Documento de sesión
4.7.2016
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Comisión
presentada de conformidad con el artículo 37, apartado 3, del Reglamento y con el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea
sobre las prioridades del Parlamento Europeo para el programa de trabajo de la Comisión para 2017
( 2016/2773(RSP) )
David Borrelli
en nombre del Grupo EFDD
Resolución del Parlamento Europeo sobre las prioridades del Parlamento Europeo para el programa de trabajo de la Comisión para 2017
( 2016/2773(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Programa de trabajo de 2016 – No es momento de dejar las cosas como están» ( COM(2015)0610 ) y sus anexos 1 a 6,
– Visto el artículo 37, apartado 3, de su Reglamento,
A. Considerando que la crisis económica, social y política ha provocado que los Estados miembros hayan entrado en recesión y deflación, con una cifra preocupante de unos 17 millones de desempleados;
B. Considerando que las iniciativas propuestas por las instituciones de la Unión en cuanto a la reforma del actual marco de gobernanza económica agravarían la crisis económica, democrática y social de la Unión;
C. Considerando que el índice de error y de fraude que afecta al presupuesto de la Unión se mantiene en un nivel elevado sin reducciones significativas, y que durante 21 años consecutivos los pagos han sido objeto de errores significativos debidos a la eficacia parcial de los sistemas de supervisión y control;
D. Considerando que, en tiempos de austeridad para todos los ciudadanos, es imperativo reducir los costes administrativos de la Unión, prestando especial atención a determinar los ahorros estructurales importantes reconsiderando la dispersión geográfica de los lugares de trabajo del Parlamento Europeo;
E. Considerando que las políticas de la Unión siguen presentando una grave falta de transparencia, en especial en el caso de negociaciones de tratados comerciales internacionales;
F. Considerando que es absolutamente necesario evitar conceder la condición de economía de mercado a China;
G. Considerando que el desempleo a largo plazo se ha duplicado desde 2007 y representa la mitad del desempleo total; que 4,5 millones de jóvenes, con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, se encuentran sin empleo en la Unión, y que más de 7 millones de jóvenes europeos entre los 15 y los 24 no tienen empleo, no estudian y no reciben formación;
H. Considerando que ayudar a las pymes debería ser una prioridad, prestando atención específica a reducir los costes administrativos excesivos e innecesarios;
I. Considerando que el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) ha sido un fracaso importante;
J. Considerando el acuerdo entre los Estados miembros relativo a las disposiciones sobre el Mecanismo para los refugiados en Turquía no es la mejor solución para la Unión frente al problema de la creciente emergencia de los refugiados (y no debería reproducirse con otros terceros países);
K. Considerando que una forma de democracia directa en la que los ciudadanos tomen decisiones directamente refuerza la legitimidad del proceso de adopción de decisiones y puede contribuir a impulsar la participación de los ciudadanos; que es importante respetar el voto del pueblo, mediante referéndums nacionales libres y justos en los Estados miembros;
Prioridades clave
1. Hace hincapié en la urgente necesidad de permitir que los Estados miembros utilicen plenamente los instrumentos de política monetaria y fiscal a fin de sostener de manera eficaz la recuperación económica y garantizar la legitimidad democrática y política de las decisiones económicas fundamentales;
2. Considera que, a la luz de la revisión del MFP, se debe dar prioridad a la resolución del problema de los pagos antes de aplicar nuevos compromisos; recuerda que la primera opción debe ser siempre la reasignación de créditos de líneas presupuestarias no prioritarias, evitando el despilfarro y la mala gestión; señala que, en algunos casos, es posible financiar y ejecutar mejor algunos programas en el ámbito nacional, de conformidad con el principio de subsidiariedad;
3. Pide un control y una fiscalización mucho mayores del presupuesto de la Unión; insiste en que, como requisito obligatorio, se obtenga una declaración de fiabilidad (DAS) positiva del Tribunal de Cuentas en un plazo de dos años; lamenta el índice de error y de fraude que afecta al presupuesto de la Unión, en especial en cuanto a la contratación pública, e insiste en la clara necesidad de combatir la corrupción y la delincuencia organizada a escala transnacional; hace hincapié en la importancia de reforzar la transparencia del gasto de la Unión y pide que se publique toda la información relativa al uso de los fondos europeos;
4. Rechaza la idea de un presupuesto específico para la zona del euro, pues supondría una división significativa entre los países que lo utilizan y los que conservan su propia moneda; señala que un presupuesto para la zona del euro comportaría además una nueva sumisión de la soberanía nacional democrática en beneficio de formaciones tecnocráticas;
5. Subraya que la moneda única tiene un impacto asimétrico y destructivo en las economías más débiles, que se ven forzadas a realizar ajustes dolorosos en forma de devaluación interna como resultado de una moneda sobrevalorada respecto a sus economías, al tiempo que permite que los Estados miembros de la zona del euro más fuertes aprovechen una ventaja competitiva injusta debida a una moneda infravalorada respecto a otros Estados miembros de la zona del euro, lo que genera unas disparidades intolerables y desequilibrios macroeconómicos en la Unión; hace hincapié en la necesidad urgente de planificar una ruptura ordenada de la unión monetaria y de facilitar de manera inmediata unos mecanismos democráticos de salida voluntaria de un país de la zona del euro;
6. Reitera la necesidad de utilizar mejor el dinero del contribuyente; destaca la importancia de reducir los costes administrativos de la Unión, especialmente en un periodo de crisis persistente; lamenta que el Parlamento Europeo disponga de tres lugares de trabajo: Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo; hace hincapié en que sería más eficaz, rentable y ecológico si estuviera ubicado en un único lugar;
7. Reitera que la cofinanciación nacional de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos debe excluirse totalmente de la definición de déficit estructural del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y lamenta que las medidas de austeridad de la Unión debiliten en gran medida los objetivos de cohesión social, territorial y económica;
8. Se opone firmemente al programa de apoyo a las reformas estructurales;
9. Subraya que la creación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) ha tenido repercusiones en forma de recortes al programa Horizonte 2020 y al Mecanismo «Conectar Europa» (MCE);
10. Insiste en que se abandonen las negociaciones de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI) pues rebajarían la exigencia de las normas para ambas partes; reitera su profunda preocupación por que el derecho a negociar acuerdos comerciales corresponda únicamente a la Comisión, y no a los Gobiernos nacionales elegidos y responsables; lamenta que la Comisión se negara a registrar la iniciativa ciudadana «Stop TTIP»; se opone a la inclusión del Sistema de Tribunales de Inversiones en futuros acuerdos comerciales; se opone a la inclusión de los servicios públicos en la ATCI y en otros acuerdos comerciales; pide a los Parlamentos nacionales que asuman un papel en las negociaciones comerciales, como las relativas al Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG), como señal de control democrático;
11. Insta a la Comisión a que redoble sus esfuerzos para promover una reforma integral de los instrumentos de defensa comercial, con la que mejore su eficacia, transparencia y cumplimiento, a fin de proteger a productores, importadores y ciudadanos frente a cualquier socio comercial que compita en modo desleal;
12. Reconoce los principios de subsidiariedad y proporcionalidad respecto a la aplicación del plan de acción de la economía circular, que dejan a los Estados miembros la posibilidad de ir más allá de las decisiones de la Unión;
13. Insiste en que la Unión no debe reconocer ni conceder a China la condición de economía de mercado;
14. Lamenta profundamente que la Garantía Juvenil no haya logrado ningún aumento sustancial en el empleo juvenil, y manifiesta su preocupación ante el índice alarmante de desempleo de larga duración;
15. Condena cualquier acto legislativo de la Unión que imponga cargas administrativas y nuevos obstáculos burocráticos a las pymes, que son una importante fuente de empleo y crecimiento; hace hincapié en que las pymes deben recibir un mayor apoyo, que se centre en la reducción de la burocracia de la Unión y garantice, al mismo tiempo, la adecuada protección social;
16. Subraya la necesidad de reconocer los problemas importantes que ha experimentado el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión en el pasado, e invita a la Comisión a considerar la reasignación de los correspondientes recursos de aplicación a otras iniciativas que brinden más prosperidad a la sociedad europea;
17. Subraya la necesidad de establecer un sistema de seguimiento e informes de ejecución sobre el desembolso y el gasto nacionales del Fondo de Asilo, Migración e Integración y el Fondo de Seguridad Interior, y de supervisar plenamente y evaluar periódicamente el uso de la financiación que la Unión entrega a Turquía en el marco del acuerdo entre esta y dicho país;
18. Recuerda que los Estados miembros deben transponer y aplicar los instrumentos disponibles a escala internacional en materia de lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero;
19. Recuerda que, en virtud del artículo 46, apartado 1, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, las altas partes contratantes han asumido, sin reservas, la obligación solemne y vinculante, dentro del Estado de Derecho, de acatar las sentencias definitivas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los litigios en que sean partes; lamenta los retrasos en la ejecución y la falta de voluntad política en determinadas circunstancias para aplicar algunas sentencias del Tribunal;
20. Considera que una participación activa de los ciudadanos de la Unión en el proceso de toma de decisiones legislativas reviste una importancia fundamental para reducir el déficit democrático; insiste en que una forma de democracia directa incrementaría la participación y la rendición de cuentas; reitera su opinión de que tales medidas son absolutamente necesarias en una sociedad democrática, pues permiten preservar la justicia, la libertad y la participación;
21. Pone de relieve la importancia de respetar la votación del pueblo, mediante referéndums nacionales libres y justos en los Estados miembros, sobre nuevos tratados o modificaciones de los tratados vigentes;
22. Exige que la Comisión y todas las instituciones de la Unión respeten el resultado del referéndum que se celebró en el Reino Unido el 23 de junio de 2016; pide a la Comisión y al Consejo que lleven a cabo las negociaciones en el marco del artículo 50 de una manera abierta y amistosa, respetando la voluntad del pueblo británico;
23. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos de los Estados miembros.