Documento de sesión
15.5.2017
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
sobre el campo de refugiados de Dadaab
( 2017/2687(RSP) )
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou
en nombre del Grupo GUE/NGL
Resolución del Parlamento Europeo sobre el campo de refugiados de Dadaab
( 2017/2687(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,
– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, de 1966,
– Vista la Carta de las Naciones Unidas,
– Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1981,
– Vista la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, de la que Kenia es Estado parte,
– Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
– Vista la Declaración de Nairobi de la Autoridad Intergubernamental Extraordinaria para el Desarrollo de África Oriental (IGAD), de 25 de marzo de 2017, sobre soluciones duraderas para los refugiados somalíes y la reintegración de los repatriados en Somalia,
– Vista la Declaración de Nueva York de las Naciones Unidas para los Refugiados y los Migrantes, adoptada el 19 de septiembre de 2016,
– Visto el Comunicado conjunto de la Comisión Tripartita Ministerial para la Repatriación Voluntaria de Refugiados Somalíes en Kenia, de 25 de junio de 2016,
– Vistos los resultados de la Cumbre de La Valeta sobre migración, celebrada el 15 de noviembre de 2015,
– Vista la Declaración de la Conferencia Ministerial del Proceso de Jartum, de 28 de noviembre de 2014,
– Visto el Acuerdo Tripartito entre los Gobiernos de Somalia y Kenia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre las repatriaciones voluntarias, firmado en noviembre de 2013,
– Visto el Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para África,
– Visto el Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre la Responsabilidad Compartida respecto a los Refugiados,
– Vista la financiación humanitaria de la Unión en respuesta al problema de los refugiados en Kenia,
– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Kenia, y en particular la de 30 de abril de 2015,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que, pese a sus inmensos recursos naturales, el Cuerno de África es una de las regiones más pobres del mundo; que la seguridad alimentaria en esta zona es extremadamente precaria y que millones de personas que viven en la región sufren malnutrición y corren el riesgo de sufrir hambrunas;
B. Considerando que los países de la región se enfrentan actualmente a la peor sequía de los 60 últimos años, que ha agravado la situación de crisis alimentaria en Etiopía, Kenia, Somalia y Yemen y podría provocar una hambruna generalizada; que Kenia sufre sequías recurrentes, especialmente en los territorios áridos y semiáridos de la parte septentrional del país en la que viven 5,5 millones de personas, esencialmente pequeños ganaderos que se encuentran en una situación especialmente vulnerable y que son víctimas de una pobreza crónica; que el cambio climático está teniendo efectos devastadores sobre el pastoreo, que es el modo de vida nómada de un gran número de personas en la región;
C. Considerando que Kenia es la mayor economía de África Oriental pero, pese a sus considerables recursos, ocupa uno de los últimos puestos en la clasificación por índice de desarrollo humano; que la mayoría de la población keniata vive por debajo del umbral de la pobreza; que la economía keniata experimenta problemas endémicos debido a la monopolización de los recursos por una minoría; que las pequeñas explotaciones agrícolas representan el 94,8 % de todas las explotaciones de Kenia pero tan solo tienen acceso al 11,7 % de las tierras agrícolas del país; que en África se ha producido recientemente una oleada de acaparamiento de tierras que ha puesto en manos de las grandes empresas millones de hectáreas de tierras agrícolas fértiles, privando así a decenas de miles de comunidades agrícolas de sus medios de subsistencia; que Kenia exporta principalmente a la Unión productos agrícolas como te, café, rosas, claveles, judías, guisantes y aguacates, así como percas del Nilo y atún; que en Kenia se utilizan 500 000 hectáreas de tierras para la producción de biocombustibles por parte de empresas de Canadá, Japón y Bélgica, lo que tiene repercusiones considerables para el medio ambiente y las comunidades locales;
D. Considerando que, desde la intervención estadounidense de 1992 —la operación denominada «Restore Hope»—, Somalia es una zona en guerra; que el conflicto entre Somalia, Etiopía y Kenia se explica en gran parte por el trazado de las fronteras coloniales, y que la situación creada al repartirse la población somalí principalmente entre estos tres países ha provocado varios conflictos, y en particular la matanza de varios miles de keniatas de origen somalí por el ejército de Kenia en la década de los 80;
E. Considerando que en el Plan de Acción Mundial de Nairobi, adoptado en la Cumbre de la IGAD el 26 de marzo de 2017, se subraya que la sequía y los conflictos armados son los dos motivos que explican los desplazamientos de personas en la región;
F. Considerando que el gran número de facciones de la guerra civil, la inexistencia de un gobierno en Somalia, la pérdida de los medios de subsistencia de los pescadores somalíes, los actos de piratería frente a las costas de Somalia, las tensiones entre Sudán y Sudán del Sur, entre Etiopía, Eritrea y Somalia, y entre Eritrea y Yibuti, la participación de Kenia y otros países vecinos en la fuerza de la Unión Africana desplegada en Somalia, la injerencia e intervención de terceros, así como los intereses económicos y geoestratégicos de la Unión y de otras partes occidentales, son factores que contribuyen a convertir el Cuerno de África en una de las regiones más afectadas por conflictos de todo el mundo; que numerosas partes han violado el embargo de armas impuesto por las Naciones Unidas;
G. Considerando que en la región del Cuerno de África, que cuenta con casi 250 millones de habitantes y cuya población aumenta con rapidez, vive el mayor número de desplazados internos y de refugiados de África y uno de los números más elevados del mundo; que, a 31 de marzo de 2017, el número de refugiados y solicitantes de asilo registrados por el ACNUR en Kenia ascendía a 486 037;
H. Considerando que el complejo de refugiados de Dadaab se creó en 1991 para aproximadamente 90 000 personas como solución temporal para albergar a quienes buscaban refugio huyendo de la persecución, la violencia y la inestabilidad en la región de África Oriental, y concretamente de la guerra civil en Somalia; que, en 2011, el recrudecimiento de los conflictos y las hambrunas locales obligaron a salir de Somalia a varios millones de personas, lo que provocó una llegada masiva de refugiados a Dadaab, donde actualmente viven más de 308 000 somalíes registrados en un campo de refugiados; que la población actual de Dadaab asciende, según las estimaciones de las Naciones Unidas, a aproximadamente 260 000 personas, el 95 % de las cuales proceden de Somalia y el 60 % de las cuales tienen menos de 18 años; que el complejo comprende actualmente cinco zonas diferentes en las que están albergados distintos pueblos y ocupa una superficie de 50 kilómetros cuadrados, y que los campos de Hagadera, Dagahaley e Ifo son los más antiguos y los más poblados;
I. Considerando que los refugiados somalíes se encuentran desde hace más de tres décadas en esta situación y que una tercera generación de refugiados ha nacido en el exilio; que casi un millón de somalíes están desplazados dentro de la región y 1 100 000 somalíes están desplazados dentro de la propia Somalia; que Somalia es uno de los cinco países de los que procede el mayor número de refugiados registrados en los quince últimos años, y que actualmente están censados 1 100 000 refugiados, más del 80 % de los cuales están albergados en el Cuerno de África y en la región de Yemen;
J. Considerando que, después del ataque terrorista cometido en abril de 2015 contra la Universidad de Garissa, el vicepresidente del país, William Ruto, lanzó un ultimátum a las Naciones Unidas en el que presionaba al Consejo de Derechos Humanos para que cerrara el campo de refugiados de Dadaab en un plazo de tres meses, afirmando que, de no ser así, la propia Kenia lo cerraría; que el Consejo de Derechos Humanos ha advertido de que el cierre de este campo tendría consecuencias humanitarias y prácticas extremas; que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados prohíbe expulsar a los refugiados a regiones en las que estén amenazadas su vida o su libertad; que también se ha propuesto la construcción de un muro de separación entre Somalia y Kenia;
K. Considerando que, en mayo de 2016, Kenia desmanteló su Ministerio de Asuntos de los Refugiados, responsable del censo, lo que supone que no han sido registradas decenas de miles de personas; que, el 6 de mayo de 2016, el Gobierno de Kenia anunció su decisión de cerrar «cuanto antes» el campo de Dadaab, aduciendo motivos de seguridad y la necesidad de poner fin al persistente problema de la situación de los refugiados en la región;
L. Considerando que las autoridades de Kenia, con el respaldo de los responsables del ACNUR, aceleraron a continuación la ejecución de un programa de repatriación «voluntaria» que data de 2013; que numerosas ONG e interlocutores internacionales han denunciado que el programa de repatriación establecido por Kenia para los refugiados somalíes, en un contexto de miedo y desinformación, no era conforme con los criterios internacionales en materia de retorno voluntario de refugiados; que, en agosto de 2016, las autoridades somalíes de Jubaland tuvieron que hacer frente a la afluencia de refugiados que volvían a la capital regional de Kismaavo; que, según el ACNUR, el 70 % de ellos eran niños;
M. Considerando que el Gobierno de Kenia anunció en noviembre de 2016 que, a petición de la comunidad internacional, el cierre se retrasaría seis meses, es decir, hasta mayo de 2017, por «razones humanitarias»; que, el 9 de febrero de 2017, el Tribunal Supremo de Nairobi decretó, en respuesta a una petición de dos organizaciones de defensa de los derechos humanos en Kenia (la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia y Kituo Cha Sheria), que la decisión del Gobierno keniata de cerrar el campo de refugiados de Dadaab era discriminatoria y equivalía a un castigo colectivo, arbitrario y desproporcionado;
N. Considerando que el cierre de Dadaab repercutiría en todos los países vecinos y, en primer lugar, en Etiopía, que acoge en la actualidad a aproximadamente 245 000 refugiados somalíes;
O. Considerando que la creciente falta de recursos y la disminución de donantes internacionales repercuten directamente en la situación de los refugiados de Dadaab, y concretamente en la disminución de las raciones de alimentos y la falta de acceso a la atención y los servicios médicos, a la formación y a la educación;
P. Considerando que, en marzo de 2017, el ACNUR calculó que necesitaría 215 200 000 dólares estadounidenses para «gestionar» adecuadamente las 486 037 personas desplazadas en Kenia; que hasta la fecha tan solo se ha reunido el 15 % de los fondos necesarios; que el ACNUR prevé que lleguen 27 598 personas más habida cuenta de la situación geopolítica de la región;
Q. Considerando que la educación, la alfabetización, los derechos de la mujer, la justicia social y el reparto social equitativo de los ingresos estatales, la reducción de las desigualdades y la lucha contra la corrupción son elementos esenciales para luchar contra el integrismo, la violencia y la intolerancia;
R. Considerando que en el período comprendido entre 2014 y 2020 la Unión aportará 435 millones de euros a Kenia; que la Unión es el donante que aporta el mayor apoyo financiero a la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) a través del Fondo de Ayuda para África; que la Unión gestiona varias operaciones civiles y militares en la región, como la Misión de la Unión Europea de desarrollo de las capacidades marítimas regionales en el Cuerno de África (EUCAP Nestor), llevada a cabo en el marco de la PCSD (desde 2012), la Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y represión de actos de piratería y robo a mano armada frente a las costas de Somalia (EUNAVFOR) (desde 2008), o la Misión militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la formación de las fuerzas de seguridad somalíes (EUTM Somalia) (desde 2010); que los Estados Unidos ocupan la base militar naval de Manda Bay en Kenia; considerando las acciones desestabilizadoras de la OTAN y los Estados Unidos en la región;
1. Manifiesta su honda preocupación por la situación de los refugiados en el Cuerno de África, y especialmente en Kenia y en el campo de Dadaab; acoge con satisfacción la sentencia del Tribunal Supremo de Nairobi, en la que se declara nula y sin efecto la decisión del Gobierno de la República de Kenia de cerrar el campo de refugiados de Dadaab; pide a las autoridades de Kenia que respeten esta decisión;
2. Hace hincapié en que, mientras reine la inestabilidad en toda la región, los refugiados no podrán retornar a sus hogares; destaca asimismo que es necesario aportar una respuesta regional para garantizar una protección continua a los refugiados del campo de Dadaab y, en términos más generales, a todos los refugiados presentes en el país;
3. Manifiesta su honda preocupación por la estrategia de «retornos voluntarios» vigente desde 2013; pide que se investiguen a fondo las posibles «maniobras de intimidación, miedo y desinformación» puestas en marcha, incluido el papel del ACNUR en la aplicación de esas políticas;
4. Toma nota de la aprobación del Plan de Acción Mundial y Regional de Nairobi, que prevé el cierre progresivo de los campos para permitir a los refugiados acceder al empleo y a los servicios en su país de acogida y desplazarse libremente; subraya la importancia de que esos cierres se lleven a cabo respetando plenamente los derechos humanos y no agraven aún más las condiciones de vida de las personas afectadas;
5. Destaca que la creciente pobreza de los ciudadanos, el deterioro de las perspectivas económicas, el aumento de las desigualdades y las limitadas posibilidades de educación han engrosado el número de desempleados, creando así un contexto socioeconómico propicio para el desarrollo del terrorismo; observa asimismo con preocupación que, en muchas regiones, los Estados somalí y keniata no ofrecen a la población ningún servicio público esencial, como la distribución de agua, el tratamiento de las aguas residuales, la atención sanitaria o la educación; exhorta a las autoridades de Kenia y Somalia a que, dadas las circunstancias, hagan frente a la situación socioeconómica y luchen contra el deterioro del nivel de vida con objeto de garantizar la justicia social;
6. Pide a la Unión que desbloquee la ayuda humanitaria de emergencia necesaria para hacer frente, por una parte, a la situación de los refugiados y, por otra, a la situación de hambruna en la región; pide a la Unión que aumente el porcentaje de ayuda oficial al desarrollo (AOD) destinada a la agricultura, así como la AOD para inversiones en explotaciones agrícolas pequeñas y sostenibles y en el pastoreo, con el fin de garantizar el acceso de los pequeños agricultores a la tierra, reforzando con ello los mercados locales, y la soberanía alimentaria en el Cuerno de África, así como de contribuir a regenerar las aguas del Cuerno de África y garantizar así unos medios de subsistencia de los pescadores y sus familias;
7. Pide encarecidamente que no se instrumentalice la ayuda al desarrollo para limitar o controlar las fronteras ni para garantizar la readmisión de migrantes; pide que la ayuda proporcionada por la Unión y los Estados miembros en el Cuerno de África se destine prioritariamente a resolver los problemas relacionados con la grave desigualdad, la pobreza, la malnutrición crónica, el acceso a la atención sanitaria y a los servicios públicos, en particular la atención genésica y reproductiva, así como a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible; pide asimismo que se incremente la ayuda alimentaria y se destine prioritariamente a la compra de alimentos a los agricultores locales; se opone firmemente a la utilización del FED para la formación de fuerzas represivas o militares;
8. Se opone a cualquier intento de externalización de las políticas migratorias de la Unión hacia terceros países; denuncia que el Proceso de Jartum, del que Kenia y Somalia son parte, no permita en ningún caso hacer frente a las causas profundas que subyacen a las migraciones; considera que esas políticas son contrarias al derecho de libre circulación, al derecho de asilo y, en general, a los derechos de los migrantes tal como están definidos en los convenios internacionales;
9. Pide que la ayuda de la Unión y de los Estados miembros se facilite en forma de donaciones y no de préstamos, de modo que no se aumente la carga de la deuda; lamenta que muchos Estados miembros de la Unión no hayan cumplido el objetivo de destinar un 0,7 % de su renta nacional bruta (RNB) a la ayuda al desarrollo y que algunos hayan reducido su porcentaje; lamenta la baja participación de los Estados miembros en los programas de ayuda alimentaria;
10. Critica enérgicamente el papel desempeñado por las distintas intervenciones occidentales de los últimos años, que han propiciado la radicalización de algunos habitantes del Cuerno de África; subraya que este tipo de políticas favorecen el terrorismo en lugar de luchar contra él; manifiesta su preocupación por la importancia que conceden a las «soluciones» militares las políticas europeas de lucha contra el terrorismo, que se traducen en numerosos programas de ayuda militar a los países del Cuerno de África; afirma que no existe una solución militar para los conflictos en la región;
11. Pide a la Unión y a la comunidad internacional que colaboren con los países africanos y los agentes regionales e internacionales con miras a resolver los conflictos por vías exclusivamente pacíficas, y en particular luchando contra sus causas profundas; pide a la Unión que establezca un nuevo marco de relaciones con Kenia y con todos los países africanos que se base en el principio de no intervención en sus asuntos internos y en el respeto de su soberanía, y destinado a apoyar el desarrollo de las regiones vecinas y a promover el empleo y la educación, en lugar de en la celebración de «acuerdos de asociación», que sirven principalmente para establecer zonas de libre comercio en beneficio de los intereses de las empresas occidentales;
12. Reitera que las actividades de las empresas europeas que operan en países terceros deben respetar plenamente las normas internacionales en materia de derechos humanos; pide, por lo tanto, a los Estados miembros que velen por que las empresas sujetas a su Derecho nacional no incumplan los derechos humanos ni las normas sociales, sanitarias y medioambientales que se les aplican cuando se establecen o desarrollan sus actividades en un tercer país; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias contra las empresas europeas que no cumplan estas normas o que no indemnicen adecuadamente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que están directa o indirectamente bajo su responsabilidad;
13. Pide al Gobierno de Kenia y a los Gobiernos de los países de origen de las empresas extractivas que impongan a estas empresas la obligación de adoptar buenas prácticas en materia de transparencia, responsabilidad y participación ciudadana, así como que luchen contra la corrupción en el sector de las industrias extractivas;
14. Considera que la lucha contra el acaparamiento de tierras por parte de las empresas multinacionales, y concretamente las europeas, es fundamental para permitir que la población tenga unas condiciones de vida dignas y para promover la soberanía alimentaria en los países del Cuerno de África; pide, por consiguiente, que se examine esta cuestión en el marco de un diálogo específico y esencial entre la Unión y los países del Cuerno de África;
15. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la Comisión, al Consejo, a los Estados miembros de la Unión, a los países del Cuerno de África, al Parlamento Panafricano y a los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas.