Documento de sesión
30.6.2017
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Comisión
presentada de conformidad con el artículo 37, apartado 3, del Reglamento y con el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea
sobre el programa de trabajo de la Comisión para 2018
( 2017/2699(RSP) )
Anthea McIntyre
en nombre del Grupo ECR
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Programa de Trabajo de la Comisión para 2018
( 2017/2699(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vista la Declaración del Consejo Europeo sobre competitividad, de 19 de febrero de 2016,
– Visto el proyecto de Acuerdo Interinstitucional (AII) sobre la mejora de la legislación entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea,
– Visto el informe final, de 24 de julio de 2014, del Grupo de alto nivel de partes implicadas independientes sobre cargas administrativas, titulado «Cutting Red Tape in Europe – Legacy and Outlook» (Reducir la burocracia en Europa: legado y perspectivas),
– Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, «Hacia una mejor regulación del mercado único»[1],
– Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre los informes anuales de 2012 y 2013 sobre subsidiariedad y proporcionalidad[2],
– Visto el artículo 37, apartado 3, de su Reglamento,
A. Considerando que el mejor apoyo económico y social que los Estados miembros pueden ofrecer a sus ciudadanos para garantizar una mejor calidad de vida es una economía en crecimiento con baja inflación y elevadas tasas de crecimiento del empleo y los salarios, que genere los recursos para financiar las inversiones con miras al futuro y mejores infraestructuras mejoradas y servicios públicos;
B. Considerando que los Estados miembros se enfrentan a importantes desafíos económicos en un mercado global complicado que solo pueden superarse generando economías dinámicas y competitivas con niveles de productividad e innovación en aumento;
C. Considerando que la seguridad constituye una grave preocupación en una era de amenazas internas e internacionales;
D. Considerando que la opinión pública es cada vez más recelosa respecto a una Unión que parece asumir competencias y responsabilidades que se ejercen de forma más adecuada a nivel de los Estados miembros, de sus autoridades regionales y locales, o por los propios ciudadanos;
E. Considerando que los ciudadanos de la Unión desean claramente una Unión con un enfoque más leve, que facilite la cooperación entre los Estados miembros en los ámbitos en los que esa cooperación genere un valor añadido, pero que, por encima de todo, respete los principios fundamentales de subsidiariedad, proporcionalidad y atribución;
PARTE 1: EUROPA SE ENCUENTRA EN UNA COYUNTURA CRÍTICA
Principios generales para perfilar el programa de trabajo para 2018
1. Subraya el hecho de que los Estados miembros constituyen la base democrática de la Unión y que la Comisión, en sus propuestas para 2018, debe dar suficiente importancia a la implicación de los Gobiernos nacionales y regionales en su trabajo;
2. Pide a la Comisión que en 2018 reduzca al mínimo las nuevas propuestas y se centre en áreas en las que la cooperación europea pueda generar un valor añadido en línea con los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y atribución;
3. Pide una reformulación de las políticas y los programas de la Unión para facilitar a los Estados miembros un mayor control local y más flexibilidad a la hora de cumplir los objetivos europeos acordados;
4. Insiste en que la Comisión eleve los niveles de consulta acerca de posibles propuestas futuras a Estados miembros, Gobiernos regionales y locales y directamente a los ciudadanos; subraya la importancia de dejar tiempo suficiente para recibir información de retorno y de usar más libros blancos y libros verdes para presentar opciones diversas;
5. Hace hincapié en la importancia de hacer un uso eficiente de los recursos y adoptar una política de tolerancia cero en casos de mala administración y fraude;
6. Subraya la importancia para la Unión de tener amplitud de miras y establecer lazos estrechos económicos, comerciales y estratégicos con amigos y aliados, en particular con quienes son vecinos próximos;
Prioridades para 2018
7. Pide a la Comisión que dé prioridad en 2018 a las medidas que permitan a la Unión apoyar a sus Estados miembros a la hora de reformar sus economías a fin de lograr un crecimiento sostenible a largo plazo, creación de empleo y prosperidad;
8. Considera que, a nivel de la Unión, un instrumento crucial para mejorar las perspectivas económicas es el progreso del programa de mejora de la legislación; pide, por tanto, a la Comisión que desarrolle el programa con ambición y en particular con:
– las pruebas de competitividad y de las pymes como parte de las evaluaciones del impacto,
– la fijación de objetivos de reducción de cargas,
– el estudio anual de la carga, y
– la labor del Comité de Control Reglamentario;
e insta a la Comisión a velar por que las microempresas queden exentas, en el mayor grado posible, de todas las propuestas legislativas, de manera que pueda apoyarse a las empresas de nueva creación y los empresarios;
9. Pide que el centro de atención se mantenga en una consolidación presupuestaria favorable al crecimiento; considera que impulsar la inversión no debe considerarse como una alternativa a las necesarias reformas estructurales;
10. Destaca la importancia del cumplimiento de la política de competencia en la creación de unas condiciones equitativas que impulsen la innovación, la productividad, la creación de empleo y la inversión por parte de todos los agentes del mercado único y en todos los modelos de negocio, incluidas las pymes;
11. Enfatiza la importancia de hacer progresos a la hora de lidiar con la crisis migratoria de tal modo que se muestre una sensibilidad mucho mayor hacia las preocupaciones extendidas en los Estados miembros relativas a la migración incontrolada proporcionando sugerencias estratégicas factibles y que se respeten las prerrogativas de los Estados miembros soberanos en este ámbito;
12. Pide a la Comisión que dé prioridad a la negociación de nuevos acuerdos comerciales con terceros países para garantizar unos precios bajos a los consumidores europeos y unos mercados más grandes para los productores europeos, de forma que se generen nuevos puestos de trabajo y una mayor prosperidad;
13. Destaca la importancia de la aplicación de políticas para una economía circular centradas en la lucha contra el desperdicio de alimentos; Pide a la Comisión que aliente a los Estados miembros a cooperar e intercambiar buenas prácticas;
14. Reitera la necesidad de velar por los derechos de las personas con discapacidad con arreglo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; resalta la importancia genuina de establecer la plena accesibilidad a productos, servicios y entornos, lo cual es esencial para facilitar su plena participación en la sociedad;
15. Recuerda la necesidad de promover un equilibrio entre la vida profesional y la vida privada para las personas que se dedican informalmente al cuidado de familiares dependientes (ancianos, niños, personas con discapacidad) sin tener un empleo formal;
16. Hace hincapié en la necesidad de una conclusión positiva y amistosa de las negociaciones del brexit, reconociendo la gran contribución que el Reino Unido ha realizado a la Unión a lo largo de cuarenta años, de forma que se garantice una firme colaboración económica y política para el futuro entre la Unión y el Reino Unido que respete los requisitos e intereses razonables de todas las partes;
PARTE 2: PROPUESTAS ESPECÍFICAS PARA QUE EL PROGRAMA DE TRABAJO CUMPLA CON LAS DIEZ PRIORIDADES
1. «Un nuevo impulso al empleo, el crecimiento y la inversión»
Legislar mejor
17. Recuerda a la Comisión que toda propuesta legislativa debe someterse a una concienzuda evaluación del impacto y un análisis de costes y beneficios; pide a la Comisión que vele por que todas las evaluaciones de impacto vayan enfocadas a mostrar los posibles efectos sobre las empresas y el mercado y por que las propuestas solo se realicen si el efecto previsto es proporcionado;
18. Hace hincapié en la importancia de que la Comisión incluya las pruebas de competitividad y de las pymes en todas las evaluaciones de impacto, pues esto ayudará a garantizar que las empresas, y en particular las pymes, no se vean sobrecargadas por la legislación; pide a la Comisión que extienda el uso de la prueba de las pymes a todas las DG y que coopere de forma más sistemática con el Comité de Control Reglamentario a fin de velar por una aplicación más estructurada de la prueba de las pymes como se ejecutó en el Reglamento (UE) n.o 910/2014 y la Directiva 2011/7/UE;
19. Propone encarecidamente que la Comisión dé comienzo a un periodo de reflexión tras la conclusión de las negociaciones tripartitas para realizar una evaluación de impacto y un control de la subsidiariedad; pide a la Comisión que proporcione una evaluación y posible seguimiento de la independencia del Comité de Control Reglamentario en el desempeño de sus funciones de supervisar y proporcionar un asesoramiento objetivo para las respectivas evaluaciones de impacto; pide a la Comisión que reconozca que la iniciativa de mejora de la legislación tiene una dimensión local/regional esencial, que no puede ser abordada necesariamente a través de la subsidiariedad, ampliando el proceso de evaluación del impacto reglamentario (diferente de la «evaluación del impacto territorial») para examinar el impacto financiero y administrativo de las normas vigentes y nuevas en los Gobiernos locales y regionales;
20. Subraya la importancia del estudio anual de la carga en el marco del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación como un instrumento vital para identificar y controlar, de forma clara y transparente, los resultados de los esfuerzos de la Unión para evitar y reducir el exceso de reglamentación y las cargas administrativas, especialmente porque afectan a las pymes; considera que el estudio anual de la carga debe emplearse para identificar aquellas cargas impuestas por propuestas y actos legislativos individuales de la Comisión y por la transposición y la interpretación individual de la legislación por parte de los Estados miembros, lo que se conoce como sobrerregulación;
21. Pide a la Comisión que haga un seguimiento de las Recomendaciones expuestas en los informes anuales de 2012, 2013 y 2014 sobre la subsidiariedad y proporcionalidad; señala, en particular, las peticiones incluidas en los informes de que se lleve a cabo un análisis de todas las propuestas de la Comisión en materia de subsidiariedad y proporcionalidad; pide que se considere la proporcionalidad (además de la subsidiariedad) en los dictámenes motivados de los Parlamentos nacionales, lo que requeriría una revisión de los Tratados; que se evalúe el número de Parlamentos nacionales necesarios para activar la tarjeta amarilla, y que se amplíe el plazo para que los Parlamentos nacionales presenten dictámenes sobre la subsidiariedad;
22. Destaca las solicitudes incluidas en los informes de que las evaluaciones de proporcionalidad por parte de la Comisión descarten aquellas propuestas con una carga desproporcionada para la competitividad y las pymes; recuerda que se ha solicitado una tarjeta verde para los Parlamentos nacionales y que el Parlamento ha pedido a la Comisión que se efectúe un control de la subsidiariedad y una evaluación del impacto completa al concluir las negociaciones legislativas para velar por que la subsidiariedad y proporcionalidad se respeten una vez las propuestas hayan sido enmendadas;
23. De conformidad con las disposiciones relevantes del nuevo Acuerdo Interinstitucional, pide a la Comisión que, con carácter de urgencia, presente propuestas para fijar objetivos de reducción de las cargas en sectores clave; pide a la Comisión que fije el objetivo de reducir en un 25 %para 2020 los costes económicos vinculados a las cargas reglamentarias para las empresas en cada área estratégica, junto con un objetivo a largo plazo para reducir a la mitad para 2030 la carga de los Reglamentos vigentes de la Unión; anima encarecidamente a la Comisión a aplicar de inmediato la fórmula «por cada norma nueva creada, se derogarán dos normas antiguas», y a considerar los beneficios de la introducción de un mecanismo de compensación de la reglamentación por el que solo podrán imponerse nuevas disposiciones que supongan un aumento de la cargas administrativas y reglamentarias cuando sea posible aplicar una doble reducción correspondiente de las cargas existentes;
24. Pide a la Comisión (y al Parlamento) que reconozca que los Gobiernos locales y regionales elegidos democráticamente, y sus asociaciones representativas, son parte del proceso legislativo europeo; pide en concreto que se les exima de las obligaciones del registro de transparencia, como ya ocurre en el caso de las regiones individuales;
25. Pide a la Comisión que preste más atención al respeto de la transparencia y la separación de poderes, mediante un cumplimiento más estricto de lo dispuesto en el artículo 290 del TFUE, y, por lo tanto, que no recurra a actos delegados para aprobar verdaderas medidas legislativas que deben aprobarse con arreglo al procedimiento legislativo ordinario;
26. Subraya la importancia continuada del programa REFIT y las subsiguientes propuestas legislativas tras la evaluación del impacto acumulativa; pide a la Comisión que incluya la Directiva Seveso III dentro del programa evolutivo REFIT y que se centre fundamentalmente en el impacto sobre las empresas, en particular las pymes, y su capacidad de realizar inversiones a largo plazo, así como en su efecto sobre la posible deslocalización de la producción química ubicada en la Unión.
27. Señala las propuestas de la Comisión relativas al pilar europeo de derechos sociales, que pretende fortalecer la dimensión social en la Unión; pide en este sentido a la Comisión que, a la vez que se centra en sus prioridades, vele por que todas las iniciativas bajo los auspicios del pilar europeo de derechos sociales respeten plenamente los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;
28. Pide a la Comisión que revise sistemáticamente el acervo social, que consta de más de cincuenta directivas desarrolladas desde 1958 y que identifique oportunidades para una mayor simplificación y una reducción de las cargas, inclusive, en su caso, por medio de la retirada o derogación de legislación;
29. Reconoce que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en el mercado laboral; considera, a este respecto, que los contratos laborales flexibles, incluidos los contratos temporales y a tiempo parcial, pueden desempeñar un papel importante a la hora de incrementar la participación de grupos que, de otro modo, estarían excluidos del mercado; considera inapropiado que la Comisión presente propuestas legislativas, incluida una Directiva marco sobre el trabajo digno, que pretendan restringir el uso de dichos contratos en los Estados miembros;
30. Recuerda el artículo 155 del TFUE; pide a los interlocutores sociales que, por lo que respecta a los acuerdos marco actuales y futuros, apliquen los instrumentos legislativos mejorados, recurran en mayor medida a las evaluaciones del impacto y remitan los acuerdos que propongan medidas legislativas al Comité de Control Reglamentario de la Comisión;
Medios presupuestarios
31. Señala que la Comisión debe publicar su propuesta de un nuevo marco financiero plurianual (MFP) antes del 1 de enero de 2018, como dispone el artículo 25 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013; considera que el próximo MFP debe desarrollar una vía hacia un presupuesto de la Unión moderno que aborde adecuadamente los desafíos actuales, tales como la crisis migratoria y de refugiados, la amenaza del terrorismo y la salida del Reino Unido de la Unión; considera que la Comisión debe, por tanto, llevar a cabo una revisión integral del gasto antes de las negociaciones del próximo MFP con objeto de evaluar sistemáticamente cada área estratégica del presupuesto de la Unión en términos de eficiencia, valor añadido y contribución a las prioridades generales de la Unión; asimismo, insta a la Comisión a alinear el próximo MFP a los ciclos políticos de la Comisión y el Parlamento a fin de mejorar la apropiación política y, por extensión, la rendición de cuentas del presupuesto plurianual de la Unión; considera que los límites máximos del MFP acordados en 2013 deben mantenerse;
32. Toma nota de que la Comisión estudiará las propuestas del Grupo de Alto Nivel «Recursos Propios», incluidas, en su caso, las nuevas propuestas para la obtención de recursos propios; insta a la Comisión a no solicitar competencias de recaudación de impuestos para la Unión; aboga por que no se abandonen las orientaciones establecidas para el sistema actual de obtención de recursos propios, tales como el equilibrio entre el presupuesto y los recursos propios tradicionales actuales (esto es, aranceles y cotizaciones por el azúcar), o aquellas relativas a los recursos propios basados en la renta nacional bruta (RNB); considera que los recursos propios deben presentarse de forma clara y uniforme en los presupuestos nacionales a fin de garantizar la transparencia y comparabilidad de los ingresos de la Unión;
33. Considera que la Comisión debe desarrollar un sistema mejorado de control presupuestario proporcional a los beneficios obtenidos a través de la financiación de la Unión; considera que una parte integral de este sistema ha de ser la presentación de información, que ha de ser suficientemente transparente y detallada, incluida la presentación de información relativa a los destinatarios de fondos de la Unión, y si los pagos se han efectuado a tiempo; considera que el desempeño, la rentabilidad y los resultados alcanzados por medio de la financiación de la Unión deben ser examinados cuidadosamente siempre a fin de determinar los efectos sostenibles y a largo plazo del gasto de la Unión; recuerda la petición del Parlamento de que un comisario de Control Presupuestario, en sustitución de uno de los comisarios actuales, trabaje con los Estados miembros para resolver casos de fraude y mala administración; pide que se preparen propuestas para reformar el Tribunal de Cuentas para que funcione como una autoridad de auditoría y evaluación que lleva a cabo o encarga evaluaciones independientes de programas de la Unión;
Transporte
34. Subraya la necesidad de seguir desarrollando la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) y los corredores de la red central con carácter prioritario, a fin de enlazar las redes de transporte de todas las regiones de la Unión y resolver problemas como la falta de infraestructuras adecuadas, la accesibilidad y una baja interoperabilidad entre las regiones orientales y occidentales de la Unión; destaca la necesidad de una sinergia de los recursos financieros del FEIE, el MCE y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a fin de velar por el mejor uso posible de toda la financiación disponible de la Unión; destaca, no obstante, que, aunque debe centrarse en instrumentos de financiación innovadores y la combinación de diversos tipos de recursos, el MCE 2.0 debe contener una proporción suficiente de subvenciones para aquellos proyectos de infraestructuras que no resulten atractivos a la inversión privada debido a unas condiciones de mercado diferentes en diversas partes de la Unión;
Investigación
35. Pide a la Comisión que, en su evaluación intermedia y dado el nivel de detalle requerido para las propuestas de proyecto de Horizonte 2020, introduzca criterios de selección más estrictos en la primera fase de la solicitud, puesto que un gran número de solicitantes están invirtiendo tiempo y esfuerzos en elaborar una propuesta completa en la segunda fase con pocas probabilidades o esperanzas de éxito; expresa su preocupación por ser este problema especialmente grave para las pymes;
36. Subraya la necesidad de realizar una investigación aplicada, en particular una investigación que pueda conducir a un conocimiento, destrezas y prácticas mejores, para garantizar que las nuevas tecnologías se emplean de la mejor forma posible; pide a la Comisión que equilibre mejor las necesidades de la investigación y desarrollo fundamentales, aplicados y traslacionales para garantizar el traslado rápido y eficiente de los nuevos descubrimientos a unas tecnologías y productos reales;
Programas de formación y capacidades
37. Subraya que el marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020) y la nueva Agenda de Capacidades para Europa de la Comisión deben complementar las actuaciones nacionales y apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos por desarrollar sistemas de educación y formación formales e informales, especialmente con miras a mejorar las capacidades de lectura, escritura y aritmética;
38. Pide a la Comisión que garantice que la comunidad de expertos y las partes interesadas pertinentes, incluidas las organizaciones de padres, se comprometan activamente con el desarrollo de políticas;
39. Solicita a la Comisión que evalúe la eficacia y el valor añadido de los programas de cultura y educación, prestando especial atención al programa Europa para los Ciudadanos, y que promueva la simplificación de procedimientos y la buena gestión financiera a todos los niveles;
Desarrollo regional y política de cohesión
40. Pide a la Comisión que proporcione unas indicaciones claras sobre el modo en que prevé que se financie y estructure la política de cohesión a partir de 2020, así como sobre cualquier reforma del régimen vigente; considera que debe darse prioridad al diálogo entre todas las instituciones con objeto de crear un proceso de toma de decisiones transparente; subraya la necesidad de definir los límites máximos actuales de los créditos de compromiso y pago a la subrúbrica 1b como una parte del PIB de la Unión en el presupuesto total de la Unión;
41. Pide a la Comisión que lleve a cabo más estudios para garantizar que la política de cohesión tenga la repercusión prevista a nivel del beneficiario o del proyecto; considera que esto es especialmente importante dado que se estima que, para finales de 2018, tan solo se habrá asignado en torno al 25 % del Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el MCE para el periodo de programación 2014-2020;
42. Reconoce que el Reglamento «ómnibus» introdujo una serie de cambios importantes centrados en la simplificación, agilización y flexibilidad; considera que se puede hacer más por garantizar que la asistencia técnica reciba la atención apropiada y sea supervisada y evaluada adecuadamente; considera asimismo que la Comisión debe capacitar a los agentes locales abordando los procedimientos de autorización complejos, las demoras en los pagos a beneficiarios y cuestiones relativas a la combinación de fuentes de financiación, y promoviendo asimismo enfoques orientados a la base como el desarrollo local participativo;
2. «Un mercado único digital conectado»
43. Pide a la Comisión que presente propuestas para establecer el principio general de la libre circulación de datos y eliminar las restricciones a la localización de datos en toda la Unión;
3. «Una unión de la energía resiliente con una política de cambio climático que mire hacia el futuro»
44. Pide a la Comisión que supervise las consecuencias socioeconómicas del nuevo diseño del mercado de la electricidad, en particular en los países de la Europa central y oriental (PECO), la que probablemente asuma costes de la transición energética más elevados que otros Estados miembros;
45. Expresa su preocupación en cuanto a la aplicación de la Directiva relativa a la eficiencia energética y pide a la Comisión que coopere con los Estados miembros siguiendo orientaciones coherentes para garantizar una ejecución eficaz; apoya el principio de «primero, la eficiencia energética», en su caso, y cree que los objetivos han de ser proporcionados y realistas;
4. «Un mercado interior más justo y profundo con una base industrial reforzada»
46. Pide a la Comisión que presente propuestas basadas en su evaluación de la Directiva relativa al seguro de vehículos automóviles (Directiva 2009/103/CE) y en particular sobre la resolución de cuestiones a las que se enfrentan los usuarios de vehículos automóviles derivadas del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Vnuk/Triglav, así como que considere otras mejoras para aquellos ciudadanos que soliciten un seguro, como el reconocimiento de periodos sin créditos de seguro en Estados miembros distintos al Estado en el que se solicite el seguro, a fin de que los ciudadanos puedan beneficiarse de ofertas disponibles para consumidores de dichos Estados miembros;
47. Insta a la Comisión a que, cuando prepare la propuesta de revisión de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores (Directiva 96/71/CE), tenga en cuenta tanto el funcionamiento adecuado del mercado interior como el principio de libre prestación de servicios; insta a la Comisión a que, cuando prepare propuestas de normas de Derecho civil relativas a la robótica, tenga en cuenta el enfoque específico del sector propuesto por el Parlamento a fin de impulsar la innovación y a respetar las diferentes fases del desarrollo de la robótica en los diversos sectores y entre Estados miembros;
48. Pide, a raíz de los resultados de la Comisión de Investigación sobre la Medición de las Emisiones en el Sector del Automóvil, que se adopten con celeridad el tercer y cuarto paquete de emisiones en condiciones reales de conducción (RDE) con el objetivo de definir con precisión las condiciones de cumplimiento con los límites actuales de CO2 y NOx;
49. Toma nota de que las disposiciones fundamentales del Reglamento sobre biocidas acerca de la autorización de proveedores y el registro de sustancias activas utilizadas en los artículos tratados se enfrentan a importantes problemas de cumplimiento por el escaso conocimiento que se tiene de ellas entre las empresas afectadas; insta encarecidamente a la Comisión a que se base en el trabajo realizado como parte del control de adecuación reciente efectuado sobre la legislación más relevante en materia de sustancias químicas (a excepción de REACH), así como en aspectos pertinentes de la legislación aplicada a las industrias transformadoras, y a que incluya el Reglamento en su programa REFIT de 2018, prestando especial atención a las cargas financieras y administrativas impuestas a las pymes y microempresas al reunir informes de autorización para la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA);
50. Toma nota de las dificultades financieras y reglamentarias de los Estados miembros a la hora de aplicar la Directiva sobre nitratos (91/676/CEE) que, a menudo, se considera un ejemplo de la escasa eficacia de la legislación de la Unión, con numerosos procedimientos de infracción aún pendientes; hace hincapié en la necesidad de armonizar el ciclo de notificación con el de la Directiva marco sobre el agua (Directiva 2000/60/CE, DMA), de tal forma que los mismos datos de seguimiento pueden utilizarse para las revisiones de ambas directivas, y de limitar y simplificar los requisitos de planificación de los nitratos, que han demostrado ser una carga burocrática innecesaria para el sector agrícola; insta a la Comisión a que amplíe la labor realizada en su control de adecuación de 2012 de la política de agua dulce de la Unión e incluya una revisión sistemática de la Directiva sobre nitratos en su programa REFIT de 2018, con el fin de simplificar los requisitos complejos y reducir los costes de cumplimiento;
51. Señala que los marcos operativos actuales y los instrumentos de recogida de datos relativos a las normas sobre vitaminas y minerales empleados como ingredientes de complementos alimenticios relacionadas con la Directiva en materia de complementos alimenticios (2002/46/CE) a menudo se mencionan como un ejemplo de legislación débil y obsoleta de la Unión con numerosas diferencias de armonización en toda la Unión, no solo en términos de ámbitos reglamentarios y cooperación entre agencias, sino que también se dan divergencias nacionales en una amplia variedad de nutrientes e ingredientes que pueden estar presentes también en los alimentos; pide a la Comisión que revise el trabajo ya realizado y que colabore estrechamente con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para revisar el contexto actual del mercado europeo de alimentación sana empleando debidamente la investigación científica;
52. Subraya la necesidad de garantizar la continuidad de las inversiones en el ciclo creativo y el acceso a contenidos audiovisuales de gran calidad para los consumidores, incrementando al mismo tiempo la protección de los menores y el apoyo a la producción y distribución de obras europeas; pide a la Comisión que aplique su compromiso de realizar evaluaciones del impacto y tomar medidas basadas en datos contrastados a este respecto y que fomente que se pongan en común buenas prácticas en los Estados miembros y la industria, recordando al mismo tiempo el principio de soberanía cultural;
Pesca
53. Acoge con satisfacción el progreso realizado por las flotas pesqueras de la Unión al alcanzar las metas y objetivos de la política pesquera común (PPC), principalmente el artículo 2 referido a la pesca sostenible desde la perspectiva del medio ambiente; pide a la Comisión que apoye y continúe promoviendo las etiquetas (ecológicas) como mecanismo para identificar el pescado de buena calidad capturado de forma sostenible y para garantizar un seguimiento del mar al plato; pide a la Comisión que vele por que la PPC y la obligación de desembarque sean implementadas de forma adecuada con plazos realistas; pide a la Comisión que siga trabajando en estrecha colaboración con pescadores y científicos para determinar y prever dónde pueden presentarse especies con cuota suspensiva y para buscar soluciones tales como técnicas de pesca innovadoras, como los impulsos;
54. Insiste en la necesidad de que la Comisión revise el Reglamento (CE) n.º 1967/2006 (Reglamento sobre el Mediterráneo), en particular la parte relativa a la prohibición del uso de ciertos artes de pesca tradicionales y las disposiciones referidas a las características específicas de los artes de pesca; expresa su preocupación con relación a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que establece un plan plurianual para las pequeñas especies pelágicas del mar Adriático y la pesca de dichas poblaciones, que contiene el nuevo marco de gestión;
55. Pide a la Comisión que encuentre una solución pragmática para la pesca industrial a fin de regular y limitar las prácticas de utilización de recursos pesqueros valiosos para producir harina de pescado, en particular en lo que respecta a ecosistemas vulnerables del mar Báltico; pide a la Comisión que revise la legislación vigente para respaldar en particular la pesca a pequeña escala y para ahondar en su definición; subraya la necesidad de que la Comisión revise la legislación vigente a fin de introducir el periodo de cierre temporal de la pesca del bacalao en el mar Báltico para limitar la pesca de alevines de bacalao;
Agricultura
56. Acoge con satisfacción la consulta pública de doce semanas llevada a cabo por la Comisión y el reconocimiento por parte del presidente Juncker y el comisario Hogan de que la PAC necesita una revitalización, así como recibir una financiación suficiente; espera que las aportaciones de agricultores, ciudadanos y organizaciones recibidas durante esta consulta conformen la futura PAC; subraya que la PAC debe garantizar que sean rentables las inversiones que los contribuyentes hacen en agricultura, avanzando a la vez hacia la igualación de los pagos directos en los Estados miembros y garantizando que la Unión pueda mantener e incrementar su potencial de producción alimentaria;
57. Lamenta la ausencia de actuación para garantizar un uso más eficiente de nutrientes como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que aumentarían la producción alimentaria y energética; subraya que la degradación del suelo sigue constituyendo una importante limitación para la producción agrícola en la Unión;
58. Expresa su preocupación por el modo en que la Comisión ha lidiado con una serie de actos delegados; recuerda a la Comisión que los actos delegados deben referirse a ajustes técnicos y administrativos y no introducir medidas agrícolas orientadas políticamente en la PAC evitando el proceso legislativo ordinario;
59. Destaca que los agricultores de la Unión necesitan más instrumentos voluntarios a su disposición en el segundo pilar para permitirles lidiar con la elevada volatilidad de precios y los prolongados periodos de precios bajos; pide a la Comisión que trabaje con los Estados miembros en el desarrollo de instrumentos de gestión de riesgos de la Unión; subraya que el principal instrumento de estabilización de la renta de los agricultores son los pagos directos dentro del primer pilar; pide a la Comisión que explore medidas que puedan velar por la transparencia del mercado a lo largo de toda la cadena agroalimentaria;
60. Pide a la DG AGRI que colabore estrechamente con las DG EMPL y GROW para garantizar una focalización real en el sector agroalimentario; señala que si el sector agroalimentario de la Unión va a ser competitivo en el mercado mundial, es necesario centrar los esfuerzos en la creación de empleo, el crecimiento y la inversión en todas las explotaciones agrarias, independientemente del tipo y tamaño, para que se maximice el potencial de producción; subraya que si Europa ha de desarrollar sus métodos y tecnologías agrícolas de agricultura de precisión, la Comisión debe trabajar con los Estados miembros en la planificación de la inversión en formación y educación agrícola técnica o de nivel superior;
5. «Una unión económica y monetaria más profunda y más justa»
61. Destaca la importancia de lograr la Unión de Mercados de Capitales; subraya, no obstante, que cualquier otra propuesta legislativa ha de realizarse únicamente si los efectos esperados no pueden alcanzarse por medios no legislativos;
62. Destaca que medidas no legislativas, como el fomento de soluciones impulsadas por el mercado y la garantía efectiva del cumplimiento de las leyes en materia de competencia y mercado único pueden ofrecer el mejor camino para avanzar en algunos ámbitos;
63. Pide a la Comisión que reconozca que la diversidad entre los modelos empresariales y los mercados financieros de los Estados miembros puede constituir una fortaleza que merezca la pena proteger para Europa en su conjunto;
64. Subraya la importancia de modificar los reglamentos para armonizarlos con los acuerdos internacionales, por ejemplo, los Acuerdos de Basilea en vigor;
65. Acoge con satisfacción el trabajo de la Comisión y los Estados miembros para promover activamente la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal, la planificación fiscal abusiva y el uso de paraísos fiscales, recurriendo a los conocimientos especializados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a la hora de promover la buena gobernanza en el ámbito fiscal;
66. Pide un estricto cumplimiento del principio de «no corresponsabilidad financiera» como opción encomiable para reformar el marco de gobernanza económica;
67. Resalta la importancia de vigilar la ejecución de la legislación vigente relativa a la unión bancaria y de mejorar el diálogo con los expertos del sector para evaluar la repercusión y la eficacia de la legislación adoptada;
6. «Política comercial»
68. Apoya los esfuerzos continuados de la Comisión a la hora de negociar disposiciones específicas diseñadas para mejorar la capacidad de la pequeña y mediana empresa de involucrarse en el comercio y la inversión; reconoce la proliferación de cadenas de suministro mundiales integradas en las estructuras del comercio internacional; pide a la Comisión que aplique una estrategia de comercio digital que tenga en cuenta las oportunidades que esta ofrece a la pequeña y mediana empresa facilitando el acceso a mercados globales; recomienda que esta estrategia trate de mejorar la conectividad y el desarrollo de la capacidad del comercio electrónico, eliminando las restricciones injustificadas impuestas a los flujos de datos transfronterizos, siempre y cuando se apliquen las normas adecuadas que promueven el comercio digital abierto, de confianza y seguro; alienta a la Comisión a promover la Agenda de comercio digital en las negociaciones del acuerdo de libre comercio en curso y futuras y en la Organización Mundial del Comercio (OMC), puesto que la organización debe seguir constituyendo un foro flexible y dinámico para las negociaciones;
69. Pide a la Comisión que revise el actual marco comercial UE-ACP regido por el Acuerdo de Cotonú, que expirará en 2020; señala que se trata de una buena oportunidad para evaluar la relación y trabajar en torno a un nuevo modelo que tenga en cuenta las conclusiones basadas en datos contrastados sobre el impacto, eficiencia, valor añadido de la UE y cambios actuales en el contexto internacional; considera que el nuevo plan debe ir enfocado a respaldar el crecimiento económico en los países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) y su integración en la economía global; solicita, por tanto, que la Comisión desarrolle una política comercial clara y firme que incluya el desarrollo del sector privado, la facilitación del comercio y la liberalización recíproca, pero no se limite a estos aspectos; pide a la Comisión que lo lleve a cabo respetando el principio de «coherencia de las políticas en favor del desarrollo»;
70. Reconoce y apoya el enfoque adoptado en la estrategia «Comercio para todos» de incluir disposiciones en materia de lucha contra la corrupción en futuros acuerdos comerciales, dado el papel bien conocido que desempeña la corrupción para facilitar el comercio ilegal; solicita a la Comisión que aplique una política comercial que aborde el comercio ilegal al negociar con socios comerciales; recomienda que esto se lleve a cabo respetando los marcos vigentes relativos al comercio internacional negociados a nivel multilateral;
7. «Un espacio de justicia y derechos fundamentales basado en la confianza mutua»
71. Considera que la plena interoperabilidad de las bases de datos de la Unión en el ámbito de Justicia y Asuntos de Interior, con un acceso adecuado para las autoridades nacionales pertinentes, incluido un acceso a datos biométricos, es esencial para que la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo sea más eficaz; insta a la Comisión a que desarrolle normas para las bases de datos actuales y futuras que incorporen los principios de seguridad de forma deliberada y, en su caso, de limitación de la finalidad por defecto; considera, asimismo, que los sistemas y Estados miembros de la Unión han de ser capaces de emplear la información de las bases de datos internacionales, como aquellas gestionadas por la Interpol, así como de intercambiar información con ellas; insta a la Comisión a colaborar con los Estados miembros para velar por que se adjunte permanentemente y con buena calidad información relevante a las bases de datos de la Unión;
72. Considera que trabajar en unas bases de datos nuevas o actualizadas ha de ser una prioridad, incluido el Sistema de Entradas y Salidas (SES), el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV), el paquete SIS II, Eurodac, el Sistema Europeo de Índice de Ficheros Policiales (EPRIS) y el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS), y ha de garantizarse una financiación adecuada a fin de ponerlas en marcha; insta a la Comisión a seguir continuamente la evolución tecnológica con objeto de mejorar los sistemas de información, teniendo en cuenta la relevancia de la velocidad y la fiabilidad para el uso de dichos sistemas;
73. Apoya la próxima revisión de la Estrategia de Ciberseguridad; pide a la Comisión que revise la legislación vigente en materia de ciberdelincuencia y presente una propuesta que establezca un marco claro para la relación entre empresas privadas y los servicios de seguridad en la lucha contra la delincuencia organizada y la radicalización en internet, al tiempo que se considera la seguridad del procesamiento de datos personales y el riesgo de que se produzca una violación de los datos;
74. Pide que se intensifiquen las labores de detención de la propaganda en línea, en particular aquella que promueve ideologías extremistas, pero también aquella cuyo objetivo es la desestabilización, como los esfuerzos propagandísticos coordinados desde Rusia; solicita una financiación más adecuada por parte de la Unidad de Notificación de Contenidos de Internet de la Europol;
75. Pide a la Comisión que coordine el intercambio de las mejores prácticas posibles a la hora de hacer frente a la radicalización en prisiones de la Unión;
8. «Hacia una nueva política migratoria»
76. Solicita a la Comisión que intensifique los esfuerzos para concluir un acuerdo con todas las partes implicadas en Libia a fin de frenar la afluencia ilegal de nacionales de un tercer país al territorio de la Unión;
77. Alienta a la Comisión tanto a proseguir con las negociaciones con terceros países relativas a los acuerdos de retorno y readmisión como parte crucial de un sistema de asilo justo, como a que revise la Directiva sobre retorno (Directiva 2008/115/CE) con objeto de evaluar si aún provee un marco legal adecuado para la política de retorno de la Unión; considera que, a nivel de los Estados miembros, se puede recurrir al reasentamiento voluntario como un instrumento para dotar de protección internacional;
78. Apoya el objetivo de establecer procedimientos y condiciones de asilo estrictos en los Estados miembros; considera, no obstante, que los Estados miembros son y han de seguir siendo responsables en último término de sus fronteras, políticas del mercado de trabajo, acceso a la protección social, sanidad, vivienda y educación;
79. Considera que se necesitan más esfuerzos para garantizar el apoyo a la Guardia Europea de Fronteras y Costas, inclusive a través de la puesta en común de recursos, a medida que asume nuevas tareas importantes, incluida la futura unidad central del SEIAV;
9. «Un interlocutor de mayor peso en el escenario mundial»
80. Pide que se realicen revisiones periódicas de la política europea de vecindad, al objeto de asegurar que aborda las situaciones en constante evolución de las fronteras orientales y meridionales de la Unión; insiste, además, en que las actividades y los presupuestos del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) se analicen y justifiquen adecuadamente; considera que dicha evaluación no ha de centrarse exclusivamente en si los fondos se gastan correctamente, sino también en si se han alcanzado los objetivos de la PEV;
81. Alienta la cooperación entre la Unión, sus Estados miembros y organizaciones internacionales, incluidas la ONU, la OTAN y la Commonwealth, garantizando el reconocimiento de una política exterior, una seguridad y unos retos humanitarios globales compartidos, y una competencia nacional en estos ámbitos;
82. Insiste en que la promoción de los derechos humanos sigue constituyendo una dimensión importante de los objetivos de la política exterior de la Unión y de todas sus relaciones con terceros países, en particular en áreas como la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad política, los derechos de las mujeres, niños y personas con discapacidad, y los derechos de grupos minoritarios, incluidas las personas LGBTI;
83. Pide que se mantenga la presión diplomática, incluido el uso de sanciones selectivas contra individuos, grupos y el Gobierno ruso, en aras de resolver el conflicto en Ucrania de forma pacífica; insiste en el cumplimiento estricto de la política de no reconocimiento de la ocupación de Crimea por Rusia;
84. Exhorta a una mayor cooperación internacional en la búsqueda de una solución negociada del conflicto entre Israel y Palestina, que dé lugar a un Israel seguro y universalmente reconocido junto a un Estado palestino soberano y viable;
Seguridad
85. Reconoce a la OTAN como la piedra angular de la política de seguridad y defensa europea y se opone a cualquier medida que pueda debilitar los lazos de la Unión con socios internacionales en materia de defensa; insta a la Comisión a colaborar con los Estados miembros para alcanzar el objetivo de un 2 % del PIB para el gasto militar de los Estados miembros de la OTAN;
86. Pide a la Comisión que examine los objetivos y la rentabilidad de las misiones civiles de la Unión en el marco de la política común de seguridad y defensa (PCSD) con miras a desarrollar de forma más eficiente un ámbito de complementación genuina y útil con el papel de otras organizaciones;
87. Promueve, como el mayor contribuyente a la acción internacional contra las minas terrestres antipersonal, una revisión de la focalización y financiación de la lucha contra las minas por parte de la Unión con el fin de concluir dicha actuación con éxito en menor tiempo posible;
88. Propone la identificación de financiación de investigación y de medidas prácticas en el ámbito de la ciberseguridad, en especial en lo referido a la protección de infraestructuras y el fortalecimiento de la resistencia nacional, con objeto de determinar dónde reside el mayor valor añadido, teniendo en cuenta el trabajo de otras organizaciones;
Desarrollo
89. Considera que el papel del sector público es fundamental para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); Considera que el sector privado en condiciones de comercio libre y justo es el motor de la creación de riqueza y del crecimiento económico en todas las economías de mercado, y que genera el 90 % de los puestos de empleo e ingresos en los países en desarrollo; señala que, según las Naciones Unidas, el sector privado representa el 84 % del PIB en los países en desarrollo y tiene la capacidad de proporcionar una base sostenible para una menor dependencia de la ayuda y la movilización de los recursos nacionales;
90. Pide a la Comisión que establezca un marco claro, estructurado, transparente y justificado que rija las colaboraciones y alianzas con el sector privado en países en desarrollo; asimismo pide la creación, a nivel de la Unión, de plataformas sectoriales y para múltiples partes interesadas que reúnan al sector privado, OSC, ONG, laboratorios de ideas, Gobiernos asociados, donantes y otras partes interesadas, a fin de informar acerca de oportunidades para participar en APP, intercambiar buenas prácticas y proporcionar soporte técnico relativo al marco legal y a retos previstos como resultado de intervenciones de desarrollo colaborativas;
91. Celebra el papel del BEI en el desarrollo del sector privado local; subraya el hecho de que el apoyo del BEI a la microfinanciación ya ha sido especialmente fructífero, con tan solo 184 millones EUR en microcréditos para sostener 230 500 puestos de trabajo en microempresas de todo el mundo, y que estos microcréditos tienen una firme perspectiva de género y generan el doble de puestos de trabajo para mujeres que para hombres; pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que reconozcan el éxito de las políticas de microfinanciación aumentando los recursos financieros disponibles; señala que el BEI dedique más recursos a la microfinanciación a través del mandato de préstamo exterior de la Unión en todos los países en desarrollo en los que el BEI actúa;
92. Recuerda que el tercer objetivo de desarrollo sostenible afirma claramente que para 2030 toda persona debe poder disfrutar de una buena salud física y mental a lo largo de su vida; subraya que, cada año, 100 millones de personas caen en la pobreza como resultado de unos costes sanitarios desproporcionados con sus ingresos y que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de un tercio de la población mundial, y más del 50 % en África, no tiene acceso a medicamentos debido a las desigualdades, como unos niveles más bajos de educación e ingresos inferiores, un acceso limitado a la información, infraestructuras limitadas y un alcance limitado de puntos de asistencia médica en áreas rurales, junto con una correspondiente ausencia de diagnósticos, lo que conduce a una falta de tratamiento y a un acceso mínimo a la medicación;
93. Recuerda que el objetivo ha de ser llegar a aquellas personas que necesitan asistencia médica cuando y donde la necesiten, respetando debidamente la soberanía de los terceros países pertinentes, al tiempo que se reconoce que la disponibilidad de medicamentos se ve afectada por conflictos y crisis, así como todos los aspectos de los sistemas sanitarios; considera que en estos casos los sistemas de reacción ante emergencias son necesarios para prevenir y/o responder de forma eficaz ante posibles focos;
10. «Una unión de cambio democrático»
94. Pide a la Comisión que dé inicio a un acuerdo interinstitucional con el propósito de permitir una implicación genuina de la red de Parlamentos nacionales en el proceso legislativo de la Unión con arreglo a los principios inseparables de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad; pide a la Comisión, con este fin:
– que amplíe de facto de ocho a doce semanas el periodo de escrutinio en el que los Parlamentos nacionales pueden emitir un dictamen motivado,
– que fomente y examine los dictámenes motivados emitidos por iniciativa propia por los Parlamentos nacionales que sugieren que la Comisión inicie un acto legislativo dentro de su área de competencia («tarjeta verde»),
– que considere cualquier dictamen motivado acerca del incumplimiento por parte de un proyecto de acto legislativo de la Unión del principio de subsidiariedad «políticamente vinculante» si ha alcanzado el umbral establecido de un tercio de los votos correspondiente a los Parlamentos nacionales y, en consecuencia, que se comprometa a retirar al instante y por completo el proyecto de acto impugnado,
– que acoja con satisfacción la parlamentarización y modernización del compromiso de Luxemburgo por lo que respecta a los dictámenes motivados de los Parlamentos nacionales sobre asuntos que consideran de un elevado interés nacional contrarios a la adopción o a la participación en un proyecto de acto determinado, e invita al Consejo a celebrar debates integrales con vistas a llegar a un consenso,
– que acoja con satisfacción el derecho de los Parlamentos nacionales a reclamar y revisar actos de ejecución o delegados adoptados por la Comisión, así como a una cooperación plena ante peticiones presentadas por cualquier comisión de investigación de un Parlamento nacional en lo que se refiere a un asunto europeo,
– que revise cualquier directiva o reglamento si así lo solicitan los Parlamentos nacionales,
– que aplique una cláusula de extinción automática para ciertos actos tras cinco o diez años,
– que inicie la repatriación de las denominadas competencias compartidas si los Parlamentos nacionales que alcancen un tercio de los votos consideran que los objetivos, a la luz de la experiencia, no se han alcanzado lo suficiente por medio del procedimiento legislativo ordinario y que es mejor que se devuelva a los Estados miembros y/o autoridades regionales y locales;
95. Pide a la Comisión que inicie un procedimiento ordinario de revisión de los Tratados conforme al artículo 48 del TUE con miras a proponer los cambios del artículo 341 del TFUE y del Protocolo n.º 6 necesarios para permitir al Parlamento decidir la ubicación de su sede y su organización interna;
96. Pide a la Comisión que proponga una modificación del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a fin de que «todo Juez que haya tomado parte en el examen de un asunto por una determinada Sala o por la Gran Sala [pueda] añadir a la sentencia o bien su opinión particular, ya sea concordante o disidente, o bien una simple declaración de disconformidad»;
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97. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, al Consejo Europeo y a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.