Documento de sesión
1.6.2016
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración del Vicepresidente de la Comisión / Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
sobre la situación en Venezuela
( 2016/2699(RSP) )
Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans
en nombre del Grupo ALDE
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela
( 2016/2699(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus resoluciones, anteriores y recientes, sobre la situación en Venezuela, en particular las de 27 de febrero de 2014 sobre la situación en Venezuela[1], 18 de diciembre de 2014 sobre la persecución de la oposición democrática en Venezuela[2], y 12 de marzo de 2015, sobre la situación en Venezuela[3],
– Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,
– Vista la declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 20 de octubre de 2014, sobre las detenciones de manifestantes y políticos en Venezuela,
– Vista la declaración, de 7 de diciembre de 2015, de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, sobre las elecciones en Venezuela,
– Vista la declaración a la prensa, de 12 de abril de 2016, del portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que, como en cualquier otro país democrático, la soberanía nacional reside en el pueblo de Venezuela, representado por la Asamblea Nacional, como reconoce el artículo 5 de la Constitución venezolana;
B. Considerando que el 30 de marzo de 2016 la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una Ley que otorgaría la amnistía a más de noventa presos políticos de Venezuela, allanando así el camino a un diálogo muy necesario y a la reconciliación nacional; que dicha Ley es constitucional, ya que prohíbe categóricamente el perdón de actos delictivos relativos a delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra, como exige el artículo 29 de la Constitución;
C. Considerando que tanto el ejecutivo como el Tribunal Supremo han venido obstaculizando las potestades legislativas de la Asamblea Nacional desde su constitución en diciembre de 2015, tras la victoria mayoritaria de la oposición; que el Tribunal Supremo ha declarado la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía;
D. Considerando que siguen encarcelados 96 presos políticos y dos mil están en libertad condicional; que desde 2014 se han realizado más de 4 029 detenciones por motivos políticos —168 únicamente en el mes de mayo de 2016—, como señala la ONG Foro Penal Venezolano; que líderes de la oposición, incluidos Leopoldo López y los alcaldes elegidos democráticamente Antonio Ledezma y Daniel Ceballos, también permanecen privados de libertad;
E. Considerando que el poder ejecutivo venezolano ejerce un control total sobre el poder judicial y la comisión electoral, vulnerando manifiestamente el principio de independencia y separación de poderes propio de los países democráticos regidos por el Estado de Derecho;
F. Considerando que el ejecutivo venezolano ejerce un control total sobre la prensa y los medios de comunicación, vulnerando manifiestamente el derecho fundamental de libertad de expresión, reconocido en todos los Estados democráticos;
G. Considerando que Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó públicamente que la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional se atenía al Derecho internacional y expresó su decepción por el rechazo de dicha Ley; que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, ha pedido al presidente Nicolás Maduro que firme la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional;
H. Considerando que 2015 terminó con una tasa de inflación del 180,9 %, la más alta del mundo, según los datos publicados por el Banco Central de Venezuela, y que los productos más afectados fueron los alimentos y las bebidas no alcohólicas, con una tasa de inflación del 315 %; que el Fondo Monetario Internacional prevé una tasa de inflación de aproximadamente el 700 % para 2016;
I. Considerando que Venezuela se enfrenta a una grave crisis humanitaria, causada por la escasez de alimentos y medicinas; que la Asamblea Nacional ha declarado una crisis humanitaria de salud y por la inexistencia de seguridad alimentaria, habida cuenta de la carencia generalizada de medicinas y equipos y suministros médicos, y ha pedido a la Organización Mundial de la Salud (OMS) ayuda humanitaria y una visita técnica para que certifique las condiciones descritas;
J. Considerando que el Gobierno está impidiendo la llegada de ayuda humanitaria al país y está boicoteando las diversas iniciativas internacionales para prestar asistencia a la sociedad civil, como las de Caritas y otras ONG;
K. Considerando que la oposición democrática ha iniciado un proceso reconocido por la Constitución que permite destituir a los funcionarios públicos una vez que hayan cumplido la mitad de su mandato; que el Consejo Nacional Electoral recibió 1,8 millones de firmas de ciudadanos venezolanos que apoyan este proceso, cifra muy superior a las 198 000 firmas necesarias inicialmente para que dicho proceso sea legal y aceptado desde el punto de vista constitucional;
L. Considerando que el establecimiento en 2003 de controles de cambios es uno de los muchos ejemplos de mala administración económica del Estado; que el estado de excepción decretado recientemente por el presidente Maduro no ha hecho sino agravar la crisis económica; que la solución a la crisis solo puede encontrarse mediante el diálogo entre todos los niveles de gobierno y la sociedad;
M. Considerando que el 27 de mayo de 2016 los países del G7 emitieron una declaración instando a Venezuela a crear las condiciones para un diálogo entre el Gobierno y sus ciudadanos con el fin de resolver la cada vez más grave crisis económica y política;
1. Muestra su profunda preocupación por la crisis política, económica, social y humanitaria de Venezuela y el clima de creciente inestabilidad política y social;
2. Pide al Gobierno de Venezuela que adopte una actitud constructiva y encuentre una solución a esta grave crisis entablando un diálogo estrecho e integrador con todos los sectores de la sociedad, incluida la oposición elegida democráticamente;
3. Pide al presidente Maduro y a su Gobierno que apliquen urgentemente reformas económicas en colaboración con la Asamblea Nacional elegida democráticamente a fin de encontrar una solución constructiva a las crisis económica y energética, en particular a la escasez de alimentos y medicinas;
4. Pide a la Unión, a sus Estados miembros y a la VP/AR Federica Mogherini que insten a las autoridades venezolanas a que permitan la llegada de ayuda humanitaria al país y que autoricen el acceso a las organizaciones internacionales que deseen prestar asistencia a los sectores de la sociedad más afectados;
5. Pide a la Unión, a sus Estados miembros y a la VP/AR que insten al Gobierno venezolano a poner en libertad inmediatamente a los presos políticos y a las personas privadas de libertad arbitrariamente, en consonancia con los llamamientos de varios organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales y con la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional;
6. Pide a la Unión, a sus Estados miembros y a la VP/AR que insten al Gobierno venezolano a que ratifique la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional y a que observe los tratados internacionales, ya que Venezuela está obligada a cumplir los compromisos que ha adquirido;
7. Pide a la Unión, a sus Estados miembros y a la VP/AR que apoyen los esfuerzos nacionales para establecer mecanismos de diálogo y reconciliación colaborando estrechamente con UNASUR, con el fin de reforzar la presencia de organizaciones internacionales que puedan facilitar este proceso y servir de potenciales garantes y mediadores;
8. Insta al Gobierno y las autoridades públicas de Venezuela a que respeten la Constitución y faciliten, en lugar de bloquear, los mecanismos y procedimientos legales reconocidos para activar el proceso electoral de destitución del presidente establecido en la Constitución venezolana antes de que finalice 2016; pide al Tribunal Supremo que respete la separación de poderes y la legalidad constitucional;
9. Pide a la Unión, a sus Estados miembros y a la VP/AR que aboguen por una reforma de los controles de cambios establecidos en 2003 por el anterior presidente Hugo Chávez;
10. Pide al Consejo y a los Estados miembros que apliquen efectivamente las exigencias de los convenios internacionales sobre derechos humanos, y que estudien la posibilidad de aplicar sanciones selectivas a los altos cargos venezolanos que hayan sido señalados como autores de violaciones de derechos humanos, incluida la inmovilización de bienes personales y la prohibición de entrada en la UE;
11. Reitera su petición para que una delegación del Parlamento Europeo sea enviada a Venezuela y entable lo antes posible un diálogo con todos los sectores implicados en el conflicto;
12. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.