Documento de sesión
1.6.2016
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
sobre la situación en Venezuela
( 2016/2699(RSP) )
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela
( 2016/2699(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vista la declaración realizada el 5 de enero de 2016 por el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior sobre la inauguración de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela,
– Vista la Carta Democrática Interamericana,
– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
– Vista la Constitución de Venezuela y, en particular, sus artículos 72 y 233,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que el empeoramiento de la crisis económica en Venezuela junto con la rivalidad política entre el gobierno y el parlamento recién elegido ha dado lugar a una auténtica crisis con unos niveles de descontento y violencia cada vez mayores en todo el país;
B. Considerando que, pese a tener las mayores reservas de petróleo del mundo, Venezuela se encuentra al borde del colapso económico debido al desmoronamiento de su economía en los últimos años y a una inflación por la nubes; que la situación es particularmente alarmante para la población debido a la grave escasez de productos básicos como alimentos y medicinas, y que también se ha producido un racionamiento de la electricidad;
C. Considerando que la situación, ya de por sí crítica, se ha visto agravada por la caída de los precios del petróleo y por la peor sequía vivida en el país desde 1969;
D. Considerando que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), un partido de la oposición de centroderecha, ganó las elecciones legislativas celebradas el 6 de diciembre de 2015 por una mayoría de dos tercios, lo que le permitiría introducir cambios en la Constitución;
E. Considerando que el 2 de mayo de 2016 la MUD presentó una petición con 1,85 millones de firmas, una cifra muy superior a la exigida por la Constitución, pidiendo la activación de un referéndum revocatorio para destituir al Presidente en funciones, Nicolás Maduro; que el Gobierno se opone a la celebración del referéndum;
F. Considerando que el referéndum revocatorio es un proceso que consta de tres etapas; que, tras cumplir con la primera etapa correspondiente al proceso de petición, la oposición está a la espera de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) facilite los documentos necesarios para pasar a la segunda etapa, en la que se requeriría las firmas del 20 % de la población; que el CNE ha denunciado irregularidades en la recogida de firmas;
G. Considerando que el 18 de mayo de 2016 la oposición venezolana organizó una marcha en Caracas en apoyo del referéndum de revocación para pedir que el CNE no paralice el referéndum deliberadamente; que se produjeron varios incidentes cuando la Guardia Nacional de Venezuela utilizó gases lacrimógenos contra los manifestantes; que no se ha informado de que haya habido víctimas;
H. Considerando que el 13 de mayo de 2016 el Presidente Maduro emitió un decreto por el que imponía el estado de emergencia durante 60 días; que, pese a las protestas de la oposición, el Tribunal Supremo venezolano ha declarado constitucional el estado de emergencia debido a las circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural y ecológico que afectan gravemente a la economía nacional;
I. Considerando que las medidas adoptadas por el Gobierno permiten que las fuerzas armadas y los comités locales distribuyan y vendan alimentos y reduzcan la semana laboral en el sector privado, medida ya adoptada en el sector público, en un intento de solucionar la crisis eléctrica; que las nuevas medidas también permiten que el Gobierno se haga con el control de los productos y servicios básicos;
J. Considerando que varias empresas han interrumpido sus actividades en Venezuela como resultado de la crisis económica; que el Presidente Maduro ha amenazado con nacionalizar las empresas que interrumpan sus actividades;
K. Considerando que el 28 de mayo de 2016 la oposición venezolana y altos funcionarios gubernamentales se reunieron bajo los auspicios de la Unión de Naciones Suramericanas, en presencia de un grupo de mediadores, para sentar las bases de un diálogo; que se ha informado de que no ha habido un contacto directo entre el Gobierno y la oposición, ya que el diálogo se llevó a cabo a través de mediadores;
L. Considerando que el 31 de mayo de 2016 la Organización de Estados Americanos (OEA) invocó su Carta Democrática para examinar la situación política en Venezuela en una reunión de su Consejo Permanente en la que abordará «la alteración del orden constitucional» y cómo esta afecta gravemente «al orden democrático de la República Bolivariana de Venezuela»;
1. Apoya al pueblo de Venezuela en estos difíciles momentos; recuerda a todos los actores políticos que, ante el empeoramiento de la crisis económica, su principal responsabilidad es para con su población y la protección de su bienestar;
2. Pide encarecidamente al Gobierno que no se sirva del estado de emergencia para sofocar a los disidentes y bloquear el proceso de referéndum, sino que, por el contrario, lo utilice como un verdadero instrumento para ayudar a la población desesperada a satisfacer sus necesidades básicas, en particular el acceso a los medicamentos, la atención sanitaria y los bienes necesarios para la supervivencia;
3. Apoya las acciones de mediación de la comunidad internacional con respecto a Venezuela, y se felicita del inicio de conversaciones mediadas en la República Dominicana como una oportunidad de superar la rivalidad política; está firmemente convencido de que, aunque las negociaciones mediadas representan un punto de partida, el diálogo directo entre las partes sería beneficioso para el futuro del país;
4. Mantiene que el diálogo nacional constituye la única manera de superar la emergencia en Venezuela; opina que la prioridad de todas las fuerzas políticas debería ser dar respuestas concretas a las personas que están sufriendo por la falta de acceso a productos básicos como alimentos y medicinas;
5. Pide a la comunidad internacional que apoye un diálogo franco y abierto entre los principales actores del Gobierno y la oposición y que no actúe de modo alguno que pueda agravar la situación aún más; pide a la Unión Europea que esté preparada para contribuir al proceso;
6. Pide al Gobierno y a la oposición que no involucren al ejército en el conflicto político, y destaca los riesgos inherentes de hacerlo;
7. Considera que la clase política no puede ignorar la voluntad del pueblo, pero destaca que cualquier iniciativa, incluido el proceso iniciado por la oposición de solicitar un referéndum revocatorio, debe respetar plenamente los procedimientos establecidos en la Constitución;
8. Pide al CNE que siga ejerciendo su función independiente de supervisión y garantía de la transparencia del referéndum de conformidad con la Constitución, que no bloquee el proceso de revisión de las firmas y que permita la aplicación de la segunda fase del proceso encaminada al inicio del referéndum revocatorio; pide a los partidos políticos que no influyan en el proceso constitucional relativo al referéndum revocatorio;
9 Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.