Documento de sesión
28.11.2016
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
sobre la situación en la República Democrática del Congo
( 2016/3001(RSP) )
Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda, Ivo Belet
en nombre del Grupo PPE
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en la República Democrática del Congo
( 2016/3001(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la República Democrática del Congo (RDC), en particular las de 10 de marzo de 2016[1] y 23 de junio de 2016[2],
– Vistas las declaraciones de la Unión Europea, de 25 de junio de 2016 sobre la situación de los derechos humanos en la RDC, y de 2 de agosto de 2016 y 24 de agosto de 2016 sobre el proceso electoral en la RDC, realizadas a escala local como consecuencia del inicio del diálogo nacional en la RDC;
– Vistos los comunicados de prensa conjuntos, de 16 de febrero de 2016 y 5 de junio de 2016, de la Unión Africana, las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización Internacional de la Francofonía sobre la necesidad de un diálogo político integrador en la RDC y su compromiso de apoyar a las partes interesadas congoleñas en la tarea de consolidar la democracia en el país,
– Vista la declaración del portavoz de la VP/AR, de 15 de agosto de 2016, sobre la situación en la RDC,
– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 23 de mayo de 2016 y 17 de octubre de 2016, sobre la RDC,
– Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la República Democrática del Congo, en particular la Resolución 2293 (2016) sobre la renovación del régimen de sanciones a la RDC y el mandato del Grupo de expertos y la Resolución 2277 (2016) por la que se renueva el mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC (Monusco),
– Vistos los comunicados de prensa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 15 de julio de 2016 y 21 de septiembre de 2016, sobre la situación en la RDC,
– Vistos los informes del Secretario General de las Naciones Unidas, de 9 de marzo de 2016, sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC y la aplicación del Marco de Paz, Seguridad y Cooperación para la RDC y la Región,
– Visto el informe, de 23 de junio de 2016, del Grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre la RDC,
– Vistas las Declaraciones de Nairobi de diciembre de 2013,
– Visto el Marco de Paz, Seguridad y Cooperación para la República Democrática del Congo y la Región, firmado en Adís Abeba en febrero de 2013,
– Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de junio de 1981,
– Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,
– Vista la Constitución de la República Democrática del Congo, aprobada el 18 de febrero de 2006,
– Visto el Acuerdo de Cotonú,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que, según la Constitución de la RDC, el cargo de presidente está limitado a dos mandatos, y que la celebración de las próximas elecciones presidenciales y legislativas estaba inicialmente prevista para finales de 2016, dado que el mandato del presidente Kabila concluye el 20 de diciembre de 2016;
B. Considerando que, durante los últimos dos años, el presidente Joseph Kabila, en el poder desde 2001, está utilizando medios administrativos y técnicos para intentar retrasar las elecciones y permanecer en el poder después de concluir su mandato constitucional; que los retrasos actuales en los preparativos de las elecciones han provocado tensiones políticas, disturbios y violencia sin precedentes en todo el país;
C. Considerando que, en noviembre de 2015, el presidente Kabila anunció el inicio de un diálogo nacional; que, posteriormente, la Unión Africana nombró a Edem Kodjo, antiguo primer ministro togolés, facilitador del diálogo político nacional; que dos de los principales grupos de la oposición se negaron a participar en lo que consideran un diálogo no inclusivo y antidemocrático y una táctica dilatoria;
D. Considerando que la Unión Africana, las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización Internacional de la Francofonía pusieron de relieve conjuntamente la importancia del diálogo y de la búsqueda entre los actores políticos de un acuerdo que respete la democracia y el Estado de Derecho, e instaron a todos los actores políticos congoleños a que hicieran extensiva su plena cooperación a Edem Kodjo;
E. Considerando que, el 18 de octubre de 2016, el presidente Kabila y una parte de la oposición firmaron un acuerdo para posponer las elecciones presidenciales hasta abril de 2017; que, en el marco de este acuerdo, el presidente Kabila, que quedaba así autorizado a permanecer en el poder después de 2016, ha nombrado un nuevo primer ministro interino, Samy Badibanga, miembro de la oposición, a quien ha encargado formar nuevo gobierno;
F. Considerando que el acuerdo prevé la organización de un nuevo censo y de un registro electoral antes de julio de 2017, así como la creación de un comité de seguimiento («Comité de suivi») encargado de supervisar el proceso electoral y de informar mensualmente sobre su aplicación efectiva;
G. Considerando que la celebración pacífica, transparente y oportuna de las elecciones presidenciales y legislativas habría contribuido en gran medida a la consolidación de los avances realizados en la RDC a lo largo de más de una década;
H. Considerando que, desde enero de 2015, funcionarios de seguridad e inteligencia congoleños han reprimido a activistas pacíficos y miembros de la oposición y la sociedad civil que se oponen a los intentos de permitir que el presidente Kabila permanezca en el poder más allá del límite constitucional de dos mandatos;
I. Considerando que los grupos de defensa de los derechos humanos informan continuamente sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos y la libertad de expresión y reunión en la RDC, en particular en lo que se refiere al uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, las detenciones arbitrarias y los juicios por motivos políticos; que, el 18 de noviembre de 2016, fueron detenidos cuatro jóvenes activistas dos días antes de una manifestación prevista contra el Gobierno congoleño en Kinsasa; que actualmente las manifestaciones están prohibidas en Kinsasa y Lubumbashi; que los observadores temen una escalada de la violencia, ya que los líderes de la oposición han reiterado su llamamiento a la huelga general y a la intensificación de las manifestaciones en la calle durante las próximas semanas;
J. Considerando que, el 19 de septiembre de 2016, se produjeron enfrentamientos violentos en Kinsasa entre policías y manifestantes, como consecuencia de los cuales se produjo la muerte de más de cincuenta personas; que cuatro personas murieron cuando las sedes de tres partidos de la oposición fueron incendiadas y saqueadas;
K. Considerando que, según un informe de la Oficina Conjunta para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se han señalado 422 casos de violación de los derechos humanos por miembros de la policía y las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones celebradas entre los días 19 y 21 de septiembre de 2016;
L. Considerando que, como consecuencia de ello, el fiscal general de la Corte Penal Internacional envió el 16 de octubre de 2016 una delegación a la RDC para evaluar sobre el terreno la grave situación en cuanto a los derechos humanos y la violencia en el país;
M. Considerando que la libertad de los medios de comunicación en la RDC se ha deteriorado gravemente al verse limitada por amenazas y ataques constantes a los periodistas; que las autoridades han clausurado al menos diez medios de comunicación y emisoras de radio durante los últimos dos años; que, el 14 de noviembre de 2016, fue asesinado en su ciudad natal un periodista de la televisión a manos de una docena de hombres armados; que la RDC ocupa actualmente el puesto 152 —de 180 países— en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras;
N. Considerando que, en septiembre de 2016, los Estados Unidos de América impusieron sanciones a dos altos funcionarios congoleños como respuesta a sus actos de desestabilización del proceso democrático o de las instituciones de la RDC;
O. Considerando que la situación se ve agravada por la persistencia y la consolidación de la impunidad en la RDC; que la situación de la seguridad en la RDC sigue deteriorándose, en particular en la parte oriental del país, debido a la violencia provocada por más de treinta grupos armados extranjeros y nacionales, con continuas denuncias de violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional, incluidos ataques dirigidos específicamente contra los civiles, violencia sexual y de género generalizada, reclutamiento sistemático y abuso de menores por parte de grupos armados y ejecuciones extrajudiciales;
P. Considerando que, en opinión de los organismos humanitarios, la inestabilidad política está sumiendo al país en el caos y provocando que su población, ya debilitada por las distintas crisis pasadas y actuales, caiga en la pobreza extrema y la inseguridad, ya que más de cinco millones de personas necesitan asistencia actualmente;
Q. Considerando que, en el período 2014-2020, el Programa Indicativo Nacional para la RDC, financiado con 620 millones de euros procedentes del 11.º Fondo Europeo de Desarrollo, otorga prioridad a la consolidación de la gobernanza y el Estado de Derecho, incluida la reforma del sistema judicial, la policía y el ejército;
1. Lamenta que el Gobierno y la CENI (Comisión Nacional Electoral Independiente) no organicen las elecciones presidenciales dentro del plazo constitucional; reitera su llamamiento en favor de la celebración satisfactoria y oportuna de las elecciones, en el pleno respeto de la Constitución congoleña y de la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza, e insiste en la responsabilidad del Gobierno congoleño de garantizar un entorno favorable para celebrar, lo antes posible, elecciones transparentes, creíbles e inclusivas;
2. Toma nota del acuerdo firmado el 18 de octubre de 2016 entre el presidente Kabila y una parte de la oposición; recuerda que en este acuerdo y en el diálogo político que condujo a su firma no se incluyó a todas las partes de la oposición ni se alcanzó un consenso sobre la transición política; pide a todas las partes que participen de manera constructiva en una solución más consensuada que garantice la celebración de elecciones creíbles, pacíficas y transparentes lo antes posible, como muy tarde antes de abril de 2018; recuerda que el mandato del presidente Kabila finaliza el 20 de diciembre y que el cargo de presidente está limitado por la Constitución a dos mandatos;
3. Insta a todos los actores políticos a que entablen un diálogo pacífico y constructivo para evitar un agravamiento de la crisis política actual y que se abstengan de cometer otros actos de violencia y provocaciones; acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la CENCO (Conferencia Episcopal Nacional del Congo) para alcanzar un consenso más amplio sobre la transición política; pide a las autoridades y a la oposición que se abstengan de todo acto o declaración que pueda provocar más disturbios;
4. Expresa su profunda preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos y el aumento de las restricciones del espacio político en la RDC, y en particular por la instrumentalización del sistema judicial y por la violencia y la intimidación a que se enfrentan los defensores de los derechos humanos, opositores políticos y periodistas; pide la inmediata liberación de todos los presos políticos; pide a las autoridades que revoquen inmediatamente todas las restricciones a los medios de comunicación;
5. Condena firmemente los actos de violencia cometidos en el país los días 19 y 20 de septiembre de 2016, e insiste en el deber del Gobierno de respetar, proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos; recuerda que la libertad de expresión, asociación y reunión constituye la base de una vida política y democrática dinámica y que debe prohibirse todo recurso a la violencia contra manifestaciones pacíficas;
6. Pide que se lleve a cabo una investigación completa, exhaustiva y transparente sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas durante las protestas, con el fin de identificar a los responsables y exigirles responsabilidades;
7. Pide a la VP/AR y a los Estados miembros que hagan pleno uso de todos los instrumentos políticos, incluidas las recomendaciones formuladas en el informe final de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2011 y en el informe de la misión de seguimiento que tuvo lugar en 2014, y de la presión política al más alto nivel para evitar la propagación de la violencia electoral en la RDC y una mayor desestabilización de la región de los Grandes Lagos;
8. Reitera su llamamiento a la Unión Europea para que imponga sin demora sanciones específicas a los responsables de la violenta represión y de actos dirigidos a socavar el proceso democrático en la RDC, entre las que figuren la prohibición de viajar y la congelación de activos, de acuerdo con las Conclusiones del Consejo de 17 de octubre de 2016; destaca que la Unión Europea debe recurrir a las sanciones como medio para entablar contactos políticos al más alto nivel posible, también en el marco del diálogo político de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú, exigiendo garantías claras por parte del presidente y el nuevo Gobierno por lo que respecta a la organización de elecciones presidenciales y legislativas y al respeto de la Constitución congoleña;
9. Pide a la delegación de la Unión Europea que siga supervisando de cerca la evolución de la situación en la RDC y utilice todos los instrumentos y herramientas adecuados para apoyar a los defensores de los derechos humanos y a los movimientos en favor de la democracia; pide a la VP/AR que considere la posibilidad de aumentar las capacidades de mediación de la delegación de la Unión Europea para cooperar con la Unión Africana con el fin de apoyar un diálogo político más inclusivo y evitar el agravamiento de la crisis política y la propagación de la violencia;
10. Reitera su apoyo a la Unión Africana como facilitadora del diálogo político en la RDC; destaca su papel fundamental en la prevención de una crisis política en África Central, y pide que se intensifique su compromiso en favor del pleno respeto de la Constitución congoleña; pide un diálogo permanente entre los países de la región de los Grandes lagos para evitar una mayor desestabilización; acoge con satisfacción, a este respecto, la organización de la Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos con el fin de evaluar la situación en la RDC, celebrada en Luanda en octubre de 2016;
11. Recuerda que la paz y la seguridad son condiciones indispensables para unas elecciones satisfactorias y un entorno político estable; se felicita, a este respecto, por la renovación del mandato de la Monusco y el refuerzo de sus competencias para proteger a los civiles y defender los derechos humanos en el contexto electoral;
12. Reitera su profunda preocupación por la alarmante situación humanitaria en la RDC; pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que sigan apoyando a la población de la RDC con miras a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables y abordar las consecuencias de los desplazamientos, la inseguridad alimentaria y las catástrofes naturales;
13. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Unión Africana, al Presidente, al Primer Ministro y al Parlamento de la República Democrática del Congo, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.