Documento de sesión
B8-0271/2017 /rev.
24.4.2017
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Comisión
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
sobre la situación en Venezuela
( 2017/2651(RSP) )
Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso
en nombre del Grupo PPE
B8-0271/2017 /rev.
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela
( 2017/2651(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus numerosas resoluciones, en particular las de 27 de febrero de 2014, sobre la situación en Venezuela[1], de 18 de diciembre de 2014, sobre la persecución de la oposición democrática en Venezuela[2], de 12 de marzo de 2015, sobre la situación en Venezuela[3], y de 8 de junio de 2016, sobre la situación en Venezuela[4],
– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,
– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Venezuela es parte,
– Vista la Carta Democrática Interamericana, adoptada el 11 de septiembre de 2001,
– Vista la Constitución de Venezuela, y en particular sus artículos 72 y 233,
– Vista la declaración, de 31 de marzo de 2017, del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, sobre la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de asumir los poderes legislativos de la Asamblea Nacional,
– Vistas las advertencias contenidas en los informes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de 30 de mayo de 2016 y de 14 de marzo de 2017, sobre Venezuela, y visto el llamamiento de su secretario general en favor de una convocatoria urgente del Consejo Permanente, de conformidad con el artículo 20 de la Carta Democrática, para examinar la crisis política de Venezuela,
– Vista la carta, de 27 de marzo de 2017, de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini, sobre el deterioro y la grave crisis política, económica y humanitaria en Venezuela,
– Vista la declaración de la OEA, firmada por catorce de sus Estados miembros el 13 de marzo de 2017, en la que se solicita que Venezuela convoque inmediatamente elecciones, libere a los presos políticos y reconozca la separación de poderes consagrada en su Constitución, entre otras medidas,
– Vista la Resolución del Consejo Permanente de la OEA, de 3 de abril de 2017, sobre los recientes acontecimientos en Venezuela,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que, el 27 de marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano dictó una sentencia por la que declaraba inconstitucional todo acto legislativo aprobado por la Asamblea Nacional; que el apoyo a la Carta Democrática Interamericana fue calificado como un acto de traición, pese a tratarse de un documento jurídico firmado por Venezuela; que, el 29 de marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano dictó la sentencia por la que declaraba a la Asamblea Nacional en desacato, anulaba sus decisiones y competencias, y establecía que el Tribunal Supremo de Justicia asumía la función legislativa;
B. Considerando que el poder legislativo solo puede ser ejercido por representantes elegidos debidamente y de forma democrática;
C. Considerando que las decisiones se tomaron sin ninguna base constitucional, ni en cuanto a los poderes otorgados a la Asamblea Nacional (artículo 187 de la Constitución) ni en cuanto a los de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo (artículo 336 de la Constitución);
D. Considerando que la fiscal general del Estado, Luisa Ortega Díaz, nombrada por el Gobierno venezolano, rechazó la decisión del Tribunal Supremo por violar el orden constitucional;
E. Considerando que las decisiones del Tribunal Supremo venezolano infringen tanto las disposiciones constitucionales sobre la separación de poderes como la obligación impuesta a todos los jueces de respetar y proteger la integridad de la Constitución de Venezuela (artículo 334);
F. Considerando que previamente el Tribunal Supremo había declarado en desacato a la Asamblea Nacional y anulado sus decisiones y competencias el 1 de agosto de 2016 y el 5 de septiembre de 2016 mediante la sentencia n.º 808;
G. Considerando que las normas universales y los acuerdos regionales e internacionales de los que es parte Venezuela, y que, por lo tanto, está obligada a aplicar, definen la separación de poderes como una garantía fundamental para proteger los derechos de los ciudadanos y defender la democracia y el Estado de Derecho, que son condiciones previas para la existencia de la democracia representativa;
H. Considerando que el presidente Nicolás Maduro, bajo la presión internacional, solicitó al Tribunal Supremo que revisara la decisión de anular los poderes de la Asamblea Nacional; que, el 1 de abril de 2017, el Tribunal Supremo dictó nuevas sentencias que parecían restablecer la autoridad de la Asamblea Nacional;
I. Considerando que la coalición opositora venezolana, la MUD, obtuvo 112 de los 167 escaños en la Asamblea Nacional unicameral, es decir, una mayoría de dos tercios frente a los 55 escaños del PSUV; que posteriormente el Tribunal Supremo impidió la toma de posesión de los escaños de cuatro representantes recién elegidos a la Asamblea Nacional, tres de ellos de la MUD, privando así a la oposición de su mayoría de dos tercios;
J. Considerando que resulta alarmante que las últimas detenciones arbitrarias hayan elevado el número de presos políticos a 117, incluidos importantes dirigentes políticos como Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos y Yon Goicoechea;
K. Considerando que se ha inhabilitado políticamente durante quince años al dirigente de la oposición y antiguo candidato presidencial Henrique Capriles; que esta decisión está basada en presuntas acusaciones de «irregularidades administrativas» durante sus funciones como gobernador del Estado Miranda;
L. Considerando que las fuerzas de seguridad venezolanas, incluidas la guardia nacional y la policía nacional, han empleado, en repetidas ocasiones y desde el inicio de las protestas, una fuerza brutal contra manifestantes pacíficos, entre ellos miembros del Congreso, opuestos a la decisión de anular las competencias de la Asamblea Nacional; que lo anterior ha conllevado la muerte de más de veinte personas, un gran número de heridos y muchas detenciones;
M. Considerando que el Gobierno, alegando la falta de recursos financieros, suspendió las elecciones locales y regionales previstas para diciembre de 2016, y ha impedido la celebración de un referéndum revocatorio —una disposición constitucional que permite que el 20 % de los electores solicite la destitución de un presidente—, a pesar de que se cumplían todos los requisitos constitucionales, y que ha amenazado con interrumpir todos los procesos electorales indefinidamente;
N. Considerando que la celebración de elecciones periódicas, justas e inclusivas con arreglo al artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos representa un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática basada en los derechos humanos y el Estado de Derecho;
1. Condena la continua e inconstitucional violación del orden democrático en Venezuela, incluida la reciente sentencia dictada por el Tribunal Supremo venezolano con el fin de asumir las competencias legislativas de la Asamblea Nacional, así como la falta de la separación de poderes y de independencia de los poderes del Estado;
2. Rechaza firmemente las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela de suspender las competencias de la Asamblea Nacional y de arrogárselas él mismo, en clara violación de las normas democráticas internacionales y del orden constitucional de Venezuela; toma nota de la reciente revisión de algunos elementos de estas decisiones e insta al Gobierno de Venezuela a que garantice la plena restauración del orden democrático;
3. Expresa su profunda preocupación por el grave deterioro de la democracia, los derechos humanos y la situación socioeconómica en Venezuela, caracterizada por un clima de creciente violencia política e inestabilidad social;
4. Pide al Gobierno y al Tribunal Supremo de Venezuela que respeten la Constitución, y en particular las competencias conferidas a todos los miembros del Parlamento debidamente elegidos;
5. Pide al Gobierno de Venezuela que preserve la separación de poderes y su independencia, y que restablezca y respete la plena autoridad constitucional y competencias de la Asamblea Nacional; recuerda que la separación de poderes es un principio esencial de los Estados democráticos que se rigen por el Estado de Derecho;
6. Pide al Gobierno venezolano que garantice la puesta en libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos; recuerda que la liberación de los presos políticos fue aprobada por la Asamblea Nacional a través de la Ley de Reconciliación Nacional, vetada por decisión del poder ejecutivo; insiste en que solo será posible alcanzar una solución pacífica y duradera para Venezuela si se respeta plenamente la libertad de expresión, poniendo así fin a la existencia de presos políticos en el país;
7. Pide al Gobierno de Venezuela que respete la Constitución y presente un calendario electoral que permita la rápida celebración de procesos electorales libres y transparentes, ya que esta es la única vía para superar el estancamiento político actual;
8. Condena enérgicamente la decisión de la Contraloría General de la República de inhabilitar políticamente durante quince años al líder de la oposición Henrique Capriles; pide al Gobierno de Venezuela que ponga fin a la práctica de relegar a los dirigentes de la oposición privándoles de sus derechos políticos;
9. Acoge con satisfacción la Resolución adoptada por el Consejo Permanente de la OEA el 3 de abril de 2017 y pide a la VP/AR que la apoye; pide también a la VP/AR que analice activamente, junto con la OEA, otras medidas que permitan volver al orden democrático mediante el ejercicio efectivo de la democracia y del Estado de Derecho dentro del marco constitucional venezolano;
10. Condena enérgicamente la represión brutal ejercida por las fuerzas de seguridad venezolanas contra los manifestantes pacíficos, que ha conllevado la muerte de más de veinte personas, un gran número de heridos y muchas detenciones; pide al Gobierno de Venezuela que respete y garantice el derecho constitucional a la libertad de reunión pacífica y a la manifestación, y que investigue todas las muertes que se han producido; pide a las autoridades venezolanas que garanticen la seguridad y el libre ejercicio de los derechos a todos los ciudadanos, en particular los defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas políticos y miembros de organizaciones no gubernamentales independientes, que corren un mayor riesgo de sufrir ataques y detenciones arbitrarias;
11. Pide a las autoridades venezolanas que permitan la entrada de ayuda humanitaria al país con carácter de urgencia y concedan acceso a las organizaciones internacionales que deseen prestar asistencia a los sectores más afectados de la sociedad;
12. Reitera su petición de que sea enviada a Venezuela una delegación del Parlamento Europeo que entable lo antes posible un diálogo con todos los interlocutores implicados en el conflicto;
13. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al secretario general de la Organización de los Estados Americanos.