Documento de sesión
22.11.2016
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
sobre las relaciones entre la Unión Europea y Turquía
( 2016/2993(RSP) )
Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Pascal Durand, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Eva Joly, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Jean Lambert, Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
B8-1276
Resolución del Parlamento Europeo sobre las relaciones entre la Unión Europea y Turquía
( 2016/2993(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Turquía, en concreto la Resolución, de 27 de octubre de 2016, sobre la situación de los periodistas en Turquía[1] y la Resolución, de 14 de abril de 2016, sobre el Informe de 2015 sobre Turquía[2],
– Visto el marco de negociación de la Unión Europea con Turquía, de 3 de octubre de 2005,
– Visto el informe anual de situación sobre Turquía de 2016, publicado por la Comisión el 9 de noviembre de 2016 ( SWD(2016)0366 ),
– Vistas las observaciones formuladas por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante, Federica Mogherini, el 18 de julio de 2016, durante la rueda de prensa conjunta con el secretario de Estado de los EE. UU. John Kerry,
– Visto el Reglamento (UE) n.º 231/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP II)[3],
– Visto el derecho a la libertad de expresión, consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), de los que Turquía es Estado parte,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que la Unión Europea y el Parlamento Europeo han condenado enérgicamente el golpe de Estado fallido en Turquía y reconocido la responsabilidad legítima de las autoridades turcas para llevar ante la justicia a los responsables y participantes en el mismo;
B. Considerando que Turquía es un país candidato a la adhesión a la Unión Europea; que las medidas represivas del Gobierno turco bajo el estado de emergencia son desproporcionadas, violan los valores democráticos en los que se basa la Unión Europea y son contrarias al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; que, desde que tuvo lugar el golpe de Estado, las autoridades han detenido a 10 miembros de la Gran Asamblea Nacional Turca pertenecientes al partido de la oposición HDP y a unos 150 periodistas (el mayor número de detenciones de este tipo en todo el mundo), y que 40 000 personas fueron puestas bajo custodia, de las que más de 31 000 siguen privadas de libertad, y 129 000 empleados públicos siguen suspendidos (66 000) o han sido despedidos (63 000), sin que se haya presentado hasta la fecha acusación alguna contra la mayoría de ellos;
C. Considerando que el presidente Erdogan y el Gobierno turco han realizado declaraciones de manera reiterada sobre la reintroducción de la pena de muerte; que la vicepresidenta / alta representante, Federica Mogherini, ha insistido en que ningún país puede convertirse en un Estado miembro de la Unión si introduce la pena de muerte;
D. Considerando que existe una seria preocupación por las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad y detenidas tras el golpe, vistas las denuncias de torturas, malos tratos y desapariciones forzadas, y por las severas restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Turquía, puesto que apenas quedan medios de comunicación independientes; que la represión política ha dado lugar a un incremento en el número de solicitantes de asilo procedentes de Turquía en determinados Estados miembros;
E. Considerando que el apartado 5 del marco de negociación para la adhesión de Turquía establece que, en caso de violación grave y persistente de los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, la Comisión recomendará la suspensión de las negociaciones y propondrá las condiciones para su eventual reanudación; que Turquía ya no satisface de manera suficiente los criterios de Copenhague, puesto que no respeta los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea; que un cese temporal de las negociaciones comportaría que se interrumpan las conversaciones en curso, no se abran nuevos capítulos ni se emprendan nuevas iniciativas en relación con la adhesión de Turquía, por ejemplo en cuanto a la mejora de la unión aduanera;
1. Condena firmemente las desproporcionadas medidas represivas aplicadas en Turquía desde el fallido golpe de Estado militar de julio; pide a la Comisión y a los Estados miembros que inicien una interrupción temporal de las negociaciones de adhesión en curso hasta que el Gobierno turco regrese a la senda del respeto del Estado de Derecho y los derechos humanos;
2. Encarga a la Comisión que fije unos criterios de referencia claros para la reanudación de las negociaciones de adhesión, en consonancia con lo estipulado en los criterios de Copenhague; reitera que la reintroducción de la pena capital por Turquía daría lugar a una suspensión formal de las negociaciones;
3. Subraya que los trabajos sobre la liberalización de visados solo se reanudarán una vez que Turquía cumpla adecuadamente todos los requisitos previstos en la agenda para la liberalización del régimen de visados y cese el abuso del estado de excepción en el país; insiste en que los Estados miembros deben ponerse de acuerdo sobre un ambicioso plan de reasentamiento de los refugiados y que la Unión ha de poner fin al retorno de los refugiados a Turquía en el marco de la Declaración UE-Turquía sobre migración;
4. Pide a la Comisión que examine las implicaciones de la suspensión de la financiación concedida a Turquía en el marco del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP II), teniendo en cuenta las repercusiones de esa decisión en la sociedad civil turca; sigue comprometido, sin embargo, a mantener a Turquía vinculada a la Unión y apoya a todos los agentes democráticos del país;
5. Considera que no se cumplen en la actualidad las condiciones previstas en la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo sobre las exportaciones de armas a Turquía y pide a los Estados miembros que congelen las exportaciones de armas a dicho país; insta asimismo a todos los Estados miembros afectados a que retiren su personal y material militares de Turquía;
6. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Gobierno y al Parlamento de Turquía, a los Estados miembros y al Servicio Europeo de Acción Exterior.