Documento de sesión
1.6.2016
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
sobre la situación en Venezuela
( 2016/2699(RSP) )
Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Țapardel, Nicola Caputo, Nicola Danti, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Karoline Graswander-Hainz, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, Victor Boştinaru
en nombre del Grupo S&D
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela
( 2016/2699(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre la situación en Venezuela, en particular las de 27 de febrero de 2014 sobre la situación en Venezuela[1], de 18 de diciembre de 2014 sobre la persecución de la oposición democrática en Venezuela[2], y de 12 de marzo de 2015, sobre la situación en Venezuela[3],
– Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,
– Vista la Carta Democrática Interamericana, adoptada el 11 de septiembre de 2001,
– Vista la declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 20 de octubre de 2014, sobre las detenciones de manifestantes y políticos en Venezuela,
– Vista la carta del 16 de mayo de 2016 remitida por la organización «Human Rights Watch» al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, sobre la situación en Venezuela[4],
– Vistos los comunicados oficiales del secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), emitidos el 23 de mayo[5] y el 28 de mayo[6] de 2016, sobre las reuniones de estudio de puesta en marcha de un diálogo nacional entre representantes del Gobierno venezolano y la coalición opositora MUD,
– Vista la declaración de los líderes del G7 efectuada en la cumbre de Ise-Shima de los días 26 y 27 de mayo de 2016[7],
– Vista la declaración del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, de 27 de mayo de 2016, en relación con su llamada telefónica al ex presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero[8],
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que Venezuela posee el 20 % de las reservas de petróleo del mundo, que representan apenas un 3 % de la producción mundial; que el petróleo supone el 96 % de las exportaciones del país; que durante el boom económico Venezuela no constituyó ningún ahorro destinado a mitigar un posible revés de las condiciones comerciales o a atenuar el impacto de los necesarios ajustes macroeconómicos, llegado el caso;
B. Considerando que, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía de Venezuela se contraerá un 8 % en 2016, tras una caída del 5,7 % en 2015; que, pese a un incremento del 30 % del salario mínimo, la actual tasa de inflación del 180,9 % anula cualquier posibilidad de que los productos básicos sean accesibles para los ciudadanos venezolanos; que el FMI prevé una tasa de inflación media del 700 % para finales de 2016 y del 2 200 % en 2017;
C. Considerando que pese a la falta de datos oficiales, según la ENCOVI (Encuesta de Condiciones de Vida), la tasa de pobreza en Venezuela se ha doblado entre 2013 y 2016, pasando del 30 al 60 %; que el 75 % de los medicamentos considerados esenciales por la Organización Mundial de la Salud no se encuentran disponibles en Venezuela;
D. Considerando que la falta de previsión respecto a las infraestructuras básicas y una gestión ineficiente han desembocado en una gran crisis económica y social, que se pone de manifiesto en la escasez crónica de recursos, materias primas, insumos, alimentos básicos y medicamentos esenciales, con un nivel nulo de producción, y que el país está al borde de un estallido social que podría desembocar en una crisis humanitaria de impredecibles consecuencias;
E. Considerando que la coalición opositora venezolana, el MUD, obtuvo 112 de los 167 escaños en la Asamblea Nacional unicameral —es decir, una mayoría de dos tercios—, frente a los 55 del PSUV; que posteriormente el Tribunal Supremo bloqueó la toma de posesión de los escaños de cuatro representantes del MUD recién electos, lo que privó a la oposición de su mayoría parlamentaria de dos tercios;
F. Considerando que se ha encarcelado a destacados líderes de la oposición política, junto con unas cien personas más, por motivos ideológicos o políticos; que la Asamblea Nacional aprobó el 29 de marzo de 2016 la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, y que el 11 de abril de 2016 el Tribunal Supremo una vez más declaró inconstitucional dicha ley;
G. Considerando que, desde el inicio de la nueva legislatura de la Asamblea Nacional en enero de 2016, el Tribunal Supremo ha declarado ilegales o inaplicables las cuatro leyes aprobadas por dicha Asamblea; que en febrero dicho Tribunal refrendó el decreto económico promulgado por el presidente Maduro y rechazado por la Asamblea en enero; que en marzo el Tribunal dictaminó que la Asamblea es incompetente para someter a examen la designación de trece magistrados a finales de 2015; que en abril el Tribunal declaró inconstitucional la Ley de Amnistía e invalidó una enmienda constitucional que habría acortado el mandato presidencial de seis a cuatro años;
H. Considerando que el marco de Unasur se han celebrado recientemente en la República Dominicana diversas reuniones exploratorias, auspiciadas por el ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, el ex presidente de la República Dominicana Leonel Fernández y el ex presidente de Panamá Martín Torrijos, destinadas a la puesta en marcha de un diálogo nacional con representantes del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de los partidos opositores representados por el MUD;
I. Considerando que las refriegas por el control de minas ilegales son habituales en la rica región minera próxima a las fronteras de Guyana y Brasil; que el 4 de marzo de 2016 se registró una masacre en la localidad de Tumeremo (Estado de Bolívar), donde desaparecieron veintiocho mineros que fueron posteriormente asesinados; que no se ha producido aún ninguna reacción satisfactoria de las autoridades, y que el 28 de abril fue asesinada por arma de fuego, dentro de su residencia ubicada en la misma población, la periodista Lucía Suárez quien recientemente había investigado el caso;
J. Considerando que en Venezuela no se respetan adecuadamente el Estado de Derecho y el principio de separación de poderes; que los hechos apuntan a una influencia y control excesivos del Gobierno sobre el poder judicial y el Consejo Nacional Electoral, lo que perjudica al poder legislativo y a las fuerzas de la oposición, piedras angulares de todo sistema democrático;
K. Considerando que el Decreto n.º 2.294, de 6 de abril de 2016, promulgado por el Gobierno venezolano, estipula que los trabajadores del sector público únicamente trabajarán dos días por semana mientras persistan los efectos de «El Niño» sobre la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar; que las actividades docentes en las universidades y otros centros de enseñanza también se han suspendido o aplazado por motivos de seguridad nacional o de ahorro energético; que estos cierren afectan gravemente a los derechos de los ciudadanos;
L. Considerando que los elevadísimos índices de delincuencia y la total impunidad que se registran en Venezuela han convertido a este país en uno de los más peligrosos del mundo, siendo Caracas la ciudad con la mayor tasa de delitos violentos del mundo, con más de 119,87 homicidios anuales por cada 100.000 habitantes;
M. Considerando que la oposición democrática ha iniciado un proceso reconocido por la Constitución para solicitar la celebración de un referéndum revocatorio; que el MUD ha recogido y entregado al Consejo Nacional Electoral 1,8 millones de firmas, cifra muy superior a las 198 000 inicialmente necesarias para que dicho proceso sea legal y constitucionalmente aceptable;
1. Expresa su enorme preocupación ante el grave deterioro de la situación de la democracia y de los derechos humanos en Venezuela;
2. Celebra los esfuerzos de mediación realizados por la Unasur para iniciar un proceso de diálogo nacional entre el Ejecutivo y la mayoría opositora del MUD; recuerda que no puede haber una solución pacífica viable y estable para Venezuela sin un diálogo nacional, y pide a todas las partes que se comprometan en un proceso constructivo y orientado a soluciones; destaca que una solución democrática negociada es la única salida;
3. Insta a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) y a las organizaciones regionales a que garanticen que los mecanismos de diálogo y de reconciliación nacional desempeñen un papel de mediación en Venezuela, con vistas a apoyar una solución pacífica, democrática y constitucional a la crisis que vive actualmente el país;
4. Toma nota de la declaración de los líderes del G7 sobre Venezuela; pide al Consejo Europeo de junio que haga una declaración política sobre la situación del país y que apoye los esfuerzos de mediación recientemente iniciados para lograr un acuerdo de soluciones políticas y democráticas para Venezuela;
5. Expresa su gran preocupación por la creciente tensión social causada por la escasez de productos básicos como alimentos y medicinas; pide a la VP/AR que elabore un plan de cooperación para el país, con vistas a atender las necesidades más básicas y urgentes de la población; pide al Gobierno venezolano que acepte esta cooperación y facilite su aplicación;
6. Expresa su preocupación por el actual bloqueo institucional y por el control del poder ejecutivo sobre el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral destinado a impedir la aplicación de leyes e iniciativas adoptadas por la Asamblea Nacional; pide al Gobierno venezolano que respete el Estado de Derecho y el principio de separación de poderes; recuerda que la separación y la no interferencia entre poderes igualmente legítimos es un principio esencial de los Estados democráticos informados por el Estado de Derecho;
7. Pide al Gobierno de Venezuela que conmute las penas de prisión por arrestos domiciliarios para los presos políticos actualmente encarcelados; recuerda que la liberación de los presos políticos es una condición previa exigida por la oposición para las negociaciones, y pide a ambas partes que acuerden una solución de transacción destinada a apoyar los esfuerzos de mediación que actualmente se están realizando; recuerda que este gesto será prueba de la voluntad del Ejecutivo de facilitar el diálogo nacional;
8. Pide a las autoridades que respeten y garanticen el derecho constitucional a manifestarse pacíficamente; pide asimismo a los líderes de la oposición que ejerzan sus poderes con responsabilidad y moderación; pide a las autoridades venezolanas que garanticen la seguridad y el libre ejercicio de los derechos a todos los ciudadanos, en particular a los defensores de derechos humanos, periodistas, activistas políticos y miembros de organizaciones no gubernamentales independientes;
9. Considera que es absolutamente prioritario reducir los altos niveles de impunidad existentes, que incrementan y fomentan la violencia e inseguridad creciente en el país, y hacer cumplir el marco legal existente, que exige justicia para las víctimas de secuestros, asesinatos y demás delitos que se cometen a diario, así como para sus familiares;
10. Pide a las autoridades venezolanas que investiguen la masacre de Tumeremo en que veintiocho mineros fueron vilmente asesinados y que lleven a los autores e inductores ante la justicia, al igual que a los responsables del reciente asesinato de la periodista Lucía Suárez, que ocurrió en la misma localidad y del que se sospecha que está relacionado con aquellos;
11. Insta al Gobierno y los poderes del Estado venezolano a que respeten la Constitución y a que faciliten y no obstaculicen los mecanismos y procedimientos legales y reconocidos llamados a activar el proceso electoral establecido en la Constitución venezolana.
12. Insta al Gobierno venezolano a hacer todo lo posible por regularizar el horario laboral y escolar en pro de la normalización del país, y por que se respeten los derechos sociales y laborales y el universal derecho a la educación;
13. Recuerda que el Parlamento ha mostrado en numerosas ocasiones su solidaridad con el pueblo venezolano; señala que la mayoría de las fuerzas políticas del país han solicitado firme y reiteradamente nuestra presencia y apoyo; recuerda, en este sentido, que aún está pendiente la visita de una delegación parlamentaria anteriormente aprobada, y solicita, por ende, que se realice efectivamente dicha visita para poder cumplir el mandato otorgado de hacer un balance de la situación política y social en Venezuela;
14. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al secretario general de la Organización de los Estados Americanos.