Documento de sesión
15.5.2017
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
sobre la Estrategia de la UE para Siria
( 2017/2654(RSP) )
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis
en nombre del Grupo ALDE
Resolución del Parlamento Europeo sobre la Estrategia de la UE para Siria
( 2017/2654(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Siria,
– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,
– Vistos los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales,
– Vistos los tratados y convenios internacionales, incluidas la Convención contra la Tortura, la Convención contra el Genocidio y el Tratado de la OPAQ,
– Vistos el Estatuto de Roma y los documentos constitutivos de la CIJ,
– Vistos los tribunales ad hoc, incluidos el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) y el Tribunal Especial para el Líbano,
– Visto el Comunicado de Ginebra de 2012,
– Vistas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el EI/Dáesh y el Frente al-Nusra y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el conflicto en la República Árabe Siria, en particular las resoluciones 2218 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015), 2268 (2016), 2328 (2016), 2332 (2016) y 2336 (2016),
– Vista la Resolución A/71/L.48 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la que se establece un «Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente para Ayudar en la Investigación y el Enjuiciamiento de los Responsables de los Delitos de Derecho Internacional Más Graves Cometidos en la República Árabe Siria desde Marzo de 2011»,
– Vistas las Conclusiones del Consejo de 17 de octubre de 2016 y las Conclusiones del Consejo de Relaciones Exteriores de 18 y 19 de febrero de 2016, de 20 y 21 y de 27 de octubre de 2016, de 14 de noviembre de 2016 y de 15 de diciembre de 2016,
– Vistas las declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de 30 de diciembre de 2016, sobre el anuncio de un cese de las hostilidades en Siria, y de 23 de marzo de 2017, sobre Siria, así como las declaraciones de la VP/AR en nombre de la Unión, de 9 de diciembre de 2016, sobre la situación en Alepo, de 6 de abril de 2017, sobre el presunto ataque con armas químicas perpetrado en Idlib, Siria, y de 7 de abril de 2017, sobre el ataque estadounidense en Siria,
– Vista la declaración de los copresidentes sobre la conferencia «Apoyar el futuro de Siria y su región», de 5 de abril de 2017,
– Vistos los informes de la comisión de investigación internacional independiente sobre la situación en la República Árabe Siria, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 6 de septiembre, 16 de junio y 22 de febrero de 2016, el documento de sesión de la comisión de investigación internacional independiente sobre la situación en la República Árabe Siria relativo a la vulneración de los derechos humanos y las violaciones del Derecho internacional humanitario en la República Árabe Siria, 21 de julio de 2016 - 28 de febrero de 2017, de 13 de marzo de 2017, y las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la República Árabe Siria, de 27 de septiembre y 21 de octubre de 2016,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que la guerra de Siria ha dado lugar a una de las peores crisis humanitarias a las que el mundo ha tenido que enfrentarse desde la Segunda Guerra Mundial y sigue teniendo consecuencias devastadoras y trágicas para su población;
B. Considerando que la crisis en Siria ejerce un impacto cada vez más desestabilizador en toda la región;
C. Considerando que el conflicto ha durado siete años y a finales de 2016 había causado ya la muerte sin sentido de más de 400 000 personas; que 13,5 millones de personas, es decir, casi tres cuartos de la población restante, necesitan asistencia humanitaria inmediata, y que 6,6 millones de sirios son desplazados internos; que el conflicto ha hecho retroceder 40 años el desarrollo económico y humano de Siria y ha obligado a 4,8 millones de personas a buscar refugio en el extranjero;
D. Considerando que el Derecho humanitario internacional impone a la comunidad internacional la obligación de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los civiles y de los bienes civiles frente a los agentes tanto estatales como no estatales;
E. Considerando que los niños han pagado el precio más alto en el conflicto; que cerca de 6 millones de niños dependen ahora de la ayuda humanitaria; que casi la mitad de ellos se han visto obligados a abandonar sus hogares;
F. Considerando que todas las partes del conflicto, y en particular el régimen de Al-Asad y sus aliados, Rusia e Irán, han cometido graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho humanitario, incluidos crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio;
G. Considerando que la obligación de rendir cuentas, la justicia, el Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad son elementos fundamentales para los esfuerzos de pacificación, resolución de los conflictos, reconciliación y reconstrucción;
H. Considerando que Siria se adhirió a la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio en 1955 y a la Convención contra la tortura en 2004;
I. Considerando que el gobierno y las fuerzas aliadas han causado cientos de miles de víctimas civiles, en particular en Alepo y en torno a la ciudad, durante un asedio incesante, y han destruido amplias zonas de la ciudad mediante ataques aéreos y de artillería dirigidos contra los civiles; que se ha informado de que las autoridades gubernamentales y las fuerzas aliadas han allanado hogares civiles y han cometido ejecuciones sumarias en su avance en la parte oriental de Alepo; que las infraestructuras civiles son blanco deliberado de ataques que han ocasionado la destrucción de sistemas de distribución de agua, instalaciones médicas y escuelas; que estos ataques han provocado una grave escasez de servicios esenciales y equivalen a tácticas para hambrear a la población;
J. Considerando que el régimen de Al-Asad bloquea la entrega y la administración de suministros vitales de tipo médico, alimentario y humanitario por las Naciones Unidas, la UE, las ONG y los agentes locales; que estos convoyes humanitarios han sido blanco de ataques y deliberadamente bombardeados; que el Gobierno sirio ha privado también deliberadamente a los civiles de bienes y servicios esenciales, incluidos el abastecimiento de alimentos y agua, y la asistencia médica; que los ataques y el hambreamiento de la población civil mediante el asedio de zonas pobladas como táctica de guerra constituyen una clara violación del Derecho internacional humanitario;
K. Considerando que varias investigaciones han demostrado que las fuerzas de Al-Asad han utilizado agentes químicos destinados a dañar y asesinar civiles; que el último ataque contra civiles se produjo el 4 de abril de 2017 en Khan Sheikhoun, en la provincia de Idlib, donde al menos 70 civiles, muchos de ellos niños, fueron asesinados y varios centenares resultaron heridos; que los Estados Unidos han informado a la UE de que, según sus evaluaciones, el régimen sirio utilizó armas químicas y respondió militarmente el 7 de abril mediante el lanzamiento de un ataque aéreo contra la base aérea de Shayrat en Siria;
L. que en marzo de 2017 la UE añadió a la lista de sanciones a cuatro militares sirios de alta graduación por su participación en el uso de armas químicas contra la población civil, en consonancia con la política de la UE de lucha contra la proliferación y el uso de armas químicas;
M. Considerando que, el 12 de abril de 2017, Rusia votó, junto con Bolivia, en contra de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para condenar el supuesto uso de armas químicas en Siria y pidió al Gobierno sirio que cooperase con una investigación del incidente;
N. Considerando que, el 15 de abril de 2017, unas 5 000 personas evacuadas sufrieron un ataque en Rasheedin, al oeste de Alepo, Siria, mientras viajaban desde las ciudades sitiadas de Foah y Kefraya hacia las zonas controladas por el Gobierno; que murieron docenas de personas, entre ellas niños, y muchas más resultaron heridas;
O. Considerando las informaciones de que el régimen de Al-Asad continúa fabricando armas químicas bajo la cobertura del Centro de Estudios e Investigación Científica; que, de conformidad con el Acuerdo de 2013 relativo a la eliminación de las armas químicas, Al-Asad está obligado a poner fin de inmediato a estas prácticas y a entregar todas las restantes armas y agentes químicos a la POAQ;
P. Considerando que miles de civiles son arrestados arbitrariamente por las autoridades y están detenidos en condiciones inhumanas, afrontando formas extremas de malos tratos a menudo con el fin de causarles la muerte durante su detención; que estas formas de malos tratos incluyen la tortura, la privación sistemática de alimentos, agua, medicamentos y asistencia médica y prácticas sádicas y deshumanizadoras; que algunos informes dan cuenta de ahorcamientos y ejecuciones extrajudiciales en masa en centros de detención dirigidos por el gobierno de Al-Asad; que muchos civiles son objeto de desapariciones forzadas, detenciones prolongadas y juicios arbitrarios; que el Gobierno sirio lleva a cabo una campaña sistemática de silenciamiento de toda forma de disidencia mediante ahorcamientos masivos; que, según algunas fuentes, en cinco años se han producido 13 000 casos de ejecuciones extrajudiciales de este tipo en la cárcel de Saydnaya;
Q. Considerando que el régimen de Al-Asad utiliza tácticas de desplazamientos forzados, al objeto de modificar la composición sectaria de ciudades, pueblos y regiones y propiciar un cambio demográfico; que tales prácticas se han utilizado en las ciudades, en particular en Darayya y Muadamiyat al-Sham, fuera de Damasco, y en el barrio de Al-Waer de la ciudad de Homs;
R. Considerando que es obligación de la comunidad internacional y de los Estados individuales hacer que respondan ante la justicia los responsables de violaciones de los derechos humanos internacionales y del Derecho humanitario cometidas durante el conflicto sirio; que esto puede hacerse en el marco de los actuales recursos nacionales e internacionales, incluidos los órganos jurisdiccionales nacionales e internacionales, o en tribunales penales internacionales ad hoc todavía por crear; que, además de esta responsabilidad penal personal, los Estados también pueden ser considerados, en determinadas condiciones, responsables de incumplir las obligaciones en virtud de los tratados y convenciones internacionales sobre los que tiene jurisdicción la Corte Internacional de Justicia, incluida la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984, y la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948;
S. Considerando que la comunidad internacional debería haber apoyado de forma más activa a la oposición democrática y laica frente al bárbaro régimen sirio; que, en la situación actual, la oposición secular es sumamente débil y los civiles se ven atrapados entre los terroristas yihadistas, los fundamentalistas islámicos y los separatistas kurdos o los partidarios del régimen de Al-Asad, lo que dificulta sumamente la reconciliación nacional y la reconstrucción de un consenso que pueda aportar la paz en Siria;
T. Considerando que el proceso de negociación entre las partes sirias se inició en Ginebra el 23 de febrero de 2017, guiado por la Resolución 2254 (2015) del Consejo de Seguridad, que se centra en las cuestiones de gobernanza, incluida una nueva Constitución para Siria, la celebración de elecciones y los principios establecidos en el Comunicado de Ginebra de 2012; que las negociaciones con sede en Ginebra no han conducido, hasta el momento, a avances concretos en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis en Siria;
U. Considerando que, el 5 de abril de 2017, la Unión Europea copresidió una conferencia sobre el apoyo al futuro de Siria y la región, que reunió a representantes de más de 70 países y organizaciones internacionales y a la sociedad civil siria e internacional; que esta conferencia se basó en las conferencias previas de Kuwait y Londres, y que en ella se acordó un enfoque integral a la crisis siria, incluidos los compromisos financieros; que el apoyo y los compromisos de la comunidad internacional siguen siendo esenciales para la consecución de un futuro de paz en Siria y en la región;
V. Considerando que, el 4 de mayo de 2017, Rusia, Irán y Turquía alcanzaron un acuerdo en Kazajistán para la creación de cuatro zonas de distensión; que el acuerdo no recoge garantías o mecanismos de cumplimiento y control, y que el régimen de Al-Asad ha rechazado la supervisión de las Naciones Unidas; que la oposición siria no puede apoyar el acuerdo en su forma actual, apoyado por Irán; que ese acuerdo todavía ha de ser aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
W. Considerando que la Estrategia de la Unión para Siria es una revisión de la Estrategia regional de la UE para Siria e Irak, así como en relación con la amenaza que representa el Dáesh, revisada y actualizada por última vez el 23 de mayo de 2016 por el Consejo;
X. Considerando que los esfuerzos de la Unión en la prestación de ayuda humanitaria y la planificación del futuro de Siria son dignos de elogio; que la Unión debería tener cuidado en no proporcionar una asistencia incondicional a la reconstrucción de una Siria dirigida y controlada por Al-Asad y sus aliados Rusia e Irán; que no puede permitírseles a Al-Asad, la Rusia de Putin e Irán que se desentiendan de las consecuencias económicas de sus intervenciones militares; que, por tanto, ha de aplicarse una solución política creíble e integradora al conflicto armado acordada por todas las partes, con la exclusión de los grupos terroristas;
Y. Considerando que la reconstrucción de Siria debe basarse en un enfoque «de abajo arriba» y la capacitación exitosa de los agentes locales, excluyendo así a grupos terroristas conocidos;
1. Hace un llamamiento al régimen de Siria y a sus aliados Rusia e Irán para que pongan fin de inmediato a los bombardeos indiscriminados, los asesinatos y la violencia contra el pueblo sirio y para que permitan inmediatamente el acceso sin trabas de la ayuda y los convoyes humanitarios; recuerda a los regímenes de Siria, Rusia e Irán que son responsables en el marco del Derecho penal internacional de los atroces crímenes que continúan perpetrando en Siria;
2. Condena en los términos más enérgicos los graves, permanentes, sistemáticos y generalizados abusos y violaciones de los derechos humanos y todas las violaciones del Derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas de Al-Asad con el apoyo de Rusia e Irán, así como los perpetrados por grupos terroristas armados no estatales, en particular, el EIIL / Dáesh, Yabhat Fatah al-Sham / Frente al-Nusra y otros grupos yihadistas;
3. Pide a Rusia, Irán y otras partes externas del conflicto que pongan fin a sus intervenciones devastadoras en el conflicto sirio y que utilicen su influencia sobre Al-Asad para garantizar un cese total las hostilidades y el levantamiento de los asedios;
4. Reitera a todas las partes que un alto el fuego en todo el territorio nacional y una solución pacífica mutuamente aceptable a la crisis de Siria pueden alcanzarse bajo los auspicios de las Naciones Unidas y según lo dispuesto en el Comunicado de Ginebra de 2012 y la Resolución 2254 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el apoyo del enviado especial del secretario general para Siria, Staffan de Mistura, y los principales actores internacionales y regionales; toma nota de las conversaciones de Astana, con vistas a alcanzar un acuerdo;
5. Toma nota del reciente memorando que crea unas zonas de distensión en Siria, firmado por Rusia, Irán y Turquía como garantes de cuatro zonas «de no vuelo»; pide a los firmantes del memorando y al régimen sirio que hagan cumplir el acuerdo de manera efectiva y cesen todas las hostilidades que tengan un impacto directo en la población siria; lamenta que el régimen sirio haya rechazado la supervisión por las Naciones Unidas de la aplicación del memorando;
6. Deplora que durante la reunión del G-7 en Italia no se lograra alcanzar un acuerdo sobre la imposición de sanciones contra el régimen ruso como consecuencia del bombardeo de la población siria y su continuo apoyo al régimen de Al-Asad;
7. Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por los representantes de más de 70 países en la conferencia sobre el apoyo al futuro de Siria y la región, celebrada los días 4 y 5 de abril de 2017 en Bruselas, y las promesas financieras realizadas; se congratula de que los participantes se comprometieran a aportar 5 600 millones de euros en 2017, así como 3 470 millones de euros para el período plurianual 2018-2020; recuerda que el coste de la reconstrucción de Siria se estima en aproximadamente 200 000 millones de dólares; pide a la comunidad internacional que cumpla sus compromisos pendientes respecto a la ayuda humanitaria en Siria y sus países vecinos;
8. Toma nota de que la mayoría de los refugiados que han huido de Siria lo han hecho a países vecinos, entre ellos, al Líbano, Jordania y Turquía; se felicita, a este respecto, por las nuevas prioridades de asociación celebradas por la Unión con Jordania y el Líbano, así como por la flexibilización de las normas de origen de la Unión para las exportaciones procedentes de Jordania; lamenta que un gran número de refugiados en Jordania y el Líbano sigan viviendo en condiciones sociales y económicas precarias y no puedan, a menudo, encontrar un empleo (legal); pide a las autoridades de Jordania y el Líbano que trabajen en favor de la eliminación de los obstáculos (informales) restantes, apoyen la ampliación de las oportunidades de autoempleo, y cumplan los compromisos sobre la creación de empleo para las mujeres y los jóvenes;
9. Se felicita por la hospitalidad de Turquía al acoger a cerca de tres millones de refugiados; alienta al Gobierno turco a que conceda permisos de trabajo a todos los refugiados sirios; toma nota de la Declaración UE-Turquía; lamenta que, hasta finales de febrero de 2017, solo 3 565 refugiados sirios hayan sido asentados en Europa en virtud del acuerdo 1:1, celebrado con Turquía; pide a los Estados miembros de la Unión que redoblen sus esfuerzos para cumplir sus promesas en materia de reasentamiento de refugiados sirios procedentes de Turquía;
10. Insta a la AR/VP a que lleve a cabo todos los esfuerzos posibles para dar un nuevo impulso a las conversaciones de paz con la mediación de las Naciones Unidas, y a que reclame un papel más activo en estas negociaciones, haciendo uso de la capacidad financiera de la Unión y el deseo de comprometer importantes recursos para la reconstrucción de Siria; urge a la AR/VP a que apoye activamente a la sociedad civil siria y a quienes desean una Siria democrática, plural e integradora y a que los involucre estrechamente en sus esfuerzos en favor del futuro del pueblo sirio; anima a la AR/VP a colaborar con el pueblo sirio en el desarrollo de estrategias de reconstrucción localizadas para las diferentes partes y regiones de Siria;
11. Condena en los términos más enérgicos el atroz ataque aéreo químico sobre la ciudad de Jan Shijún en la provincia de Idlib el 4 de abril de 2017, que causó la muerte de, al menos, 70 civiles, incluidos niños y trabajadores humanitarios, y tras el que numerosas víctimas mostraban síntomas de envenenamiento por gas; observa que, según la evaluación preliminar realizada por la misión de investigación de la OPAQ, la denuncia del uso de armas químicas es creíble; subraya que los responsables de tales ataques tendrán que rendir cuentas ante la justicia; reitera que, como parte en la Convención sobre las Armas Químicas, el régimen sirio se ha obligado expresamente a sí mismo a abstenerse del uso de armas químicas; deplora el veto de Rusia a la última Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la que se condenaba el ataque y se pedía una investigación;
12. Lamenta la continua utilización de la desinformación y las mentiras que emanan de los regímenes de Rusia y Al-Asad, incluidas la denigración de los Cascos Blancos y la falsa información difundida sobre los autores del último ataque químico de 4 de abril de 2017;
13. Reitera su llamamiento para que los culpables de crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad rindan cuentas por sus actos y afronten las consecuencias; hace hincapié en que los responsables sean llevados ante la justicia; expresa su convencimiento de que no puede haber una solución efectiva del conflicto ni una paz duradera en Siria sin una rendición de cuentas por los crímenes cometidos; subraya que los crímenes de guerra perpetrados tanto por el régimen como por las fuerzas de la oposición, aunque a menor escala en el caso de estas últimas, son susceptibles de enjuiciamiento internacional;
14. Pide a todos los Estados miembros de la Unión que garanticen que los crímenes contra la humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra se consideren delitos con arreglo a la legislación nacional, y que persigan dichos crímenes cometidos en Siria por nacionales y nacionales de terceros países con arreglo a sus jurisdicciones nacionales; celebra, a este respecto, la decisión de España de admitir una denuncia penal contra nueve funcionarios de inteligencia sirios por torturas y violaciones de los derechos humanos;
15. Recuerda el principio de jurisdicción universal; reitera su apoyo a la remisión del caso de Siria a la Corte Penal Internacional; deplora que esta posibilidad siga bloqueada en el Consejo de Seguridad;
16. Considera que los Estados, también los Estados miembros de la Unión, pueden incoar procedimientos de manera individual contra otros Estados ante la Corte Internacional de Justicia por incumplimientos de las obligaciones estatales derivadas de los tratados y convenios internacionales, incluidas la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984, y la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948; pide a todos los Estados miembros de la Unión, a este respecto, que lleven al Estado sirio ante la CIJ, a fin de establecer la responsabilidad del Estado y enviar una señal clara sobre su disposición a lograr la rendición de cuentas por los horrendos crímenes cometidos en Siria;
17. Pide a la comunidad internacional, a la Unión Europea y a sus Estados miembros que colaboren con las Naciones Unidas a fin de establecer un tribunal penal internacional para llevar ante la justicia y responsabilizar a los agentes no estatales y a las personas responsables de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio perpetrados en Siria;
18. Acoge con satisfacción la creación de un «Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente para Ayudar en la Investigación y el Enjuiciamiento de los Responsables de los Delitos de Derecho Internacional Más Graves Cometidos en la República Árabe Siria desde Marzo de 2011»; lamenta que el mecanismo no tenga aún cubierta toda su financiación; pide a todos los Estados miembros que cumplan sus compromisos en este sentido;
19. Subraya la importancia crucial que reviste la labor de las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales locales e internacionales relacionada con la documentación de pruebas de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otras violaciones, incluida la destrucción de patrimonio cultural; pide a la Unión y a sus Estados miembros que presten asistencia adicional y completa a estas organizaciones; pide a la Unión y a sus Estados miembros que destinen la financiación adecuada a las organizaciones que trabajan en investigaciones de código abierto y recopilación digital de pruebas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, a fin de garantizar la rendición de cuentas y llevar ante la justicia a los autores;
20. Alaba los esfuerzos de los trabajadores humanitarios en su intento de llevar la tan necesaria ayuda de emergencia, alimentos, agua y medicinas a las personas atrapadas por el conflicto, e insta de nuevo a todas las partes implicadas en el conflicto a que garanticen un acceso seguro y sin trabas de las organizaciones humanitarias a los civiles afectados por la guerra; condena enérgicamente los ataques deliberados, excesivos, desproporcionados e indiscriminados contra civiles, también niños, convoyes con evacuados, personal de ayuda y sanitario, e infraestructuras civiles, como escuelas y hospitales;
21. Acoge con satisfacción la reciente revisión de las medidas restrictivas de la Unión contra Siria, y la inclusión de más individuos que comparten la responsabilidad de la utilización de armas químicas y la represión contra la población civil en el país; subraya que la Unión debe considerar todas las opciones disponibles en el trabajo con sus socios internacionales, incluidos el suministro de ayuda desde el aire y el establecimiento de zonas de exclusión aérea;
22. Pide que la presente Resolución se traduzca al árabe;
23. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros de la Unión, a las Naciones Unidas, a los miembros del Grupo Internacional de Apoyo a Siria y a todas las partes implicadas en el conflicto de Siria.