Documento de sesión
4.7.2016
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Comisión
presentada de conformidad con el artículo 37, apartado 3, del Reglamento y con el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea
sobre el programa de trabajo de la Comisión para 2017
( 2016/2773(RSP) )
Vicky Ford
en nombre del Grupo ECR
Resolución del Parlamento Europeo sobre el programa de trabajo de la Comisión para 2017
( 2016/2773(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vista la Declaración de la Comisión Europea relativa a un mecanismo de aplicación de la subsidiariedad y un mecanismo de aplicación de la reducción de las cargas, de 19 de febrero de 2016,
– Vista la Declaración del Consejo Europeo sobre competitividad, de 19 de febrero de 2016,
– Visto el Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación,
– Visto el informe final de 24 de julio de 2014, del Grupo de alto nivel sobre cargas administrativas, titulado «Cutting Red Tape in Europe – Legacy and Outlook» (Reducir la burocracia en Europa: legado y perspectivas),
– Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, «Hacia una mejor regulación del mercado único»[1],
– Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre los informes anuales de 2012 y 2013 sobre subsidiariedad y proporcionalidad[2],
– Visto el artículo 37, apartado 3, de su Reglamento,
A. Considerando que los Estados Miembros de la Unión afrontan importantes retos económicos en las próximas décadas, en un mercado mundial en rápida evolución y cada vez más exigente;
B. Considerando que solamente las economías competitivas podrán crear empleo y generar prosperidad susceptible de aumentar los niveles de vida de sus ciudadanos, financiar la inversión en el futuro, ofrecer una educación de calidad y oportunidades para los jóvenes, mejorar la asistencia sanitaria y los planes de pensiones, así como ofrecer mejores servicios públicos;
C. Considerando que los Estados miembros de la Unión Europea deben mejorar los niveles de productividad e innovación para responder a los desafíos económicos que afrontan;
D. Considerando que los Estados miembros de la Unión están obligados a reducir el endeudamiento público y privado para ofrecer una base sólida para un crecimiento económico sostenible a largo plazo;
E. Considerando que la opinión pública es cada vez más recelosa respecto a una Unión que parece asumir competencias y responsabilidades que podrían ejercerse de forma más adecuada a nivel de los Estados miembros, de sus autoridades regionales y locales, o por los propios ciudadanos;
F. Considerando que los ciudadanos de la Unión Europea desean claramente una Unión más flexible que facilite la cooperación entre los Estados miembros en los ámbitos en los que esa cooperación genere un valor añadido, pero que, por encima de todo, respete los principios fundamentales de subsidiariedad y proporcionalidad;
1. Pide a la Comisión que en 2017 dé prioridad a las medidas que favorezcan el crecimiento sostenible a largo plazo, generen puestos de trabajo y prosperidad;
2. Apoya la Declaración de la Comisión de 19 de febrero de 2016, relativa a un mecanismo de aplicación de la subsidiariedad y un mecanismo de aplicación de la reducción de las cargas, en la que se establece que «la Comisión establecerá un mecanismo a fin de revisar el conjunto de la legislación vigente de la UE para que esta cumpla los principios de subsidiariedad y proporcionalidad»; insta a la Comisión a aplicar íntegramente las recomendaciones que figuran en la Resolución del Parlamento, de 12 de abril de 2016, sobre los informes anuales de 2012 y 2013 sobre subsidiariedad y proporcionalidad;
3. Pide a la Comisión que ponga en práctica con ambición el Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la legislación y, en particular las secciones relativas a los test a las PYME y a las pruebas de competitividad, como parte de las evaluaciones de impacto, la fijación de objetivos de reducción de la carga administrativa, el estudio anual de la carga y el trabajo del Comité de Control Reglamentario; insta a la Comisión a velar por que las microempresas queden exentas, en el mayor grado posible, de todas las propuestas legislativas, de manera que pueda apoyarse a las empresas de nueva creación y los empresarios; solicita a la Comisión que garantice que en su programa de trabajo se aplican las recomendaciones que figuran en la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2016, sobre «Hacia una mejor regulación del mercado único»;
4. Hace hincapié en que lograr nuevos acuerdos comerciales es fundamental en el ámbito de la agenda de crecimiento, a fin de desarrollar un marco europeo económico competitivo y abierto al mundo, capaz de proporcionar beneficios tangibles y precios bajos para los consumidores y de generar nuevos empleos;
5. Pide a la Comisión que se centre en el desarrollo de un presupuesto moderno y eficaz; toma nota de que aunque las cuentas de la Unión siempre han sido aprobadas para dar una imagen fiel de las finanzas de la Unión Europea, sigue habiendo dudas sobre la eficacia del gasto, y pide, por consiguiente, a la Comisión a redefinir completamente su enfoque de control presupuestario, ámbito en el que no se está avanzando lo suficiente para abordar una cuestión de especial interés para la opinión pública europea; destaca la necesidad de que se utilice el dinero de los contribuyentes de forma más eficaz que implique plenamente a los Estados miembros en la respuesta a las preocupaciones relativas a la mala gestión y al fraude; solicita que se evalúen periódicamente las políticas actuales, y que se revisen y se adapten cuando sea necesario para garantizar que sirven a las necesidades futuras y a un entorno tecnológico y económico que experimenta rápidos cambios; subraya la importancia de las evaluaciones llevadas a cabo por organismos completamente independientes y objetivos;
PARTE 2: PROPUESTAS ESPECÍFICAS PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO
«Un nuevo impulso al empleo, el crecimiento y la inversión»
El mecanismo de aplicación de la subsidiariedad y la proporcionalidad y el mecanismo de aplicación de la reducción de las cargas
6. Considera que los dos nuevos mecanismos en materia de subsidiariedad y proporcionalidad y de reducción de la carga administrativa, diseñados por la Comisión en su Declaración de 19 de febrero de 2016, reforzarán el programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) y contribuirán al crecimiento económico, la creación de empleo y al aumento de la prosperidad;
7. Observa que el Consejo Europeo en su Declaración sobre competitividad, de 19 de febrero de 2016, preconiza también la «reducción de la carga administrativa en sectores clave»; pide a la Comisión que haga de la reducción de las cargas, en consonancia con estas declaraciones, un elemento central del Programa de Trabajo «carta de intenciones» para 2017, con el fin de establecer un programa de reformas positivas para el propio programa de trabajo y en previsión de la declaración conjunta sobre programación institucional anual;
8. Insta a la Comisión a incluir los siguientes elementos como prioridades en el Programa de Trabajo para los mecanismos en materia de subsidiariedad y proporcionalidad:
– Reglamento (CE) n.º 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social;
– Directiva 2003/88/CE relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo;
– Directiva 2008/104/CE relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal;
– Directiva 96/71/CE, sobre desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios;
– Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética;
– Reglamento (CE) n.º 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos;
– Reglamento (UE) n.º 528/2012 relativo a la comercialización y utilización de biocidas;
– Reglamento (CE) n.º 1107/2009 relativo a la comercialización de productos fitosanitarios;
– Reglamento (CE) n.° 396/2005 relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal;
– Directiva 91/676/CEE del Consejo relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura;
– Reglamento (CE) n.º 1967/2006 relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el mar Mediterráneo;
– la «Small Business Act»;
– Reglamento (UE) nº 165/2014 relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera;
– Directiva 2014/95/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos;
– Reglamento de Ejecución (UE) n.º 815/2012 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo en lo que atañe a los regímenes especiales de los sujetos pasivos no establecidos que presten servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión o electrónicos a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos;
9. Pide a la Comisión que retire la propuesta legislativa sobre la mejora del equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de empresas cotizadas en bolsa;
10. Pide a la Comisión que revise la propuesta relativa a una revisión específica de la Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional;
11. Pide que las prioridades del programa de trabajo que se propondrán para finales de 2016, en el marco del nuevo mecanismo de subsidiariedad y proporcionalidad y el mecanismo de reducción de las cargas se incluyan en el programa de trabajo de 2017;
La mejora de la legislación
12. Toma nota de que la Comisión se ha comprometido a fijar el objetivo neto de reducción de los costes económicos relacionados con las cargas reglamentarias para las empresas; pide que ese objetivo se fije en un 25 % de aquí a 2020, en consonancia con anteriores ambiciones a largo plazo, para reducir a la mitad la carga de la reglamentación vigente de la Unión a más tardar en 2030, en cooperación con los Parlamentos de los Estados miembros; destaca que ese objetivo general también debe incluir los costes de cumplimiento y que se ha de efectuar un esfuerzo significativo en relación con dichos costes; solicita que se fijen objetivos intermedios por cada nueva Comisión, previa consulta al Parlamento y al Consejo Europeo; estima que el programa REFIT representa un paso importante para simplificar la legislación y reducir la carga administrativa de la reglamentación que soportan las empresas y suprimir los obstáculos al crecimiento y la creación de empleo; anima encarecidamente a la Comisión a aplicar, en la medida de lo posible, la fórmula «para cada nueva norma creada, dos antiguas normas quedarán derogadas», y a valorar las ventajas de la introducción de un mecanismo de compensación de la reglamentación, a través del cual solo podrán imponerse nuevas disposiciones que supongan un aumento de las cargas administrativas y reglamentaria, cuando sea posible aplicar una doble reducción correspondiente de las cargas existentes;
13. De conformidad con las disposiciones pertinentes del nuevo Acuerdo Interinstitucional, solicita a la Comisión que, con carácter de urgencia, presente propuestas que establezcan objetivos para la reducción de las cargas en sectores clave cuanto antes; pide a la Comisión que presente la metodología que piensa utilizar para identificar los principales sectores en los que se establecerán los objetivos de reducción de la carga administrativa;
14. Subraya la importancia del estudio anual de la carga en el marco del Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la legislación como una herramienta importante para identificar y controlar, de forma clara y transparente, los resultados de los esfuerzos de la Unión para evitar y reducir el exceso de reglamentación y las cargas administrativas, que debe incluir una lista que se refiera específicamente a las PYME; considera que el estudio anual de la carga debe servir para identificar las cargas impuestas por las propuestas y por los actos legislativos individuales de la Comisión y de cada uno de los Estados miembros;
15. Toma nota de que en la actualidad, el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad solo se evalúa al comienzo del proceso legislativo; subraya, por consiguiente, la necesidad de introducir un control de la subsidiariedad y la proporcionalidad al concluir el proceso legislativo y antes de la adopción del texto definitivo, lo que contribuirá a garantizar que el respeto de estos principios se mantiene durante el proceso legislativo; insta a la Comisión a observar, siempre que sea posible, un período de reflexión, tras la celebración de negociaciones tripartitas para permitir la realización de un análisis de impacto y una comprobación de la subsidiariedad, y en aras de la transparencia;
16. Pide a la Comisión que reconozca que la iniciativa de mejora de la legislación, tiene una dimensión local/regional, que no puede ser abordada necesariamente a través de la subsidiariedad, y solicita a la Comisión que amplíe el proceso de evaluación del impacto reglamentario (diferente de la «evaluación del impacto territorial») para examinar el impacto financiero y administrativo de las normas vigentes y nuevas en los gobiernos locales y regionales;
17. Insta a la Comisión a revisar urgentemente la «Small Business Act» a fin de estudiar cómo mejorarla para que funcione de modo más eficaz, en consonancia con la iniciativa de mejora de la legislación;
18. Sugiere que, en el marco de la iniciativa de mejora de la legislación, la Comisión debería buscar medios innovadores para obtener resultados de las políticas sin recurrir a la legislación, utilizando, por ejemplo, la economía del comportamiento para examinar e influir en el mismo;
19. Pide a la Comisión que lleve a cabo consultas con las partes interesadas en todas las fases del proceso legislativo, incluida la primera fase del proceso legislativo, para evitar consecuencias no deseadas;
20. Solicita a la Comisión que revise el funcionamiento del programa REFIT para garantizar que sea transparente y fácil de usar; apela a una evaluación de su eficacia y sus resultados en 2017;
21. Insta a la Comisión a elaborar en 2017 una evaluación de la independencia del Comité de Control Reglamentario en lo que respecta al cumplimiento de su función de supervisar y ofrecer un asesoramiento objetivo sobre las respectivas evaluaciones de impacto, y a explicar qué medidas de seguimiento pueden ser necesarias;
22. Por lo que se refiere al artículo 155 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), pide a los interlocutores sociales en el marco de los acuerdos actuales y futuros, entre ellos el acuerdo marco de 2012 relativo el sector de la peluquería, a adherirse a los instrumentos de mejora de la legislación, a aumentar el uso de las evaluaciones de impacto en sus negociaciones y a remitir acuerdos con propuestas de medidas legislativas al Comité de Control reglamentario de la Comisión;
23. Pide a la Comisión que identifique los progresos y logros en los ámbitos en los que se hayan identificado las diez leyes más gravosas para las PYME, en particular las Directivas sobre el tiempo de trabajo y las agencias de trabajo temporal, y que dé prioridad a acciones destinadas a avanzar en dichos ámbitos;
24. Destaca la tendencia reciente de las empresas de relocalizar la producción y los servicios en Europa, así como las oportunidades que ello conlleva para la creación de empleo; insta a la Comisión a reflexionar sobre el modo en que la Unión puede ayudar a las empresas a aprovechar las oportunidades que brinda la relocalización;
25. Solicita a la Comisión que, en el contexto de la revisión del acervo relativo a la salud y la seguridad, aplique los principios de la mejora de la legislación, con el fin de garantizar que el nuevo marco sea proporcionado y adaptable a la evolución de las condiciones en el lugar de trabajo; considera que conviene adoptar disposiciones, por ejemplo, en la Directiva marco, para que se realice una evaluación cada diez años;
26. Exhorta a la Comisión a mejorar la implicación de los Parlamentos nacionales y a consultarles ampliamente al valorar la revisión y derogación de la legislación de la Unión; pide una cláusula resolutoria automática de toda la legislación de la Unión, que daría lugar a una evaluación de impacto independiente y que, a su vez, podría generar una revisión o derogación de la legislación; destaca que la evaluación de impacto también podría examinar, entre otros, elementos como el cumplimiento de la subsidiariedad y la proporcionalidad, las cargas para los Estados miembros, las empresas, especialmente las PYME, y las partes interesadas, así como una evaluación de la posible «repatriación» de una competencia de la Unión; subraya que, salvo que la evaluación de impacto pueda demostrar la pertinencia de la legislación a escala de la Unión, produciría una presunción automática de derogación;
27. Expresa su decepción ante la respuesta de la Comisión a los Parlamentos nacionales en los casos en que se han activado procedimientos de tarjeta amarilla; considera que es necesario que la Comisión aplique las recomendaciones incluidas en la Resolución del Parlamento, de 12 de abril de 2016, sobre los informes anuales de 2012 y 2013 sobre subsidiariedad y proporcionalidad, intensifique el diálogo con los Parlamentos nacionales y responda de manera exhaustiva a todas las dudas planteadas en los dictámenes publicados; estima asimismo necesario que la Comisión comparezca ante la comisión o comisiones competentes del Parlamento para explicar en detalle su posición sobre los dictámenes de subsidiariedad;
28. Insta a la Comisión a intensificar su diálogo político y legislativo con los parlamentos nacionales y, cuando proceda, con los parlamentos regionales de manera coordinada, a fin de evaluar plenamente la conformidad de las propuestas de la Unión existentes y potenciales con sus competencias respectivas, así como con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; señala que este procedimiento debería tener lugar en la fase de consulta y preparación de la planificación legislativa, previamente a la publicación de las propuestas de la Unión, y habría de ser constantemente supervisado para garantizar que la legislación existente es objeto de una evaluación periódica; indica que, a la hora de cooperar con sus homólogos de otros Estados miembros, los Parlamentos nacionales disponen de una serie de instrumentos en este sentido, a través de los cuales la Comisión podría ser requerida a adoptar medidas significativas y a hacer frente a las peticiones de los Parlamentos nacionales, incluido el derecho de iniciativa jurídica vinculante («tarjeta verde») propuesto por la COSAC, o la «tarjeta roja», en virtud del principio de subsidiariedad, lo que permitiría a 16 Estados impedir el avance de un acto legislativo de la Unión, una mayor participación en las revisiones de los actos delegados y de ejecución, así como el derecho a promover una investigación parlamentaria en asuntos europeos, incluida la transparencia financiera;
29. Pide a la Comisión que contribuya a facilitar la aplicación y la ratificación del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso;
30. Se opone a la propuesta de legislación sobre el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas, por no respetar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; subraya que los Estados miembros son los mejor situados para ofrecer soluciones que sean adecuadas para el entorno empresarial y su cultura específica, en lugar de ser sometidos a un sistema de cuotas contraproducente de enfoque único para todos los Estados miembros;
Servicios financieros
31. Insta a que se realicen esfuerzos para acelerar y dar prioridad a la realización de la Unión de Mercados de Capitales (UMC), debido a su papel en el fomento del crecimiento y de la competitividad a nivel mundial; destaca la importancia de realizar una evaluación del impacto acumulativo de la legislación en materia económica, a fin de detectar incoherencias legislativas que puedan constituir un obstáculo para una UMC;
32. Pide que se preste una mayor atención a la competitividad global de los sectores financieros de la Unión en cuanto a la redacción de las políticas; señala, además, la necesidad de una mayor coordinación de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) y la Comisión con los organismos internacionales para promover los intereses de la Unión;
33. Exhorta a la Comisión a supervisar periódicamente la aplicación de la legislación financiera para evaluar los problemas de ejecución, las consecuencias imprevistas y los elementos que podrían ser reformados, actualizados o suprimidos; hace hincapié en el papel que las AES y el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) deben desempeñar en la consecución de los objetivos de la iniciativa de mejora de la legislación; observa, a este respecto, que las AES deben trabajar en estrecha colaboración con los expertos nacionales y las partes interesadas en la elaboración de las normas técnicas, a fin de evitar consecuencias no deseadas;
34. Destaca que la Comisión debe someter toda propuesta de nueva legislación a una exhaustiva evaluación del impacto y a un análisis coste-beneficio, en consonancia con su programa de mejora de la legislación, para velar por que las propuestas solo se presenten en caso de que los efectos perseguidos no puedan alcanzarse por medios no legislativos; pide a la Comisión que cumpla su reciente compromiso de revisar el conjunto de la reglamentación financiera de la Unión, así como los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y espera con gran interés los resultados en el ámbito de los servicios financieros; señala, por otra parte, la importancia de garantizar una división apropiada de las competencias entre la Unión y los Estados miembros, teniendo en cuenta la experiencia y los conocimientos técnicos de los supervisores nacionales por lo que respecta a su mercado local;
35. Acoge con satisfacción la labor de la Comisión y los Estados miembros para promover activamente la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal, la planificación fiscal agresiva y el recurso a los paraísos fiscales; insta, en este contexto, a la Comisión a que tome en consideración el carácter internacional de la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal, la planificación fiscal agresiva y el recurso a los paraísos fiscales, y a que vele por que las medidas adoptadas protejan la competitividad de las empresas de la Unión, garantizando al mismo tiempo un grado suficiente de transparencia, con el fin de aumentar la confianza de los consumidores en la equidad de los sistemas fiscales de los Estados miembros de la Unión;
36. Pide que se aplique oportunamente la legislación vigente sobre la unión bancaria y se mejore el diálogo con los expertos del sector para evaluar la repercusión y la eficacia de la legislación adoptada; recuerda que varios Estados miembros aún no han transpuesto la legislación de recapitalización y, por lo tanto, insta a la Comisión a que garantice la rápida y plena transposición de la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias (DRRB); invita a la Comisión a que lleve a cabo una evaluación exhaustiva de los riesgos en el contexto de la propuesta relativa al Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD); señala, a este respecto, que dicha evaluación debe incluir un panorama integral de la situación de la infraestructura subyacente y la financiación de los sistemas nacionales de garantía de depósitos; toma nota de que los intereses de los Estados miembros que no participan en la unión bancaria o la zona del euro también deben respetarse;
37. Pide que se adopten medidas más proporcionadas para los bancos más pequeños a fin de adaptar los requisitos de notificación al tamaño del banco, con lo que se evitaría que los bancos más pequeños notificasen más información de la que los supervisores consideran necesaria para poder entender el perfil de riesgo de los bancos y su posible repercusión en la estabilidad financiera; observa, además, que el futuro coeficiente de financiación estable neta podría adaptarse con arreglo a los modelos de negocio de los bancos, de forma que pudiesen quedar exentos los bancos más pequeños que no son tan dependientes de la financiación mayorista;
38. Pide a la Comisión que estudie otros modos de realizar la Unión Económica y Monetaria Europea (UEM) que no correspondan a la dirección establecida en el Informe de los cinco presidentes; se opone a la creación de una capacidad presupuestaria de la zona del euro; sugiere que un compromiso creíble con el principio de «no corresponsabilidad financiera», consagrado en el artículo 125 del TFUE, reforzaría la soberanía y la responsabilidad de los Estados miembros por lo que respecta a las políticas sociales, económicas y fiscales;
«Un mercado único digital conectado»
39. Apoya a la Comisión en su priorización del mercado único digital en razón de las oportunidades que pueden generar las actividades digitales respecto al empleo, la creación de nuevas empresas emergentes y en fase de expansión, el crecimiento y la innovación; reconoce la importancia de la transformación digital de la industria de la Unión para crear empleo, estimular la productividad y aumentar la competitividad, generando así crecimiento; subraya que 2017 será un año de resultados, ya que será necesario concluir las propuestas legislativas y llevar a cabo labores de aplicación en los Estados miembros;
40. Recomienda que, antes de poner en marcha las propuestas legislativas en el ámbito digital, la Comisión examine las buenas prácticas de los Estados miembros y a escala internacional, fomente las medidas impulsadas por la industria, se centre en la aplicación de las leyes existentes y modernice la actual legislación nacional y de la Unión, cuando proceda, y que promulgue nueva legislación solo cuando sea absolutamente necesario;
41. Pide a la Comisión que suprima los trámites burocráticos y los obstáculos normativos o no normativos injustificados o desproporcionados con el fin de aprovechar plenamente las posibilidades que ofrecen la transformación digital de la industria y el comercio electrónico transfronterizo; hace hincapié en que las medidas no deben ser proteccionistas, sino que han de estar concebidas para que el entorno digital resulte atractivo para el desarrollo de las empresas europeas y para las empresas que deseen establecerse y hacer negocios en Europa, así como para los consumidores y otros usuarios finales;
42. Lamenta las importantes preocupaciones expresadas en relación con las medidas fiscales en la economía digital, en particular el impuesto sobre el valor añadido (IVA), que no han sido abordadas por la Comisión; reitera su solicitud para que se proponga la introducción de una medida común de simplificación a escala de la Unión (umbral de IVA) para ayudar al pequeño comercio electrónico; subraya la urgente necesidad de abordar esta cuestión; reitera, en este contexto, que la política fiscal es una competencia de los Estados miembros;
43. Pide a la Comisión que apoye un sólido régimen de propiedad intelectual y un mayor cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, con vistas a estimular la competitividad y apoyar a las empresas innovadoras, recompensar a los creadores y reportar beneficios a los usuarios de obras protegidas por derechos de autor; celebra el principio de «seguir el dinero» y hace hincapié en que la Comisión, junto con los Estados miembros, debe fomentar la sensibilización y la debida diligencia durante toda la cadena de suministro, y promover el intercambio de información y buenas prácticas con el fin de luchar contra las infracciones de los derechos de propiedad intelectual a escala comercial, así como una mayor cooperación entre los sectores público y privado;
«Una unión de la energía resiliente con una política de cambio climático que mire hacia el futuro»
44. Apoya firmemente las conclusiones de la Comunicación de la Comisión ( COM(2016)0062 ) de evaluación de las consecuencias del Acuerdo de París, que mantienen los objetivos principales y la arquitectura del Consejo Europeo para el marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030; advierte, no obstante, contra cualquier futuro ajuste de los compromisos de la Unión para 2030 en materia de reducción de emisiones como parte del primer balance global de la CMNUCC en 2023, que podría afectar negativamente a la seguridad que necesitan las empresas y los inversores para impulsar la transición hacia una economía hipocarbónica; considera imperativo mantener las disposiciones de protección de los sectores industriales con riesgo de fuga de carbono;
45. Pide a la Comisión que diseñe el futuro mercado de la electricidad de manera que ofrezca una verdadera igualdad de condiciones entre todas las fuentes de energía que contribuyen a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión;
46. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto pormenorizada que se centre en las consecuencias socioeconómicas del nuevo diseño del mercado de la electricidad, en particular en la región de Europa Central y Oriental, que probablemente deba soportar mayores costes que otros Estados miembros de la Unión por lo que respecta a la transición energética;
47. Considera que, en el marco del futuro diseño del mercado de la electricidad, es necesario valorar una serie de distintos componentes para desarrollar un sistema plenamente operativo; reconoce, a este respecto, la importancia de aprovechar al máximo las oportunidades de almacenamiento de la electricidad en Europa y pide a la Comisión que facilite un marco favorable a la inversión y no distorsionador para distintos tipos de tecnologías de almacenamiento de la electricidad;
48. Expresa su preocupación en cuanto a la aplicación de la Directiva relativa a la eficiencia energética y pide a la Comisión que coopere con los Estados miembros con orientaciones coherentes para garantizar una ejecución eficaz; apoya el principio de «primero, la eficiencia energética», en su caso, y cree que los objetivos han de ser proporcionados y realistas; pide a la Comisión que garantice que las propias disposiciones legislativas de la Unión en materia de clima y energía sean eficaces y proporcionadas en lugar de generar antagonismos y solapamientos;
49. Recuerda que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la aviación fueron incorporadas en el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (RCDE UE) el 1 de enero de 2012, obligando a todos los operadores de aeronaves dentro del ámbito del RCDE a obtener derechos de emisión de carbono; señala la adopción de dos decisiones de «parar el reloj» en 2013 y 2014, que redujeron temporalmente el ámbito de aplicación del RCDE UE para excluir los vuelos internacionales con el fin de dar tiempo a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para desarrollar una medida de mercado mundial para reducir las emisiones de la aviación internacional; recuerda que esta exención expirará en 2017; pide a la Comisión que elabore un informe y recomendaciones con tiempo suficiente para revisar la decisión adoptada por la 39ª asamblea de la OACI, entre septiembre y octubre de 2016, respecto a una medida de mercado mundial, y adaptar las exigencias de la Directiva mediante una nueva propuesta legislativa;
«Un mercado interior más justo y profundo con una base industrial reforzada»
50. Apoya el compromiso incluido en la estrategia para el mercado único de garantizar que Europa siga al frente del desarrollo de normas a escala mundial; alienta la normalización compatible con un enfoque internacional bien mediante el desarrollo de normas internacionales mundiales o bien mediante el reconocimiento de las normas internacionales equivalentes cuando sea apropiado; pide a la Comisión que vele por que la iniciativa conjunta siga basándose en las necesidades determinadas por la industria en el marco de un planteamiento ascendente y ofrezca normas que sean pertinentes para el mercado;
51. Considera que es necesario seguir trabajando para garantizar que la elaboración de normas vaya acompañada de un proceso de recurso adecuadamente difundido y accesible; anima a la Comisión a que, junto con los organismos de normalización nacionales y europeos, se base en las mejores prácticas para mejorar los mecanismos de recurso;
52. Pide a la Comisión que presente un resumen anual de las barreras no arancelarias que afectan internamente al mercado único y un análisis de los medios para atajarlas, con el fin de aprovechar el potencial no explotado del mercado único;
53. Señala que las reglamentaciones que imponen restricciones al ejercicio de las actividades al por menor y al por mayor, que son contrarias a la legislación de la Unión y desproporcionadas, pueden crear barreras significativas a la entrada, lo que conduce a un número menor de nuevas aperturas de puntos de venta, obstaculiza la competencia y da lugar a precios de consumo más elevados; pide a la Comisión que analice exhaustivamente las restricciones operativas al comercio mayorista y minorista en el mercado único;
54. Pide a la Comisión que actúe con determinación para mejorar la aplicación del reconocimiento mutuo; espera, en este contexto, a que la Comisión presente sus planes para aumentar la sensibilización entre las autoridades competentes y revisar el Reglamento sobre reconocimiento mutuo, así como las líneas directrices que la acompañan, a fin de resolver cuestiones de ejecución o aplicación del principio de reconocimiento mutuo, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la protección de los consumidores;
55. Destaca que las acciones futuras, como la propuesta de un pasaporte de servicios, no deberían generar cargas administrativas adicionales, sino abordar las barreras no arancelarias y fomentar el reconocimiento mutuo;
56. Anima a la Comisión a presentar la herramienta de análisis de datos de la estrategia para el mercado único, que podría mejorar el seguimiento de la transposición de la legislación relativa al mercado único;
57. Pide a la Comisión que incluya los siguientes principios en su próxima revisión del marco de las telecomunicaciones:
a) la legislación debe seguir basándose en principios y ser flexible y válida para el futuro, en vez de intentar predeterminar la trayectoria tecnológica de la industria;
b) la competencia no socava la inversión, sino que sirve de estímulo; las autoridades nacionales de reglamentación deben conservar la capacidad para respaldar los distintos modelos de competencia en función de las especificidades de sus mercados nacionales, especialmente en lo relativo a las zonas geográficas;
c) los mercados de telecomunicaciones seguirán caracterizándose por mercados nacionales diferentes desde el punto de vista estructural e histórico, por lo que las mismas soluciones no siempre serán apropiadas para todos los mercados;
d) es necesario potenciar al máximo el uso eficaz del espectro, pero la armonización es un medio y no un fin en sí misma; así pues, deben establecerse condiciones para estimular el desarrollo constante y liderado por la industria en el uso del espectro, en lugar de intentar definir previamente su forma;
58. Espera las propuestas sobre el establecimiento de un Consejo Europeo de Innovación, que deberá acompañarse de una evaluación de impacto exhaustiva y financiarse dentro de los actuales límites del MFP; toma nota de los resultados iniciales de Horizonte 2020 y pide a la Comisión que, en su revisión intermedia, extraiga conclusiones adecuadas sobre los hechos y los resultados, en particular por lo que se refiere a los porcentajes de éxito, el proceso de concesión de subvenciones y el modelo de coste;
59. Alienta a la Comisión a que aplique una estrategia espacial para Europa, respondiendo a la necesidad de un sector espacial europeo competitivo a escala mundial; subraya que la absorción por el mercado de los programas Galileo y Copernicus constituye una oportunidad para aprovechar todo el potencial de las empresas de nueva creación y otras empresas europeas en el desarrollo de servicios y aplicaciones espaciales para la innovación, el crecimiento y el empleo;
Acuerdos de libre comercio razonables y equilibrados
60. Pide a la Comisión que siga realizando la labor que le ha sido encomendada respecto a las cuestiones pendientes que deben resolverse en función de los resultados de la décima Conferencia Ministerial de Nairobi; toma nota, no obstante, de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) deberá seguir constituyendo un foro flexible y dinámico para las negociaciones entre los Estados miembros de la OMC, con vistas a reforzar la integración comercial entre los países interesados; respalda los esfuerzos realizados por la OMC para aumentar su eficacia y su rendición de cuentas; pide que, tras un periodo de reflexión, la Unión empiece a trabajar en la introducción de nuevas cuestiones en las negociaciones de Ginebra, incluyendo, entre otros asuntos, la inversión, las empresas de propiedad estatal y los servicios;
61. Pide que se inicien oficialmente las negociaciones para celebrar con Australia y Nueva Zelanda acuerdos de integración económica ambiciosos, equilibrados y de alto nivel en materia de comercio y de inversión, basados en calendarios exigentes, teniendo en cuenta no solo los intereses y valores compartidos por la Unión y Nueva Zelanda y Australia, sino también las normas similares sobre derechos laborales y sociales, así como la protección del medio ambiente;
62. Invita a la Comisión a que aproveche el actual impulso de los países de Mercosur, sobre todo Argentina, y desbloquee las negociaciones comerciales entre la Unión y Mercosur, con el fin de llegar a un acuerdo global y ambicioso; apoya la modernización de los acuerdos de la Unión con México y Chile, países con vínculos fundamentales en la región de América Latina, en particular por su condición de miembros del dinámico grupo regional de la Alianza del Pacífico; pide que, después de la conclusión de estas negociaciones, la Comisión reflexione sobre la posibilidad de celebrar un acuerdo interregional entre la Unión y la Alianza del Pacífico;
63. Reconoce la importancia de intensificar las relaciones comerciales y de inversión con países de reciente industrialización, como la India, Malasia, Taiwán y China, y encarga a la Comisión que haga todo lo posible por negociar acuerdos comerciales y de inversión de alta calidad con estos países; le pide, además, que, una vez que el Tribunal de Justicia haya emitido su dictamen sobre el acuerdo de libre comercio con Singapur, vele por que el acuerdo sea transmitido a los Estados miembros y al Parlamento Europeo lo antes posible;
64. Reconoce la contribución realizada por el régimen SPG+ para reforzar las normas laborales y sobre derechos humanos, así como para aumentar las oportunidades de inversión de la Unión en los países beneficiarios; insiste en que el SPG+, entendido como instrumento de promoción de los derechos humanos, solo será eficaz si se aplica correctamente; pide a la Comisión que cumpla las obligaciones adquiridas en el marco del Reglamento (UE) n.o 978/2012 y facilite una revisión exhaustiva, antes de finales de 2017, que incluya acciones de respuesta, si son necesarias, en caso de que un beneficiario no respete sus compromisos contraídos en el marco del SPG+; espera que la solicitud de Sri Lanka para obtener la condición de beneficiario del SPG+ le sea concedida, siempre que cumpla los criterios necesarios;
65. Observa que la Comisión sigue necesitando largos periodos para revisar y traducir los textos jurídicos tras la conclusión de las negociaciones, en comparación con lo que sucede con otros acuerdos a escala mundial; considera que, en vista de la rápida evolución del comercio mundial y de la acuciante necesidad de una mayor apertura de los mercados para las empresas y los consumidores de la Unión, es conveniente llevar a cabo una reflexión más profunda, como ya ha solicitado el Parlamento, acerca de la posibilidad de mejorar y racionalizar el proceso de revisión jurídica y traducción, con vistas a garantizar la transmisión, en el plazo más breve posible, de todos los textos jurídicos a los Estados miembros y al Parlamento para su firma y ratificación; pide a la Comisión que presente al Parlamento propuestas específicas en este ámbito, a más tardar el 31 de marzo de 2017;
66. Apoya la insistencia continua de la Comisión, respaldada por los Estados miembros y el Parlamento, para que todas las negociaciones en curso de acuerdos de libre comercio incluyan capítulos específicos concebidos para proporcionar medidas jurídicas y técnicas específicas destinadas a mejorar la capacidad de las pequeñas y medianas empresas para participar en el comercio y la inversión, una cuestión de vital importancia dada la proliferación de las cadenas mundiales de suministro integradas en la estructura del comercio mundial;
67. Destaca la importancia permanente de las inversiones entrantes y salientes para la economía de la Unión y la necesidad de ofrecer una protección total a las empresas de la Unión, independientemente de su forma y tamaño, cuando inviertan en mercados de terceros países; subraya que la protección de las inversiones constituye un elemento necesario de la política comercial de la Unión, al tiempo que reconoce el principio del derecho a regular y la necesidad de transparencia en los procedimientos, así como de un sistema basado en normas claramente definidas; pide a la Comisión que siga garantizando la protección de las inversiones para los inversores de la Unión en el marco de futuras negociaciones;
68. Reconoce que es necesario supervisar los acuerdos de libre comercio y garantizar su debido complimiento tras su aplicación y en adelante, a fin de velar no solo por el correcto análisis y evaluación de sus efectos sobre el comercio, sino también por el debido respeto de las normas, disciplinas y medidas acordadas; toma nota de la actual falta de atención por parte de la Comisión respecto a la aplicación de los acuerdos comerciales y subraya la importancia crucial de asegurarse de que los socios comerciales cumplan los compromisos contraídos en el marco de dichos acuerdos; pide a la Comisión que incluya al Parlamento en todo el proceso;
69. Está convencido de que, hasta que los socios comerciales no cumplan los cinco criterios que la Unión exige para conceder la condición de economía de mercado, la Unión debería utilizar una metodología no estándar, en plena conformidad con las normas de la OMC, con el fin de salvaguardar la competitividad de las empresas europeas y seguir combatiendo cualquier forma de competencia desleal;
70. Pide a la Comisión que refuerce sus medidas comerciales ofensivas en relación con la apertura y el mantenimiento de nuevos mercados y se centre en las cuestiones arancelarias y no arancelarias; destaca que el alto nivel de seguridad alimentaria en la Unión y las normas en materia de salud y bienestar animal, que son esenciales para garantizar la confianza de los consumidores de la Unión, no se deben poner en peligro ni debe negociarse su eliminación;
71. Pide a la Comisión que garantice unas condiciones equitativas en los acuerdos comerciales que la Unión trata de concluir con terceros países, estableciendo una lista estratégica de productos que puedan resultar vulnerables a la presión excesiva, por una serie de razones; pide que estos productos que pudieran resultar sensibles a la liberalización reciban el adecuado tratamiento especial y diferenciado en los acuerdos comerciales;
«Un espacio de justicia y derechos fundamentales basado en la confianza mutua»
72. Pide a la Comisión que revise la legislación existente en el ámbito de la ciberdelincuencia y que presente una propuesta para establecer un marco jurídico claro para las relaciones entre las empresas privadas y las autoridades policiales y judiciales en la lucha contra la delincuencia organizada y la radicalización en línea;
73. Pide a la Comisión que presente una propuesta sobre la cooperación transfronteriza en el intercambio de información sobre la trazabilidad de la financiación del terrorismo;
74. Pide la rápida adopción de la propuesta revisada sobre fronteras inteligentes para contribuir al establecimiento de controles eficaces en las fronteras exteriores de la Unión;
«Hacia una nueva política migratoria»
75. Insiste en que los puntos principales de la política migratoria deben ser garantizar la confianza de los ciudadanos, proteger la integridad del espacio Schengen y mantener la seguridad interior;
76. Pide a la Comisión que evalúe los reglamentos y las directivas vigentes en el ámbito de la migración, en particular la Directiva sobre la reagrupación familiar, la Directiva sobre procedimientos de asilo y la Directiva sobre las cualificaciones, que constituyen factores de atracción no deseados en lo que respecta a las solicitudes de asilo en la Unión;
77. Hace hincapié en que la revisión del Reglamento de Dublín III debe preservar los principios fundamentales del Reglamento y pide a la Comisión que presente propuestas específicas y concretas para hacer frente a los movimientos secundarios de los solicitantes de asilo;
78. Destaca que las futuras propuestas sobre la migración económica procedente de países de fuera de la UE/EEE deben ser fundamentalmente competencia de los Estados miembros y han de aspirar asimismo a regular la cantidad y calidad de la migración económica procedente de dichos países;
79. Pide a la Comisión que lleve a cabo un estrecho seguimiento de la aplicación por parte de Turquía del acuerdo UE-Turquía;
80. Insta a la Comisión a establecer un sistema de seguimiento y unos informes de ejecución sobre el desembolso y el gasto nacional del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y el Fondo de Seguridad Interior (FSI), y a supervisar y evaluar plenamente el uso de la financiación de la Unión concedida a los terceros países en el ámbito del asilo;
81. Resalta que la Comisión debe supervisar y evaluar periódicamente un posible acuerdo de liberalización de visados con Turquía, con el fin de garantizar que no se produzcan aumentos drásticos del número de personas con visado caducado y de solicitantes de protección internacional originarios de Turquía;
82. Pide a la Comisión a que supervise por completo la puesta en marcha de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, una vez establecida, con miras a asegurar que, en lugar de gestionar únicamente los flujos de entrada en las fronteras exteriores, la Agencia desempeña un papel activo en los retornos y las readmisiones y en la reducción del número total de solicitantes de asilo que no lo hayan obtenido y residan en el territorio de la Unión;
83. Pide a la Comisión que dé curso a su propuesta sobre un documento de viaje para el retorno con planes ambiciosos para los retornos a terceros países como Pakistán, Marruecos y Argelia;
84. Pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis claro país por país y formule estrategias individuales en lo que respecta al enfoque «más por más» y «menos por menos» respecto a los terceros países en materia de ayuda financiera de la UE en la lucha contra la migración irregular y la trata de seres humanos;
«Un interlocutor de mayor peso en el escenario mundial»
85. Pide que se realicen revisiones periódicas de la política europea de vecindad (PEV), al objeto de asegurar que aborda las situaciones en constante evolución de las fronteras orientales y meridionales de la Unión; insiste, además, en que las actividades y los presupuestos del Servicio Europeo de Acción Exterior se analicen y justifiquen adecuadamente; considera que dicha evaluación no ha de centrarse exclusivamente en si los fondos se gastan correctamente, sino también en si se alcanzan los objetivos de la PEV;
86. Pide al Consejo y a la Comisión, a la luz de la evolución actual, que examinen de manera continua y crítica todas las negociaciones de adhesión, sus progresos y su efectividad y, cuando resulte necesario, modifiquen su velocidad y estrategia;
87. Reconoce que la promoción de los derechos humanos es uno de los objetivos de la política exterior de la Unión Europea, con especial hincapié en aspectos como la libertad religiosa, la libertad de expresión, las libertades políticas, los derechos de las mujeres y los niños, y los derechos de las minorías;
88. Pide que se mantenga la presión diplomática, incluido el uso de sanciones selectivas contra individuos, grupos y el Gobierno ruso, en aras de resolver el conflicto en Ucrania de forma pacífica; insiste en el cumplimiento estricto de la política de no reconocimiento en relación con Crimea, ocupada por Rusia;
89. Reconoce a la OTAN como piedra angular de la política europea de seguridad y defensa;
90. Exhorta a una mayor cooperación internacional en la búsqueda de una solución negociada del conflicto entre Israel y Palestina, que dé lugar a un Israel seguro y universalmente reconocido junto a un Estado palestino soberano y viable; anima a que se siga trabajando para fortalecer el proceso de paz entre Turquía y los kurdos a fin de generar confianza entre las dos partes y comenzar a abordar cuestiones regionales más amplias que afectan al pueblo kurdo;
Cuestiones relacionadas con el desarrollo
91. Pide a la Comisión que colabore con los Estados miembros en pos de alcanzar el objetivo de ayuda oficial al desarrollo (AOD) del 0,7 % del producto nacional bruto (PNB);
92. Insta a las instituciones europeas a que adopten un marco claro, estructurado, transparente y responsable que regule las asociaciones y alianzas con el sector privado en los países en desarrollo; pide, además, la creación a escala de la Unión de plataformas sectoriales con múltiples partes interesadas, que reúnan al sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los grupos de reflexión, los gobiernos asociados, los donantes y otras partes interesadas, a fin de difundir las oportunidades de participación en asociaciones público-privadas, el intercambio de las mejores prácticas, la prestación de asistencia técnica en lo que respecta al marco jurídico y los desafíos previstos que se derivan de las intervenciones colaborativas en materia de desarrollo;
93. Pide a la Comisión que proponga enfoques innovadores en lo que se refiere a la asistencia vital y la ayuda humanitaria, y que se centre de manera más consistente en la prevención de crisis y los mecanismos de alerta temprana; insta a la Comisión a que considere posibles asociaciones con el sector privado para responder a las necesidades humanitarias actuales y futuras; pone de relieve la importancia de cerrar la brecha existente entre la ayuda de emergencia y la ayuda al desarrollo a largo plazo, y de la participación de las «nuevas» economías emergentes, que están creciendo en perfil, impacto y capacidad en las conversaciones sobre asistencia humanitaria;
94. Pide que se amplíe el actual mandato de préstamos exteriores del Banco Europeo de Inversiones (BEI), para incrementar su papel a la hora de lograr un desarrollo sostenible y, en particular, que participe de forma más activa en la nueva estrategia para el sector privado, a través de la financiación combinada, la cofinanciación de proyectos y el desarrollo del sector privado local; pide, además, una mayor transparencia y rendición de cuentas en las asociaciones y los proyectos asociados al BEI; pide al BEI y a las demás instituciones financieras de desarrollo de los Estados miembros que se aseguren de que las empresas que reciben su apoyo no practican la evasión fiscal;
95. Pide a la Comisión que siga trabajando con los Estados miembros para apoyar a terceros países en la erradicación de prácticas perniciosas para las mujeres y las niñas, como el matrimonio infantil y el matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina, los asesinatos por cuestiones de honor, la esterilización forzosa, las violaciones en situaciones de conflicto, las lapidaciones y cualquier otra forma de brutalidad; insta a la Comisión a que trabaje con el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) para mejorar la asistencia disponible en favor de las víctimas de tales brutalidades;
«Una unión de cambio democrático»
Cuestiones presupuestarias
96. Considera que uno de los principios fundamentales que han de guiar a la Comisión en la elaboración de las estimaciones para el presupuesto de la Unión debería ser el «valor añadido europeo»; insta a la Comisión a centrarse en la financiación de medidas con las que la contribución del presupuesto de la Unión proporcione unos mayores beneficios demostrables que la financiación a cargo de cada Estado miembro; estima que el presupuesto de la UE ha de desempeñar un papel importante en el éxito o el fracaso del mecanismo propuesto por la Comisión para revisar el conjunto de la legislación de la Unión respecto del cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;
97. Señala que es necesario un cambio cultural en el enfoque del gasto de la Unión, puesto que se pone demasiado énfasis actualmente en la absorción de los fondos y el cumplimiento de la normativa, en lugar de en el valor añadido o la eficacia; insta a la Comisión a que se comprometa a llevar a cabo una reevaluación exhaustiva de las prioridades presupuestarias de la Unión sobre la base de evaluaciones ex post e indicadores de rendimiento sólidos; está convencido de que el uso de las reservas de eficacia, como las que se utilizan actualmente en los fondos estructurales, podría aumentarse y aplicarse a otros ámbitos de la financiación de la Unión; considera que la estrategia de un presupuesto centrado en los resultados es un hecho prometedor a este respecto, e insta a la Comisión a que incorpore plenamente un enfoque de planificación presupuestaria basado en los resultados en el marco del procedimiento presupuestario anual;
98. Toma nota de la revisión intermedia en curso del Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual (MFP) para el período 2014-2020; hace hincapié en que esta revisión y una posible propuesta legislativa de revisión del MFP deben ser recibidas antes de que se modifique el compromiso del Parlamento Europeo en lo que respecta a los límites máximos financieros establecidos en el Reglamento de 2013 para la duración del MFP actual en aras de la previsibilidad presupuestaria;
99. Insta a la Comisión a que utilice la revisión intermedia del MFP para reorientar los fondos, retirándolos de los ámbitos políticos con menos valor añadido europeo como, por ejemplo, la cultura, la ciudadanía y los medios de comunicación, y que, en su lugar, enfoque el presupuesto de la Unión aún más hacia el empleo, el crecimiento y la competitividad; observa que, en un momento en que la Unión se enfrenta a retos nuevos e imprevistos, el presupuesto de la Unión no ha de perder de vista esta prioridad fundamental; pide a la Comisión que aproveche esta oportunidad para simplificar las normas aplicables de los programas existentes en este ámbito, como el programa Horizonte 2020, en línea con el Programa de Mejora de la Legislación;
100. Toma nota de que la Comisión tiene previsto presentar una propuesta para el próximo MFP antes del 1 de enero de 2018; ruega a la Comisión que decida acerca de las prioridades para el presupuesto plurianual de conformidad con el principio de valor añadido europeo, antes de presentar cualquier propuesta sobre la magnitud del presupuesto de la Unión; insta a la Comisión a adaptar el próximo MFP a los ciclos políticos de la Comisión y del Parlamento para mejorar la rendición de cuentas democrática y la transparencia del presupuesto plurianual;
101. Toma nota de que la Comisión estudiará las propuestas del Grupo de Alto Nivel «Recursos Propios», incluidas, en su caso, las nuevas propuestas para la obtención de recursos propios; estima, no obstante, que el sistema de recursos propios puede crear apatía entre los ciudadanos de la Unión; se opone firmemente, por lo tanto, a la introducción de cualquier nuevo tipo de impuesto europeo directo; se muestra favorable, en cambio, al desarrollo de un sistema de recursos más simple y transparente basado en las contribuciones según la RNB de los Estados miembros;
102. Solicita a la Comisión que establezca un sistema de seguimiento y unos informes de ejecución sobre el desembolso y el gasto nacional de los fondos FAMI y FSI;
Cuestiones medioambientales
103. Llama la atención sobre la obligación legal de la Comisión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 117, apartado 4, del Reglamento REACH, de informar sobre la aplicación y el funcionamiento del Reglamento a más tardar el 1 de junio de 2017, y señala que este informe servirá también como evaluación REFIT del Reglamento; subraya que la evaluación debe comprobar la eficacia y la eficiencia de la legislación, su coherencia tanto interna como con otras políticas de la Unión, si ha aportado un valor añadido de la Unión, su impacto sobre las empresas, en particular las pymes, y su capacidad de realizar inversiones a largo plazo, así como sus efectos sobre la industria y la posible reubicación de la fabricación de productos químicos radicada en la UE; pide a la Comisión que presente reglamentos de ejecución que racionalicen y simplifiquen el procedimiento de autorización para las solicitudes relativas a la utilización de sustancias en volúmenes reducidos (menos de 10 toneladas anuales) y las piezas de recambio preexistentes;
104. Pide a la Comisión que formule una definición de «los alimentos ligeramente procesados», en particular por lo que se refiere a los productos lácteos y cárnicos, que examine la posibilidad de limitar el alcance de la aplicación del etiquetado del país de origen obligatorio a aquellos casos en que el interés del consumidor sea ponderado en relación a los costes, como en la leche de consumo y los productos lácteos y cárnicos ligeramente procesados, y que elabore propuestas legislativas en estos ámbitos; insta a la Comisión a que tenga presentes los recientes reparos en materia de etiquetado y la aplicación coherente de la legislación relativa a la cadena alimentaria de la UE, aplicando los últimos avances científicos y tecnológicos en este ámbito; señala que el etiquetado de origen ya se exige y funciona eficazmente para muchos otros alimentos, como por ejemplo la carne no transformada, los huevos, las frutas y hortalizas, el pescado, la miel, el aceite de oliva virgen extra, el aceite de oliva virgen, el vino y las bebidas espirituosas;
105. Toma nota de que las disposiciones fundamentales del Reglamento sobre biocidas acerca de la autorización de proveedores y el registro de sustancias activas utilizadas en los artículos tratados se enfrentan a importantes problemas de cumplimiento por el escaso conocimiento que se tiene de ellas entre las empresas afectadas; insta encarecidamente a la Comisión a incluir el Reglamento en el marco de su programa REFIT 2017, con especial atención a la carga financiera y administrativa que soportan las pymes y las microempresas al elaborar los expedientes de autorización de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) en virtud de esta legislación;
106. Toma nota de las dificultades financieras y reglamentarias de los Estados miembros a la hora de aplicar la Directiva sobre nitratos (91/676/CEE) que, a menudo, se considera un ejemplo de la escasa eficacia de la legislación de la UE, con numerosos procedimientos de infracción aún pendientes; hace hincapié en la necesidad de armonizar el ciclo de notificación con el de la Directiva marco sobre el agua (DMA), de tal forma que los mismos datos de seguimiento pueden utilizarse para las revisiones de ambas Directivas, y limitar y simplificar los requisitos de planificación de los nitratos, que han demostrado ser una carga burocrática innecesaria para el sector agrícola; insta a la Comisión a que incluya una revisión sistemática de la Directiva sobre nitratos en su programa REFIT 2017, con miras a racionalizar los requisitos engorrosos y reducir los costes de su cumplimiento;
107. Reitera la relevancia de invertir en una economía circular e incentivar la transición hacia la misma, lo que es compatible con la agenda de la Comisión en materia de empleo, crecimiento y competitividad a largo plazo y reducirá la dependencia de la Unión en lo que se refiere a la importación de materias primas, brindando la posibilidad de dar lugar a una situación beneficiosa para todas las partes interesadas; pide a la Comisión que vele por la aplicación efectiva de su plan de acción para la economía circular, con especial atención a los objetivos fijados para 2017;
108. Pone de relieve una vez más la relevancia de alcanzar los objetivos establecidos en la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020, y subraya su importancia estratégica, incluso desde una perspectiva socioeconómica; expresa su gran preocupación por la pérdida continuada de biodiversidad, y señala que los objetivos establecidos para 2020 no se alcanzarán si no se realizan esfuerzos adicionales, sustanciales y continuos; destaca la importancia esencial de una mayor voluntad política al más alto nivel para conservar la biodiversidad y poner fin a la pérdida de la misma; pide a la Comisión que, junto con las autoridades competentes de los Estados miembros y todas las partes interesadas, otorgue prioridad a la aplicación de la legislación en vigor, su cumplimiento y una mayor integración de la protección de la biodiversidad en otros ámbitos políticos; reitera que las Directivas sobre la naturaleza deben aplicarse plenamente y no revisarse;
109. Pide a la Comisión que adopte medidas urgentes para detener el comercio ilegal de animales de compañía; reafirma la importancia que revisten los sistemas de identificación y de registro a este respecto, y recuerda a la Comisión el llamamiento explícito del Parlamento[3] en favor de un incremento de la compatibilidad entre dichos sistemas en los Estados miembros, con vistas a mejorar el bienestar de los animales;
110. Llama la atención sobre la necesidad de realizar un análisis exhaustivo de la aplicación de los Reglamentos (CE) n.º 1107/2009 y (CE) n.º 396/2005, y pide que la Comisión lleve a cabo una evaluación detallada independiente en 2017; opina que esta revisión debe examinar las principales características de ambos Reglamentos, al tiempo que estudia también cómo mejorar la eficacia y la coordinación entre ambos actos legislativos; pide a la Comisión que garantice que el marco reglamentario de los productos fitosanitarios se adhiere a los principios y las prácticas de «Legislar mejor», y proporciona un marco de adopción de decisiones coherente, eficaz, previsible y científicamente sólido;
Política agrícola común
111. Pide a la Comisión, en el contexto de la revisión intermedia del marco financiero plurianual (MFP) y las continuas demandas a los agricultores europeos en términos de producir más por menos, satisfacer las normas medioambientales y de bienestar, y prestar bienes públicos, que mantenga los límites máximos para la agricultura en la rúbrica 2;
112. Pide a la Comisión que, a fin de reducir la carga sobre los productores y mejorar la política agrícola común (PAC) desde el punto de vista de la prestación eficaz de bienes públicos y de los objetivos medioambientales, lleve a cabo una revisión intermedia exhaustiva de la PAC, en favor de una política más orientada al mercado con un mayor margen para la innovación y la competitividad, que equipare los pagos directos en los Estados miembros y revise las disposiciones de la organización común de los mercados agrícolas (OCM única), con el fin de reforzar las organizaciones de productores, fomentar la adopción de estas medidas y facilitar a los agricultores nuevos instrumentos financieros y opciones para hacer frente a la continua volatilidad del mercado;
113. Insiste en la importancia del programa de simplificación de la PAC, y pide a la Comisión que evalúe de forma exhaustiva la eficacia de las medidas de ecologización; celebra el compromiso de la Comisión de llevar a cabo una revisión intermedia de la superficie de interés ecológico, pero subraya la necesidad de que dicha revisión se extienda a las tres medidas de ecologización; pide a la Comisión que siga desarrollando y aplicando medidas para introducir flexibilidad, proporcionalidad y unos mayores niveles de tolerancia en relación con la gestión de la PAC, y que elimine la «cultura de miedo» generalizada que existe entre los agricultores por lo que respecta a los controles de condicionalidad y la aplicación de sanciones;
114. Pone de relieve la necesidad de abordar los desequilibrios en la cadena agroalimentaria, en particular para garantizar la equidad y la transparencia en las relaciones entre los productores primarios, los transformadores, los suministradores y los distribuidores, y pide a la Comisión que colabore con el sector para responder a las preocupaciones en relación con la notificación anónima y el fortalecimiento de la posición de los productores primarios;
115. Pide a la Comisión que apoye la innovación en la agricultura mediante la coherencia en materia de reglamentación y teniendo plenamente en cuenta la innovación en las próximas revisiones y reformas de la legislación pertinente; destaca que la Comisión debe conceder prioridad a la investigación y la innovación en la agricultura para que el sector siga siendo competitivo y supere los retos presentes y futuros;
La política pesquera común
116. Pide a la Comisión que aliente la contribución económica y social de la pesca artesanal a la economía local como una prioridad para garantizar el mantenimiento de la población costera y reducir los elevados niveles de desempleo existentes en otros sectores económicos;
117. Recuerda que la política pesquera común (PPC) tiene por objeto garantizar que las actividades pesqueras sean ecológica, económica y socialmente sostenibles y que proporcionen una fuente de alimentos sanos a los ciudadanos de la Unión; recuerda que evitar las capturas no deseadas es uno de los objetivos generales de la PPC, y señala que una prioridad clave a la hora de aplicar la obligación de desembarque es reducir las capturas accesorias no deseadas y aumentar la capacidad de supervivencia de la pesca; pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación y una supervisión continuos de la aparición de especies con potencial cuota suspensiva como consecuencia de la obligación de desembarque, especialmente en las pesquerías mixtas; pide a la Comisión que siga trabajando en estrecha colaboración con los pescadores y los científicos para determinar y prever dónde pueden aparecer especies con cuota suspensiva y que busque soluciones tales como técnicas de pesca innovadoras;
118. Subraya que es esencial que la ciencia se sitúe en el centro de la política pesquera; recuerda a la Comisión que es fundamental que los planes plurianuales, en particular, se basen en pruebas científicas; acoge con satisfacción el compromiso del comisario Vella de proponer un plan plurianual para el mar Mediterráneo en 2016; toma nota de la preocupación de la Comisión por el estado de las poblaciones del mar Mediterráneo;
119. subraya la necesidad de que la Comisión revise el Reglamento del Mediterráneo de 2006 para garantizar que el uso de técnicas y artes de pesca esté concebido a nivel regional y adaptado a las especificidades de la zona mediterránea y de sus recursos pesqueros, teniendo en cuenta las particulares características hidrográficas de la cuenca mediterránea; pide a la Comisión que vele por que se revise la evaluación de la situación de las poblaciones de peces por lo que respecta a la pesca costera, e insiste en que es necesario analizar la pesca artesanal y su impacto sobre las poblaciones, ya que las especies objeto de la pesca costera tienen un gran valor socioeconómico, aunque representen solo una pequeña parte de las capturas totales;
120. Hace hincapié en que el desarrollo de la acuicultura y la maricultura puede desempeñar un papel importante no solo en la recuperación de la diversidad de especies, sino también en el crecimiento de la economía marina; pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros en la promoción de políticas que promuevan la pesca y el turismo (turismo pesquero, maricultura, etc.) de conformidad con el principio de sostenibilidad;
121. Acoge con satisfacción el nuevo marco de medidas técnicas en el ámbito de la pesca como un medio para simplificar la política pesquera; subraya que un enfoque único para todos de la política pesquera de la Unión no es eficaz, y pide a la Comisión que adopte medidas para garantizar que el nuevo enfoque de regionalización dé lugar a una mayor libertad de la industria pesquera y reduzca la engorrosa burocracia que recae sobre los pescadores;
Política de desarrollo regional
122. Opina que, durante el período de vigencia de este programa de trabajo de la Comisión, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) deben ayudar a los Estados miembros a llevar a cabo las duras pero fundamentales reformas económicas necesarias para alcanzar una mayor competitividad, y subraya que los Fondos EIE deben invertirse donde se logre el mayor valor añadido; pide a la Comisión que utilice, en esta perspectiva, las conclusiones de su proyecto relativo a las «regiones menos desarrolladas» para identificar los factores vinculados a la lentitud de los progresos en la tarea de elevar los bajos niveles de desarrollo económico y preparar planes de acción pertinentes que especifiquen medidas para garantizar una política de inversión eficaz;
123. Observa que la gestión de los Fondos EIE sigue siendo compleja, y estos, de difícil acceso para las pymes y los grupos de la sociedad civil; insta a la Comisión a que prosiga sus esfuerzos para simplificar los procedimientos y procesos de los Fondos EIE para todas las partes interesadas a fin de mejorar el impacto, la absorción y la asunción de los Fondos, garantizando al mismo tiempo unos controles financieros eficaces y la eliminación de irregularidades, incluido el fraude; destaca, en particular, la necesidad de abordar los excesos de regulación, simplificar el acceso a los instrumentos financieros y aproximar los regímenes de ayuda a la empresa; pide a la Comisión que incluya plenamente los Fondos EIE en la estrategia «Legislar mejor» de la Unión con el objetivo concreto de reducir las cargas burocráticas para las pymes, y que redoble sus esfuerzos para funcionar como una sola unidad cuando se trate de los Fondos EIE, con una coordinación más eficaz entre las direcciones generales competentes;
124. Subraya el valor de los enfoques ascendentes y de base local del desarrollo regional, que apoyan las estrategias de desarrollo local, crean oportunidades de empleo y fomentan el desarrollo rural sostenible y un mayor uso de las evaluaciones de impacto territorial; considera que los nuevos instrumentos de desarrollo territorial (inversión territorial integrada, desarrollo local participativo y planes de acción conjuntos) tienen la capacidad de responder de manera más eficaz a las necesidades locales, tanto en zonas urbanas como rurales; insta a la Comisión, por consiguiente, a que aplique el Reglamento que cubre su financiación procedente de los Fondos EIE en su conjunto a fin de reforzar las sinergias y revisar su limitada capacidad de absorción;
125. Pide a la Comisión que prevea una mayor flexibilidad del gasto dentro de los programas de los Fondos EIE, con el fin de garantizar inversiones en ámbitos prioritarios de las regiones, respetando al mismo tiempo la necesidad de reducir las disparidades regionales y de lograr el objetivo general de la cohesión territorial con miras a la mejora de la competitividad;
126. Pide a la Comisión, si bien hay que reconocer que algunas de las prioridades de los fondos para el período de programación 2014-2020 pueden ser adecuadas para permitir a los entes locales y regionales que respondan con eficacia a las necesidades sobre el terreno, que evite toda transferencia descendente de fondos preprogramados con el fin de mitigar los efectos de la migración; subraya que los Fondos EIE existen para apoyar un desarrollo regional estable y a largo plazo con vistas a aumentar la competitividad, y no para financiar medidas de emergencia;
127. Pide a la Comisión que colabore con el Parlamento y los Estados miembros, tan pronto como sea posible, en relación con el futuro de los Fondos EIE después de 2020, haciendo claramente énfasis en inversiones específicas que supongan un valor añadido para los contribuyentes; considera valiosas las nuevas ideas sobre la orientación hacia los resultados y sobre los instrumentos de financiación integrados que combinan los múltiples programas de subvenciones y préstamos de la Unión en el ámbito del desarrollo territorial, y el aumento de la ayuda administrativa a los países que se benefician de Fondos EIE paralelamente a una mayor flexibilidad, y una menor intervención, en las inversiones de los contribuyentes netos;
Cuestiones de transporte
128. Destaca la necesidad de hacer avanzar la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) y los corredores de la red central con carácter prioritario, a fin de enlazar las redes de transporte de todas las regiones de la Unión y resolver problemas como la falta de infraestructuras adecuadas, la accesibilidad y la baja interoperabilidad entre las regiones orientales y occidentales de la Unión; subraya la necesidad de desarrollar sinergias entre los recursos financieros del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) y los Fondos EIE a fin de garantizar el mejor uso posible de todos los fondos de la Unión disponibles; considera que, no obstante el Libro Blanco sobre transporte de 2011, la Unión todavía adopta un planteamiento compartimentado y considera cada modo de transporte de una manera demasiado aislada; pide a la Comisión que desarrolle una estrategia para el desarrollo del transporte intermodal y multimodal;
129. Pide a la Comisión que proceda a la aclaración y simplificación de la legislación existente sobre el tiempo de conducción y los períodos de descanso, en particular el Reglamento (CE) n.º 561/2006 relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y el Reglamento (UE) n.º 165/2014 relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera, para mejorar la claridad jurídica para los Estados miembros y los operadores del transporte por carretera, y que facilite la libertad de prestar servicios de transporte en toda la Unión, garantizando al mismo tiempo la aplicación coherente y uniforme de las normas;
130. Señala el acuerdo alcanzado sobre un reglamento que modifique el Reglamento (CE) n.º 1365/2006 sobre estadísticas del transporte de mercancías por vías navegables interiores por lo que se refiere a la atribución de competencias delegadas y de ejecución a la Comisión para la adopción de determinadas medidas; destaca que la tendencia a ampliar el alcance de los diferentes datos estadísticos que deben recogerse (por ejemplo, como en el presente caso, un nuevo sistema de recogida de datos estadísticos sobre el transporte de pasajeros) aportará más burocracia y ningún valor añadido;
131. Insta a la Comisión a que trabaje con vistas a adoptar medidas más eficaces que las previstas en el Reglamento (CE) n.º 868/2004 para hacer frente a la competencia desleal de compañías aéreas de terceros países con patrocinio estatal en el mercado europeo de la aviación, con el fin de garantizar la competencia leal y la igualdad de condiciones para todos los agentes del mercado;
132. Pide a la Comisión que anime a los Estados miembros a que refuercen su cooperación con Euro Contrôle Route con el fin de garantizar una aplicación más eficaz de la legislación vigente de la Unión relativa al fraude en la documentación y la certificación en el sector del transporte por carretera;
133. Toma nota de la preocupación pública por el ruido de los trenes de mercancías como uno de los efectos secundarios del transporte ferroviario con repercusiones ambientales y sanitarias; subraya, no obstante, que el ruido es una cuestión local por definición y debe abordarse en los Estados miembros, y que el objetivo de la reducción del ruido debe equilibrarse con el mantenimiento de la competitividad del transporte ferroviario evitando distorsiones del mercado y una situación de desventaja de las empresas ferroviarias, que requeriría enormes recursos adicionales a la hora de adaptar los vagones;
Política social
134. Observa que los cinco ámbitos de acción clave definidos en la Estrategia de la Comisión para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2010-2015 siguen siendo prioridades válidas para el mandato de la Comisión Juncker (2014-2019) y que los servicios de la Comisión han publicado un documento de trabajo de 40 páginas en el que se describe su «Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019»; pide a la Comisión que, cuando trate de las políticas en el ámbito de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, se centre en la aplicación por los Estados miembros de la legislación existente, y destaque la importancia que revisten los intercambios de mejores prácticas, especialmente cuando los Estados miembros tengan competencias exclusivas, antes de analizar la necesidad de presentar nuevas propuestas legislativas e instrumentos políticos en materia de igualdad de oportunidades;
135. Pide a la Comisión que supervise eficazmente la aplicación de la Directiva 2014/67/UE por parte de todos los Estados miembros; considera que todas las inquietudes expresadas por los Parlamentos de once Estados miembros a través del procedimiento de «tarjeta amarilla» deben ser convenientemente evaluadas por la Comisión; insta encarecidamente a la Comisión a que espere a la plena aplicación de la Directiva 2014/67/UE por los Estados miembros antes de avanzar en su propuesta de revisión de la Directiva 96/71/CE;
136. Recuerda a la Comisión que, de conformidad con el artículo 153 del TFUE, la fijación de las remuneraciones es competencia de los Estados miembros;
137. Apoya los esfuerzos de la Comisión para modificar y revisar el Reglamento (CE) n.º 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social con el fin de tener en cuenta las realidades cambiantes y la diversidad estructural dentro de los Estados miembros y entre ellos; destaca, sin embargo, que el establecimiento y la gestión de los sistemas de seguridad social son una competencia de los Estados miembros que la Unión coordina pero no armoniza;
138. Acoge con satisfacción la retirada por la Comisión de la Directiva sobre el permiso de maternidad (92/85/CEE); considera que el fracaso a la hora de alcanzar un acuerdo sobre la propuesta señala las dificultades para negociar acuerdos a escala de la Unión en el ámbito del empleo y los asuntos sociales;
139. Destaca que, en el contexto de la hoja de ruta de la Comisión sobre «Un nuevo comienzo para afrontar los retos del equilibrio entre vida y trabajo a los que se enfrentan las familias trabajadoras», toda nueva propuesta debe respetar plenamente los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;
140. Recuerda a la Comisión el Informe de los cinco Presidentes, que reconoce, en el contexto de la convergencia social, que no existe un modelo único para todos; cree firmemente, en este contexto, que la propuesta de un pilar de derechos sociales de la Unión debe centrarse, ante todo, en el incremento de la utilización de índices de referencia y en el intercambio de mejores prácticas;
141. Toma nota de la intención de la Comisión de revisar el acervo social; pide a la Comisión que revise la relevancia del acervo a la luz de las nuevas tendencias y detecte las posibilidades de simplificación y reducción de la carga administrativa, en particular mediante la retirada o derogación de medidas legislativas cuando resulte conveniente;
142. Reconoce los grandes objetivos de la Garantía Juvenil en términos de valor potencial para centrar la atención de los Estados miembros en la necesidad de medidas para luchar contra el desempleo juvenil; hace hincapié, no obstante, en el contexto del Informe especial n.º 3/2015 del Tribunal de Cuentas, en la importancia de evaluar la eficacia de los resultados del programa con el fin de crear instrumentos y políticas más específicos; destaca que todo futuro aumento sustancial de la financiación solo debe autorizarse una vez que se hayan abordado las conclusiones y recomendaciones del informe del Tribunal de Cuentas sobre la Garantía Juvenil;
143. Pide a la Comisión que garantice que las propuestas de medidas legislativas y de programas de financiación de la Unión se ajusten a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; se congratula del compromiso de garantizar la accesibilidad a bienes y servicios, incluidos los edificios, junto con mecanismos eficaces de aplicación y de denuncia; pide a la Comisión que, al elaborar futuros actos legislativos en ámbitos relevantes como, por ejemplo, la Agenda Digital, tenga en cuenta que la accesibilidad reviste la misma importancia en el entorno físico que en las TIC;
Política de educación y cultura
144. Destaca la oportunidad que brinda la revisión intermedia del marco financiero plurianual para evaluar la eficacia y el valor añadido de los programas de educación y cultura de la Unión en el actual período de programación, y para garantizar la eficacia de su gestión; pide a la Comisión, en particular, que evalúe el valor añadido de los programas Europa con los ciudadanos y Europa Creativa, en consonancia con el principio de subsidiariedad y con el programa «Legislar mejor»;
145. Acoge con satisfacción la aplicación del programa REFIT de la Comisión a la revisión de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual; pide a la Comisión que aplique activamente las conclusiones del programa REFIT y los resultados de la consulta de las partes interesadas en toda revisión de la Directiva; subraya la necesidad de garantizar la continuidad de las inversiones en el ciclo creativo y el acceso a contenidos de gran calidad para los consumidores, al tiempo que se refuerza la protección de los menores contra los contenidos nocivos y el apoyo a la producción y distribución de obras audiovisuales europeas;
146. Recuerda que el marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020) debe complementar las medidas nacionales y apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos para desarrollar los sistemas de educación y formación; pide a la Comisión, en este contexto, que garantice que se respeten plenamente las competencias de los Estados miembros y, en su caso, regionales en este ámbito y en todas las demás áreas de la política de educación y cultura, y que se cumplan los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; pide a la Comisión que garantice que la comunidad de expertos y las partes interesadas pertinentes, en particular las organizaciones de padres, participen adecuadamente en el trabajo sobre el ET 2020;
147. Apoya los esfuerzos de la Comisión por promover la visibilidad y la transparencia de los títulos de educación superior mediante el proceso de Bolonia; aboga por que se preste más atención a abordar los efectos secundarios del proceso de Bolonia y de los programas de movilidad y a garantizar una mayor flexibilidad a los centros educativos en la organización de sus programas de enseñanza; pide que se preste más atención a la cooperación y el intercambio de mejores prácticas en el ámbito de la enseñanza superior, y a la creación de vínculos con las empresas y las instituciones de enseñanza superior, para garantizar que después de los dieciséis años la educación y la formación profesionales en la Unión proporcionen las capacidades necesarias para el crecimiento y el empleo;
148. Expresa su preocupación por el hecho de que las Escuelas Europeas no hayan conseguido responder a las preocupaciones planteadas por el Tribunal de Cuentas; pide a la Comisión, al tiempo que acoge con satisfacción la aprobación, en 2014, del nuevo Reglamento financiero de las Escuelas Europeas como una forma de responder a algunas de las cuestiones planteadas, que lleve a cabo en 2017 un examen oportuno y global de la gobernanza, la gestión y la organización del sistema de las Escuelas Europeas, habida cuenta de que el 60 % del presupuesto de estas procede del presupuesto de la Unión;
Cuestiones institucionales
149. Pide a la Comisión que reconozca que los entes locales y regionales democráticamente elegidos y sus asociaciones representativas forman parte integrante del proceso legislativo europeo, pero no las partes interesadas ni los grupos de intereses; pide en concreto que se les exima de las obligaciones del registro de transparencia, como ya ocurre en el caso de las regiones individuales;
150. Pide a la Comisión que inicie un procedimiento ordinario de revisión de los Tratados conforme al artículo 48 del Tratado de la Unión Europea con vistas a proponer los cambios del artículo 341 del TFUE y del Protocolo n.° 6 necesarios para permitir que el Parlamento decida sobre la ubicación de su sede y su organización interna;
151. Pide a la Comisión que presente un texto para modificar el Estatuto del Tribunal de Justicia de manera que «Todo Juez que haya tomado parte en el examen de un asunto por una determinada Sala o por la Gran Sala podrá añadir a la sentencia o bien su opinión particular, ya sea concordante o disidente, o bien una simple declaración de disconformidad»;
152. Pide a la Comisión que siga los principios de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad y que respete las excepciones, exenciones y garantías legales actuales y futuras concedidas a algunos Estados miembros por los Tratados y los protocolos y declaraciones anejos;
153. Pide a la Comisión que respete los límites de la soberanía nacional, incluidos los ámbitos relativos a control de las fronteras, inmigración selectiva, normas sociales y política social, legislación en materia de nacionalidad, Derecho penal, Derecho de familia, legislación electoral, políticas de cultura y educación y, en términos más generales, la primacía absoluta de sus constituciones;
154. Pide a la Comisión que demuestre claramente que todas las iniciativas que adopte contra los Estados miembros, como el procedimiento para investigar el Estado de Derecho, tienen un fundamento jurídico sólido y se basan en hechos bien argumentados y en un diagnóstico fiable de la situación;
155. Pide a la Comisión que preste más atención al respeto de la transparencia y la separación de poderes, mediante un cumplimiento más estricto de lo dispuesto en el artículo 290 del TFUE, y, por lo tanto, que no recurra a actos delegados para aprobar medidas legislativas que deben aprobarse con arreglo al procedimiento legislativo ordinario;
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156. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, al Consejo Europeo y a los Parlamentos y los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.