Documento de sesión
4.7.2016
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Comisión
presentada de conformidad con el artículo 37, apartado 3, del Reglamento y con el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea
sobre las prioridades estratégicas para el programa de trabajo de la Comisión para 2017
( 2016/2773(RSP) )
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE
Resolución del Parlamento Europeo sobre las prioridades estratégicas para el programa de trabajo de la Comisión para 2017
( 2016/2773(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vistas las orientaciones políticas destinadas a la Comisión Europea, tituladas «Un nuevo comienzo para Europa: mi Agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático» y presentadas por Jean-Claude Juncker el 15 de julio de 2014,
– Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Programa de trabajo de 2016 – No es momento de dejar las cosas como están» ( COM(2015)0610 ) y sus anexos 1 a 6,
– Visto el informe de síntesis de la Conferencia de Presidentes de Comisión, que aporta información complementaria a la presente Resolución desde el punto de vista de las comisiones parlamentarias, y que la Comisión debe tener debidamente en cuenta en la elaboración y aprobación de su programa de trabajo para 2017,
– Vista su Resolución, de 28 de junio de 2016, sobre la decisión de salir de la Unión como consecuencia del referéndum en el Reino Unido[1],
– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 28 y 28 de junio de 2016,
– Vista la contribución del Comité de las Regiones al programa de trabajo de la Comisión Europea para 2017,
– Visto el artículo 37, apartado 3, de su Reglamento,
Introducción
A. Considerando que el proceso de integración europea ha aportado paz y ha contribuido a la seguridad y la prosperidad en Europa durante varias décadas; considerando que es preciso considerar los resultados de las consultas democráticas de la última década como una oportunidad para reflexionar sobre nuestro proyecto europeo común, sus beneficios reales, las deficiencias existentes y renovado;
B. Considerando que las consecuencias de la globalización avivan cada vez más las preocupaciones y el euroescepticismo entre los ciudadanos de la Unión; Considerando que la Unión debe ofrecer garantías y protección frente a dichas consecuencias;
C. Considerando que ya no es posible reducir la integración europea a un simple proyecto económico y que es preciso adoptar medidas urgentes para volver a conquistar los corazones de los ciudadanos europeos para el proyecto europeo, mediante un cambio drástico de rumbo en las políticas de la Unión;
D. Considerando que, a pesar de sus insuficiencias, el Parlamento tiene una especial responsabilidad en la definición de nuestro interés común europeo y debe contribuir a superar las actuales divisiones en el Consejo, cuya labor con harta frecuencia se estanca por culpa de regateos nacionales y mentalidades de «juego de suma cero»;
E. Considerando que el interés general de los europeos siempre debe prevalecer sobre la defensa de los intereses nacionales o corporativos;
F. Considerando que nosotros, los europeos, hemos elegido un futuro común, como una auténtica comunidad basada en valores y objetivos compartidos; considerando que las identidades locales, regionales y nacionales no se excluyen mutuamente, y que contribuyen a nuestra identidad europea más amplia;
G. Considerando que la actual acumulación de crisis requiere unas soluciones verdaderamente europeas; considerando que deseamos que Europa desempeñe la función que le corresponde y asuma sus responsabilidades en la escena mundial, comprometiéndose con la solidaridad, el multilateralismo y nuestras asociaciones exteriores y fomentando la convergencia hacia normas más estrictas a escala mundial; considerando que deseamos sacar adelante nuestro proyecto común de paz, prosperidad y democracia compartidas, con miras a crear un futuro atractivo para todas las generaciones;
Mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos europeos
1. Recuerda que la actual recuperación económica de Europa es modesta y desequilibrada, dado que muchas regiones de la Unión aún presentan niveles inaceptables de desempleo, pobreza y desigualdad y muy escasas perspectivas para las jóvenes generaciones; insiste, por consiguiente, en que la agenda económica y social fundamental de la Unión debe incluir medidas destinadas a reducir las desigualdades sociales y a promover la igualdad de género y el empleo de calidad para todos, al tiempo que se incrementan las inversiones en el sistema educativo;
2. Pide a la Comisión que presente propuestas legislativas para respaldar su iniciativa sobre el pilar europeo de derechos sociales y le pide, en este contexto, que se esfuercen en pro de un nivel mínimo de protección social, con el fin de garantizar que los ciudadanos europeos gocen de un nivel mínimo adecuado de protección social y de unos servicios de interés general, incluidos los servicios públicos, a fin de permitir que las personas vivan con dignidad y participen activamente en la sociedad a lo largo de sus vidas (lo cual debe incluir, entre otros, el acceso a una vivienda asequible, el acceso a una atención sanitaria adecuada, el derecho a la atención infantil, unas normas mínimas de seguridad de los ingresos, incluidas las pensiones, o una protección social mínima equivalente);
3. Pide que se introduzca un «derecho de veto social» u otro mecanismo que impida la entrada en vigor de legislación de la Unión cuyo impacto probable perjudique a los más pobres, aumente las desigualdades sociales o de género o rebaje los derechos sociales;
4. Pide a la Comisión que dé cumplimiento concreto a sus reiteradas promesas en favor de una «Europa social», en primer lugar mediante la reforma de la UEM y con otras iniciativas orientadas a:
– desarrollar y fomentar la inversión social en una protección social adecuada y en unos servicios educativos y sociales, sanitarios y asistenciales accesibles, asequibles, convenientemente localizados y de gran calidad, a fin de reducir las desigualdades sociales y luchar contra la pobreza, en especial contra la pobreza infantil;
– colmar las carencias en materia de competencias y garantizar el acceso a una educación, una formación y un aprendizaje permanente de calidad para todos;
– promover el empleo de calidad para todos, prestando especial atención a los jóvenes y a los desempleados de larga duración;
– promover la salud y la seguridad en el trabajo, a través de la revisión en curso de las directivas pertinentes;
– observar el principio de no discriminación para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores desplazados y móviles, y asegurarse de que se les ofrece una retribución adecuada, de manera que puedan llevar una vida digna en su lugar de residencia;
– abordar la brecha de género en las retribuciones y pensiones y los retos inherentes al equilibrio entre vida profesional y vida privada, en particular a través de la adopción de ambiciosas propuestas para una directiva relativa al permiso de maternidad y de una directiva sobre el permiso de cuidador y mediante la prestación de servicios de educación y cuidados de la primera infancia en jornada completa, en particular para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en cuanto a responsabilidades asistenciales y condiciones salariales, así como para incrementar la participación de la mujer en el mercado laboral;
5. Pide a la Comisión que supervise, aliente y respalde el uso eficiente y eficaz de los fondos por parte de los Estados miembros para luchar contra la pobreza y la exclusión social e impulsar el empleo juvenil y la creación de empleo de calidad, especialmente en las regiones que presentan altos niveles de desempleo, a través de programas financiados por la Iniciativa sobre Empleo Juvenil (IEJ), los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE), el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y el BEI;
Reforzar la recuperación económica y la competitividad a largo plazo para crear empleo, mejorar las condiciones de vida y generar prosperidad
6. Considera que los modelos económicos basados exclusivamente en el crecimiento del PIB y la sobreexplotación continua de los recursos naturales y la «financiarización» han alcanzado sus límites; considera que, a partir de ahora, la Unión necesita convertir la sostenibilidad en el núcleo de toda buena política económica orientada al futuro y a la resolución de crisis; considera que la defensa de las posiciones de mercado consolidadas constituye un posible obstáculo en el camino hacia un nuevo modelo económico;
7. Pide a la Comisión que desarrolle una estrategia global de desarrollo sostenible de aquí a 2030 y un plan de aplicación específico; considera que la Unión debe procurar no elegir únicamente los objetivos más fáciles o preferidos y debe ir más allá de la política habitual aspirando a lograr el máximo nivel de ambición en todos los objetivos, garantizar que nadie se quede rezagado y que se respeten plenamente los límites planetarios; considera que, a tal fin, es necesario evitar una mayor degradación y pérdida de biodiversidad y lograr el restablecimiento de los ecosistemas degradados;
8. Pide a la Comisión que diseñe una nueva, ambiciosa y completa estrategia industrial que resulte sostenible desde el punto de vista social y medioambiental, además del paquete de medidas sobre la economía circular; considera que se requieren inversiones públicas y privadas adicionales que han de centrarse en la transición energética, las pymes ecoinnovadoras, la investigación y la educación;
9. Destaca que, en un contexto de una peligrosa carrera mundial en busca de recursos, es preciso que la economía europea adquiera carácter sostenible y digital; pide que la Estrategia Europa 2020 se convierta en el elemento central de las decisiones económicas de la Unión;
10. Pide a la Comisión que siga de cerca, aliente y apoye las acciones de los Estados miembros para garantizar que la competencia siga siendo justa y que los ciudadanos, los consumidores y los trabajadores se benefician de ella;
11. Pide que la sostenibilidad, la salud pública, la protección de los consumidores y el bienestar de los trabajadores ocupen un lugar central en cualquier nueva reforma económica, en particular en relación con la Política Agrícola Común, que debería convertirse en una «política alimentaria y de un entorno rural sostenible» con carácter global;
12. Pide a la Comisión que proponga más medidas que fomenten la investigación y el desarrollo, la innovación, la diversidad cultural y la creatividad como motores esenciales de la creación de empleo y tengan en cuenta que el acceso al capital de las empresas, y especialmente de las pymes, es un medio esencial de alentar el desarrollo y la producción de nuevos productos y servicios en los sectores tanto tradicionales como emergentes;
13. Recuerda a la Comisión que las opciones tecnológicas y económicas fundamentales, como la modificación genética, las nanotecnologías y la energía nuclear, deben seguir el principio de cautela y someterse a un control y un proceso democrático pleno y transparente, tal como ha prometido una y otra vez el Presidente de la Comisión en relación con los OMG y tal como esperan los ciudadanos;
Responder al cambio climático y garantizar la seguridad energética
14. Recuerda que deben intensificarse los esfuerzos para lograr la Unión de la Energía, que garantizará la seguridad energética y una energía asequible y sostenible para todos los ciudadanos y todas las empresas;
15. Constata las consecuencias humanas y económicas de las catástrofes climáticas en Europa y a escala mundial; destaca la importancia de seguir luchando contra las causas profundas del cambio climático, en particular en el sector del transporte, al tiempo que se asegura la competitividad de nuestra industria, con una estrategia ambiciosa de lucha contra el cambio climático, incluida la eficiencia energética;
16. Pide que se establezcan a escala de la Unión unos objetivos más ambiciosos en materia de reducción de los gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética para el periodo posterior a 2020, en consonancia con el acuerdo de la COP 21 alcanzado en París;
17. Pide a la Comisión que desarrolle una estrategia común para una diplomacia climática y energética que resuelva estos problemas globales, y a la Unión que desempeñe un papel más activo de la UE en la promoción mundial del uso de energías renovables, como medida fundamental para hacer frente al cambio climático;
18. Insta a la Comisión a que ponga fin a las subvenciones a los combustibles fósiles con cargo a los fondos de la Unión y a que coordine los esfuerzos de los Estados miembros orientados a una rápida retirada progresiva de las subvenciones a los combustibles fósiles; pide a la Comisión que garantice asimismo que no se destinen subvenciones nacionales o de la Unión a la financiación de nuevos reactores nucleares y que inste a los Estados miembros a que abandonen sus planes de prolongación del período de vida útil de las centrales nucleares;
Garantizar una respuesta coherente a la afluencia cada vez mayor de refugiados
19. Considera que la Unión debe elaborar soluciones concretas para abordar la llegada de refugiados, en particular combatiendo sus causas profundas, a través de unas respuestas políticas globales, que incluyan la coherencia de las políticas de desarrollo, comercio, clima e inversiones, garantizando al mismo tiempo un acceso seguro y regular a las personas que solicitan protección internacional;
20. Manifiesta su decepción por la falta de solidaridad entre los Estados miembros en su respuesta a la afluencia cada vez mayor de refugiados; pide la pronta aplicación de la decisión de reubicación de 160 000 refugiados desde Italia y Grecia a otros Estados miembros, así como para la creación de un programa europeo de búsqueda y rescate; expresa su profunda preocupación en cuanto a la legalidad, idoneidad y compatibilidad con los derechos humanos de los acuerdos internacionales celebrados con terceros países con objeto de supeditar la cooperación al desarrollo a las políticas de seguridad y de control de fronteras que dan lugar a la criminalización y estigmatización de los refugiados y los migrantes;
21. Considera que el reasentamiento debería mantenerse como una de las soluciones duraderas al desplazamiento de los refugiados y como un instrumento incondicional de solidaridad internacional; pide la creación de mayores oportunidades de reasentamiento, para permitir el reasentamiento de, al menos, 500 000 refugiados al año procedentes de los países de origen y de tránsito, que, si se distribuyeran adecuadamente, darían lugar a unas cifras perfectamente manejables para la Unión;
22. Hace un llamamiento en favor de una reforma del actual sistema de asilo de Dublín a fin de lograr un nuevo sistema basado en un reparto equitativo de los solicitantes de asilo entre los Estados miembros, con unos criterios objetivos articulados en torno a los vínculos existentes y las preferencias de los solicitantes de asilo con respecto a un determinado Estado miembro; opina que este sistema debería ser vinculante para todos los Estados miembros y basarse en incentivos más que en medidas coercitivas;
23. Pide la creación de unos cauces de migración regular que, en consonancia con las recomendaciones de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, impliquen la admisión humanitaria, también para los refugiados climáticos y los defensores de los derechos humanos, la protección temporal, la reagrupación familiar, las admisiones económicas a distintos niveles de capacitación, también cuando se trate de trabajadores en los sectores con salarios bajos y de solicitantes de empleo, la movilidad de estudiantes y la evacuación médica;
24. Pide que se creen en la Unión las condiciones necesarias para instaurar una acogida de refugiados gestionada correctamente que garantice su seguridad y un trato humano y digno, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres, las niñas, las personas pertenecientes al colectivo LGBTI y otros grupos vulnerables; destaca, al mismo tiempo, que deben preverse recursos suficientes para garantizar la educación y la integración en el mercado laboral y la inclusión social tanto de los refugiados como de los migrantes;
25. Pide a la Comisión que establezca un régimen de visados para los defensores de los derechos humanos en situación de riesgo en terceros países;
Responder a las preocupaciones de los ciudadanos en lo tocante a la seguridad
26. Reitera que la introducción de una vigilancia masiva represiva principalmente simbólica y de unas medidas de control de fronteras, que suponen una amenaza para las libertades individuales, los derechos fundamentales y el principio de libre circulación no es la respuesta adecuada;
27. Advierte contra la rápida adopción de leyes en materia de terrorismo, dado que constituye una reacción emocional que pueden tener efectos negativos sobre las libertades y los derechos fundamentales de los sospechosos y de los ciudadanos inocentes; pide a la Comisión que elabore una evaluación de impacto detallada para cada medida susceptible de vulnerar los derechos de los ciudadanos y residentes de la Unión;
28. Hace hincapié en que el vínculo entre la seguridad interior y la seguridad exterior es cada vez más estrecho; recuerda que esto no debe llevar a la aplicación de instrumentos de política exterior en un contexto de seguridad interior; reitera que las medidas de seguridad interior y de lucha contra el terrorismo, así como el enjuiciamiento de los sospechosos de terrorismo son tarea y responsabilidad exclusivas de la policía y de las autoridades judiciales y deben llevarse a cabo con pleno cumplimiento de unas elevadas garantías procesales y de las disposiciones de Derecho penal;
29. Reitera la importancia del espacio de libre circulación de Schengen; subraya la necesidad de la gestión efectiva de las fronteras exteriores, sobre la base de los derechos humanos y del pleno respeto de la legislación de la Unión e internacional;
30. Pide a la Comisión que, con objeto de hacer frente a las amenazas del terrorismo y el extremismo violento, siga de cerca la transposición y aplicación de las normas de la legislación de enjuiciamiento criminal y de las medidas antiterroristas de la Unión, incluidas la educación y prevención, la cooperación policial y judicial eficaz, la puesta en común puntual de información entre las autoridades nacionales y a través de Europol y Eurojust, y las medidas de lucha contra las tendencias emergentes de financiación del terrorismo; reitera la necesidad de mejor equipamiento y dotación de equipos conjuntos de investigación en el marco de Europol y Eurojust;
31. Pide a la Comisión que presente un Libro Blanco sobre la noción de «seguridad interior europea» como fundamento jurídico de cualquier futura medida de seguridad, teniendo en cuenta la libertad de circulación y la falta de controles en las fronteras interiores, y que se diferencia de la noción de «seguridad nacional» que los Estados miembros invocan en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo; pide una definición coherente de lo que constituye «seguridad nacional» y de lo que no entra dentro de su ámbito de aplicación; rechaza el recurso a la seguridad nacional y a los «secretos de Estado» como pretexto para mermar los derechos fundamentales, como la confidencialidad entre abogados y clientes;
32. Insta a la Comisión a movilizar los conocimientos especializados y los recursos técnicos y financieros con objeto de asegurar la coordinación a nivel de la Unión y el intercambio de mejores prácticas en la lucha contra el extremismo violento y la propaganda terrorista, las redes radicales y el reclutamiento por organizaciones terroristas; subraya que las medidas represivas solo pueden ser eficaces si se combinan con la prevención a largo plazo, la integración y la reinserción, junto con estrategias políticas de lucha contra la discriminación;
33. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que hagan una revisión completa de toda la normativa en materia de seguridad adoptada hasta la fecha y, basándose en esta revisión, garanticen su retirada o aplicación, según convenga; insiste en su petición de una evaluación a fondo de la estrategia antiterrorista de la Unión, en la que se deberían evaluar la aplicación de las medidas adoptadas y su coste y eficacia; espera que la Comisión ponga al día según proceda la Agenda Europea de Seguridad habida cuenta de la falta de cooperación entre los Estados miembros en lo que respecta a la lucha eficaz contra la delincuencia organizada y el terrorismo;
34. Pide a la Comisión que presente las propuestas anunciadas en cuanto a un fundamento jurídico adecuado para el Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo dentro de Europol, sus propuestas para mejorar y desarrollar los sistemas de información existentes en materia de interoperabilidad, eficacia y proporcionalidad, abordar las lagunas de información y avanzar hacia la interoperabilidad, así como sus propuestas sobre la obligación de intercambiar información a nivel de la Unión en cuanto a las sospechas y riesgos en este ámbito entre los Estados miembros, en conjunción con garantías estrictas y coherentes en materia de protección de datos en todos los contextos policiales y judiciales;
35. Solicita a la Comisión que presente una iniciativa legislativa para luchar contra todas las formas de violencia contra las mujeres y de violencia de género; pide a la Comisión que culmine con celeridad la adhesión de la Unión al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), como ha pedido reiteradamente el Parlamento;
Desplegar un ambicioso programa de acción exterior: la vecindad y el sistema mundial
36. Pide que se ejecute de manera ambiciosa la nueva Estrategia Global de la UE de modo que la Unión esté en disposición de impulsar de manera eficaz sus valores fundamentales, principios y normas en un mundo en vertiginoso cambio, y espera que la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior movilicen todos los instrumentos de acción exterior de la Unión de manera coherente al objeto de alcanzar una mejor gobernanza mundial basada en reglas, una amplia convergencia en materia de mejores normas, una paz duradera, la mejora de la seguridad y un mayor respeto de los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales en todo el mundo; subraya, en este sentido, que la Unión debería conceder prioridad absoluta a los siguientes elementos en lo que respecta a las relaciones exteriores:
– exigir que la Unión y los Estados miembros abandonen la actual deriva de cesiones en las normas en materia de derechos humanos a causa de intereses cortoplacistas relacionados con el comercio, la seguridad y el suministro de energía;
– fomentar la estabilidad y la prosperidad de los países vecinos de la Unión a través de iniciativas de promoción del desarrollo, la democracia, la cooperación cultural, el buen gobierno y el Estado de Derecho, reforzando la prevención civil de conflictos y las medidas de reconciliación, el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas, y la supervisión parlamentaria y el control democrático del sector de la seguridad, así como apoyando a la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión (VP/AR) y a los Estados miembros en su labor de implantación y mantenimiento de la paz en el marco de la política común de seguridad y defensa;
– ayudar a la VP/AR y a los Estados miembros a garantizar que la política común de seguridad y defensa pase a ser una política más eficaz y que guarde coherencia con otras políticas exteriores de la Unión, como la ayuda al desarrollo y la prevención de conflictos civiles en el marco del Instrumento en pro de la estabilidad y la paz, así como que garantice la seguridad, la paz, la estabilidad, la democracia y el respeto de los derechos humanos e impulse el cumplimiento de los principios de la Carta de las Naciones Unidas; velar por que las estructuras, mecanismos e instrumentos ya existentes se conviertan en una realidad operativa;
– instar a la Comisión y a la VP/AR a que garanticen un mayor cumplimiento por parte de los Estados miembros de la Posición Común de la Unión sobre las exportaciones de armas y que velen por que la normativa que regula la exportación de tecnologías de doble uso impida la transferencia de instrumentos de seguimiento y vigilancia masiva a países no democráticos;
– solicitar a la Comisión que informe de la eficacia del proyecto piloto de investigación en materia de defensa y la consiguiente colaboración con la Agencia Europea de Defensa; pedir a la Comisión que abandone el plan de poner en marcha como medida de seguimiento una acción preparatoria de investigaciones relacionadas con la defensa por valor de 80 millones de euros, habida cuenta de la reciente información procedente de la Agencia Europea de Defensa que también confirma que los Estados miembros ni quieren ni pueden cooperar en el sector de la investigación y el desarrollo en materia de defensa; rechazar todo intento de destinar recursos presupuestarios de la Unión a la investigación y el desarrollo militares;
– avanzar con una rapidez mucha mayor en el proceso de negociación de la ampliación consolidando la estabilidad económica, política y social, la sostenibilidad medioambiental y la democracia en los países candidatos y sin rebajar criterios de adhesión esenciales;
– mejorar la eficacia de la política de cooperación al desarrollo, así como su coordinación y coherencia con otros instrumentos de la acción exterior de la Unión; garantizar la coherencia sustancial y formal entre las políticas de desarrollo, la prevención de conflictos civiles y las políticas de seguridad civil, ya que están interconectadas, son interdependientes y se refuerzan mutuamente;
– integrar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD) en las políticas interiores y exteriores de la Unión;
– adoptar medidas más enérgicas, eficaces, convincentes y coherentes en lo que respecta a la resolución de conflictos en los países vecinos de la Unión y dar a estos acceso a los instrumentos de los que dispone la Unión;
– rechazar el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG), el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) y la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI), y tomar nota de que los ciudadanos europeos y el Parlamento expresan cada vez más su malestar por las verdaderas consecuencias de los acuerdos de libre comercio, ya que estos pueden también entrañar repercusiones no buscadas sobre el empleo, la competitividad y las normas de la Unión en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible; exigir que los instrumentos de defensa comercial de la Unión se modernicen y que las políticas comerciales guarden en su formulación coherencia con los objetivos en materia de desarrollo y de clima, las prioridades medioambientales y las normas sociales y de derechos humanos de la Unión;
Políticas fiscales justas para disponer de recursos suficientes
37. Hace hincapié en que nunca antes ha urgido tanto intensificar la lucha contra la elusión y la evasión fiscales, que podría aportar a los presupuestos nacionales unos ingresos de hasta un billón de euros; considera que estos recursos se podrían haber dedicado a invertir en el futuro, a impulsar el empleo y a reducir las desigualdades;
38. Pide a la Comisión que adopte medidas sin demora para garantizar que los beneficios se graven en los países en los que tiene realmente lugar la actividad económica y se crea valor en Europa; considera que la Unión debe aspirar a la instauración obligatoria de una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS), hacer mayores esfuerzos para investigar las infracciones en materia de ayudas estatales en el ámbito fiscal, aplicar normas comunes sobre el uso y la transparencia de las resoluciones fiscales, y tratar de lograr un enfoque común y decidido con miras a desmantelar los paraísos fiscales;
39. Solicita a la Comisión que incluya en su lucha contra la evasión y la elusión fiscales una dimensión de género y una dimensión exterior, también en lo que respecta a los beneficios que salen de la Unión sin haber tributado;
40. Pide que haya un impuesto sobre las transacciones financieras, lo que obligará al sector financiero a pagar la parte que le corresponde a la hora de hacer frente a la crisis que ha causado, a poner coto a la especulación a corto plazo improductiva y a recaudar más para dar respuesta a los actuales retos sociales, medioambientales y económicos; lamenta la desvirtuación de la propuesta original de la Comisión y opina que, por el contrario, debería ampliarse a las transacciones de divisas, con arreglo a lo propuesto por el Parlamento, y aplicarse a mediados de 2017 a más tardar;
Reforzar el presupuesto y los instrumentos financieros de la Unión
41. Opina que, para poder actuar efectivamente, la Unión necesita una nueva estrategia financiera y presupuestaria; considera que, para ello, la Comisión debe proponer medidas basadas en los principios y elementos siguientes:
– movilizar rápidamente los recursos pertinentes, puesto que resulta ineludible la reforma del sistema de financiación de la Unión mediante el refuerzo de los recursos verdaderamente propios o la introducción de nuevos recursos al objeto de que el presupuesto de la Unión gane en estabilidad, sostenibilidad y previsibilidad, al mismo tiempo que es importante respetar el principio de universalidad y mejorar la transparencia;
– empezar a aplicar con carácter prioritario los principios de la presupuestación con inclusión de la dimensión de género;
– gestionar los instrumentos presupuestarios de la Unión prestando especial atención al rendimiento y la rentabilidad, a fin de obtener unos resultados óptimos, garantizando al mismo tiempo el respeto y la protección de los intereses financieros de la Unión;
– adoptar medidas a nivel de la Unión al objeto de ofrecer los recursos necesarios para responder a los retos tanto del alto desempleo juvenil y de larga duración como de las dimensiones interna y externa de la actual crisis de los refugiados;
– asumir que el marco financiero plurianual (MFP) ha llegado a su límite transcurridos tan solo dos años de su aplicación; tomar nota asimismo de que, sin una revisión intermedia exhaustiva del MFP, el presupuesto de la Unión no podrá seguir haciendo frente a necesidades financieras adicionales y a nuevas prioridades políticas ni podrá evitar que vuelva a producirse una crisis de los pagos; llevar a cabo una revisión a fondo del MFP tras las elecciones, y no una mera revisión técnica, con el fin de movilizar el presupuesto de la Unión y contribuir de este modo a la recuperación de la economía europea garantizando el éxito de la Estrategia Europa 2020, apoyando los compromisos internacionales de la Unión a partir de 2015 y dando una solución estructural al creciente problema de los pagos;
– reformar el FEIE para permitir que todos los Estados miembros aumenten sus inversiones estratégicas, atender mejor las regiones en las que más urge la inversión y garantizar que las inversiones con fondos públicos ayudan a hacer la transición a una economía sostenible; estudiar la posibilidad de ampliar la financiación, en lugar de desviar a otros fondos o nuevos instrumentos de inversión fondos ya existentes de la Unión, como Horizonte 2020 o el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE);
– acompañar la aplicación efectiva de la política de cohesión para el periodo 2014-20 con los preparativos para la fase posterior a 2020, respetando su verdadera naturaleza, tal como se establece en los Tratados, y su importancia como expresión de la solidaridad europea e instrumento de inversión para todas las regiones de la Unión; destinar recursos de la política de cohesión también a la transición hacia una economía hipocarbónica, a fin de contribuir al cumplimiento del Acuerdo de París de la CP 21 y apoyar las acciones de acogida de refugiados y migrantes, en particular la inclusión de estos, por lo que se debe evitar toda reducción del presupuesto de la política de cohesión;
Realización de la unión económica y monetaria
42. Insiste en que se respeten los requisitos establecidos en el Derecho de la Unión en cuanto a la rendición de cuentas democrática en el contexto de la gobernanza económica europea;
43. Reitera que la Unión debe esforzarse por lograr una convergencia al alza en materia de indicadores económicos, sociales y de recursos; opina que el marco de gobernanza económica debería ser modificado a tal efecto;
44. Considera que la Unión debe reforzar la credibilidad, la coherencia, la asunción como propio por parte de los países, la legitimidad democrática y la sostenibilidad, así como las dimensiones social y de género, del actual marco de gobernanza económica introduciendo normas más sencillas, transparentes y anticíclicas, evitando el riesgo moral, velando por una corrección simétrica de los desequilibrios macroeconómicos e incentivando la inversión pública;
45. Pide una coordinación más estrecha de las políticas económicas para hacer frente al déficit de inversiones en la zona del euro y reforzar las medidas de reforma, a fin de aumentar la productividad y la eficiencia general en el uso de los recursos y apoyar la demanda;
46. Opina que debe culminarse la unión bancaria, en la cual las medidas de reducción del riesgo han de conjugarse con el reparto de riesgos;
47. Señala que urge establecer una capacidad presupuestaria de la UEM, a fin de que esta pueda resistir las perturbaciones simétricas y asimétricas y para hacer frente a los niveles inaceptables de desempleo de muchas de sus regiones;
48. Pide a la Comisión que estudie con carácter urgente las posibles maneras de utilizar los instrumentos financieros habituales al objeto de hacer frente a la crisis migratoria;
Reforzar los derechos fundamentales y la democracia
49. Manifiesta su preocupación por que la acumulación de crisis no solo haya perjudicado la cohesión de las sociedades europeas, sino además minado la confianza de los ciudadanos europeos en sus instituciones democráticas a nivel de la Unión y, en ocasiones, a nivel nacional; estima, por consiguiente, que la prioridad suprema de Europa debe ser mejorar la legitimidad democrática de la Unión y restablecer la confianza en su capacidad para atender los intereses de los ciudadanos;
50. Señala que muchos de los retos actuales, desde el cambio climático hasta el asilo y la migración, desde los mercados financieros hasta las grandes multinacionales, y desde las redes terroristas hasta los Estados fallidos y preocupantes, son transnacionales, transcienden las fronteras y requieren factores compensatorios y respuestas que estén a la altura de estas circunstancias; opina que la Comisión debería para ello impulsar un nuevo debate dentro de la sociedad en torno a cuáles son para la ciudadanía los retos más importantes que deben abordarse a nivel europeo y en los que la Unión debería ejercer la «soberanía europea»;
51. Recuerda a la Comisión que, como guardiana de los Tratados, tiene la obligación de promover el interés general de la Unión (artículo 17 del TUE), y en particular la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos (artículo 3 del TUE); pide a la Comisión que adopte la propuesta de Reglamento sobre una administración europea abierta, eficaz e independiente; observa que el Parlamento tiene una responsabilidad política concreta en ello y ha de desempeñar su papel institucional plenamente y sin autocomplacencias; opina que la creación de las nuevas comisiones de investigación es una señal alentadora de que el Parlamento se está tomando más en serio sus responsabilidades políticas dentro del sistema de contrapoderes institucionales;
52. Considera que la tendencia que ha habido estos últimos años en el Consejo Europeo de recurrir a expedientes intergubernamentales pone en peligro el «método comunitario» y vulnera los Tratados; recuerda que, aunque en virtud del Tratado de Lisboa, los miembros del Consejo Europeo son responsables individualmente ante sus Parlamentos nacionales, pero son responsables colectivamente solo ante sí mismos, los Parlamentos nacionales deben ser conscientes de la responsabilidad política que recae concretamente sobre ellos de ejercer plenamente el control democrático sobre sus representantes en el Consejo Europeo;
53. Pide, habida cuenta de que las actividades no transparentes y unilaterales de los grupos de interés constituyen una amenaza significativa para la formulación de las políticas y el interés público, que todas las instituciones de la Unión se esfuercen por cumplir las normas más estrictas en materia de transparencia, responsabilidad e integridad y no den pábulo a la tendencia a pasar por alto los conflictos de interés, pues ello va en detrimento de la eficiencia, equidad y fiabilidad del proceso de toma de decisiones; apoya, asimismo, la presentación de una propuesta legislativa sobre la protección a escala europea de los denunciantes de irregularidades en los sectores público y privado, y recuerda a la Comisión las peticiones reiteradas del Parlamento Europeo en este sentido;
54. Solicita a la Comisión que ofrezca una respuesta europea completa a los problemas de derechos fundamentales que se derivan de la generalización de los delitos de intolerancia, la incitación al odio, el sexismo, la homofobia, la transfobia y otras formas de discriminación, respuesta que debe incluir redoblar los esfuerzos para garantizar el desbloqueo en el Consejo de las propuestas legislativas tendentes a reforzar los derechos sociales y fundamentales, en particular la propuesta de Directiva de 2008 por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y la Directiva sobre mujeres en los consejos de administración;
55. Pide a la Comisión que adopte medidas con vistas a consolidar, reforzar e impulsar los medios al alcance de los ciudadanos de la Unión para participar en el proceso político fuera de los ciclos electorales; señala que para ello es necesario un aumento de la transparencia y de la consulta pública de documentos, así como destinar más apoyos y recursos al Defensor del Pueblo Europeo y a las peticiones de los ciudadanos y reformar el Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea;
56. Estima que la Comisión debería hacer propuestas relativas a un mecanismo para la protección de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en todo el territorio de la Unión al objeto de sustituir su marco del Estado de Derecho por un instrumento más eficaz; considera que debería asimismo seguir avanzando en la adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, teniendo en cuenta la opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este asunto y abordando los retos legales pendientes;
57. Se compromete a utilizar todos sus instrumentos y recursos como fuerza impulsora en un proceso democrático renovado que lleve a la reforma de la Unión;
58. Insta a que se confirme la designación de la Comisión como negociadora con el Reino Unido en el marco del procedimiento del artículo 50;
59. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión.