Documento de sesión
24.4.2017
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Comisión
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
sobre la situación en Venezuela
( 2017/2651(RSP) )
Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis
en nombre del Grupo GUE/NGL
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela
( 2017/2651(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Visto el capítulo 1, artículo 1, apartado 2, de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, en el que se declara como uno de los propósitos de las Naciones Unidas el de «fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal»,
– Vistos el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en los que se afirma que «todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación» y que, «en virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural»,
– Vista la declaración realizada en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión, de 27 de enero de 2013, en la que los signatarios reafirmaron su compromiso con todos los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, así como su respaldo a todos los esfuerzos por defender la igualdad soberana de todos los Estados y respetar su integridad territorial y su independencia política,
– Vista la declaración de Latinoamérica y el Caribe como zona de paz, acordada en las anteriores cumbres de la CELAC,
– Visto el principio de no intervención establecido en la Carta de las Naciones Unidas,
– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,
– Vista la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961,
– Vistas las anteriores declaraciones sobre la situación en Venezuela formuladas por el Mercosur, la Unasur y la CELAC, en particular aquellas en las que se rechazan las medidas coercitivas unilaterales decretadas por los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela,
– Vistas las anteriores declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre Venezuela,
– Vistas sus once Resoluciones anteriores sobre Venezuela,
– Vista la declaración del almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, realizada el 6 de abril de 2017,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha denunciado repetidamente la injerencia externa, las campañas de desestabilización y de desinformación en el país, la manipulación de la opinión pública y la violencia promovida por algunos sectores de la oposición contra la soberanía, la independencia, la paz y la estabilidad democrática del país y contra el pueblo venezolano;
B. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela ve su paz y su soberanía amenazadas desde dentro y fuera del país en un momento en que Venezuela también debe hacer frente a una guerra económica insólita, que se ha recrudecido en los últimos meses debido al aumento de los precios, al contrabando de bienes y al almacenamiento de productos; que esta situación extraordinaria ha acarreado problemas sociales, económicos, políticos, ecológicos y medioambientales;
C. Considerando que, en diciembre de 2014, el entonces presidente de los Estados Unidos Barack Obama anunció un proyecto de ley, aprobado después por el Senado estadounidense, que imponía sanciones unilaterales y extraterritoriales contra el pueblo y el Gobierno de Venezuela hasta 2019; que el conjunto de los 33 Estados de América Latina y el Caribe ha condenado y rechazado esas sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos a Venezuela y que, en la declaración de Bruselas de la segunda cumbre UE-CELAC, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión tomaron nota del rechazo por parte de la CELAC de dichas sanciones estadounidenses contra la República Bolivariana de Venezuela; que el Gobierno de Venezuela ha reaccionado a las sanciones anunciando una serie de medidas al amparo de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas;
D. Considerando que, el 9 de marzo de 2015, el entonces presidente de los Estados Unidos Barack Obama firmó una orden ejecutiva en la que se califica a la República Bolivariana de Venezuela de amenaza excepcional y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos; que la orden ejecutiva permite a los Estados Unidos emplear recursos nacionales de emergencia para hacer frente a dicha amenaza, como la aplicación de sanciones contra el país en cuestión;
E. Considerando que la declaración del almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, de 6 de abril de 2017, ha sido interpretada como un acto de agresión contra Venezuela, contrario a la doctrina de la seguridad colectiva regional; que dicha declaración tenía por objeto generar incertidumbre e inestabilidad en el país y forma parte de una estrategia de intervención en la región contra los Gobiernos progresistas;
F. Considerando que uno de los componentes del actual proceso de desestabilización en Venezuela ha sido, y sigue siendo, la financiación multimillonaria de organizaciones y partidos políticos contrarios al Gobierno durante más de doce años por parte de agencias estadounidenses tales como la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) y la Fundación Nacional para la Democracia; que el presidente Obama autorizó un fondo especial de 5,5 millones de dólares para financiar grupos opositores al Gobierno venezolano por medio del Departamento de Estado estadounidense;
G. Considerando que la Organización de los Estados Americanos (OEA), y en particular su secretario general, ha intentado en repetidas ocasiones intervenir en la situación interna de Venezuela y legitimar por cualquier medio la activación de la Carta Democrática Interamericana, que prevé la posibilidad de llevar a cabo una intervención exterior en el país;
H. Considerando que esta actuación de la OEA contraviene el derecho de todos los pueblos a la libre determinación, así como su derecho a establecer libremente su condición política y proveer libremente a su desarrollo económico, social y cultural; que, recientemente, la OEA ha adoptado decisiones ilegítimas contra Venezuela en una sesión ilegal que se celebró contra la voluntad de Bolivia y Haití, cuyos representantes son en la actualidad, respectivamente, el presidente y el vicepresidente de la OEA;
I. Considerando que se impidió que Venezuela asumiera la presidencia pro tempore del Mercosur, con el fin de aislar al país y expulsarlo de esta organización; que la Unión y el Mercosur están negociando actualmente la celebración de un acuerdo de libre comercio;
J. Considerando que la Unión ha realizado varias declaraciones con el objetivo de interferir e influir en la situación interna de Venezuela;
K. Considerando que las principales corporaciones mediáticas internacionales ofrecen una información sesgada sobre la situación en Venezuela; que se está manipulando la información y se están divulgando noticias falsas y rumores sobre Venezuela cuyo único fin es justificar una intervención en el país;
L. Considerando que el Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado, formado por víctimas de la violencia y sus familiares, ha pedido a la comunidad internacional que se abstenga de instrumentalizar políticamente los derechos humanos y que no coopere con los agentes políticos venezolanos que intentan silenciar o manipular los actos de violencia y odio que viene sufriendo Venezuela desde febrero de 2014; que los familiares de las víctimas han pedido que se juzgue a los responsables de estos actos y que se ponga fin a la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela;
M. Considerando que en los últimos quince años se han celebrado veinte comicios en Venezuela; que la oposición fue la vencedora de las últimas elecciones parlamentarias, lo que resta todo fundamento al argumento de la inexistencia de democracia en Venezuela; que, pese a la celebración de elecciones democráticas, una parte de la oposición se sigue negando a reconocer la legitimidad del Gobierno; que la oposición reconoció de forma oportunista el resultado de los últimos comicios y abogó por el respeto de la Constitución venezolana, a pesar de haberse opuesto siempre a ella;
N. Considerando que, desde las últimas elecciones a la Asamblea Nacional, algunos sectores de la oposición han contribuido a desestabilizar el país, utilizando los poderes legislativos puestos a su disposición para sus propios fines; que en febrero de 2016 la Asamblea Nacional aprobó por mayoría la Ley de amnistía, una ley inconstitucional destinada a liberar a personas responsables de delitos cometidos contra el pueblo venezolano y el Gobierno legítimo del país, como los responsables del asesinato de 43 ciudadanos de a pie durante las «guarimbas» (protestas);
O. Considerando que el 9 de enero de 2017 la Asamblea Nacional adoptó una decisión inconstitucional propuesta por la oposición parlamentaria con objeto de deslegitimar al presidente Nicolás Maduro y a su Gobierno;
P. Considerando que en mayo de 2016, a petición y por iniciativa del presidente Nicolás Maduro, un comité de la Unasur prosiguió los esfuerzos por fomentar el diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición con el fin de abordar cuestiones fundamentales para la nación; que entre los miembros del equipo responsable del programa del diálogo figuran el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de Panamá, Martín Torrijos, el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, y un representante especial de su santidad el papa Francisco; que, en este contexto, las Naciones Unidas han promovido las iniciativas en curso de antiguos jefes de Estado y de Gobierno destinadas a fomentar el diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición, bajo los auspicios de la Unasur;
Q. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela fue elegida, con amplio apoyo, miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; que ha aceptado el 97 % de las recomendaciones del último Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de 2011; que el 80 % de las recomendaciones eran de aplicación directa y el Estado venezolano se ha comprometido a aplicar las demás recomendaciones aceptadas; que en octubre de 2014 Venezuela fue elegida asimismo para ocupar uno de los cinco puestos rotatorios en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2015-2016, por 181 votos a favor de un total de 193; que los días 6 y 7 de noviembre de 2014 el Estado venezolano compareció ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, que examinó el cumplimiento por Venezuela de las disposiciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;
R. Considerando que en septiembre de 2016 se celebró en Venezuela la XVII Cumbre del Movimiento No Alineado y que Venezuela asumió su presidencia rotatoria;
S. Considerando que Venezuela es el quinto mayor exportador de petróleo del mundo y dispone de las mayores reservas mundiales probadas de esta materia prima; que, según el proyecto de presupuesto para 2015, el 38 % del gasto público se destinará a inversiones sociales ―esto es, educación, vivienda, desarrollo urbanístico, atención sanitaria, seguridad social, cultura, comunicaciones, ciencia y tecnología―, lo cual representa un 8,2 % del PIB de Venezuela;
T. Considerando que, entre 2006 y 2013, Venezuela escaló trece posiciones en el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, llegando a situarse en el puesto 71 entre 187 países; que, durante el último decenio, el Gobierno de Venezuela ha aumentado los gastos sociales en más de un 60,6 %; que Venezuela es actualmente el país con la tasa de desigualdad más baja de toda la región;
U. Considerando que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), en Venezuela ha disminuido considerablemente la tasa de pobreza y ha aumentado la esperanza de vida; que la tasa de extrema pobreza descendió en 2015 hasta su nivel más bajo, esto es, el 5,4 %, frente al 21 % registrado en 1998; que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha felicitado al Gobierno de Venezuela por haber reducido considerablemente el número de personas afectadas por la malnutrición, cumpliendo así uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;
1. Condena firmemente la injerencia externa permanente y las medidas de desestabilización política, económica y social adoptadas contra la República Bolivariana de Venezuela;
2. Destaca que el empeño en aplicar una estrategia intervencionista contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela no está contribuyendo en modo alguno a crear espacios para el diálogo y la paz;
3. Reafirma el derecho del pueblo venezolano a decidir de forma soberana y pacífica sobre su vía de desarrollo, sin injerencia o presión externa alguna;
4. Reitera su pleno respeto del principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, en consonancia con el Derecho internacional;
5. Condena las acusaciones relativas a una «supuesta crisis humanitaria» en Venezuela, destinadas a reforzar la injerencia externa y a impulsar una campaña a favor de la intervención en el país;
6. Lamenta profundamente las injerencias de los Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea o cualquier país en los asuntos internos de otros países; pide que se respete el derecho de todos los pueblos a la libre determinación, a establecer libremente su condición política y a proveer libremente a su desarrollo económico, social y cultural;
7. Denuncia los objetivos antidemocráticos e insurreccionales de la campaña de desestabilización; pone de relieve los intereses imperialistas de los Estados Unidos, que desea garantizarse el acceso a los recursos petroleros de Venezuela, y su objetivo político de debilitar a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA);
8. Condena la decisión de los Estados Unidos de mantener las sanciones contra Venezuela; rechaza la orden ejecutiva que considera a la República Bolivariana de Venezuela como «una amenaza excepcional y extraordinaria» para la «seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos»; exige su derogación inmediata;
9. Condena las declaraciones realizadas por el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos el 6 de abril de 2017, que auguran un intento de agresión contra un país soberano;
10. Critica los últimos acontecimientos registrados en el seno de la OEA que demuestran la falta de democracia en esta organización y el papel intervencionista que desempeña permanentemente contra la voluntad soberana de los pueblos de América Latina;
11. Critica los últimos acontecimientos registrados en el seno del Mercosur, cuyo objetivo es impedir que Venezuela asuma la presidencia de la organización;
12. Denuncia la «instrumentalización» sesgada de los derechos humanos con fines políticos por parte de la Unión, en particular en el caso de Venezuela;
13. Rechaza firmemente cualquier intento de la Unión de aplicar sanciones u otras medidas contra Venezuela y su pueblo;
14. Subraya que el diálogo con terceros países no debería, en ningún caso, implicar la imposición de restricciones al derecho a la autodeterminación de los pueblos;
15. Deplora el papel desempeñado por la mayoría de las agencias internacionales de comunicación en la difusión de rumores y la utilización de información falsa con el objetivo de socavar la legitimidad del Gobierno venezolano y generar una atmósfera de violencia; recuerda que la libertad de información es un derecho humano fundamental y pide a los medios de comunicación internacionales que actúen con responsabilidad y traten los acontecimientos de manera justa, precisa y equilibrada, lo que no es actualmente el caso;
16. Reconoce la grave crisis económica que afronta Venezuela en la actualidad; reconoce, no obstante, que esta crisis económica tiene su origen principalmente en la injerencia externa, tanto mediante las sanciones impuestas al país como por la caída del precio del petróleo, así como por una estrategia orquestada de desestabilización económica interna dirigida por algunos sectores de la oposición y actores económicos de primer orden del país que controlan la producción y la distribución de bienes, en particular en el ámbito de la alimentación y la medicina; recuerda que esta estrategia interna ha provocado una escasez de bienes, agravada por las acciones coordinadas de grupos que trabajan con los llamados «bachaqueros», que tienen como objetivo agotar las existencias de los establecimientos comerciales en el momento de su reaprovisionamiento para aumentar los precios de los productos, venderlos en el mercado negro o distribuirlos para su falsificación, situación que ha contribuido a las elevadas tasas de inflación que se registran en el país; recuerda que estas estrategias han sido apoyadas por la retirada sistemática del mercado de los billetes de 100 bolívares, los billetes más importantes para la economía, como lo confirma el descubrimiento de, literalmente, toneladas de estos billetes en países como Colombia y Paraguay; recuerda que, a pesar de este grave ataque contra la economía, Venezuela ha mantenido sus compromisos internacionales en materia de deuda externa y ha continuado destinando un porcentaje significativo de su presupuesto al desarrollo social, que representa más del 70 % del presupuesto anual;
17. Toma nota del respeto mostrado por las instituciones venezolanas por la Constitución, lo que contrasta con la falta de respeto y la actitud de confrontación permanentes de las que ha hecho gala la mayoría de la Asamblea Nacional;
18. Apoya los principios contenidos en la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz e insta a toda la comunidad internacional a que respete plenamente esta Proclama en sus relaciones con los países de la CELAC, incluido el compromiso de no intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de cualquier otro Estado y de observar los principios de soberanía nacional, igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos;
19. Se felicita por la aplicación de políticas de inclusión social en Venezuela basadas en la responsabilidad social y la justicia, la igualdad, la solidaridad y los derechos humanos, que han contribuido a reducir la desigualdad en el país, teniendo en cuenta, en particular, las medidas de desarrollo social y los importantes avances registrados en la reducción de la pobreza o en el ámbito de la educación, incluida la erradicación del analfabetismo en 2005 y el importante aumento del número de estudiantes de educación superior;
20. Recuerda la importancia del papel de Venezuela en el establecimiento y consolidación de un proceso de cooperación e integración que beneficie a los pueblos de América Latina; subraya los progresos significativos realizados en materia de integración y cooperación regional con este fin; acoge con satisfacción los importantes logros de la ALBA en los ámbitos de la salud, la educación, la cultura y la integración financiera;
21. Reconoce que los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) son conscientes de la ardua labor realizada por el Gobierno venezolano en materia de promoción y protección de los derechos humanos, la justicia y la paz para contener los planes de intervención internacional dirigidos contra Venezuela, que amenazan la estabilidad, no solo de esta nación hermana, sino de toda la región;
22. Apoya la iniciativa de diálogo promovida por el presidente Nicolás Maduro, con la ayuda de la UNASUR, entre representantes del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la oposición, con la participación de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España; Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana; Martín Torrijos, expresidente de Panamá; y un representante especial de su santidad el papa Francisco; apoya el papel desempeñado por la UNASUR y otras organizaciones como la CELAC y ALBA, que promueven que este diálogo se centre, en particular, en el bienestar de todos los ciudadanos, la paz, la justicia, la verdad, las relaciones institucionales, en medidas para impulsar la economía y en el apoyo al Estado de Derecho, la democracia y el respeto de la soberanía nacional;
23. Reafirma su solidaridad con el pueblo venezolano y su lucha en defensa del proceso bolivariano y los logros sociales de los últimos años;
24. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, al Parlamento del Mercosur, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y a los organismos regionales latinoamericanos, incluidos la UNASUR, ALBA y la CELAC.