Documento de sesión
17.6.2016
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
sobre las masacres en la zona oriental de la República Democrática del Congo
( 2016/2770(RSP) )
Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey
en nombre del Grupo GUE/NGL
Resolución del Parlamento Europeo sobre las masacres en la zona oriental de la República Democrática del Congo
( 2016/2770(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus resoluciones anteriores, y en particular las de 10 de marzo de 2016 y de 7 de octubre de 2010 sobre la falta de protección de los derechos humanos y la justicia en la República Democrática del Congo, así como las resoluciones de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE,
– Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,
– Vista la Constitución de la República Democrática del Congo, y en particular su artículo 56, que estipula lo siguiente: «Todo acto, acuerdo, convenio, arreglo o cualquier otro tipo de actuación a consecuencia del cual se prive a la nación o a personas físicas o morales de la totalidad o una parte de sus medios de subsistencia obtenidos a través de sus recursos o de sus riquezas naturales, constituirá, sin perjuicio de las disposiciones internacionales en materia de delitos económicos, un delito de saqueo castigado por la Ley.»,
– Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,
– Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,
– Vistos el artículo 3 y el Protocolo II del Convenio de Ginebra de 1949, que prohíben las ejecuciones sumarias, la violación, el reclutamiento forzoso y otras atrocidades,
– Vista la Convención internacional sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989,
– Vista la Resolución 2211, de marzo de 2015, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por la que se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2016 el mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (Monusco),
– Vista la entrega del Premio Sájarov 2014 a Denis Mukwege, un ginecólogo congoleño, por su lucha para proteger los derechos de las mujeres en el Congo,
– Vista la posición del Parlamento Europeo, aprobada el 20 de mayo de 205, sobre la certificación de los importadores de ciertos minerales o metales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo,
– Visto el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), de 15 de abril de 2015, sobre la explotación y el comercio ilegales de recursos naturales que benefician a los grupos de delincuencia organizada,
– Visto el Acuerdo de Cotonú,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que la proliferación de grupos armados, la desorganización y la inexistencia de un Estado estable, la incapacidad de las Naciones Unidas para dar una respuesta coherente al genocidio y a sus consecuencias, y la complicidad de los países que tienen intereses en la región, como los Estados Unidos y Francia, han provocado una situación dramática que, desde 1996, se ha cobrado probablemente varios centenares de miles o incluso millones de víctimas mortales, en su mayoría civiles, como consecuencia de la malnutrición, las enfermedades y la pobreza tras las guerras de 1996 y 1998; que esta situación aún tiene repercusiones hoy en día en el país;
B. Considerando que, según el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef), entre 2007 y 2014 la mortalidad perinatal se redujo un 30 %, pasando de 148 muertes por cada 1 000 nacimientos en 2007 a 104 en 2014; que la mortalidad de las madres jóvenes se redujo en un 35 %, pasando de 1 289 por cada 100 000 partos en 2007 a 846 en 2014;
C. Considerando que desde 2012 reina de nuevo la inseguridad en la República Democrática del Congo, y que los enfrentamientos y las atrocidades han provocado varios miles de víctimas, especialmente en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, en la zona oriental del país; que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), a 31 de julio de 2015 había casi 1 500 000 personas desplazadas dentro del país, es decir, el 7 % de la población total de la nación; que siguen viviendo en el exilio más de 400 000 refugiados congoleños; que también llegan a la República Democrática del Congo refugiados que huyen de la grave crisis humanitaria en la República Centroafricana vecina;
D. Considerando que entre las facciones beligerantes figuran las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (milicias hutus), la RCD-Goma (Agrupación Congoleña para la Democracia) apoyada por Ruanda contra el Gobierno de la República Democrática del Congo, el Ejército de Resistencia del Señor (LRA) creado tras una insurrección en Uganda, la milicia Mai-Mai en Katanga, y el Movimiento Popular de Autodefensa (MPA); que, pese a que a partir de 2010 se desmovilizaron algunos grupos que, en algunos casos, se integraron parcialmente en el ejército congoleño (FARDC), continúa la inseguridad; que la instrumentalización de la «cuestión étnica» en la región ha alimentado en gran medida los conflictos y continúa dividiendo los territorios;
E. Considerando que la violencia ha aumentado una vez más desde principios de 2016; que el lunes 13 de junio el ejército congoleño comunicó la muerte de seis rebeldes ugandeses de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) y de un militar congoleño en el curso de un enfrentamiento en la región de Beni, en el este del Congo; que, tras una calma relativa, desde principios de mayo de 2016 han vuelto a producirse actos violentos; que, según parece, 17 personas fueron asesinadas con arma blanca la noche del 3 al 4 de mayo en el pueblo de Eringeti, a 60 kilómetros al noreste de Beni y a 200 metros de dos campos de la Monusco; que, al parecer, las masacres en la región de Beni provocaron un centenar de muertos entre febrero y mayo de 2016;
F. Considerando que el Gobierno congoleño y la Monusco atribuyen esas masacres a las ADF, pero que numerosos expertos y ONG son más «prudentes», ya que «podrían estar implicadas las fuerzas oficiales»; que en un informe confidencial del Comité de Sanciones de las Naciones Unidas, de mediados de mayo de 2016, el grupo de expertos encargado de su redacción relaciona a militares congoleños y a un general cercano a Kabila con la organización y ejecución de esos actos atroces; que los activistas de la sociedad civil y de la oposición denuncian la ausencia de reacción y la complicidad de la Monusco y del Gobierno ante esos ataques; que desde que se produjeron las masacres han tenido lugar varias manifestaciones para pedir justicia, algunas de las cuales han sido dispersadas por la fuerza; que prosigue la represión de los miembros de la oposición;
G. Considerando que los días 1 y 2 de junio de 2016 se desplazaron a La Haya varios miembros del Frente Cívico 2016 (oposición) para pedir a la Corte Penal Internacional (CPI) que inicie una investigación sobre estas masacres y sobre la implicación de soldados del ejército oficial; que también se ha pedido a la CPI que investigue los actos de represión de los manifestantes de la oposición en el marco del proceso electoral;
H. Considerando los numerosos crímenes de guerra y de lesa humanidad, las violaciones masivas de los derechos humanos, el recrudecimiento de la represión de los miembros de la oposición, las violaciones masivas de mujeres y jóvenes, y los desplazamientos masivos de la población; considerando que, oficialmente, desde 1996 han sido víctimas de violaciones en la República Democrática del Congo al menos 200 000 personas y muy probablemente muchas más, dado que muchas violaciones no se han registrado; que la violación es un arma de guerra utilizada por todas la facciones en conflicto, incluidas las fuerzas armadas oficiales; que el reclutamiento forzoso de combatientes, en particular niños, es algo habitual en la República Democrática del Congo;
I. Considerando que se acusa periódicamente al ejército regular (FARDC) de abusos; que en octubre de 2012 el Gobierno aprobó un plan de acción para poner fin al reclutamiento de niños, a la violencia sexual y a otras violaciones graves de los derechos de los niños por las fuerzas armadas y de seguridad; que, desde entonces, continúan los problemas y sigue reinando la impunidad;
J. Considerando que el balance de la Monusco (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo), creada en 1999, se resume en un fracaso total, puesto que no ha permitido mejorar la situación de la población civil, muy afectada por la guerra, y que su apoyo al ejército nacional congoleño (FARDC) no ha hecho sino agravar los crímenes cometidos por este; que, tras suspender en febrero de 2015 la cooperación militar entre la Monusco y las FARDC, el 2 de marzo de 2016 las Naciones Unidas decidieron reanudar el apoyo militar prestado a las fuerzas gubernamentales;
K. Considerando que la República Democrática del Congo es rica en recursos naturales (oro, casiterita, coltán, gas metano, etc.) y que el hecho de que continúen explotándose ilegalmente estos recursos, que especialmente en el este del país siguen estando en muchos casos bajo el control de grupos paramilitares armados, contribuye a financiar y apoyar el conflicto y sigue siendo una fuente de inseguridad para toda la región;
L. Considerando que las empresas transnacionales financian el conflicto armado para seguir explotando el subsuelo congoleño; que este fenómeno ha sido denunciado en repetidas ocasiones en informes publicados por las Naciones Unidas; que Ibrahim Thiaw, director ejecutivo adjunto del PNUMA, declaró en abril de 2015 que la explotación de los recursos naturales generaba más de mil millones de dólares al año y que la mayoría de los beneficios (hasta el 98 %) va a parar a grupos internacionales, mientras que con el 2 % restante se financian grupos armados internos;
M. Considerando que, con sus planes de ajuste estructural, las instituciones financieras internacionales han fragilizado aún más el país, convirtiéndolo en un paraíso jurídico y fiscal para las multinacionales, especialmente en el sector minero; que el desmantelamiento de los pilares de la economía congoleña y el despido de miles de trabajadores en concertación con las instituciones internacionales, empezando por el Banco Mundial, han conllevado la privatización de los medios de subsistencia y un agravamiento de las condiciones de vida de la población, beneficiando a los grandes grupos industriales, principalmente occidentales, que han acaparado los recursos y se han hecho con el control de la economía;
N. Considerando que los precios de los productos alimenticios han subido considerablemente desde el inicio del conflicto, lo que exacerba aún más la pobreza y la inseguridad alimentaria de la población local, así como la inestabilidad de la región; que la situación se ha visto agravada por el acaparamiento de tierras por parte de las multinacionales con la complicidad del Gobierno;
O. Considerando que el aumento del desempleo, la degradación de la situación social y el empobrecimiento de la población son factores determinantes de la inestabilidad de la región;
1. Condena todos los actos de violencia, todas las violaciones de los derechos humanos y todos los actos de violencia sexual; expresa su solidaridad con toda la población afectada por tantos años de conflicto; denuncia una vez más la instrumentalización de la «cuestión étnica», que ha provocado millones de víctimas en la región y no sirve sino para dividir a la población;
2. Expresa su profunda preocupación ante el aumento de la violencia en la zona oriental del país, y pide que se inicie una investigación internacional e independiente para depurar las responsabilidades, incluidas las de la Monusco y del ejército oficial, en estas masacres; pide a la comunidad internacional que adopte por fin todas las medidas concretas necesarias para poner fin al genocidio y a la explotación de los recursos y obtener una compensación para las víctimas del conflicto;
3. Expresa asimismo su preocupación ante la continuación de los actos de violencia en el periodo previo a las elecciones; solicita la puesta en libertad inmediata y sin condiciones de todas las personas detenidas de forma arbitraria y el fin del acoso judicial y policial de que son objeto los miembros de la oposición;
4. Opina que la lucha contra la impunidad en relación con las violaciones del Derecho humanitario y con los delitos económicos y financieros es una de las condiciones indispensables para restablecer la paz en la República Democrática del Congo;
5. Se muestra especialmente preocupado por la situación de las mujeres en el país y los delitos y la discriminación de que son víctima; opina que es imprescindible que las autoridades y la comunidad internacional intensifiquen sus esfuerzos para poner fin a las violaciones masivas como táctica de guerra, garantizar el acceso a una atención sanitaria pública y gratuita, en particular a la atención genésica, los anticonceptivos y el aborto, y promover una igualdad de género real;
6. Considera asimismo que para las autoridades y la comunidad internacional debe ser prioritario poner fin al fenómeno de los niños soldado;
7. Denuncia que se sacrifiquen sistemáticamente las necesidades básicas de la población congoleña en aras de los intereses económicos y geopolíticos de las multinacionales y las potencias extranjeras;
8. Considera, por consiguiente, que solo se podrá resolver la dramática situación que se vive en la zona oriental de la República Democrática del Congo si se actúa para que la población se beneficie por fin de los recursos naturales; destaca que, para ello, el país debe recuperar la soberanía sobre sus recursos naturales estableciendo un control de la actividad de las empresas transnacionales extranjeras y desarrollando infraestructuras nacionales para explotar, transformar y comercializar sus materias primas, lo que supone la revisión y la anulación de todos los contratos mineros y forestales, de conformidad con el artículo 56 de la Constitución congoleña, a fin de asegurarse de que estos recursos benefician al mayor número posible de personas y no a una minoría;
9. Insiste en la necesidad de garantizar el derecho de la República Democrática del Congo a la soberanía alimentaria, que incluye el derecho de los agricultores a producir alimentos para su pueblo, poniendo fin al acaparamiento de tierras y garantizando el acceso de los agricultores y las agricultoras a la tierra, las semillas y el agua;
10. Pide a la comunidad internacional, y especialmente a los países «acreedores» de la República Democrática del Congo (en particular Bélgica), que eliminen los obstáculos que impiden el desarrollo del país y, por ende, la paz, suprimiendo la deuda y los intereses de la deuda que sigue pagando el Estado y estableciendo una verdadera cooperación internacional que respete los derechos humanos fundamentales y la soberanía del Estado congoleño, en lugar de acuerdos de libre comercio y planes de ajuste estructural; pide a las autoridades de la República Democrática del Congo que exijan una auditoría de su deuda y la anulación de toda la deuda ilegal con los acreedores extranjeros, para eliminar en su totalidad la deuda y poder atender las necesidades humanas básicas de su población;
11. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que aumenten el apoyo financiero y la ayuda humanitaria con el fin de atender las necesidades urgentes de la población; pide que la ayuda de la Unión y de los Estados miembros se facilite en forma de donaciones y no de préstamos, de modo que no se aumente la carga de la deuda; lamenta que muchos Estados miembros de la Unión no hayan cumplido el objetivo de destinar a dicha ayuda un 0,7 % de su PIB y que algunos hayan reducido su porcentaje de ayuda al desarrollo; lamenta la baja participación de los Estados miembros en los programas de ayuda alimentaria; pide encarecidamente que no se instrumentalice la ayuda al desarrollo para limitar o controlar las fronteras o garantizar la readmisión de migrantes; pide que la ayuda proporcionada por la Unión y los Estados miembros en la República Democrática del Congo se destine prioritariamente a resolver los problemas relacionados con la grave desigualdad, la pobreza, la malnutrición crónica, el acceso a la sanidad y los servicios públicos, en particular la atención genésica y reproductiva, así como la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible; pide asimismo que se incremente la ayuda alimentaria y se destine prioritariamente a la compra de alimentos a los agricultores locales;
12. Insiste en que las actividades de las empresas europeas que operan en países terceros deben respetar plenamente las normas internacionales en materia de derechos humanos; pide, por lo tanto, a los Estados miembros que velen por que las empresas sujetas a su Derecho nacional no incumplan los derechos humanos ni las normas sociales, sanitarias y medioambientales que se les aplican cuando se establecen o llevan a cabo sus actividades en un tercer país; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias contra las empresas europeas que no cumplan estas normas o que no indemnicen adecuadamente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que están directa o indirectamente bajo su responsabilidad;
13. Pide al Consejo que llegue rápidamente a un compromiso con el Parlamento en el diálogo tripartito en curso sobre un Reglamento vinculante relativo a los minerales de guerra y exija que las fundaciones, las refinerías y los importadores de metales europeos, incluidos los productores de productos acabados como automóviles o teléfonos inteligentes, apliquen unas normas estrictas en sus cadenas de suministro para poner fin a la financiación de los grupos armados y a la violencia en las regiones en conflicto;
14. Pide concretamente, en lo que respecta a la República Democrática del Congo, que se inicie una investigación independiente sobre el respeto de las normas sociales y medioambientales por parte de las empresas europeas, especialmente en el sector de los recursos naturales, y sobre la posible relación de esas empresas con la financiación de los grupos armados; pide asimismo que se inicie una investigación internacional para esclarecer las acusaciones de complicidad entre los planes de ajuste estructural, el apoyo financiero de las instituciones financieras internacionales y los crímenes cometidos en el país;
15. Se opone a cualquier intento de externalización de las políticas migratorias de la Unión hacia terceros países; lamenta que el proceso de Rabat, del que es parte la República Democrática del Congo, no permita en ningún caso atajar las causas subyacentes de las migraciones y se limite únicamente a promover las políticas de retorno y readmisión; considera que esas políticas son contrarias al derecho a la libre circulación y al derecho de asilo; pide, a este respecto, que se suspendan inmediatamente las negociaciones con la República Democrática del Congo en el marco del proceso de Rabat;
16. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Unión Africana, a los Gobiernos de los países de la Región de los Grandes Lagos, al Presidente, al Primer Ministro y al Parlamento de la República Democrática del Congo, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.