Documento de sesión
16.11.2016
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Comisión
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
sobre las lenguas de signos y los intérpretes profesionales de lengua de signos
( 2016/2952(RSP) )
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz
en nombre del Grupo GUE/NGL
Resolución del Parlamento Europeo sobre las lenguas de signos y los intérpretes profesionales de lengua de signos
( 2016/2952(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vistos los artículos 2, 5, 9, 10, 19, 168 y 216, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y los artículos 2 y 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE),
– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
– Vistas sus resoluciones de 17 de junio de 1988, sobre lenguajes gestuales para sordos[1], y 18 de noviembre de 1998, sobre el lenguaje mímico[2],
– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y su entrada en vigor en la Unión el 21 de enero de 2011, de conformidad con la Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, relativa a la celebración, por parte de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad[3],
– Vista su Resolución, de 7 de julio de 2016, sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con especial atención a las Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas[4],
– Vista la Observación General n.º 4 del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad relativa al derecho a una educación inclusiva[5],
– Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
– Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (en lo sucesivo, «Directiva sobre la igualdad en el empleo»)[6],
– Vista la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales[7],
– Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre Erasmus+ y otros instrumentos para fomentar la movilidad en la EFP – un enfoque basado en el aprendizaje permanente[8],
– Visto el documento del Foro Europeo de la Juventud sobre igualdad y no discriminación[9],
– Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros por lo que se refiere a los requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios ( COM(2015)0615 ),
– Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2012, sobre la accesibilidad de los sitios web de los organismos del sector público ( COM(2012)0721 ),
– Vista la Directiva 2010/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales[10],
– Vista la publicación del Foro Europeo de Intérpretes de Lengua de Signos (EFSLI) sobre los resultados del aprendizaje y las directrices de evaluación en favor de la igualdad de oportunidades de formación para los intérpretes de lengua de signos y unos servicios de calidad para los ciudadanos sordos en toda la Unión[11],
– Vistas las orientaciones del EFSLI y de la Unión Europea de Personas Sordas (EUD) para los intérpretes de lenguas de signos en reuniones internacionales y europeas[12],
– Vistas las orientaciones de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias (AIIC) para los intérpretes de lenguas orales que trabajan en equipos mixtos[13],
– Visto el informe del EFSLI sobre el derecho de quienes trabajan o estudian en el extranjero a servicios de interpretación de lengua de signos[14],
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que, como ciudadanos de pleno derecho, todas las personas con discapacidad, en particular las mujeres y los niños, incluidas las personas sordas e hipoacúsicas, tanto las que utilizan la lengua de signos como las que no, gozan de igualdad de derechos y tienen derecho a una dignidad inalienable, igualdad de trato, una vida independiente, autonomía y plena participación en la sociedad;
B. Considerando que el TFUE impone a la Unión la obligación de luchar contra toda discriminación por razón de discapacidad en la definición y la ejecución de sus políticas y actuaciones (artículo 10), y que le confiere asimismo el poder de adoptar las disposiciones legislativas apropiadas para combatir este tipo de discriminación (artículo 19);
C. Considerando que los artículos 21 y 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíben explícitamente la discriminación por razón de discapacidad y prevén la participación en la sociedad, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad;
D. Considerando que hay aproximadamente un millón de usuarios sordos de lenguas de signos en la Unión[15] y 51 millones de ciudadanos hipoacúsicos[16], muchos de los cuales también usan la lengua de signos;
E. Considerando que las lenguas de signos nacionales y regionales tienen todas las características propias de una lengua natural y poseen una gramática y una sintaxis propias, al igual que las lenguas orales[17];
F. Considerando que la política de multilingüismo de la Unión promueve el aprendizaje de lenguas extranjeras y que uno de sus objetivos es que todos los europeos hablen al menos dos idiomas además de su lengua materna; que el aprendizaje y la promoción de lenguas de signos regionales y nacionales podría apoyar la realización de este objetivo;
G. Considerando que la accesibilidad es un requisito previo para que las personas con discapacidad puedan vivir de manera independiente y participar en la sociedad plenamente y en igualdad de condiciones[18];
H. Considerando que la accesibilidad no se limita únicamente a la accesibilidad física del entorno, sino que comprende la accesibilidad de la información y la comunicación, también en forma de contenidos presentados en lengua de signos[19];
I. Considerando que las misiones y las funciones de los intérpretes profesionales de lenguas de signos son iguales a las de los intérpretes de lenguas orales;
J. Considerando que la situación de los intérpretes de lenguas de signos es heterogénea en los Estados miembros, ya que engloba desde el apoyo informal de familiares hasta los intérpretes profesionales con formación universitaria y plenamente cualificados;
K. Considerando que hay déficit de intérpretes cualificados y profesionales de lenguas de signos en todos los Estados miembros, y que la ratio entre usuarios e intérpretes de lenguas de signos varía entre 8:1 y 2 500:1, con un promedio de 160:1[20];
L. Considerando que ha sido presentada una petición[21] en la que se solicita que el Parlamento admita la presentación de peticiones en lenguas de signos nacionales y regionales de la Unión;
M. Considerando que la Declaración de Bruselas sobre las lenguas de signos en la Unión Europea[22] aboga por un enfoque no discriminatorio del uso de lenguas de signos naturales, como reclama la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que ha sido ratificada por la Unión y por todos los Estados miembros menos uno;
N. Considerando que la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) hace referencia a la lengua de signos en sus artículos 2 (Definiciones), 9 (Accesibilidad), 21 (Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información), 24 (Educación) y 30 (Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte)[23];
O. Considerando que la definición de lenguaje del artículo 2 de la CDPD comprende «tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal» y, por lo tanto, se considera que hacen referencia también a la lengua de signos todos los artículos que mencionen la comunicación o el lenguaje;
P. Considerando que el nivel y la calidad de los subtítulos en la televisión pública y en la privada varía considerablemente entre Estados miembros, pues oscila desde menos del 10 % a casi el 100 % con calidad muy variable[24]; que faltan datos en la mayoría de los Estados miembros sobre el nivel de interpretación en lengua de signos en la televisión;
Q. Considerando que el desarrollo de nuevas tecnologías lingüísticas podría ser beneficioso para los usuarios de lengua de signos;
R. Considerando que, de acuerdo con la CDPD, la denegación de ajustes razonables constituye discriminación, y que, de conformidad con la Directiva sobre la igualdad en el empleo, deben realizarse ajustes razonables para garantizar el respeto del principio de igualdad de trato;
S. Considerando que actualmente no hay un acceso que permita la comunicación directa de ciudadanos sordos, sordociegos e hipoacúsicos con los diputados al Parlamento Europeo y los administradores de las instituciones europeas ni con estas personas desde las instituciones de la Unión;
T. Considerando que, en épocas recientes, se ha producido un cambio desde un punto de vista médico a una perspectiva política y social en la labor de garantía de los derechos, la libertad y la dignidad de las personas con discapacidades, pues a menudo las actitudes y el entorno físico oponen barreras que impiden que las personas con discapacidad disfruten plenamente de sus derechos humanos;
U. Considerando que la parte I de la Carta Social Europea (CSE) de 1961 establece que toda persona inválida tiene derecho a la formación profesional y a la readaptación profesional y social, sea cual fuere el origen y naturaleza de su invalidez;
V. Considerando que el artículo 15 de la CSE revisada establece que toda persona minusválida tiene derecho a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad, y añade que las Partes de la CSE se comprometen a:
– a tomar las medidas adecuadas para procurar a las personas minusválidas orientación, educación y formación profesional en el marco del régimen general, siempre que sea posible, o, en caso contrario, a través de instituciones especializadas, ya sean públicas o privadas;
– a promover su acceso al empleo mediante todas las medidas encaminadas a estimular a los empleadores para que contraten y mantengan empleadas a las personas minusválidas en el entorno habitual de trabajo y a adaptar las condiciones de trabajo a las necesidades de los minusválidos o, cuando ello no sea posible por razón de la minusvalía, mediante el establecimiento o la creación de empleos protegidos en función del grado de incapacidad; estas medidas pueden exigir, en determinados casos, el recurso a servicios especializados de colocación y de apoyo;
– a promover su plena integración y participación social, en particular, mediante la aplicación de medidas, incluidas las ayudas técnicas, dirigidas a superar las barreras a la comunicación y a la movilidad y a permitirles acceder a los transportes, la vivienda, y las actividades culturales y de ocio;
Intérpretes cualificados y profesionales de lengua de signos
1. Destaca la necesidad de intérpretes cualificados y profesionales de lengua de signos, que solamente podrá atenderse mediante el enfoque siguiente:
a) reconocimiento oficial de las lenguas de signos nacionales y regionales en los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea,
b) formación reglada (universitaria o similar, equivalente a tres años de estudios a tiempo completo, lo que corresponde a la formación obligatoria de los intérpretes de lenguas orales)[25],
c) registro (sistema de acreditación oficial y control de calidad, como el perfeccionamiento profesional continuo),
d) reconocimiento oficial de la profesión;
2. Reconoce que la prestación de servicios de gran calidad de interpretación de lengua de signos:
a) depende de una evaluación objetiva de la calidad, con participación de todas las partes interesadas,
b) se basa en cualificaciones profesionales,
c) requiere la participación de expertos representativos de la comunidad de personas sordas;
3. Reconoce que la interpretación de lengua de signos constituye un servicio profesional que merece una remuneración adecuada;
4. Propone que se establezca un código ético que garantice la independencia y la autonomía de las personas sordas en situaciones en las que intervengan intérpretes profesionales de lengua de signos; señala que el secreto profesional y el conocimiento de las obligaciones y las funciones del intérprete profesional de lengua de signos en una situación determinada son fundamentales para garantizar la igualdad de condiciones entre las partes en una situación de comunicación que precise de interpretación; destaca que un código ético permitiría salvaguardar el derecho de las personas sordas a independencia y autonomía en estas situaciones;
Distinción entre accesibilidad y ajustes razonables[26]
5. Reconoce que la accesibilidad beneficia a determinados grupos y se basa en un conjunto de normas que se aplican gradualmente;
6. Es consciente de que no pueden alegarse cargas desproporcionadas o indebidas para justificar que no se garantice la accesibilidad;
7. Reconoce que los ajustes razonables se refieren a la persona y son complementarios del deber de accesibilidad;
8. Señala asimismo que una persona puede solicitar medidas de realización de ajustes razonables incluso una vez satisfecha la obligación de garantizar la accesibilidad;
9. Entiende que la prestación de interpretación de lengua de signos puede constituir una medida de accesibilidad o un ajuste razonable, en función de la situación;
Accesibilidad
10. Destaca que los ciudadanos sordos, sordociegos e hipoacúsicos deben tener acceso a la misma información y comunicación que el resto a través de la interpretación en lenguas de signos, los subtítulos, el reconocimiento vocal o formas de comunicación alternativas, incluida la interpretación de lenguas orales;
11. Aconseja a los Estados miembros que adopten las medidas adecuadas para asegurar el acceso de las personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público;
12. Hace hincapié en que los servicios públicos y gubernamentales, incluidos sus contenidos en línea, deben ser accesibles a través de intermediarios en directo, como intérpretes de lengua de signos presentes in situ, y también de servicios alternativos por internet y remotos, cuando resulte conveniente;
13. Insiste en que los Estados miembros deben garantizar que los servicios de primera línea y de emergencia dispongan del equipo y la capacidad necesarios para recibir comunicaciones de ciudadanos sordos, sordociegos e hipoacúsicos; pide asimismo que los Estados miembros examinen las tecnologías emergentes con miras a garantizar que los ciudadanos sordos, sordociegos e hipoacúsicos dispongan de las tecnologías más actualizadas disponibles para entablar contacto con los servicios de primera línea y de emergencia;
14. Destaca la necesidad de velar por que los servicios de primera línea y de emergencia dispongan de equipo y capacidad para actuar de inmediato ante accidentes y otras situaciones de emergencia que afecten a ciudadanos sordos, sordociegos e hipoacúsicos;
15. Reitera su compromiso de hacer lo más accesible posible el proceso político, entre otros medios, mediante los servicios de intérpretes profesionales de lengua de signos; señala que ello afecta a elecciones, consultas públicas y otros actos, en su caso;
16. Solicita a los Estados miembros que incorporen a asociaciones de personas sordas a la redacción, la concepción y la definición de políticas;
17. Destaca el creciente papel de las tecnologías lingüísticas para ofrecer a todo el mundo acceso en igualdad de condiciones al espacio digital;
18. Reconoce la importancia de unas normas mínimas para garantizar la accesibilidad, especialmente con miras a las tecnologías nuevas y emergentes, como la prestación de servicios por internet de interpretación en lengua de signos y de subtitulado;
19. Señala que aunque la prestación de atención sanitaria es de la competencia de los Estados miembros, debería ocuparse de las necesidades de las personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas, por ejemplo, facilitando intérpretes profesionales de lengua de signos y mediante formación para la sensibilización del personal, dedicando una atención particular a mujeres y niños;
20. Reconoce que la igualdad del acceso a la justicia por parte de las personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas solamente puede garantizarse poniendo a disposición intérpretes profesionales de lengua de signos que posean la cualificación adecuada;
21. Es consciente de la importancia de contar con unos servicios de interpretación y traducción exactos y precisos, en particular en los tribunales y otros contextos jurídicos; insiste, por consiguiente, en la importancia de los intérpretes profesionales de lengua de signos especializados y altamente cualificados, en particular en estos contextos;
22. Destaca la necesidad de aumentar el apoyo y las medidas específicas, como la interpretación de lengua de signos y la información sobre catástrofes accesible en tiempo real y por escrito, en favor de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales[27];
23. Pide a los Estados miembros que garanticen que sus lenguas de signos nacionales gocen de reconocimiento legal y que tomen todas las medidas adecuadas, incluidos el reconocimiento y la promoción del uso de la lengua de signos;
Empleo, educación y formación
24. Señala que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho al trabajo; reconoce que los Estados miembros se han comprometido a garantizar este derecho a las personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas en igualdad de condiciones con las demás;
25. Señala que deben adoptarse medidas de ajuste razonable, entre las que se incluye la prestación de servicios de intérpretes profesionales de lengua de signos, a fin de garantizar el acceso al empleo, la educación y la formación en igualdad de condiciones;
26. Pide que se apoye a las empresas que dedican los recursos necesarios a las personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas; señala que la disponibilidad de los recursos necesarios en las entrevistas de empleo, por ejemplo, contribuye a la integración de las personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas;
27. Destaca que debe facilitarse una información equilibrada y completa sobre la lengua de signos y todo lo que implica la discapacidad auditiva, de manera que los padres puedan tomar decisiones con conocimiento de causa velando por el mejor interés de sus hijos;
28. Pide, reconociendo que la educación es de la competencia de los Estados miembros, que garanticen que las personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas no se vean excluidas del sistema general de enseñanza;
29. Considera necesario, reconociendo que la educación es de la competencia de los Estados miembros, que se conceda a las personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas todo el apoyo técnico necesario, incluida la interpretación, en todas las etapas del sistema de enseñanza;
30. Insiste, reconociendo que la educación es de la competencia de los Estados miembros, en que deben garantizar un sistema de enseñanza incluyente a todos los niveles y organizar la formación permanente de manera que sea accesible para las personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas;
31. Destaca que los programas de intervención temprana son cruciales para los niños en lo que se refiere al desarrollo de capacidades para la vida, incluidas las capacidades lingüísticas; señala asimismo que estos programas idealmente deben incorporar modelos de conducta de personas sordas;
32. Hace hincapié en que los estudiantes sordos, sordociegos e hipoacúsicos y sus padres deben tener la oportunidad de aprender la lengua de signos regional o nacional de su entorno mediante servicios preescolares y en la escuela[28];
33. Subraya que deben tomarse medidas para reconocer y promover la identidad lingüística de las comunidades sordas[29];
34. Pide, en particular, a los Estados miembros que fomenten un entorno para la lengua de signos y la identidad lingüística puedan desarrollarse y fomentarse para todos en escuelas, universidades, lugares de trabajo, clubes deportivos y el conjunto de la sociedad;
35. Pide a los Estados miembros que estimulen el aprendizaje de las lenguas de signos del mismo modo que el de lenguas extranjeras;
36. Destaca que los intérpretes cualificados de lengua de signos y el personal docente competente en lengua de signos y dotado de las capacidades necesarias para trabajar eficazmente en entornos de educación bilingüe incluyente aportan una contribución esencial para el éxito escolar y académico de niños y jóvenes adultos sordos, y propicia la obtención de mejores resultados en la enseñanza y menores tasas de desempleo a largo plazo;
37. Destaca la ausencia generalizada de manuales bilingües de lengua de signos y material didáctico en formatos y lenguajes accesibles;
38. Insta a que se garantice el respeto del principio de libre circulación de las personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas en la Unión, especialmente en el contexto de Erasmus+ y programas de movilidad afines, velando por que no recaigan en los participantes cargas desproporcionadas por tener que ocuparse de las propias necesidades de interpretación;
39. Acoge con satisfacción el proyecto piloto sobre la Tarjeta Europea de Discapacidad; lamenta que la interpretación de lengua de signos no esté incluida en el proyecto, pues ello obstaculiza considerablemente la libertad de circulación de los trabajadores y estudiantes sordos, sordociegos e hipoacúsicos en la Unión;
Instituciones de la Unión Europea
40. Reconoce que las instituciones de la Unión deben representar un ejemplo de mejores prácticas para el personal, los cargos y los becarios, así como ante los ciudadanos de la Unión, en lo que respecta a la realización de ajustes razonables y la accesibilidad, entre ellas, la interpretación de lengua de signos;
41. Acoge con satisfacción el hecho de que las instituciones de la Unión actualmente ya prevén, en función de las necesidades, la accesibilidad de los actos públicos y las reuniones de comisiones; opina que el subtitulado y el reconocimiento vocal deben considerarse medidas alternativas, pero justas y necesarias para las personas hipoacúsicas que no utilizan la lengua de signos, y que también son relevantes para los empleados de las instituciones de la Unión en lo que respecta a la realización de ajustes razonables, de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación;
42. Reconoce que las instituciones de la Unión disponen de un sistema para facilitar la interpretación de lenguas de signos a través de sus respectivos servicios de interpretación, con el fin de garantizar la accesibilidad; insta a las instituciones a que utilicen los sistemas existentes también a la hora de realizar ajustes razonables para el personal o los cargos, a fin de reducir de forma eficaz las cargas administrativas soportadas tanto por las personas como por las instituciones;
43. Insta encarecidamente a las instituciones a que concedan oficialmente a los intérpretes de lenguas de signos la misma consideración que a los intérpretes de lenguas orales por lo que se refiere a los servicios de interpretación que prestan a las instituciones y/o a su personal y sus cargos, incluido el acceso a apoyo tecnológico, material preparatorio y documentos;
44. Insta a Eurostat a que vele por la entrega de estadísticas sobre usuarios sordos, sordociegos e hipoacúsicos de lenguas de signos a las instituciones de la Unión, de manera que puedan definir, aplicar y analizar mejor sus políticas en materia de discapacidad y lenguas;
45. Insta al servicio de visitantes del Parlamento a que atienda a las necesidades de los visitantes sordos, sordociegos e hipoacúsicos ofreciendo directamente acceso en una lengua de signos regional o nacional y servicios de reconocimiento vocal;
46. Pide a las instituciones que ejecuten íntegramente el proyecto piloto de la Unión INSIGN, que responde a la decisión del Parlamento, de 10-13 de diciembre de 2012 sobre la implantación de una aplicación y un servicio de lengua de signos en tiempo real y tiene por finalidad mejorar la comunicación entre las personas sordas e hipoacúsicas y las instituciones de la Unión[30];
47. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.