Documento de sesión
30.6.2017
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Comisión
presentada de conformidad con el artículo 37, apartado 3, del Reglamento interno y con el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea
sobre las prioridades del Parlamento Europeo para el programa de trabajo de la Comisión para 2018
( 2017/2699(RSP) )
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE
Resolución del Parlamento Europeo sobre las prioridades del Parlamento Europeo para el programa de trabajo de la Comisión para 2018
( 2017/2699(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Visto el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea[1], en particular su anexo IV,
– Vista su Resolución, de 6 de julio de 2016, sobre las prioridades estratégicas para el programa de trabajo de la Comisión para 2017[2],
– Vistos la Comunicación de la Comisión, de 25 de octubre de 2017, titulada «Programa de Trabajo de la Comisión para 2017 – Realizar una Europa que proteja, capacite y vele por la seguridad»[3], y sus anexos,
– Vista la Declaración conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para 2017[4],
– Vistos el Libro Blanco de la Comisión sobre el futuro de Europa, de 1 de marzo de 2017, y los documentos de reflexión sobre la dimensión social de Europa, el aprovechamiento de la globalización, la realización de la Unión Económica y Monetaria, la defensa de la Unión y el futuro de las finanzas de la Unión,
– Vista la Declaración de Roma de los dirigentes de los veintisiete Estados miembros y del Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión, de 25 de marzo de 2017,
– Visto el artículo 37, apartado 3, de su Reglamento interno,
A. Considerando que el proceso de integración europea ha aportado paz y ha contribuido a la seguridad y la prosperidad en Europa durante varias décadas; que los resultados de las consultas democráticas de la última década deben ser una oportunidad para reflexionar sobre nuestro proyecto europeo común, sus beneficios reales, las deficiencias existentes y su finalidad renovada;
B. Considerando que las consecuencias de la globalización avivan cada vez más las preocupaciones y el euroescepticismo entre los ciudadanos europeos; que la Unión debe ofrecer garantías y protección frente a dichas consecuencias;
C. Considerando que la integración europea ya no puede ser reducida a un mero proyecto económico y que debe volver a ganarse con carácter urgente los corazones de los europeos para el proyecto europeo, con un cambio de curso serio en las políticas de la Unión;
D. Considerando que, a pesar de sus insuficiencias, el Parlamento tiene una especial responsabilidad en la definición de nuestro interés común europeo y debe contribuir a superar las actuales divisiones en el Consejo, estancado con harta frecuencia por culpa de regateos nacionales y mentalidades de «juego de suma cero»;
E. Considerando que el interés general de los ciudadanos europeos siempre debe prevalecer sobre la defensa de los intereses nacionales o corporativos;
F. Considerando que nosotros, como europeos, elegimos un futuro común, como una auténtica comunidad basada en valores y objetivos compartidos; que las identidades locales, regionales y nacionales no se excluyen mutuamente, y que contribuyen a nuestra identidad europea más amplia;
G. Considerando que la actual acumulación de crisis requiere unas soluciones verdaderamente europeas; que deseamos que la Unión desempeñe el papel que le corresponde y asuma sus responsabilidades en la escena internacional, comprometiéndose con la solidaridad, el multilateralismo y nuestras asociaciones exteriores y promoviendo la convergencia mundial hacia unas normas más estrictas; que deseamos sacar adelante nuestro proyecto común de paz, prosperidad y democracia compartidas, creando un futuro atractivo para todas las generaciones;
Nuestro escenario para Europa: un espacio de libertad, seguridad, democracia, justicia social, ecología y derechos humanos
1. Considera que ninguno de los cinco escenarios formulados en el Libro Blanco de la Comisión presenta una visión convincente para el futuro de Europa, ya que todos siguen el mismo patrón de reformas que ha imperado en la Unión en las últimas décadas;
2. Cree que la excesiva atención a la disciplina presupuestaria y la austeridad de los últimos años, la promoción de conceptos vacíos como «legislar mejor» o «ser grandes en las cosas grandes y pequeños en las cosas pequeñas» solo han acarreado ineficiencia, incapacidad para lograr resultados y, en última instancia, la desconfianza de los ciudadanos hacia la Unión;
3. Subraya, por consiguiente, que la Unión debe realizar una revisión profunda de sus objetivos, métodos de trabajo y organización para poder dar respuesta a los desafíos del siglo XXI y abordar las preocupaciones de los ciudadanos; subraya, a este respecto, que los objetivos y la finalidad del proceso de integración europea deben ser objeto de una definición concreta y explícita, deben compartirse y reconocerse democráticamente;
4. Cree que es preciso abordar como primera prioridad la desconfianza mostrada actualmente hacia la idea europea; sugiere que esto se podría llevar a cabo, en primer lugar, mediante la democratización del proceso decisorio europeo y una mayor inclusión de los ciudadanos en nuestro proyecto político común;
5. Considera que la Unión debe convertirse en un espacio en el que la riqueza esté mejor repartida, donde la búsqueda permanente del equilibrio adecuado entre las esferas económica, medioambiental y social —los tres pilares del desarrollo sostenible— guíe todas las políticas públicas, y donde se amplíen, en lugar de restringirse, los derechos y las libertades;
La Europa que queremos: principales prioridades
Mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos europeos
6. Recuerda que la actual recuperación económica de la Unión es modesta y desequilibrada, dado que muchas regiones aún presentan niveles inaceptables de desempleo, pobreza y desigualdad y muy escasas perspectivas para las generaciones jóvenes; insiste, por consiguiente, en que la principal agenda económica y social de la Unión debe incluir medidas encaminadas a reducir las desigualdades sociales y a promover la igualdad de género y el empleo de calidad para todos, al tiempo que se incrementan las inversiones en el sistema educativo;
7. Recuerda que la reducción de las desigualdades regionales y la promoción de la cohesión económica, social y territorial entre todas las regiones de la Unión es un objetivo recogido en los Tratados; insiste en que los preparativos para la política de cohesión posterior a 2020 constituyen una prioridad política; destaca, en este sentido, el importante papel que juega el Séptimo Informe de Cohesión económica, social y territorial, de próxima aparición; pide a la Comisión que acelere sus esfuerzos y presente propuestas concretas al respecto; considera que todas las regiones, tal y como se definen en los artículos 174 y 349 del TFUE, deben beneficiarse de la política de cohesión;
8. Observa que la política de cohesión es la principal política de inversión de la Unión y que debe tener en cuenta los objetivos políticos generales de la Unión, incluida la agenda digital, la Unión de la Energía, la política climática, un nivel elevado de protección del medio ambiente, un desarrollo económico adecuado y sostenible, la igualdad de género y el pilar social; hace hincapié en la importancia crucial que reviste la participación de los entes locales y regionales, de los interlocutores económicos y sociales y de la sociedad civil, y la colaboración y el diálogo con los mismos, para la calidad de los programas y proyectos y para la consecución de los objetivos; pide a la Comisión, por tanto, que refuerce en el futuro el principio de asociación, también a través de enfoques como el desarrollo local participativo;
9. Pide a la Comisión que mejore la salud y seguridad en el trabajo de los trabajadores, incluida la correcta aplicación de la Directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo, y estudie formas adecuadas para subsanar sus deficiencias, y que presente sin demora el tercer lote de sustancias objeto de revisión con arreglo a la Directiva sobre la exposición a agentes carcinógenos y mutágenos e incluya valores límite de las sustancias tóxicas para la reproducción sobre la base de datos científicos y técnicos, así como una evaluación de impacto;
10. Toma nota de la presentación del paquete sobre equilibrio entre vida privada y vida laboral; lamenta que el permiso por maternidad no se incluya en el paquete; pide a la Comisión que garantice que la legislación y las políticas en materia de equilibrio entre vida privada y vida laboral, incluida la política aplicada en las instituciones de la Unión, tengan en cuenta a las personas en situación vulnerable, como los progenitores solos, los progenitores con discapacidad y las familias con hijos con discapacidad; pide a la Comisión que garantice que las políticas y las medidas correspondientes tienen en cuenta la creciente diversidad de las relaciones familiares, incluidas las uniones civiles y los acuerdos entre los padres y los abuelos, así como la diversidad de la sociedad en su conjunto, en particular para garantizar que los menores no se vean discriminados por el estado civil de sus progenitores o por la composición familiar;
11. Pide a la Comisión que aborde las múltiples dimensiones de la pobreza y de las desigualdades y que proponga una estrategia integrada contra la pobreza con el fin de alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020; recomienda a la Comisión que promueva regímenes adecuados de renta mínima en todos los Estados miembros, sobre la base de una evaluación de impacto y en consonancia con la legislación y las prácticas nacionales, al tiempo que ofrece oportunidades para evitar la dependencia a largo plazo de la renta mínima; reitera su llamamiento para la elaboración de un Libro Verde sobre las desigualdades y el modo en que estas lastran la recuperación económica; pide a la Comisión que redoble su labor en relación con la aplicación de la Recomendación «Invertir en la infancia», y con el seguimiento de la misma; reitera su petición a la Comisión y a los Estados miembros de una garantía infantil que coloque a los menores en el centro de las actuales políticas de mitigación de la pobreza y que garantice los recursos específicos necesarios para su plena aplicación;
Una estrategia europea para un desarrollo sostenible
12. Considera que los modelos económicos basados exclusivamente en el crecimiento del PIB y la sobreexplotación continua de los recursos naturales y la «financiarización» han alcanzado sus límites; considera que, a partir de ahora, la Unión debe convertir la sostenibilidad en el núcleo de toda buena política económica orientada al futuro y a la resolución de crisis;
13. Constata las consecuencias humanas y económicas de las catástrofes climáticas en Europa y a escala mundial; hace hincapié en la importancia de continuar abordando las causas profundas del cambio climático y de garantizar al mismo tiempo la competitividad de nuestra industria, con una ambiciosa estrategia climática, coherente con los compromisos de la Unión en virtud del Acuerdo de París para procurar limitar el aumento de la temperatura a 1,5 ºC; subraya que es necesario actualizar las normas reglamentarias e introducir los instrumentos financieros pertinentes; pide a la Comisión que evalúe la coherencia y consistencia de las actuales políticas de la Unión en relación con los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de París;
14. Apoya, en este contexto, el llamamiento del Consejo a la Comisión para que presente una estrategia holística de la Unión sobre política industrial para el futuro que aborde las prioridades clave, como la transición hacia una economía basada en fuentes de energía renovables y eficiente en el uso de la energía, la adaptación al cambio climático y su mitigación, un futuro no tóxico, la conectividad digital para todos, la realización del potencial de las industrias creativas europeas, el aumento de la sostenibilidad de las ciudades y la aplicación de la agenda sobre economía circular;
15. Insta a la Comisión a que ponga fin a las subvenciones a los combustibles fósiles con cargo a los fondos de la Unión y a que coordine los esfuerzos de los Estados miembros orientados a una rápida retirada progresiva de las subvenciones a los combustibles fósiles; pide asimismo a la Comisión que garantice que no se destinan subvenciones nacionales o de la Unión para financiar nuevos reactores nucleares y que inste a los Estados miembros a que abandonen sus planes de prolongación del período de vida útil de las centrales nucleares existentes;
16. Espera que la Comisión presente en 2018 un presupuesto de carbono para la Unión que sea coherente con los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de París; espera que la Comisión desarrolle y aplique las correspondientes opciones políticas para resolver rápidamente el problema de las emisiones de metano a través de una estrategia de la Unión relativa al metano; pide a la Comisión que defina y apoye el desarrollo de proyectos de fuentes de energía renovables en el marco de la Unión de la Energía;
17. Recuerda que deben intensificarse los esfuerzos para lograr la Unión de la Energía, garantizando la seguridad energética y una energía asequible y sostenible para todos los ciudadanos y todas las empresas; espera, en este sentido, que la Comisión continúe abordando la pobreza energética mediante un plan de acción concreto para erradicar la pobreza energética y garantizar el acceso a energía asequible para todos los ciudadanos de la Unión;
18. Considera crucial que se aborden las emisiones en el sector del transporte; insta a la Comisión a que complete su examen —ya retrasado— de la legislación sobre las emisiones de CO2 procedentes de turismos y furgonetas y de vehículos pesados, y a que presente propuestas legislativas ambiciosas para establecer un objetivo para el promedio de la flota en 2025 que sea conforme con los compromisos contraídos en el contexto del acuerdo de 2013; insta a la Comisión a que presente una propuesta de límites de emisiones Euro 7 neutros desde el punto de vista tecnológico y que se apliquen para el año 2025 a todos los vehículos de las categorías M1 y N1 comercializados en la Unión, con vistas a mejorar la calidad del aire en la Unión y a respetar los límites de calidad del aire ambiente en la Unión y los niveles recomendados por la OMS;
19. Espera que las propuestas de la Comisión para la política agrícola común con posterioridad a 2020 se basen en la intervención pública correctora, entre otros aspectos, respecto de la volatilidad de los mercados agrícolas y la remuneración justa para los productos de los agricultores, a fin de garantizar una producción y un suministro seguros y sostenibles de alimentos; solicita propuestas que permitan alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y que garanticen un medio rural vivo; pide que aumente sustancialmente la atención a la realización de los objetivos en materia de biodiversidad, medio ambiente y cambio climático, en particular concediendo prioridad a una transición hacia prácticas agrícolas sostenibles que permitan una mayor absorción de carbono en los ecosistemas terrestres, especialmente en suelos vivos y saludables, limitando las emisiones de gases de efecto invernadero, poniendo freno a la pérdida de biodiversidad, adoptando enfoques agroecológicos que garanticen la fertilidad y la productividad a largo plazo y sustituyendo los plaguicidas químicos por soluciones alternativas; reitera su llamamiento a la Comisión para que presente propuestas legislativas que aborden la cuestión de la resistencia a los antimicrobianos y pide al Consejo que vuelva a conceder prioridad a los reglamentos sobre medicamentos veterinarios y piensos medicados;
20. Espera que, en el contexto del nuevo marco financiero plurianual (MFP), la Comisión presente la propuesta sobre un nuevo y ambicioso Mecanismo «Conectar Europa» con la antelación suficiente a principios de 2018 para que el Parlamento pueda emitir su dictamen y para que el programa esté operativo en 2021; pide que el presupuesto de energía del Mecanismo «Conectar Europa» se asigne exclusivamente a proyectos de interés común en el sector de la electricidad (incluidas las redes energéticas inteligentes) que apoyen la expansión de las fuentes de energía renovables y el principio de «primero, la eficiencia energética»; pide que una mayoría del presupuesto en el sector de las TIC se destine a la financiación de infraestructuras de banda ancha;
21. Espera que la Comisión aclare su objetivo para el próximo MFP y que presente su propuesta para el Noveno Programa Marco de Investigación (FP9) con la antelación suficiente a principios de 2018 para que el Parlamento emita su dictamen y para que dicho programa esté operativo a partir de 2021; recuerda que la Unión debe aprovechar al máximo todo el potencial actual de los Estados miembros en materia de investigación e innovación para ofrecer oportunidades adecuadas y equitativas para el desarrollo científico de científicos e investigadores en toda la Unión; espera, por tanto, un aumento de la financiación del FP9;
Políticas fiscales justas para disponer de recursos suficientes
22. Hace hincapié en que nunca ha sido tan urgente incrementar los esfuerzos de lucha contra la evasión y la elusión fiscales, que suponen una pérdida de ingresos para los presupuestos nacionales por valor de cientos de miles de millones de euros anuales; señala que estos recursos se podrían haber dedicado a invertir en el futuro, a impulsar el empleo y a reducir las desigualdades;
23. Considera esencial, a este respecto, que el Parlamento y el Consejo lleguen a un rápido acuerdo sobre requisitos exhaustivos para que las empresas multinacionales elaboren informes públicos y obligatorios país por país, sin excepciones, a partir de la propuesta de la Comisión de 2016[5]; pide a la Comisión que asigne recursos adicionales a medidas encaminadas a la prevención de los delitos financieros, en particular al desarrollo de una hoja de ruta de la Unión que recoja en una lista los países con un elevado riesgo de blanqueo de capitales; solicita a la Comisión que presente una propuesta legislativa sobre la aplicación de sanciones estrictas y automáticas a los países y territorios no cooperadores incluidos en una lista negra de la Unión;
24. Pide a la Comisión que presente una propuesta de ejecución fiscal que promueva una mayor cooperación fiscal entre los Estados miembros, incluida la información compartida, con miras a perseguir a los evasores fiscales a través de las fronteras europeas; pide a la Comisión que estudie la presentación de propuestas legislativas de conformidad con el artículo 116 del TUE al objeto de abordar las prácticas fiscales perjudiciales que distorsionan la competencia;
Refuerzo del presupuesto de la Unión y reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
25. Reitera que el MFP para el período 2014-2020 ha demostrado ser demasiado pequeño e insuficientemente flexible para garantizar que la Unión pueda responder a los desafíos compartidos a los que se enfrenta; reitera su posición de que el período de vigencia del MFP debería alinearse con el ciclo político del Parlamento y de la Comisión, lo que convertiría las elecciones europeas en un foro de debate sobre las futuras prioridades de gasto;
26. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que se abstengan de definir límites máximos arbitrarios para el MFP posterior a 2020 y a que, en lugar de ello, basen su diseño en un estudio de las necesidades comunes, de las opciones comunes y del valor añadido de la actuación a gran escala de la Unión; subraya que el bajo nivel actual del límite máximo de los créditos de pago ha sido un continuo freno para la credibilidad de la Unión y su capacidad para actuar; hace hincapié en la necesidad de que el MFP sea más flexible;
27. Considera que el presupuesto de la Unión para después de 2020 debe contribuir significativamente a la aplicación del Acuerdo de París sobre el clima, en lo que respecta tanto a los ingresos como a los gastos; considera, en particular, que un sistema reformado de fiscalidad de las fuentes de gases de efecto invernadero debería proporcionar ingresos al presupuesto de la Unión, al tiempo que insiste en la necesidad de prestar un mayor apoyo de la Unión a la transición hacia una economía más respetuosa con el medio ambiente; pide a la Comisión que aumente la cuota de gasto relacionado con el clima hasta el 40 % para el MFP posterior a 2020;
28. Pide a la Comisión que continúe la labor del documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la Unión con propuestas ambiciosas, sobre la base del informe del Grupo de Alto Nivel sobre Recursos Propios, con especial atención a los recursos propios ecológicos, los impuestos a las transacciones financieras y los impuestos sobre sociedades;
29. Solicita la creación de una capacidad presupuestaria de la zona del euro, además del pleno uso del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos; reitera que la capacidad presupuestaria de la zona del euro debe tener como objetivo la promoción de la convergencia económica y social al alza y la amortiguación de los choques económicos; observa que la capacidad presupuestaria de la zona del euro debe comprender nuevos instrumentos dentro del presupuesto de la Unión (por encima de los límites máximos del MFP), así como un Mecanismo Europeo de Estabilidad reformado que se incorpore al marco jurídico de la Unión y sea objeto de control democrático; subraya que la capacidad presupuestaria de la zona del euro debe estar abierta a los países no pertenecientes a la zona del euro que deseen adherirse;
30. Solicita la introducción de una «regla de oro para la inversión» que permita extender la contabilidad de los gastos de capital realizados por el sector público en sectores sostenibles a lo largo del ciclo de vida de estas inversiones, y la incorporación de indicadores de desarrollo sostenible en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con el fin de garantizar un nivel saludable y una buena calidad de las inversiones en la prosperidad futura;
Europa como actor mundial de primer orden
31. Considera que la eficacia de la política exterior y de seguridad común (PESC) depende de la cooperación en profundidad entre los Estados miembros y de sus contribuciones a las misiones civiles y operaciones militares; pide a los Estados miembros que profundicen en la cooperación al objeto de generar las correspondientes capacidades; opina que una política de exportación de armas más responsable por parte de los Estados miembros contribuiría a lograr los objetivos de la Unión en materia de política exterior, y pide a los Estados miembros que mejoren significativamente la coherencia en la aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC;
32. Considera que la política común de seguridad y defensa (PCSD) debe ser más democrática y más eficiente, también mediante el mecanismo de cooperación estructurada permanente y de un aumento significativo de proyectos de puesta en común y uso compartido entre los Estados miembros; cree que la PCSD podría ser más eficaz con la planificación operativa y realización conjuntas, también en lo que respecta a las operaciones militares; recuerda el papel crucial que ya está desempeñando la Unión en términos de prevención de conflictos civiles, resolución de conflictos y construcción de la paz en todo el mundo, y pide a la Unión que impulse los recursos pertinentes; pide la completa rendición de cuentas democrática y la plena transparencia de la PCSD;
33. Subraya la reciente declaración de la Comisión, que afirmaba que se podrían ahorrar entre 25 000 y 100 000 millones de euros anuales de gasto nacional en defensa entre los 28 Estados miembros; insta a la Comisión a que asista a los Estados miembros a hacer posible dicho ahorro mediante la puesta en común de los presupuestos nacionales de defensa, en particular en lo que respecta a la investigación, el desarrollo, la contratación pública, el mantenimiento y la formación; cree que la puesta en común de estos recursos nacionales se podría transformar en uno o varios fondos europeos de defensa;
34. Insta a la Comisión a que centre su atención, en particular, en la legislación de la Unión aplicable al sector de la defensa, y destaca la necesidad urgente de hacer cumplir las normas pertinentes del mercado interior, como las recogidas en la Directiva sobre contratación pública en el ámbito de la defensa, que podrían tener potencial para reducir las ineficiencias, la falta de transparencia y la corrupción;
35. Rechaza rotundamente los múltiples intentos de la Comisión por reducir y desviar recursos financieros de líneas presupuestarias e instrumentos financieros civiles existentes de la Unión a la financiación de la industria europea de defensa a través de un futuro Fondo Europeo de Defensa y del Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa; cree que dichas transferencias del sector civil al sector de la industria de defensa debilitarán la economía europea y, al mismo tiempo, no resolverán los problemas estructurales del sector europeo de la industria de defensa, que se caracteriza por una elevada ineficiencia, duplicidades, exceso de capacidades industriales, poca transparencia y fragmentación; rechaza rotundamente las propuestas realizadas por la Comisión en el contexto de su Comunicación sobre el Plan de Acción Europeo de Defensa, de noviembre de 2016, y en el contexto de su paquete «Defensa», de 7 de junio de 2017, con respecto al uso del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), el Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME), el Mecanismo «Conectar Europa», los programas europeos de radionavegación por satélite, el Programa Europeo de Vigilancia de la Tierra, Erasmus+ y los créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para el refuerzo de las capacidades industriales de defensa; rechaza igualmente la propuesta de la Comisión, de 6 de julio de 1016, de utilizar —en el contexto del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz— fondos de la rúbrica 4, en particular fondos del IEVA y de la ICD, para programas de refuerzo de capacidades militares y suministro de material militar a terceros países;
36. Pide que se modernicen los instrumentos de defensa comercial de la Unión y que las políticas comerciales guarden en su formulación coherencia con los objetivos en materia de desarrollo y de clima, las prioridades medioambientales y las normas sociales y de derechos humanos de la Unión; hace hincapié en que los ciudadanos europeos cada vez son más críticos con el impacto real de los acuerdos de libre comercio, ya que también pueden tener consecuencias no deseadas para el empleo, la competitividad y las normas de la Unión en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible; insiste en que se deben adoptar medidas adicionales para aumentar la transparencia de las negociaciones comerciales de la Unión, con consultas al Parlamento en cada fase de los procesos de negociación y aplicación, y con la publicación de los documentos de las negociaciones;
37. Pide a la Comisión que presente propuestas legislativas en relación con las medidas complementarias al Reglamento sobre minerales de guerra;
38. Pide a la Comisión que presente un plan de acción para luchar contra el acaparamiento de tierras en los países en desarrollo, también a través de opciones concretas para garantizar la seguridad de la tenencia de la tierra, de conformidad con el Derecho internacional en materia de derechos humanos y las normas establecidas en las Directrices de la FAO sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques;
39. Pide a la Comisión que presente un plan de acción de la Unión sobre la deforestación y la degradación forestal que incluya medidas reglamentarias concretas sobre las cadenas de suministro y las transacciones financieras;
Establecer una política europea real en materia de asilo y migración
40. Considera que la Unión debe elaborar soluciones concretas para abordar la cuestión de los refugiados y migrantes, combatiendo, en particular, sus causas profundas, a través de unas respuestas políticas globales, que incluyan la coherencia de las políticas de desarrollo, comercio, clima e inversiones, garantizando al mismo tiempo un acceso seguro y regular a las personas que solicitan protección internacional y vías realistas y accesibles para la migración legal;
41. Opina que el reasentamiento debería mantenerse como una de las soluciones duraderas ante el desplazamiento de los refugiados y como un instrumento incondicional de solidaridad internacional; solicita la creación de mayores oportunidades de reasentamiento con objeto de permitir el reasentamiento de, al menos, 500 000 refugiados al año procedentes de los países de origen y de tránsito, que, con la distribución adecuada, se traducirían en cifras perfectamente manejables para la Unión;
42. Pide la reforma del actual Reglamento de Dublín, con un nuevo sistema que se base en la asignación justa de solicitantes de asilo a todos los Estados miembros con criterios objetivos, que se establezca en torno a los vínculos y las preferencias existentes de los solicitantes de asilo con respecto a determinados Estados miembros, y que sea vinculante en todos los Estados miembros y se base en incentivos más que en medidas coercitivas;
43. Solicita la actuación coordinada en materia de migración legal con vistas a establecer rutas adicionales y más flexibles para la migración legal, también para la reagrupación familiar y el trabajo en sectores de salario medio y bajo, reforzando las asociaciones de movilidad con terceros países y desarrollando paquetes de movilidad para toda la Unión con las garantías adecuadas, entre otras las relativas a las condiciones de vida y de trabajo;
44. Pide a la Comisión que revise la conformidad con el Derecho internacional humanitario y el Derecho internacional en materia de derechos humanos de todos los agentes implicados en la protección de las fronteras exteriores de la Unión y en la recepción de los solicitantes de asilo, con el fin de respetar los derechos humanos y mejorar la protección de las personas vulnerables; pide que se aclare la distinción entre las actividades de tráfico ilícito y las actividades de los ciudadanos de a pie y las organizaciones de la sociedad civil que ayudan a personas necesitadas, y que nunca se considere delito la ayuda humanitaria;
45. Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa sobre visados humanitarios;
Abordar las preocupaciones en materia de seguridad de los ciudadanos
46. Pide a la Comisión que elabore propuestas para mejorar el intercambio de información policial y aumentar la cooperación operativa, entre los Estados miembros y con las agencias de la Unión, con miras a garantizar el intercambio obligatorio de información al objeto de luchar contra las formas graves de delincuencia transnacional;
47. Pide a la Comisión que evalúe el uso de las excepciones de «seguridad interior» o «seguridad nacional» por parte de los Estados miembros, en particular en virtud del título V del TFUE, que excluye la competencia de la Unión y mantiene la soberanía de los Estados miembros, y que debilita aún más la eficiencia de la Unión para encontrar soluciones comunes a un problema común; pide a la Comisión que elabore definiciones de la Unión para los conceptos de «seguridad nacional» y «seguridad interior», con el fin de garantizar la seguridad jurídica en la lucha contra el terrorismo;
48. Reitera que la introducción de medidas de vigilancia masiva y de control de fronteras represivas pero mayormente ineficaces, que suponen una amenaza para las libertades civiles, los derechos fundamentales y el principio de libre circulación, no es la respuesta adecuada;
49. Reitera la importancia del espacio de libre circulación de Schengen; subraya la necesidad de gestionar eficazmente las fronteras exteriores de la Unión, sobre la base del marco normativo de los derechos humanos y del pleno respeto de la legislación de la Unión e internacional;
Reforzar los derechos fundamentales y la democracia
50. Constata con preocupación que la acumulación de crisis no solo ha perjudicado a la cohesión de las sociedades europeas sino que además ha minado la fe de los ciudadanos europeos en sus instituciones democráticas a nivel de la Unión y, en ocasiones, a nivel nacional; estima, por consiguiente, que la prioridad suprema de la Unión debe ser mejorar la legitimidad democrática de la Unión y restablecer la confianza en su capacidad para atender los intereses de los ciudadanos;
51. Pide a la Comisión que presente una propuesta de Pacto para la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales en forma de acuerdo interinstitucional, conforme a las recomendaciones formuladas por el Parlamento en su informe de iniciativa legislativa[6];
52. Pide a la Comisión que actúe con carácter urgente para presentar una propuesta legislativa de la Unión sobre la protección de los denunciantes, con un amplio ámbito de aplicación y una base jurídica adecuada, al objeto de garantizar la protección horizontal de todas las categorías de denunciantes;
53. Reitera su llamamiento a la Comisión para que presente una propuesta por la que se revise el Reglamento sobre la Iniciativa Ciudadana Europea, de conformidad con lo propuesto por el Parlamento en su Resolución de 28 de octubre de 2015[7];
54. Espera que la Comisión modifique el Código de Conducta de los Comisarios, tal y como prometió el presidente Juncker, en relación con la prórroga del período de incompatibilidad para los antiguos comisarios;
55. Pide a la Comisión que presente una iniciativa para proteger la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, atajar la desinformación y la incitación al odio, y cultivar un discurso democrático basado en hechos, incluso en la era de los medios de comunicación social;
56. Pide a la Comisión que publique su tan esperado segundo «Informe anticorrupción de la Unión», y que se adhiera a los mecanismos de control de la lucha contra la corrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa;
57. Pide nuevamente a la Comisión que adopte la propuesta de Reglamento sobre una administración europea abierta, eficaz e independiente;
58. Insta a la Comisión a que adopte medidas más decisivas encaminadas a eliminar la persistente brecha salarial de género mediante la propuesta de una Directiva basada en la recomendación de la Comisión de 2014 sobre la transparencia salarial; pide a la Comisión y al Consejo que redoblen los esfuerzos por alcanzar un acuerdo político sobre la propuesta de Directiva destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas[8];
Modos de mejorar la colaboración a escala europea
59. Recuerda que, desde el cambio climático hasta el asilo y la migración, desde los mercados financieros hasta las grandes multinacionales, y desde las redes terroristas hasta los Estados fallidos y preocupantes, muchos de los retos actuales son transnacionales, transcienden las fronteras y requieren factores compensatorios y respuestas que estén a la altura de estas circunstancias;
60. Pide que se refuercen los programas que promueven los contactos y los intercambios culturales entre los ciudadanos europeos; considera que es preciso impulsar aún más el diálogo entre las instituciones europeas y los ciudadanos; opina que es necesario que la información sobre las políticas de la Unión sea más accesible y comprensible para los ciudadanos de la Unión; solicita iniciativas pertinentes en materia de educación y de medios de comunicación que ayuden a los ciudadanos a tomar decisiones con conocimiento de causa en las elecciones europeas de 2019;
61. Pide a todas las instituciones de la Unión, habida cuenta de que las actividades no transparentes y unilaterales de los grupos de interés constituyen una amenaza significativa para la formulación de las políticas y el interés público, que aspiren a los más altos niveles de transparencia, rendición de cuentas e integridad y no den pábulo a las tendencias a pasar por alto los conflictos de intereses que socavan la eficiencia, equidad y fiabilidad del proceso de toma de decisiones;
62. Reitera que el funcionamiento de la Unión puede mejorarse significativamente sobre la base del Tratado de Lisboa, en particular mediante el pleno uso del procedimiento legislativo ordinario y de las votaciones por mayoría cualificada en el Consejo; propugna, a este respecto, el uso general de la «cláusula pasarela» recogida en el artículo 48, apartado 7, del TUE; recuerda que también se puede utilizar el mecanismo de cooperación reforzada, en particular para profundizar en la UEM, para hacer más en el ámbito de la PESC y para lograr una mayor cooperación en materia de justicia y asuntos de interior;
63. Subraya que el método comunitario es el que mejor se ajusta al funcionamiento de la Unión, ya que es el único método que permite la transparencia, la eficiencia y la adopción de decisiones por mayoría cualificada en el Consejo, y la igualdad de derechos de colegislación del Parlamento y del Consejo, evitando al mismo tiempo la fragmentación de las responsabilidades institucionales y el desarrollo de instituciones que compiten entre ellas;
64. Considera que la tendencia que ha habido estos últimos años en el Consejo Europeo de recurrir a la vía intergubernamental pone en peligro el «método comunitario» y vulnera los Tratados; recuerda que, aunque en virtud del Tratado de Lisboa los miembros del Consejo Europeo son responsables individualmente ante sus Parlamentos nacionales, pero son responsables colectivamente solo ante sí mismos, los Parlamentos nacionales deben ser conscientes de la responsabilidad política que recae concretamente sobre ellos de ejercer plenamente el control democrático sobre sus representantes en el Consejo Europeo;
65. Subraya que, en última instancia, la creación de las condiciones necesarias para el funcionamiento democrático y eficaz de la Unión requiere una verdadera revisión de los Tratados;
66. Se compromete a utilizar todos sus instrumentos y recursos como fuerza impulsora en un proceso democrático renovado que conduzca a la reforma de la Unión;
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67. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.