actualizadas de la Unión Europea para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario[1],
– Visto el informe del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre Humanitaria Mundial, de 2 de febrero de 2016, titulado «La humanidad: responsabilidad compartida»,
– Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1998 (2011), adoptada el 12 de julio de 2011, y 2143 (2014), adoptada el 7 de marzo de 2014, sobre la protección de los niños afectados por los conflictos armados,
– Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/64/290, de 9 de julio de 2010, sobre el derecho a la educación en situaciones de emergencia,
– Vista la Declaración sobre Escuelas Seguras, de mayo de 2015, y las Directrices correspondientes para proteger las escuelas y universidades de la posibilidad de ser usadas con fines militares durante un conflicto armado,
– Vista la Resolución, de 10 de diciembre 2015, de la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre el fortalecimiento del respeto por el Derecho internacional humanitario,
– Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2016, sobre la situación humanitaria en Yemen[2],
– Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2015, sobre la crisis humanitaria en Irak y Siria, en particular en el contexto del Estado Islámico[3],
– Vista la pregunta con solicitud de respuesta oral al Consejo sobre los ataques a hospitales y escuelas, una violación del Derecho internacional humanitario ( O-000063/2016 – B8-0361/2016 ),
– Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que la comunidad internacional ha sido testigo en los últimos años de un número elevado de ataques contra hospitales y escuelas en el contexto de conflictos armados en todo el mundo; y que las escuelas y los hospitales deben seguir siendo zonas de paz donde se brinde protección a los civiles durante los conflictos;
B. Considerando que las escuelas y los hospitales han sido blanco de ataques en los que se han utilizado armas poderosas; que la seguridad del personal humanitario y de los heridos que cuidan a menudo se ve amenazada; y que estos ataques constituyen una violación del Derecho internacional humanitario y un grave peligro para el futuro de la distribución de la ayuda humanitaria; así como que, tras los ataques a sus instalaciones, los trabajadores humanitarios se han visto obligados en algunos casos a abandonar zonas conflictivas;
C. Considerando que la primera Cumbre Humanitaria Mundial, que se celebrará en Estambul los días 23 y24 de mayo de 2016, debe dar lugar a una remodelación de la arquitectura humanitaria para que sea más eficaz y global, con el fin de responder a los aumentos previstos de las necesidades humanitarias vinculadas a los retos actuales y futuros, como conflictos armados, desastres naturales, crisis de refugiados y la seguridad alimentaria;
D. Considerando que en su informe para la Cumbre Humanitaria Mundial titulado «La humanidad: responsabilidad compartida», el secretario general de las Naciones Unidas llama la atención sobre lo que considera una erosión flagrante y brutal del respeto de los derechos humanos y del Derecho humanitario a escala internacional en las situaciones de conflicto armado, que amenaza con llevarnos de vuelta a épocas en las que las guerras no tenían límites; y que en dicho informe se señala que el hecho de no exigir o de no respetar el respeto de las normas que compartimos, y de no apoyar la aplicación, la supervisión y los mecanismos de responsabilidad existentes, contribuyen a esta erosión;
E. Considerando que el Derecho internacional humanitario, también conocido como el Derecho aplicable a los conflictos armados, intenta atenuar los efectos del conflicto armado protegiendo a quienes no participan en el conflicto y regulando los medios y métodos de combate;
F. Considerando que los hospitales y el personal médico están protegidos de forma explícita en el marco del Derecho internacional humanitario y que el ataque deliberado a civiles y a infraestructuras civiles se considera una violación grave del Derecho internacional humanitario;
G. Considerando que, desde el 14 de marzo de 2016, 52 Estados, entre ellos varios Estados miembros de la Unión, aunque no todos, se han adherido a la Declaración sobre Escuelas Seguras, tras la Conferencia sobre Escuelas Seguras celebrada en Oslo en mayo de 2015;
H. Considerando que el Consejo de Asuntos Exteriores, al adoptar las Directrices actualizadas de la Unión Europea para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario, hizo hincapié en la importancia de abordar eficazmente las violaciones graves registradas en el pasado mediante el apoyo a mecanismos adecuados de asunción de responsabilidades, y destacó el importante papel que puede desempeñar la Corte Penal Internacional (CPI) en aquellos casos en que el Estado o los Estados en cuestión no pueden o no quieren ejercer sus competencias; que las Directrices de la Unión comprometen a «los correspondientes Grupos del Consejo» a llevar un seguimiento de las situaciones en las que podría ser de aplicación el Derecho internacional humanitario y, en esos casos, hacer las correspondientes recomendaciones para promover la observancia del Derecho internacional humanitario (punto 15, letra a);
I. Considerando que, entre 2012 y 2015, el Comité Internacional de la Cruz Roja organizó un importante proceso de consulta sobre cómo reforzar la protección jurídica de las víctimas de los conflictos armados y la manera de mejorar la eficacia de los mecanismos de cumplimiento del Derecho internacional humanitario;
J. Considerando que los Estados participantes en la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de la Media Luna Roja de diciembre de 2015 no lograron alcanzar finalmente ningún acuerdo sobre un nuevo mecanismo propuesto por la Conferencia y el Gobierno de Suiza para reforzar la observancia del Derecho internacional humanitario; que el nuevo mecanismo propuesto habría implicado la convocatoria de una reunión anual de los Estados parte en las Convenciones de Ginebra; y que los Estados participantes decidieron poner en marcha un nuevo proceso intergubernamental para encontrar la manera de mejorar la aplicación del Derecho internacional humanitario con el objetivo de presentar los resultados en la próxima Conferencia Internacional, que tendrá lugar en 2019;
1. Expresa su consternación y su más profunda preocupación ante los ataques mortales contra hospitales y escuelas que se están produciendo a un ritmo alarmante en el contexto de conflictos armados en todo el mundo y que convierten a pacientes, estudiantes, personal médico y docente, trabajadores humanitarios, voluntarios y familiares en objetivos y en víctimas, al tiempo que las condenas internacionales raramente conducen a investigaciones independientes y a la exigencia de verdaderas responsabilidades a los responsables; insta a los Estados miembros, a las instituciones de la Unión y a la vicepresidenta / alta representante a que reconozcan el verdadero alcance de esta emergencia y preparen sin demora un plan de acción con plazos concretos con el fin de utilizar la influencia de la Unión y de sus Estados miembro para poner fin a estas violaciones y abusos;
2. Condena los ataques a hospitales y escuelas, prohibidos por el Derecho internacional y reconoce que este tipo de actos puede constituir graves violaciones de las Convenciones de Ginebra de 1949 y crímenes de guerra conforme al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; manifiesta su convencimiento de que la protección de las instalaciones sanitarias y educativas como espacios neutros y protegidos durante las situaciones de conflicto armado depende de los resultados de unas investigaciones transparentes, independientes e imparciales sobre los ataques brutales que se hayan cometido y de la exigencia efectiva de asunción de responsabilidades por los crímenes perpetrados;
3. Cree que los trabajadores humanitarios que llevan a cabo labores de salvamento de vidas en condiciones muy difíciles deben estar siempre protegidos;
4. Condena el uso de hospitales y escuelas por las partes en los conflictos armados, lo que los convierte en objetivos de ataques; recuerda que los que utilizan a personas o bienes protegidos como escudos humanos o de camuflaje también son culpables de violaciones del Derecho internacional humanitario;
5. Destaca que, aparte del daño directo y físico a escuelas y hospitales, los ataques provocan el cierre forzoso o trastornos en el funcionamiento de estas instituciones y causan graves daños a los sistemas educativos y sanitarios en su conjunto;
6. Alienta a la Unión y a sus Estados miembros a que respalden plenamente el llamamiento del secretario general de las Naciones Unidas para que todos los Estados miembros de esta organización aprovechen la ocasión que les brinda la Cumbre Humanitaria Mundial para proteger a los civiles y a los trabajadores humanitarios respetando las normas ya convenidas; destaca la importancia concedida por el secretario general de las Naciones Unidas al refuerzo de los sistemas internacionales judiciales y de investigación, incluida la Corte Penal Internacional, como complemento de los marcos nacionales, con objeto de poner fin a la impunidad de las violaciones del Derecho internacional humanitario;
7. Pide que la Unión y sus Estados miembros promuevan un acuerdo global en la Cumbre Humanitaria Mundial sobre formas prácticas de refuerzo del respeto del Derecho humanitario internacional, como la difusión de las normas en la materia entre las administraciones regionales y nacionales, las fuerzas de seguridad, las autoridades locales y los líderes comunitarios, y que apoyen el papel que desempeña la Corte Penal Internacional para poner fin a la impunidad en relación con las violaciones del derecho internacional humanitario;
8. Reconoce la importancia y el carácter único de las Directrices de la Unión para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario, ya que ningún otro Estados u organización ha adoptado un documento equivalente; pide a la Unión y a sus Estados miembros que apliquen efectivamente dichas Directrices;
9. Pide al Consejo de Asuntos Exteriores y a la vicepresidenta / alta representante que, para que las políticas y actuaciones de la Unión en materia de Derecho internacional humanitario se desarrollen de forma coherente y eficaz, revisen la actual asignación de responsabilidades, según la cual la aplicación de las Directrices en materia de Derecho internacional humanitario incide, ante todo, en las competencias del Grupo de trabajo del Consejo sobre Derecho Internacional Público, presidido por la Presidencia del Consejo; hace hincapié, en este mismo contexto, en que las Directrices de la Unión obligan a «los correspondientes Grupos del Consejo» a llevar a cabo un seguimiento de las situaciones en las que podría ser de aplicación el Derecho internacional humanitario y, en esos casos, hacer las correspondientes recomendaciones para promover la observancia del Derecho internacional humanitario (punto15, letra a); pide a los correspondientes Grupos de trabajo del Consejo que utilicen este mandato para abordar la actual crisis urgente de inobservancia;
10. Recuerda la posición adoptada en las Directrices de la Unión según la cual debería estudiarse la posibilidad de acudir, cuando proceda, a la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta (CIHE), creada conforme al Protocolo adicional I de las Convenciones de Ginebra de 1949, que puede contribuir a fomentar el respeto del Derecho internacional humanitario a través de su capacidad de investigación y de sus buenos oficios; observa que no se ha recurrido a los servicios de dicha comisión, e insta al Consejo de la Unión, a sus Estados miembros y al SEAE a que se planteen seriamente la posibilidad de acudir a ella, por primera vez desde su creación, a fin de abordar los ataques a hospitales y escuelas como una situación de crisis urgente relativa al respeto de las normas del Derecho internacional humanitario;
11. Observa con preocupación el espacio institucional limitado destinado para que la comunidad internacional aborde problemas comunes relativos a la aplicación del Derecho internacional humanitario; toma nota, en este mismo contexto, el fracaso de los Estados participantes en la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en diciembre de 2015, para alcanzar un acuerdo sobre un nuevo mecanismo que habría reforzado el sistema de gobernanza del Derecho internacional humanitario por medio de una reunión anual de los Estados para mejorar el diálogo y un sistema de información periódica sobre la conformidad de las normas nacionales con el Derecho internacional humanitario; pide que la Unión y a sus Estados miembros que se esfuercen por alcanzar un mejor resultado en el próximo proceso intergubernamental;
12. Hace hincapié en que es necesario redoblar los esfuerzos para mejorar la seguridad de las organizaciones humanitarias y de sus trabajadores; apoya la inclusión sistemática en el Derecho internacional de cláusulas específicas que refuercen la rendición de cuentas de cara a la protección de los trabajadores humanitarios, así como un control estricto y sistemático de los ataques contra los trabajadores humanitarios;
13. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, al representante especial de la UE para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de las Naciones Unidas, al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a los Gobiernos de los Estados miembros de las Naciones Unidas.