Documento de sesión
17.6.2016
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
sobre las masacres en la zona oriental de la República Democrática del Congo
( 2016/2770(RSP) )
Michèle Rivasi, Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE
Resolución del Parlamento Europeo sobre las masacres en la zona oriental de la República Democrática del Congo
( 2016/2770(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre la República Democrática del Congo (RDC),
– Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, de 15 de junio de 2016, sobre la situación en el período anterior a las elecciones y en materia de seguridad en la RDC,
– Vistas la declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de su portavoz sobre la situación en la República Democrática del Congo,
– Vistas las conclusiones del Consejo, de 23 de mayo de 2016, sobre la República Democrática del Congo (RDC),
– Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la RDC, en particular la Resolución 2198 (2015) sobre la renovación del régimen de sanciones a la RDC y el mandato del Grupo de expertos y la Resolución 2277 (2016) por la que se renueva por un año el mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO),
– Visto el informe del Grupo de expertos de las Naciones Unidas, de 12 de enero de 2015, sobre la República Democrática del Congo,
– Visto el Acuerdo Marco de Paz, Seguridad y Cooperación para la República Democrática del Congo y la Región, firmado en Adís Abeba en febrero de 2013,
– Vistos los informes, de 9 de marzo de 2016, del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) y la aplicación del Marco de Paz, Seguridad y Cooperación para la República Democrática del Congo y la Región,
– Visto el Acuerdo de Asociación de Cotonú revisado,
– Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de junio de 1981,
– Vistas las Declaraciones de Nairobi de diciembre de 2013,
– Visto el informe del Grupo de Investigación del Congo titulado «¿Quiénes son los asesinos de Beni?»,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que desde 2014 más de 600 civiles, incluidos mujeres, niños e incluso bebés, han sido brutalmente asesinados con machetes, hachas y cuchillos en la región del municipio de Beni en el este del Congo;
B. Considerando que se cometió un ataque contra un poblado situado justo al lado de un campamento de la MONUSCO, sin que esta reaccionara;
C. Considerando que estas masacres constituyen la peor violencia que ha conocido el país en una década;
D. Considerando que la MONUSCO y el ejército nacional del Congo (FARDC) consideran que los responsables de las masacres son las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF);
E. Considerando, no obstante, que ni las autoridades congoleñas ni la MONUSCO han realizado una investigación oficial seria;
F. Considerando que en algunos casos limitados el FARDC ha sido acusado de complicidad pasiva, y algunos de sus miembros incluso de complicidad activa, en las masacres;
G. Considerando que en el actual conflicto del este del Congo, que se prolonga desde hace décadas, los civiles han sido sistemáticamente objeto de ataques por parte de numerosos grupos armados; y que estos han utilizado la violencia sexual como arma de guerra y reclutado a niños soldado;
H. Considerando que la generalizada incapacidad para llevar ante la justica a los responsables de violaciones de los derechos humanos ha fomentado el clima de impunidad y la comisión de nuevos crímenes;
I. Considerando que los combates en el este del Congo tienen muchas causas, incluidos conflictos étnicos, reivindicaciones políticas y la geopolítica regional, y que esta mezcla explosiva se sustenta en la maldición de los recursos de una región empobrecida;
J. Considerando que la minería informal, o «artesanal», representa hasta un quinto de la producción económica del país y emplea a millones de personas en el este del Congo; que es una fácil fuente de ingresos tanto para los rebeldes como para los corruptos soldados del gobierno, así como para los comerciantes de los países vecinos que operan directamente o a través de aliados armados locales;
K. Considerando que en febrero de 2013, como parte del esfuerzo destinado a afrontar las causas que subyacen tras la violencia en la región, el Gobierno de la República Democrática del Congo, junto con otros diez países y cuatro instituciones regionales e internacionales, aprobó un marco para la consolidación de la paz en el país; que los diversos planteamientos adoptados por el Gobierno congoleño y sus socios extranjeros, incluidos el programa de estabilización, los esfuerzos de desmovilización y la reforma del sector de la seguridad, han dado escasos resultados;
L. Considerando que los vacilantes esfuerzos de la República Democrática del Congo para desmovilizar a miles de combatientes rebeldes, mediante su incorporación al ejército nacional o facilitando su transición a la vida civil, han sido uno de los principales retos para la paz;
1. Condena los continuos ataques por parte de grupos armados y la extrema violencia de que es objeto la población de la República Democrática del Congo —en particular en la región de Beni—, que persisten en las provincias orientales; insta a las autoridades pertinentes a que adopten inmediatamente medidas para llevar a sus autores ante la justicia;
2. Insta al Gobierno de la República Democrática del Congo a que inicie urgentemente una investigación, dirigida por un fiscal militar superior, sobre las masacres de civiles en la región de Beni;
3. Recuerda que estas masacres son equiparables a crímenes de guerra;
4. Pide al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) que recabe información y examine los abusos a fin de determinar si está justificado que la CPI investigue los supuestos crímenes en la región de Beni;
5. Acoge con satisfacción el anuncio de las Naciones Unidas de que la reducción de las fuerzas de la MONUSCO irá acompañada de la «transformación de las fuerzas» con objeto de asegurar que la misión pueda disponer de una mayor capacidad operativa para proteger a los civiles mediante mecanismos de intervención rápida y reconocimiento aéreo en el este del Congo;
6. Insta, al mismo tiempo, a la MONUSCO a que aumente el número de patrullas en las zonas afectadas, incluidas patrullas nocturnas y a pie, y establezca bases operativas móviles más cerca de los poblados remotos en los que se han cometido muchos de los últimos ataques;
7. Considera que las comunidades locales de la región de Beni deben participar en la planificación de dichas patrullas, el despliegue de tropas en la región y los esfuerzos en materia de desarrollo local, así como en proyectos de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), con objeto de aumentar su eficacia;
8. Condena los continuos actos de violencia sexual en el este del Congo; se congratula por que, durante los últimos meses, las autoridades congoleñas han organizado numerosos juicios sobre violencia sexual en el este del país y condenado a muchos oficiales del ejército;
9. Considera que la actual estrategia militar en los Kivus debe ir acompañada de un esfuerzo, diplomático y de construcción de la paz, complementario mucho más intenso; insta a todos los países que en febrero de 2013 firmaron el Acuerdo Marco de Adís Abeba a que cumplan sus compromisos;
10. Observa que las autoridades congoleñas han aplicado con lentitud el plan DDR del país; insta a estas autoridades a que redoblen sus esfuerzos y a la comunidad internacional a que aumente su apoyo a dicho plan;
11. Celebra los esfuerzos de las autoridades congoleñas por aplicar la legislación que prohíbe el comercio y el tratamiento de minerales en las zonas en las que se explotan de forma ilegal como, por ejemplo, las controladas por grupos armados; pide a las autoridades congoleñas que refuercen la aplicación de la legislación con objeto de poner fin a la explotación ilegal de sus recursos minerales, e insta a la República Democrática del Congo a que siga esforzándose por cumplir con la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (ITIE);
12. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la Unión Africana, al Secretario General de las Naciones Unidas y al Gobierno y el Parlamento de la República Democrática del Congo.